El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Paola Buenrostro que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal.

Fuente Agencia Presentes

18 de julio de 2024
Geo González
Milena Pafundi
Edición: Ana Fornaro

Este jueves 18 de julio el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones la Ley Paola Buenrostro, una iniciativa de ley que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal con una pena máxima de setenta años de cárcel. El proyecto lo presentó el diputado Temístocles Villanueva y lo elaboraron también Natalia Lane y Kenya Cuevas, defensoras de derechos humanos, sobrevivientes de violencia transfeminicida e institucional.

Además, contempló el trabajo de las organizaciones Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Casa de las Muñecas Tiresias y Letra S.

🇲🇽🏳️‍⚧️ Comienza la sesión para votar la “Ley Paola Buenrostro” para tipificar el transfeminicidio en el código penal de la Ciudad de México.

Natalia Lane y Kenya Cuevas se encuentran presentes en el recinto. @kenyacuevas101 @natalia_lane pic.twitter.com/EepaJ3C5FG

— Agencia Presentes (@PresentesLatam) July 18, 2024

La ley enfatiza en que hay una urgencia por reconocer el transfeminicidio “como una figura penal autónoma y como un crimen con sus propios rasgos, debido a que este se presenta como un crimen de odio contra mujeres trans y que su investigación aún enfrenta diversos y profundos retos”.

“La aprobación de esta ley da un mensaje muy claro que es que las mujeres trans somos mujeres y nuestras muertes tienen que ser investigadas bajo esa perspectiva considerando las particularidades de nuestros contextos, empleos como el trabajo sexual, condiciones de vulnerabilidad. Así como el reconocimiento de las familias elegidas”, dijo a Presentes, Natalia Lane, defensora de derechos humanos, sobreviviente de tentativa de feminicidio y trabajadora sexual.

“Pero sabemos que un tipo penal no es suficiente, son necesarias medidas de reparación, políticas públicas y cambios estructurales para prevenir los transfeminicidios”, añadió.

Esta ley toma el nombre en memoria de Paola Buenrostro, mujer trans trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016. Y que, tras su asesinato, el pedido de justicia de su amiga y defensora de derechos humanos, Kenya Cuevas rompió paradigmas a nivel social y mediático sobre la violencia letal contra las mujeres trans en México.

Hasta ahora solo el estado de Nayarit y la Ciudad de México consideran al transfemincidio como un delito en sus códigos penales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conapred) determinan que toda muerte violenta de una mujer trans debe ser investigada bajo el protocolo de feminicidio y exigen la obligación que tienen los congresos locales para establecer medidas que garanticen el acceso a la justicia a esta población.

Las activistas Natalia Lane y Kenya Cuevas

¿Qué contempla la Ley Paola Buenrostro?

En junio el jefe de gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto para reformar el código penal y determinar que el delito de feminicidio “incluye a todas las mujeres, así como a todas las personas de género femenino”; además se adiciona como razón de género el prejuicio a la identidad de género y orientación sexual que exista sobre la víctima.

Sin embargo, la Ley Paola Buenrostro es más amplia porque no sólo reforma el código penal sino que propone un enfoque al análisis de contexto de las víctimas de transfeminicidio y tentativa del mismo.

Y considera al trabajo sexual como la condición laboral de la mayoría de las víctimas y se reconoce a las familias elegidas durante el proceso de acceso a la justicia.

Lane explica que la importancia del análisis de contexto durante la investigación de estos crímenes implica contemplar las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como el trabajo sexual, condiciones de migración o desplazamiento, dedicarse a la defensa de derechos humanos; así como el tipo de violencias ejercidas contra las víctimas antes, durante y despúes de ser asesinadas.

Además, la ley exige la aplicación obligatoria del Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género para garantizar una investigación con enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos por parte de todos los actores que intervienen en el proceso de investigación y acceso a la justicia con el fin de garantizar la no revicitimización.

Considera a las familias elegidas y propone recopilar datos

Esta iniciativa tiene como antecedente la recomendación 02/2019 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al declarar a Kenya Cuevas como víctima directa de transmisoginia y discriminación, por entonces ejercer el trabajo sexual, ejercida por funcionarios públicos durante el proceso de búsqueda de justicia de su amiga Paola.

Bajo esa recomendación, esta ley también reformó el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México con el fin de considerar a la familia elegida como parte del pedido de justicia al momento de acompañar casos, ser testigas o tramitar un acta de defunción que no vulnere la identidad de género de las víctimas.

Una acción que las activistas Kenya Cuevas y Rocío Suárez, directora del CAIT, llevan haciendo durante años con el fin de dignificar las muertes de mujeres trans, y no se las entierre en calidad de desconocidas en fosas comunes.

Finalmente esta ley también propone la recopilación estadística de esta violencia con el fin de desarrollar políticas públicas para la prevención y combate a la violencia transfeminicida.

Más de 50% de las víctimas de crímenes de odio son mujeres trans

En México los transfeminicidios representan más del 50% de los crímenes por prejuicio contra la población LGBT+ según los informes anuales de Letra S. La mayoría de las víctimas ejercían el trabajo sexual y además son pocos los casos que se investigan bajo el protocolo de feminicidio, llegan a judicializarse y a tener una sentencia.

En lo que va de 2024 en México al menos 30 mujeres trans han sido asesinadas. La mayoría de estos crímenes, diez, han sucedido en la CDMX y casi todas las víctimas ejercían el trabajo sexual y vivían en situaciones de precariedad laboral y de vivienda.

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La protección a la comunidad LGBT+ dio un paso importante. En un evento, el presidente del Senado de la República se comprometió a prohibir los Ecosig.

Los avances para la protección de la comunidad LGBT+ están dando pasos importantes. El viernes 26 de julio se llevó a cabo el foro ‘¡Jóvenes, Cámara, Acción!’, en el que participaron diversas autoridades. Entre los participantes se encontró el presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, quien se comprometió a prohibir los Ecosig o las mal llamadas ‘terapias de conversión’.

En el encuentro organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se dieron cita representantes del sistema legislativo mexicano. Entre ellos estuvieron Lucía Riojas, diputada federal, Citlalli Hernández, senadora de la República, y Martí Batres, presidente del Senado.
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Durante su intervención, Martí Batres habló de la iniciativa presentada por la senadora Citlalli Hernández. Dicha medida pretende reformar la ley para restringir las mal llamadas ‘terapias de conversión’. El presidente del Senado afirmó que le daba gusto que se hayan presentado estas iniciativas.

«Me da gusto comentar que hay diversas iniciativas que se discuten y se aprobarán […] para eliminar una cosa coercitiva que busca anular la diversidad y la libertad. Eso que le llaman ‘terapias de reconversión’, que busca reprimir a los jóvenes e impedir que ejerzan su libertad».

Martí Batres anunció que van contra las terapias de reconversión. pic.twitter.com/1OvmjK8SoN

— Edmundo Morelos (@Edmundo_Morelos) July 27, 2019

No es la primera autoridad que se pronuncia en contra de los Ecosig. El discurso del senador Martí Batres viene a respaldar las palabras de otras autoridades e instituciones que se han manifestado contra las mal llamadas ‘terapias de conversión’. Las senadoras, Citlalli Hernández, Patricia Mercado y Alejandra Lagunes presentaron la iniciativa que busca prohibir los Ecosig.

Clínica cristiana asegura curar la homosexualidad

Por su parte, el diputado de Ciudad de México, Temístocles Villanueva, presentó una medida para reformar el Código Penal de la capital y penalizar estas prácticas fraudulentas y degradantes. En exclusiva con Homosensual, el diputado comentó que el objetivo de reformar la ley es evitar el sufrimiento que estas prácticas provocan en los LGBT+.

La Organización de las Naciones Unidas también ha fijado una postura en contra de estos métodos para ‘cambiar’ la orientación sexual de las personas. La ONU comentó que estos ‘tratamientos’ pueden incluir tortura psicológica y física por lo que deben ser prohibidos.

Aplaudimos que el presidente del Senado de la República apoye estas iniciativas. Ojalá que la ley sea reformada pronto para que los Ecosig sean prohibidos y sancionados.

Una tendencia creciente a la prohibición

Además de Austria, Alemania y Malta, país donde la ley lleva en vigor desde 2016, también Irlanda y el Reino Unido están dando pasos en la misma dirección. En Estados Unidos ya son 18 estados, además de Washington D.C. y Puerto Rico, los que han vetado las «terapias» de conversión. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (y no solo debido al escándalo de la diócesis de Alcalá: otros casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Alejandra Lagunes, Citlalli Hernández, Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Martí Batres Guadarrama, México, Patricia Mercado, Senado, Temístocles Villanueva