Por Vero Ferrari

Angie Mimbela del Águila, una joven trans de 26 años, fue asesinada la madrugada del 9 de febrero en el distrito de Villa El Salvador, uno de los más pobres de Lima. Ella caminaba por las avenidas Juan Velasco Alvarado con Pachacútec cuando se le acercó un hombre, forcejearon y la apuñaló.

La joven mujer caminó cerca de 100 metros y estuvo con vida más de 45 minutos pidiendo ayuda mientras se desangraba, pero ni los transeúntes ni el personal de Serenazgo que llegó por las llamadas de los vecinos le prestó el soporte necesario. Según vecinos, el personal de la municipalidad se negó a recoger el cuerpo de Angie y llevarlo a un hospital, dejándola morir sobre el pavimento.

“No sabemos quién ha sido, solamente sabemos que ha sido como un ajuste de cuentas, porque lo han acuchillado desde allá abajo, donde la sangre, todo el camino que ha recorrido, y se ha derivado allá, que no lo han querido auxiliar, porque esa es la verdad él estaba con vida, 45 minutos con vida y Serenazgo no lo quiso levantar ni llevar a ningún hospital, por qué, porque era gay, lo veían ahí, lo dejaron morir”, señaló una vecina a la prensa.

Cuando la Policía llegó al lugar, la joven ya no presentaba signos vitales. Según el parte policial, el primo de la víctima manifestó que Angie se encontraba en situación de prostitución y que esa zona era su lugar de trabajo.

Para la activista Taki Robles, directora ejecutiva de la organización dedicada a proteger a mujeres trans “Amigas por siempre”, el asesinato de Angie es un crimen de odio: “Todo exceso de violencia y de maldad contra nosotras es un crimen de odio, porque no es casual que alguien venga, te quiera arranchar la cartera y luego te corte el cuello. Además, es un crimen de odio hacia una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad, y así hay muchos casos de mujeres trans que han sido asesinadas y la policía no investiga, ni lo va a hacer. A nosotras nos pueden matar todos los días, pero por ser prostitutas, por ser pobres, por ser trans, no vamos a recibir justicia, es más, nos van a culpar de nuestra muerte. En este país nos han excluido incluso del respeto a nuestras vidas, al normalizar nuestros asesinatos”.

Debido a ello, activistas LGTBI han convocado a un plantón de protesta frente a la Municipalidad de Villa El Salvador por la inacción que llevó a la muerte de Angie, por la falta de preparación para atender casos de violencia contra personas vulnerables y por la total deshumanización de su personal de seguridad, que vieron morir a una mujer trans frente a sus ojos y no hicieron nada.

El regidor de Lima, Manuel Siccha, frente al ominoso silencio de las autoridades, ha presentado un documento de requerimiento de información, en el marco de sus funciones fiscalizadoras y metropolitanas, para que la Comisaría, así como la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, informen sobre las acciones e investigaciones que han tomado, pues son quienes tienen que dar cuenta de la aparente desatención sobre este crimen de odio.

“Por la configuración de los hechos, el caso de Angie es un asesinato feroz con promoción de la impunidad, pues ni el serenazgo ni la policía la han atendido como es debido, dando inicio así al soslayamiento de funciones de un conjunto de instituciones. El Estado tiene obligaciones internacionales que cumplir a propósito de responsabilidades asumidas como investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos como lo es un crimen de odio, por lo que vamos a hacerle seguimiento al proceso de investigación que debería estar abierto”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Vero Ferrari 

El martes 17 en la madrugada, Jazmín Valladares, mujer trans trabajadora sexual del Callao, región de Lima, fue atacada por un hombre que se hizo pasar por un cliente. Él la llevó hacia un descampado en la zona de Márquez e intentó ahorcarla. Jazmín se desmayó y cuando despertó estaba muy dolorida. El agresor le había hecho tres cortes profundos con un cuchillo y dado varios golpes en el cuerpo. Tenía una hinchazón que desfiguró su rostro desde el ojo izquierdo hasta la frente. Desangrándose, se levantó y se dirigió a su casa en donde sus compañeras la trasladaron al Centro de Salud de Márquez.

Según testigos, el agresor había atacado unas horas antes a otra trabajadora sexual conocida como Cinthia. A ella la había golpeado en su propia habitación, pero pudo ser rescatada por su compañera Dulce, que escuchó sus gritos. Juntas pudieron expulsar al agresor del lugar. Luego de ello es que el sujeto va en busca de otra víctima.

Por la gravedad de las heridas, la remitieron al Hospital de Ventanilla, ahí le tomaron placas radiográficas y procedieron a suturar las tres heridas que tenía en la cabeza. Actualmente la joven se encuentra recuperándose física y emocionalmente de los hechos.

Presentes conversó con Taki Robles, directora ejecutiva de la organización trans “Amigas por siempre del Callao”, quien acompañó a Jazmín al hospital. Ella señala que la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales del Callao, y del Perú en general, es de continua violencia y precariedad.

«Pocas veces podemos denunciar estos ataques»

“Nuestras vidas están en constante riesgo. Nosotras pocas veces podemos denunciar estos ataques porque al momento de acercarnos a la delegación policial somos revictimizadas por ser trans, por ser pobres, por ser trabajadoras sexuales, por no tener un DNI que reconozca nuestra identidad de género, nos miran con desprecio», dijo Robles.

La activista también señaló que la vulnerabilidad de las mujeres trans – que tienen una esperanza de vida de entre 35 y 40 años en América Latina- es tal que ni siquiera pueden llegar a la justicia.

«Éramos como invisibles»

“En nuestro país la población femenina es la más violentada, el índice de feminicidios, si estamos hablando de las mujeres biológicas, es muy alto, pero ¿qué pasa cuando un hombre violento se encuentra con una mujer trans? Pues el grado de violencia se multiplica. Ese patrón machista hace que estemos desprotegidas, más aún porque no hay leyes que garanticen nuestra seguridad, y las pocas leyes que existen muy poco se cumplen. Los marcos legales no son conocidos por nuestra comunidad», agregó la activista.

Robles contó que el día de la agresión, mientras buscaban ayuda, pasaron frente a dos patrulleros y el patrullero ni las miró ni paró a preguntar qué le ha pasado. “Éramos como invisibles, para otras personas seguro sí se detienen. Jazmín vino desde Piura buscando una vida mejor, se tuvo que dedicar al trabajo sexual y ahora está traumatizada”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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