Para las personas trans paraguayas, la respuesta del Estado es la cárcel
Las personas trans son el eslabón más vulnerable en las cárceles paraguayas. El sistema penitenciario agudiza una discriminación que ya existe en la sociedad hacia la población LGBTI, en general, y a las personas trans, en particular.
En 2014, cuando Yanina entró a la Penitenciaría Nacional de Emboscada, un guardiacárcel le pegó con una cachiporra de madera en la espalda y le cortó el pelo cortito. En otra ocasión, la encerró junto con otros 17 presos. Casi la violaron. “Pasamos entre 20 personas y dos personas trans, pero solo a mí me pegó y me cortó el pelo sin decirme nada. Lo amenacé con denunciarlo y me dijo que no iba a valer de nada mi denuncia, entonces me callé nomás”, cuenta Yanina hace dos años.
El guardiacárcel le pegó en la espalda, en los pies y brazos, con cachiporra. Yanina le mostró las marcas en su cuerpo a su mamá pero no quiso hacer la denuncia. Peor que eso era que la enviaran a otro centro penitenciario. Obligarlas a cambiarse de ropa y cortarles el pelo está entre las formas de discriminación y violencia más comunes dentro de las penitenciarías. Así como trasladarlas arbitrariamente a otros penales, negociar sus celdas con tercerxs y someterlas a explotación, abusos y violación.
Las personas trans fueron históricamente sujetxs de exclusión social, trans-odio y violaciones de sus derechos humanos. Y no solo en Paraguay. Cualquier persona detenida está sometida a un régimen de tortura, está alojada en condiciones inhumanas de detención, en lugares sobrepoblados y hacinados. Donde entra una persona hay más de cinco, y si no tenés condiciones materiales, dormís en el piso, comés alimentos podridos o pasás hambre.
El sistema penitenciario paraguayo se caracteriza por una división estricta entre los sexos, en una lógica binaria y heteronormativa que expone a las personas LGBTI a discriminación y violencias.
De acuerdo con los datos del MNP de mediados del 2020, la población penitenciaria de Paraguay alcanzaba a 13.925 reclusxs. De ellxs, según el Ministerio de Justicia, al menos 37 son personas trans a nivel país. La mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esta situación también es extensiva al resto de la población penitenciaria: el 71,7% de las personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena. Pero las personas trans están expuestas a un sistema que se caracteriza por una división estricta entre los sexos, en una lógica binaria y heteronormativa, que las violenta doblemente por ser travestis y trans.
Guardiacárceles, los primeros agentes de la violencia
“Vos tenés dos sistemas paralelos más o menos. Están las leyes, los reglamentos, los protocolos pero cómo funciona la cárcel es otra cosa. Todo depende de los guardiacárceles. Si vos hablás con los directores o directoras, los mejores intencionados te dicen que contra eso no pueden hacer nada”, reflexiona Mirta Moragas, abogada y activista feminista. Trabajó directamente con lesbianas privadas de libertad.
Los traslados son otra forma de ostentar poder. Si la persona privada de libertad es de Asunción y cae presa, puede pasarle que el guardiacárcel decida enviarla al departamento de Concepción (300km de la capital) solamente porque le cae mal. Ahí se pierden los contactos con las redes afectivas, como la familia, y de apoyo, como las organizaciones de derechos humanos que supervisan las condiciones del encierro y alcanzan recursos.
Yanina Monserrat estuvo detenida hasta 2019, fecha de la entrevista con Presentes
Yren Rotela es activista trans y defensora de derechos humanos y hace años trabaja de manera articulada con el Ministerio de Justicia, a través de la dirección de Atención a Grupos Vulnerables y DDHH. Según expresa, hay veces que en el encierro, el no tener algunos planes o desarrollos o proyectos o actividades que ayuden a la salud mental, al fortalecimiento y a pensar en esa reinserción hace que la convivencia se debilite.
“Muchas veces hay problemas entre ellas. Yo recibo algunas denuncias que, cuando tienen un pabellón, muchas veces esos pabellones o esas celdas se venden, entonces ellas terminan siendo pasilleras. Y siendo pasilleras también tienen muchas dificultades. Por eso se hacen esos traslados, y, a menudo, por buscar una celda o un pabellón, ellas se van”, apunta.
La mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esto abarca al resto de la población penitenciaria. Siete de cada diez personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena.
Los funcionarios no tienen ningún tipo de capacitación específica con relación a derechos humanos. “Muchas veces, en las cárceles les obligan a cortarse el pelo o a vestirse como varón. Mientras sigan estando en cárceles de hombres va a seguir siendo un problema porque son el eslabón más vulnerable y más vulnerado. Todo el tiempo, son víctimas de ataques, de agresión y de discriminación”, observa Dante.
El ex-comisionado del MNP coincide en que los guardiacárceles son los agentes principales de la violencia pero reconoce que en la cárcel hay distintos sectores que están, generalmente, gerenciados o explotados por otras personas privadas de libertad. “Nosotros, en los relatos que recuerdo específicamente, muchas de ellas referían haber sido víctimas de discriminación, ataques o violencia por parte de otras personas privadas de libertad. Muchas veces, eso en connivencia con los guardias y, otras veces, por afuera”, matiza.
“La respuesta siempre es el encierro”
“Yo enviaba (droga) sobre pedido”, cuenta Yanina, tendida sobre su cama mirando al vacío. “Un muchacho me dijo que vendía pero una de mis amigas envidiosas me dieron akase (dolor de cabeza, en guaraní). Si querían una caja de crack y tres de cocaína, yo llevaba, ellos me pasaban la plata y yo les entregaba. Pero la otra le robó a un tipo y me llevaron a mí en la comisaría porque estaba con ella. Ahí me revisaron y tenía un teléfono y 800.000 (guaraníes). Encontraron en mi carterita la droga”.
A Yanina la detuvieron por “cómplice de robo agravado” en 2014. La condenaron a 8 años, pero después de apelar le redujeron la pena a 5, y salió en 2019. En ese momento, en Tacumbú había 15 mujeres trans privadas de libertad. De ellas, cinco eran amigas de Yanina, a las demás solo el saludo y “hasta ahí nomás”. Le gustaba ver películas, novelas y escuchar música en YouTube. El celador le deja usar el celular, aunque está prohibido. Con eso hace videollamada con su abuela y escucha Natti Natasha.
El Protocolo de Atención a las Personas Trans Privadas de Libertad habla de promover el respeto a las personas trans de parte de otros internos, respetar sus visitas, incluidos amigos y familiares, facilitar el acceso a información, espacios y actividades para la reinserción social.
“A nosotras nos dan prisión, no nos dan, por ejemplo, un arresto domiciliario u otras alternativas. La respuesta siempre es el encierro”, expresa Yren Rotela, activista trans y defensora de derechos humanos. “Eso pasa cuando un fiscal nos imputa por el hurto de 100.000 guaraníes (15 dólares). No estoy juzgando el hecho sino el proceso judicial. En la lógica de la presunción de inocencia no entramos nosotras, porque siempre somos culpables. Y eso tiene que ver con los prejuicios, las discriminaciones y los tabúes que tiene todo este aparato judicial”, sostiene.
Al igual que afuera de las cárceles, adentro, las personas trans son particularmente afectadas por los problemas estructurales que caracterizan a los penales del país. El hacinamiento, la corrupción o el autogobierno aumentan la vulnerabilidad del colectivo ya expuesto a todo tipo de abusos.
La cárcel de Tacumbú, un riesgo para las personas LGBTI
Tacumbú presenta los niveles de hacinamiento y sobrepoblación más altos de todo el país, y es un riesgo para las personas LGBTI detenidas. Ya en el 2013, tanto el MNP como la CIDH apuntaron a las deficientes condiciones materiales en las que se encuentran las personas trans detenidas allí, además de la violencia y discriminación a las que están expuestas. Esto se detalla en un documento coordinado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con sede en Ginebra.
“El penal es lo que los guardiacárceles quieran y organicen. Y ahí también hay privilegios que, obviamente, son de clase, y hay muchas violencias contra las personas trans. Es un mundo paralelo y, en ese mundo, siempre terminan perdiendo las personas trans. Las más desamparadas afuera, son las más desamparadas adentro. Porque lo único que me iguala, eventualmente, es la plata”, sostiene Mirta Moragas.
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