En 2024 al menos 55 mujeres trans han sido asesinadas en México. En la mayoría de los transfeminicidios documentados en 2024 se desconoce a los victimarios y no hay detenidos.

Fuente Agencia Presentes

10 de octubre de 2024

Geo González
Edición: María Eugenia Ludueña

CIUDAD DE MÉXICO. En México han sido asesinadas al menos 55 mujeres trans en lo que va de 2024, de acuerdo a datos recopilados por la Asamblea Nacional Trans No Binarie y el colectivo Transcontingenta. Esta cifra supera a las mujeres trans víctimas de feminicidio documentadas por los activismos en 2023.

Las cinco víctimas recientes son Mayte López Regalado, mujer trans y muxe; María Lima; Ariana Ponce, Rigo Calderón y de una más se desconoce su nombre. Las principales formas de violencia se infringieron a través de armas de fuego, golpes y tortura. En dos de los últimos cinco transfeminicidios reportados, se identificó a los agresores y están detenidos bajo prisión preventiva.

En nueve meses y medio de 2024 al menos 55 mujeres trans han sido asesinadas. Las activistas trans insisten en que 2024 se ha convertido en uno de los años más violentos para las mujeres trans en México. Para dimensionar la situación, en 2023 se registraron 66 crímenes por prejuicio contra personas LGBT+, 43 fueron contra mujeres trans.

De acuerdo a las organizaciones, la Ciudad de México es donde más transfeminicidios se han documentado. Le siguen Jalisco, Morelos, Tabasco y Nuevo León.

La CIDH alertó, el Estado mexicano no se pronuncia

En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a tomar medidas y condenó el aumento de la violencia contra las mujeres trans en México, donde la impunidad prevalece.

La CIDH pide que se observe a las autoridades mexicanas en su actuación, junto con la aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para acceder a la justicia. También advirtió en la necesidad de “redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans”. Mencionó que “la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad”.

“Es fundamental que el Estado y las autoridades locales fortalezcan sus esfuerzos en combatir la violencia por prejuicios, solidificando los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar una respuesta integral y efectiva”, dice el comunicado de la CIDH.

En la mayoría de los transfeminicidios documentados en 2024 se desconoce a los victimarios y no hay detenidos. Ninguna institución del Estado mexicano se ha pronunciado por el aumento de la violencia transfeminicida. Tampoco ha hecho pública alguna información sobre atender lo dicho por la Comisión Interamericana.

Mayte López Regalado, reina muxe y trans

A Mayte López Regalado, de 3 años, en 2018 la habían coronado reina muxe. Fue en la edición 43 de la Vela Muxe de las Intrépidas Buscadoras del Peligro, una fiesta en Juchitán, Oaxaca que tiene como objetivo celebrar a las muxes. Mayte también era fisicoculturista.

La encontraron el 1 de octubre con signos de tortura. Su cuerpo tenía el impacto de un arma de fuego. Yacía en un tramo de la carretera que conecta Tehuantepec y Juchitán.

Mayte era conocida más allá de Juchitan. Al difundirse la noticia, organizaciones y colectivas de distintas partes del país repudiaron el hecho. Integrantes del Encuentro Trans Indígena y Afrodescendiente del Estado de Oaxaca exigieron una investigación exhaustiva, cese de la impunidad e implementación de políticas públicas para garantizar la seguridad y garantía a los derechos humanos de las personas trans, indígenas y afrodescendientes de Oaxaca.

En 2022 tres personas muxe fueron asesinadas, de acuerdo a datos de Letra S. La activista Sofía Guandulain de Trans Difusión, organización trans oaxaqueña, dijo a este medio que la violencia hacia las compañeras muxe y las personas LGBT+ en Oaxaca ha aumentado. 

“La situación de violencia en Oaxaca está afectando a las compañeras muxe y personas LGBT+, y principalmente a las mujeres trans. No sólo se trata de los asesinatos por odio. Son también las violencias estructurales y la discriminación las que nos está poniendo en riesgo. Y no hay políticas públicas de prevención, ni garantía de derechos”.

Víctimas trans en Zacatecas y Tamaulipas

Rigo Calderón fue asesinada en septiembre en Zacatecas.

Rigo Calderón fue asesinada el 4 de septiembre en la vía pública, en el municipio de Guadalupe, estado de Zacatecas. De acuerdo a la prensa local, un grupo armado le disparó al menos en cuatro ocasiones. Este es el primer transfeminicidio reportado en ese estado. Se desconoce su edad, pero activistas locales comentan que rondaba los 50 años.

De acuerdo al repositorio de crímenes de odio de la organización Letra S, de 2015 a 2022 en el estado de Zacatecas se registraron 8 crímenes por prejuicio a personas LGBT+. Tres de ellos contra mujeres trans, reportados en 2017, 2021 y 2022.

“Podríamos decir que en Zacatecas no teníamos ningún transfeminicidio. Esperamos que las autoridades resuelvan. Queremos saber los motivos y se haga justicia por ella y toda la comunidad trans”, dijo la activista Fernanda Perera de la organización Fundación Transitando Libres en una entrevista con el medio NMás.

En Tamaulipas, al norte del país, una mujer trans de quien no se ha logrado conocer su nombre, fue asesinada a golpes. Los medios de comunicación locales violentaron a la víctima al no respetar su identidad de género ni pronombres. De acuerdo a la colectiva Transcontingenta, la víctima rondaba los 45-50 años de edad.

Ariana y Massiell tenían menos de 35 años

Ariana Ponce tenía 25 años. De acuerdo al reportero Oscar Rosales del medio local Raichali, la pareja sentimental de Ariana fue quien reportó el hecho al encontrarla sin vida en su domicilio. Según ese medio, la Fiscalía de Chihuahua informó que la asesinaron con un arma blanca.

Ariana era originaria del municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Este estado al norte del país anualmente se ubica en los primeros cinco lugares con mayor registro de crímenes por prejuicio contra las personas LGBT, de acuerdo a los informes de Letra S.

El colectivo Sociedad Civil Morrxs Autónomxs, una organización transfeminista y abortera, condenó el hecho. Exigió que “haya pronta respuesta y esclarecimiento por el crimen cometido en contra de esta mujer. Y que se proceda con una perspectiva de #género. Necesitamos que el gobierno actual considere una estrategia contundente para evitar el odio, la discriminación y falta de acceso a la justicia de las personas transgénero”.

El 21 de septiembre la Fiscalía informó la detención de Salomón G. M como presunto responsable del asesinato de Ariana. La Justicia menciona que el hombre está detenido en prisión preventiva e investigado por el delito de feminicidio agravado.

En el estado de Tlaxcala, María Lima de 34 años fue asesinada a golpes por su pareja sentimental el 19 de septiembre en Huamantla, Tlaxcala, un estado del centro de México.

De acuerdo a varias notas de la prensa local, María fue encontrada sin vida dentro de su departamento luego de un llamado al 911 de alguien que escuchó una discusión. “Los oficiales encontraron a dos personas tiradas (…) y al valorar a quien en vida respondía al nombre de María ya no contaba con signos vitales”, menciona la nota del Sol de Tlaxcala.

Según el medio Quadratin, la pareja de María fue detenida. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala inició una investigación por “homicidio calificado” y está bajo prisión preventiva.

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Cristell Martínez era una mujer trans de 32 años. La asesinaron en Comalcalco, Tabasco. “La situación es crítica. No sólo por la ausencia de derechos, sino por el aumento de la violencia a las mujeres trans y a quienes acompañamos”, denuncian activistas.

Fuente Agencia Presentes

24 de julio de 2024
Geo González
Edición: María Eugenia Ludueña

La madrugada del 19 de julio, Cristell Martínez, de 32 años, fue asesinada por impactos de arma de fuego en el municipio de Comalcalco, Tabasco, un estado del sureste mexicano. Dos hombres dispararon al menos en ocho ocasiones contra Cristell y no hay detenidos. Eso es lo poco que se sabe hasta ahora, a través de reportes de prensa.

“En el caso de Cristell tenemos muy poca información sobre ella. Del crimen lo que hemos podido recabar, aunque no lo dicen las autoridades, es que está involucrado el narcotráfico. Esto está creciendo. Y las mujeres trans están siendo foco de estos grupos”, comenta a Presentes, Felipe Sánchez, coordinadore de Casa de las Muñecas Tiresias Tabasco.

El asesinato de Cristell es el cuarto transfeminicidio documentado en lo que va del 2024 en Tabasco, que así se convierte en el segundo estado con más crímenes por prejuicio registrados contra mujeres trans. 

“La situación en Tabasco es crítica. No sólo por la ausencia de derechos, sino por el aumento de la violencia a las mujeres trans y a quienes acompañamos”, explica Sánchez.

En lo que va del año 32 mujeres trans han sido asesinadas en México. La mayoría de las víctimas ejercían el trabajo sexual o vivían en situación de vulnerabilidad.

Cristell Martínez era una mujer trans de 32 años.
Fue asesinada en el municipio de Comalcalco, Tabasco,México.

Tabasco: pocos derechos para LGBT

“En Tabasco sigue predominando la violencia. Ni este gobierno ni los anteriores han garantizando el mínimo de derechos. Tampoco acceso a la Justicia ni la creación de mecanismos para prevenir las violencias que somos sujetos la población LGBTIQ+”, denuncia Sánchez.

Tabasco es uno de los estados del país que menos derechos reconoce a personas LGBT+. Sólo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el matrimonio igualitario, el Congreso local aprobó las reformas necesarias.

Sin embargo, aunque la SCJN ha dado directrices al reconocimiento a la identidad de género por vía administrativa, Tabasco es uno de los nueves estados del país que aún no garantiza este derecho. Esto limita el acceso a otros derechos y propicia la cadena de violencias y situación de vulnerabilidad a las que puede estar sujeta esta población.

Recientemente se buscó reformar el Código Penal para tipificar el crimen de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género. Pero la propuesta no fue discutida en el Congreso local.

Activistas denuncian acoso al exigir Justicia

Casa de las Muñecas Tiresias en Tabasco ha acompañado los cuatro casos conocidos de transfeminicidios cometidos en lo que va del año. Pero activistas denuncian que cada vez que viabilizan los casos y dan seguimiento a las investigaciones, se enfrentan a omisiones por parte de las autoridades. Sobre todo en las fiscalías fuera de Villahermosa, capital del estado.

“A las organizaciones nos ha costado mucho que se nos reconozca como la familia social que acompaña a las víctimas. Muchas veces la familia de sangre no reconoce los cuerpos y no le dan la relevancia que merece el respeto a la identidad de la víctima. Lo vemos más en los casos fuera de la capital. Allí es más común que las autoridades no estén capacitadas, ni sensibilizadas y no se reconozca la identidad de las víctimas”, dice Sánchez.

Sobre el reconocimiento de la familia elegida -pueden ser amistades u organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos- recientemente en la Ciudad de México se aprobó la Ley Paola Buenrostro. Es la única en el país que reconoce a la familia social como parte del proceso de acceso a la Justicia en casos de transfeminicidio.

Además, le coordinadore de Casa de las Muñecas Tiresias denuncia que cuando se han manifestado afuera de la Fiscalía para exigir justicia, se han encontrado con personas desconocidas que les acosan y amenazan durante la protesta.

Alerta por Violencia de Género en feminidades trans

Foto: Geo González.

A falta de la aplicación de protocolos para garantizar investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos en casos de crímenes de odio contra la población LGBT+ – incluso que se aplique el protocolo de feminicidio en casos de asesinatos a mujeres trans en Tabasco- Felipe Sánchez considera urgente que se active la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y considere a las mujeres trans. 

La AVGM es un mecanismo en México que pone en marcha acciones gubernamentales para “erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, con el fin de garantizar el pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias”. En el país, 23 de 32 estados tienen activa esta Alerta.

El mecanismo es parte de las políticas públicas que proponen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, en ella no se hace mención explícita de las mujeres trans. Solo indica que “se debe considerar ‘la preferencia sexual’” (es decir, la orientación sexual, expresión e identidad de género) de las mujeres para acceder a las políticas públicas en la materia”.

La solicitud de Alerta por Violencia de Género en Tabasco sigue en proceso de ser aprobada desde que se solicitó, nuevamente en 2022. En 2016 la solicitud fue rechazada.

“Aquí en Tabasco a toda forma de feminidad se le está atacando, tanto a mujeres trans como mujeres cis y personas no binarias cuya expresión es femenina. Varias colectivas vemos urgente que se active en feminidades trans la Alerta por Violencia de Género porque dentro de la jurisdicción del estado es lo único que encontramos como algo que pudiera estar a nuestro favor ya que no hay ni estrategias ni protocolos para prevenir la violencia transfeminicida”, finaliza Felipe Sánchez.

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Kenia Cruz tenía 20 años y un hombre ya la había intentado asesinar hace un año. Desde entonces recibía amenazas.

Fuente Agencia Presentes

18 de junio de 2024

Geo González
Edición: Ana Fornaro

Kenia Cruz era una joven trans que acababa de cumplir 20 años. El sábado 15 de junio encontraron su cuerpo sin vida y con signos de violencia en el patio de su domicilio en el municipio de Cárdenas, Tabasco, un estado al sureste de México. La joven había sido víctima de un intento de transfeminicidio hace un año. Tenía amenazas por parte de la familia del hombre que la intentó matar.

El transfeminicidio de Kenia es el tercero que sucede este año en Tabasco. A nivel nacional ya han asesinado al menos a 27 mujeres trans. Esto según el registro de transfeminicidios de la Asamblea Nacional Trans No Binarie.

“Tabasco sigue siendo un estado profundamente violento con las personas LGBT, y en general con las feminidades. Los feminicidios aumentan. También la violencia cotidiana, como insultos, ataques y brutalidad a mujeres trans”, dijo en entrevista con este medio, Felipe Sánchez, coordinadore de la organización Casa de las Muñecas Tiresias en Tabasco.

Tabasco es uno de los 9 estados del país en donde aún no se garantiza el derecho a la identidad por vía administrativa. Solo es posible por medio de un amparo. Además, fue uno de los últimos estados en aprobar el matrimonio igualitario.

Kenia vivió exclusión familiar y fue víctima de un intento de feminicidio

El 14 de febrero de 2023 Kenia fue víctima de un intento de feminicidio. Fue atacada con un machete y tuvieron que darle 49 puntos de sutura en su rostro, además de daños en su ojo, cabeza y mano.

Kenia denunció el hecho ante la Fiscalía de Justicia de Tabasco. Familiares del hombre que la intentó matar la amenazaron luego de la detención de su agresor.

Felipe Sánchez, coordinadore de Casa de las Muñecas Tiresias Tabasco, contó que tras ese intento de feminicidio, Kenia viajó a Ciudad de México para resguardarse y curar sus heridas en la Casa Hogar Paola Buenrostro. Luego se fue y la organización perdió contacto con ella.

Meses más tarde, la organización supo que Kenia intentó volver a su casa pero su madre biológica no la recibió. Sánchez comenta que Kenia vivió exclusión en su seno familiar. Su red de apoyo consistía en amigues y una mujer a quien Kenia llamaba “madre adoptiva”.

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A lo largo del 2022, culminando en este mes de octubre, los estados mexicanos que aún no habían legislado el matrimonio igualitario ya lo han implementado, de modo que ya forma parte del cuerpo legislativo de los 31 estados que componen la nación norteamericana, además de Ciudad de México, que fue el territorio pionero. Si bien el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2015 permitía de derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, el proceso de adaptación de las legislaciones y constituciones estatales para que no fuera necesario un procedimiento judicial ha sido lento, dada la imposibilidad política de que se aprobara una ley de ámbito nacional. Aunque desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se incluyó a México en la lista de los países con matrimonio igualitario, actualmente 34, ahora ya forma parte definitivamente de ese grupo sin la acotación de «en parte de su territorio».

En marzo de este 2022, concluyó el proceso de modificaciones del estado de Yucatánpara adaptar su legislación a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo llevada a cabo por el Congreso estatal en agosto de 2021. Así se iniciaba un año en el que, definitivamente, México se ha convertido en uno de los 34 países donde el matrimonio igualitario está legislado en todo su territorio.

El 30 de mayo, la Corte Suprema del estado de Veracruz declaraba la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Días después, el Congreso estatal modificaba la ley en aplicación de la sentencia, teniendo efectos del 16 de junio.

El 18 de septiembre, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, firmaba un decreto que ordenaba a los registros tramitar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo. El 21 de septiembre, el Congreso estatal modificaba la legislación al respecto.

En un vertiginoso fin de carrera, el 11 de octubre el Congreso del estado de México aprobaba el matrimonio igualitario. El 19 lo hacía el Congreso del estado de Tabasco. El 25 el Congreso del estado de Guerrero y, finalmente, el 26 de octubre el Congreso de Tamaulipas convertía a ese estado en el 31º en otorgar a las parejas el mismo sexo el acceso a la institución del matrimonio. Las modificaciones legislativas aprobadas en los estados de México, Guerrero y Tamaulipas están aún pendientes del trámite de publicación en sus respectivos boletines oficiales.

De esta manera, México finalmente ha concluido el proceso de adaptación de las constituciones y legislaciones de ámbito estatal a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2015 declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La sentencia llegó seis años después de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2009, que fue el primer territorio de América Latina donde se implementó, unos meses antes de su aprobación en Argentina.

No obstante, esa misma sentencia también declaraba inconstitucional la prohibición de la adopción a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Tabasco y Guerrero aún no han modificado sus legislaciones para permitirla.

Aun así, tras la modificación legislativa en todos sus estados, México ya forma parte definitivamente de los 11 países del continente americano donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio.

También se incluye de manera integral entre los 34 países del mundo donde existe la igualdad para las parejas LGTBI.

El matrimonio igualitario en México

Como hemos señalado, Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano. Previamente a esa definitiva sentencia, el matrimonio igualitario había sido aprobado en los estados de Quintana Roo, Coahuila y, tan solo un día antes, Chihuahua.

La capital mexicana abría así un camino que luego fueron siguiendo los 31 estados de la nación, un país federal en el que cada uno de esos estados goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que no permitían su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se celebraron bodas por orden judicial. En los estados que aún no celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes debían presentar un recurso de amparo, un trámite que aumentaba los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTBI.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se presentaron dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conllevaba una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas se aprobó.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andrés Manuel López Obrador, Argentina, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Enrique Peña Nieto, Estado de méxico, Esteban Villegas Villarreal, Guanajuato, Guerrero, Juan Zepeda Hernández, Matrimonio, México, Oaxaca, Quintana Roo, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Sinaloa, Sonora, Suprema Corte de Justicia de México, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alexandra Morales, Cárdenas, Dayana Karrington, Delitos de Odio, México, Personas trans, Tabasco

El activista LGBT pionero Óscar Cazorla fue asesinado en su casa en Juchitán, en Oaxaca, México, el sábado 9 de febrero.

Según la policía de Oaxaca, que ha abierto una investigación de asesinato, el hombre de 68 años murió por un golpe en el corazón infligido por un objeto punzante.

Cazorla era bien conocido en el estado de Oaxaca, en el sur de México, por defender los derechos de quienes se identifican como muxes, un tercer género no binario que se ha celebrado en la cultura indígena del Istmo de Tehuantepec desde tiempos prehispánicos.

En 1976, el activista LGBT+ asesinado fue uno de los fundadores de la Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadores del Peligro, una celebración anual que promueve el respeto de los muxes en Juchitán, un pueblo de 75.000 habitantes que alberga a unos 5.000 muxes, según informó AFP en 2017.

El asesinato de Cazorla conmocionó a la comunidad local, que está de luto por el activista: “Los Auténticos, Intrépidos y Peligrosos Buscadores están de luto. Nos dejaste con el corazón roto. Descansa en paz. Mi hermano Óscar Cazorla López”, escribió la presidenta del grupo, Felina Santiago Valdivieso, en Facebook.

En declaraciones a CNN Español, Santiago Valdivieso pidió que se investigue a fondo el asesinato de Cazorla, ya que nadie ha sido arrestado en relación con la muerte.

El pasado lunes, miembros de Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, leyeron en conferencia de prensa una carta que enviaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar una investigación exhaustiva en este caso y otros de violencia que se han suscitado en contra de la comunidad muxe. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXIV, Magaly López Domínguez, pidió a las autoridades atender e investigar el caso de Óscar, de quien, dijo, otorgó a los muxes visibilidad y coadyuvó en la lucha contra la homofobia.

“Era una persona muy feliz que recibía a cualquiera en su casa con una sonrisa. No podemos imaginar quién pudo haberlo matado”, dijeron a la emisora. Santiago Valdivieso también denunció el aumento de la violencia homofóba y transfóbica en los últimos cuatro años contra su comunidad: “Estamos involucrados en una ola de violencia que afecta a gran parte de México”, dijeron.

Instituciones internacionales condenan el asesinato del activista LGBT+ Oscar Cazorla

Las instituciones internacionales también condenaron el asesinato de Cazorla. Jan Jarab, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, dijo en un comunicado: “Condenamos este terrible crimen que afecta a toda la comunidad muxe y a todos los defensores de los derechos humanos en Oaxaca”. Jarab continuó: “En los últimos años, los crímenes de odio y los asesinatos de defensores de los derechos LGBT+ han ocurrido en diferentes partes del país sin ser investigados adecuadamente. Este patrón de impunidad debe ser superado y, para ello, el asesinato de Oscar debe ser esclarecido, a través de una investigación diligente que considere todas las hipótesis posibles, incluyendo la posibilidad de un crimen de odio o de represalias por sus actividades de defensa de los derechos humanos”.

Un comunicado de la Unión Europea, Noruega y Suiza condenó tanto la muerte de Cazorla como la del periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, quien fue asesinado a tiros en el estado de Tabasco el mismo día del asesinato del activista LGBT+.

La declaración, emitida el martes 12 de febrero, decía: “Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y los amigos de las víctimas. La muerte de Ramos y Cazorla demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas y defensores en México”.

Fuente Agencias/20 Minutos

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La diputada de Morena, Candelaria Pérez Jiménez, pide disculpas por sus declaraciones homofóbicas, cuando dijo que los homosexuales no deberían de existir.

Acompañada de representantes de la comunidad LGTB del estado de Tabasco, en México, la diputada y coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional en Tabasco, Candelaria Pérez Jiménez, se ha disculpado públicamente por unas desafortunadas declaraciones en una entrevista, en la que afirmaba que le “gustaría que no existieran los gays“. En su declaración afirma que no es homofóbica y que tiene pleno respeto a toda persona sin importar su orientación sexual su ideología política o sus sentimientos religiosos.

«Expreso, desde este comunicado, una disculpa pública y extensiva a todas aquellas personas a las que con mis mal entendidas declaraciones pude haber causado una dolencia, molestia, ofensa o daño, manifestando que nunca fue, ha sido, ni será la intención de una servidora emitir una opinión discriminatoria o excluyente en relación a la comunidad de la diversidad sexual y los derechos de sus miembros».

Asimismo, Pérez Jiménez indica que este incidente le ha llevado a conocer a personas dentro de la comunidad LGTB, a quienes agradece su apoyo y ayuda. La disculpa se ha extendido igualmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Diversidad Sexual de Morena y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estas disculpas se ofrecen ante las críticas vertidas, incluso por miembros de su propio partido, como Adán Augusto López, dirigente estatal de Morena, tras una entrevista en la que la diputada afirmaba que le “gustaría que no existieran los gays“.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Adán Augusto López, Candelaria Pérez Jiménez, CNDH, México, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Tabasco

La política ha pretendido disculparse alegando que lo que quería decir es que “la palabra gay no existe”, sino que “existen los homosexuales”.

General, Homofobia/ Transfobia. Adán Augusto López, Candelaria Pérez Jiménez, Matrimonio igualitario, México, Movimiento Regeneración Nacional, Tabasco

Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

Historia LGTBI Adopción, Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Eduardo Medina, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Margarita Luna, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Suprema Corte de Justicia de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

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Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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