El perdón de Canadá al colectivo LGTB+ no eliminará la mayoría de antecedentes penales
El gobierno de Canadá, a través de su primer ministro Justin Trudeau, se disculpó oficialmente por la persecución LGTBfóbica que había llevado a cabo en el pasado.
Las medidas aprobadas incluyen el borrado de los registros policiales, aunque muchos de los afectados no podrán beneficiarse de esta ley.
Hace un mes os contábamos que el gobierno de Canadá se había disculpado oficialmente por la persecución que tuvieron que sufrir sus ciudadanos LGTB+ durante muchos años.
El primer ministro, Justin Trudeau, no pudo contener las lágrimas mientras leía un emotivo discurso en el que admitía que el país persiguió sistemáticamente al colectivo en una “purga gay” al mismo tiempo que afirmaba que era importante presentar estas disculpas como forma de asegurar que no se repiten en el futuro estos errores.
Además de pedir perdón, el gobierno canadiense aprobó una serie de medidas entre las que se incluyen el pago de 100 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas y el borrado de los antecedentes policiales de las víctimas de esta persecución injusta.
Todas estas iniciativas se recogen en la ley C-66 aprobada por el parlamento canadiense, descrita como “un procedimiento para eliminar ciertas condenas históricamente injustas y para hacer enmiendas relacionadas a otras leyes“. El problema es que, tal como señalan algunos estudiosos de la historia del movimiento queer en el país, la C-66 ha sido redactada de forma apresurada y tan solo beneficará a una pequeña parte de las personas que fueron perseguidas por practicar sexo gay de forma consentida.
El primer escollo es precisamente que para poder borrar sus antecedentes los afectados tendrán que demostrar que las relaciones sexuales que tuvieron en el pasado fueron efectivamente consentidas, y recordad que estamos hablando de relaciones que pudieron tener lugar hace más de 40 años. La opinión de los expertos es que hubiera sido mucho más razonable eliminar automáticamente este tipo de antecedentes, con excepción de los casos en los que el estado tuviera constancia o pudiera demostrar que no hubo consentimiento.
Otro de los problemas de la C-66 es que solo tiene en cuenta a las personas que fueron acusadas de sodomía o de cometer actos contra la moral pública; sin embargo, en muchos de los casos de personas que fueron detenidas o condenadas por tener relaciones homosexuales se usaron en su contra leyes que habían sido diseñadas para combatir la prostitución en burdeles.
El historiador queer Gary Kinsman, autor de de The Canadian war on Queers, pone como ejemplo a todos los que fueron detenidos en redadas policiales contra saunas y clubs gais y que no podrán optar a ser exculpados recurriendo a la C-66 tal como está escrita. En la mayoría de los casos, fueron detenidos simplemente por estar en una sauna gay en el momento de la redada, y aunque normalmente la policía no tenía pruebas de que habían mantenido relaciones sexuales daban por supuesto que estaban ahí para eso y que además cobraban por ello.
Tampoco podrán recurrir a los beneficios de la C-66 los que fueron acusados de exhibicionismo o de escándalo público mientras estaban de cruising en parques o en baños públicos. Y tampoco podrán eliminar sus antecedentes las personas trans que fueron detenidas por ello, porque contra ellas se utilizaban leyes que persiguen la mendicidad.
El gobierno se justifica diciendo que solo puede eliminar antecedentes que tengan relación con delitos que ya no se persiguen (como la sodomía, por ejemplo) y que no incluyeron a los que fueron acusados usando leyes contra la prostitución entre los beneficiarios porque “estas leyes se referían a actos (cobrar por tener sexo) que en aquel momento se consideraban inmorales“.
Svend Robinson, un diputado abiertamente gay que participó en la redacción del texto de disculpa al colectivo LGTB+, también considera que la C-66 se queda corta en sus intenciones. Por su parte el colectivo, entre el que destaca la voz de Gary Kinsman, asegura que el gobierno se ha olvidado de escuchar al colectivo una vez más y que no hubo un proceso de consulta adecuado antes de redactar la ley.
Fuente | Daily Xtra, vía EstoyBailando
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