A lo largo del 2022, culminando en este mes de octubre, los estados mexicanos que aún no habían legislado el matrimonio igualitario ya lo han implementado, de modo que ya forma parte del cuerpo legislativo de los 31 estados que componen la nación norteamericana, además de Ciudad de México, que fue el territorio pionero. Si bien el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2015 permitía de derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, el proceso de adaptación de las legislaciones y constituciones estatales para que no fuera necesario un procedimiento judicial ha sido lento, dada la imposibilidad política de que se aprobara una ley de ámbito nacional. Aunque desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se incluyó a México en la lista de los países con matrimonio igualitario, actualmente 34, ahora ya forma parte definitivamente de ese grupo sin la acotación de «en parte de su territorio».

En marzo de este 2022, concluyó el proceso de modificaciones del estado de Yucatánpara adaptar su legislación a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo llevada a cabo por el Congreso estatal en agosto de 2021. Así se iniciaba un año en el que, definitivamente, México se ha convertido en uno de los 34 países donde el matrimonio igualitario está legislado en todo su territorio.

El 30 de mayo, la Corte Suprema del estado de Veracruz declaraba la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Días después, el Congreso estatal modificaba la ley en aplicación de la sentencia, teniendo efectos del 16 de junio.

El 18 de septiembre, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, firmaba un decreto que ordenaba a los registros tramitar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo. El 21 de septiembre, el Congreso estatal modificaba la legislación al respecto.

En un vertiginoso fin de carrera, el 11 de octubre el Congreso del estado de México aprobaba el matrimonio igualitario. El 19 lo hacía el Congreso del estado de Tabasco. El 25 el Congreso del estado de Guerrero y, finalmente, el 26 de octubre el Congreso de Tamaulipas convertía a ese estado en el 31º en otorgar a las parejas el mismo sexo el acceso a la institución del matrimonio. Las modificaciones legislativas aprobadas en los estados de México, Guerrero y Tamaulipas están aún pendientes del trámite de publicación en sus respectivos boletines oficiales.

De esta manera, México finalmente ha concluido el proceso de adaptación de las constituciones y legislaciones de ámbito estatal a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2015 declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La sentencia llegó seis años después de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2009, que fue el primer territorio de América Latina donde se implementó, unos meses antes de su aprobación en Argentina.

No obstante, esa misma sentencia también declaraba inconstitucional la prohibición de la adopción a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Tabasco y Guerrero aún no han modificado sus legislaciones para permitirla.

Aun así, tras la modificación legislativa en todos sus estados, México ya forma parte definitivamente de los 11 países del continente americano donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio.

También se incluye de manera integral entre los 34 países del mundo donde existe la igualdad para las parejas LGTBI.

El matrimonio igualitario en México

Como hemos señalado, Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano. Previamente a esa definitiva sentencia, el matrimonio igualitario había sido aprobado en los estados de Quintana Roo, Coahuila y, tan solo un día antes, Chihuahua.

La capital mexicana abría así un camino que luego fueron siguiendo los 31 estados de la nación, un país federal en el que cada uno de esos estados goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que no permitían su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se celebraron bodas por orden judicial. En los estados que aún no celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes debían presentar un recurso de amparo, un trámite que aumentaba los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTBI.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se presentaron dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conllevaba una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas se aprobó.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso de Yucatán ha aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario.

El Estado sigue la estela de Sinaloa y Baja California, que también han avalado la unión entre parejas homosexuales este verano

El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario con 20 votos a favor y cinco en contra. Hace solo tres semanas que Baja California tomó la misma decisión y también este verano, a finales de junio, la unión entre parejas homosexuales fue aceptada en Sinaloa. Con estas tres nuevas resoluciones son ya 22 de los 32 Estados mexicanos los que reconocen este derecho.

En una larga sesión de más de cuatro horas, los diputados de Yucatán han votado a favor de modificar el artículo 94 de la Constitución del Estado para replantear los términos: en vez de algo exclusivo entre un hombre y una mujer,  la reforma aprobada define el matrimonio como «una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica, libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua» y abre la figura del concubinato a todas las parejas.

Yucatán se convierte en la última jurisdicción de México en adoptar una definición igualitaria del matrimonio (ya sea por vía puramente legislativa o por mandato judicial) tras Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Baja California, Puebla, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala y Sinaloa, esta última en junio de este mismo año. Los territorios mencionados albergan al 62% de la población del país

Con 20 votos a favor y 5 en contra, se aprueba matrimonio igualitario #LXIILegislatura #Yucatán pic.twitter.com/b5fgWIPRjo

— Congreso Yucatán (@CongresoYucatan) August 25, 2021

El camino hasta esta reforma no ha sido fácil en la península. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaró inconstitucional prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación. Eso dejaba la responsabilidad en los congresos estatales, que debían modificar su legislación, pero varios de ellos se han negado a corregir sus códigos. Ese fue el caso de Yucatán.

En 2019, en una votación secreta, el Congreso yucateco rechazó el matrimonio homosexual. Pero el colectivo PTFY presentó un amparo contra el Poder Legislativo estatal por ir en contra del mandato de la SCJN y esta obligó a los legisladores a repetir la votación, que finalmente se ha desarrollado este miércoles. La resolución ha sido en esta ocasión aprobada con una amplia mayoría.

No podemos olvidar que, en 2019, Ricky Martin y diversas personalidades exigían al gobierno de Yucatán para que aprobase el matrimonio igualitario.

En la misma sesión, los diputados han prohibido las llamadas terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual, y han aprobado que el delito de feminicidio no prescriba. En este mismo sentido, los congresistas han establecido que en caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja, la patria potestad de los hijos no sea para el agresor sino para los abuelos de los menores.

El matrimonio igualitario en México

En México, el matrimonio igualitario está en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Ciudad de México, de hecho, fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial. En los estados que no celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes deben presentar un recurso de amparo, un trámite que aumenta los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de que una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se han presentado dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conlleva una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas ha sido aprobada.

Con la entrada de Yucatán, Baja California y Sinaloa estos últimos tres meses, el mapa mexicano avanza en la igualdad, iniciada hace 11 años en Ciudad de México. Aunque todavía 10 Estados (Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) se resisten a reformar sus leyes. Las parejas homosexuales de estas entidades tienen que presentar un amparo para que los jueces aprueben la unión caso por caso, en vez de hacerlo con un trámite ante el Registro Civil.

Fuente Agencias/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Nuevo respaldo de la justicia mexicana a las familias homoparentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una nueva tesis de jurisprudencia constitucional que protege de forma explícita el derecho de las parejas del mismo sexo a la procreación, a la crianza de niños y niñas y al acceso a los procedimientos de reproducción asistida. La jurisprudencia es de aplicación obligatoria por los tribunales del país a partir de este lunes, 30 de enero de 2017.

Como viene sucediendo a lo largo de los últimos años, el más alto tribunal mexicano ha actuado de nuevo como garante máximo de los derechos LGTB en ese país. Lo hizo, por ejemplo, a la hora de reconocer la validez en todo el territorio mexicano de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Ciudad de México (primer lugar en aprobar el matrimonio igualitario por vía legislativa), o de reconocer la constitucionalidad de las adopciones por parejas del mismo sexo. Por no hablar de las numerosas decisiones en favor del matrimonio igualitario en diferentes estados, que culminaban en 2015 precisamente con otra tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que debe seguir cualquier tribunal ante un amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. Aquella tesis expresaba que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cerraba definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

En la misma línea, la nueva tesis jurisprudencial, emitida el pasado viernes 27 y cuya validez es plena desde este lunes 30, se refiere y protege de forma general el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar familias. Por su brevedad, la reproducimos en su integridad:

A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados y adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear.

La tesis jurisprudencial se genera después de que se hayan acumulado diversas resoluciones de amparo en el mismo sentido, y a partir de ahora pasa a ser de cumplimiento obligatorio por los tribunales mexicanos.

Es muy destacable, a nuestro juicio, que la tesis se refiera expresamente al derecho de las parejas del mismo sexo a conformar familias ya sea con niños procreados por alguno de sus miembros, adoptados o mediante la utilización de los “medios derivados de los avances científicos para procrear” en lo que supone, sin duda, un espaldarazo jurídico a la utilización de los procedimientos de reproducción asistida por parejas del mismo sexo. Sin duda, una buena noticia.

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La futura Constitución de Ciudad de México recogerá forma expresa tanto la no discriminación de las personas LGTB como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias LGTB bajo cualquiera de sus formas. Se trata de una magnífica noticia, tanto por sus efectos jurídicos (aunque el Distrito Federal de México, ahora oficialmente Ciudad de México, ya aprobó en 2009 el matrimonio igualitario) como sobre todo por su valor simbólico, al tratarse de la primera norma constitucional del mundo que incluye un pronunciamiento inclusivo tan explícito.

Una explicación política previa: el viejo Distrito Federal dejó de existir oficialmente hace un año para pasar a convertirse en Ciudad de México, una entidad federativa equivalente al resto de 31 estados mexicanos. Ciudad de México, pese a seguir siendo la capital del país, ha pasado a ser el número 32 de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los cambios que ello conlleva está la redacción de una Constitución estatal, obra que en este momento está llevando a cabo una asamblea constituyente de 100 miembros que está ya próxima a finalizar su labor.

Pues bien, entre los artículos que ya ha sido aprobados destacan dos que tienen mucho que ver con la realidad LGTB. El artículo 9 C, aprobado en la sesión del pasado 22 de diciembre y referido a la igualdad y no discriminación, establece por ejemplo que:

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la situación migratoria, las condiciones de salud, embarazo, la religión, las opiniones, la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.

El artículo 11 E, referido a los derechos sexuales y aprobado en la sesión del 4 de enero, establece que:

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

Pero es el artículo 16, bautizado como “ciudad incluyente”, aprobado en las sesiones que han tenido lugar esta misma semana, el que más agradablemente nos ha sorprendido, al incluir expresamente un apartado, el H, dedicado de forma específica a los derechos de las personas LGBTTTI. Su redacción es la siguiente:

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación.
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

La redacción final de este último artículo fue propuesta por Lol Kin Castañeda, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y activista LGTB, siendo aprobada por 68 votos y 11 en contra.

Ciudad de México, la adelantada de América Latina

México D.F. fue, de hecho, el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y de hecho en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Pese a todo, el Congreso de México decidía hace pocas semanas bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana, a la que suponemos no gustará demasiado el texto de la nueva Constitución de la capital del país.

Confíemos en que el proceso de aprobación de la Constitución, previsto para finales de este mes de enero, llegue a buen puerto. En este sentido, los artículos ya aprobados deben ser revisados todavía por la denominada Conferencia de Armonización, constituida por la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente y los presidentes de las juntas de las comisiones legislativas, cuya función, en principio, debería ser únicamente la de asegurar la coherencia jurídica del texto. Estaremos atentos…

General, Historia LGTBI Ciudad de México, Enrique Peña Nieto, Familia, Homoparentalidad, Lol Kin Castañeda, México, PRD, Suprema Corte de Justicia de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue dictando justicia de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, ajena a todo el revuelo homófobo que vive México. En un nuevo pronunciamiento, la Primera Sala de la Corte ha resuelto tres amparos en el mismo sentido que viene haciendo en los últimos tiempos: determinando que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, en este caso en los estados de Nuevo León, Chiapas e Hidalgo.

El fallo tiene como objeto principal el amparo en revisión 1266/2015, referido al estado de Nuevo León, y reitera de forma expresa la inconstitucionalidad de los artículos 147 y 291 Bis de su Código Civil, que circunscriben las instituciones del matrimonio y el concubinato a la unión de un hombre y una mujer. Según el comunicado hecho público por la propia Corte, “al considerar que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo”. “Y, por lo mismo, la ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a parejas de distinto sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, así como del mandato de protección a todo tipo de familias, previstos en la Constitución Federal”, insiste el texto.

Al tratarse además de la segunda ocasión consecutiva en la que se determina la inconstitucionalidad del artículo 147 del Código Civil para el estado de Nuevo León, la Suprema Corte ordena que se informe al Congreso de dicho estado sobre la existencia de tales precedentes.

“Finalmente, es de mencionar que en el mismo sentido y sesión se resolvieron los amparos en revisión 207 y 582, ambos de 2016, en los cuales se determinó la inconstitucionalidad de los preceptos correspondientes de las legislaciones del Estado de Chiapas e Hidalgo, que circunscriben el matrimonio y concubinato a parejas de distinto sexo”, añade el comunicado.

Lo cierto es que la SCJN ya ha dejado clara su postura cada vez que este tema llega a sus manos. De hecho, en 2015 emitió una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que debe seguir cualquier tribunal ante un amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

México: el matrimonio ya es una realidad 

No está de más precisar, para aquellos de nuestros lectores que no hayan seguido estrechamente la evolución del matrimonio igualitario en México pero que sí sepan de las recientes movilizaciones homófobas, que el matrimonio igualitario ya es una realidad en México desde hace años. El último estado en aprobarlo por vía legislativa, el pasado mayo, fue Colima, cuyo Congreso local respaldó por unanimidad una serie de reformas que adecuaban sus leyes a la jurisprudencia de la SCJN, que ya en 2014 había considerado inconstitucional prohibir el matrimonio en ese estado, y que un año después confirmó que la figura jurídica del “enlace conyugal”, que Colima había promovido para reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo, era discriminatoria. La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima tuvo lugar apenas unos días después de que lo hicieran Michoacán y Morelos y solo un par de semanas después de de Campeche.

Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (en 2009, y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados allí era extensiva a todo el país), el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit (2015). El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

El pasado enero, por otra parte, la SCJN aprobó invalidar el artículo del Código Civil del estado de Jalisco que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer, abriendo además la puerta a que estos matrimonios pudiesen celebrarse sin necesidad de un amparo judicial previo.

En la práctica totalidad de los estados mexicanos, de hecho, ya se han celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial. De especial importancia fue, en este sentido, una histórica sentencia que en 2012 emitió la SCJN, que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes fueron reproduciéndose después en numerosas sentencias.

En dos estados, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales decidieron hace meses, como consecuencia de estas sentencias, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general, pese a que formalmente no se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario. Chihuahua y Guerrero, además del mencionado Jalisco, pueden considerarse de facto parte de la lista de territorios en los cuales ya es posible el matrimonio igualitario sin aparentes restricciones (en otro estado, Sonora, la directora del Registro Civil llegó a anunciar que las parejas del mismo sexo no tendrían ya que solicitar ningún amparo judicial para contraer matrimonio. Pero la gobernadora de Sonora la desautorizó después, confirmando que por el momento sí necesitarán la orden judicial en este estado).

El anuncio de Enrique Peña Nieto precipitó la reacción homófoba

Fue la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como hizo público en mayo pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la que precipitó la reacción homófoba a la que hemos asistido estas semanas. Peña Nieto anunció que promovería la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. El presidente mexicano también aseguró que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

A ya partir de ahí, el lamentable espectáculo de odio homófobo promovido muy especialmente desde la Iglesia católica mexicana, con el cardenal primado Norberto Rivera a la cabeza, que ha cristalizado en las multitudinarias manifestaciones de este mes de septiembre y que ha recibido incluso el espaldarazo del papa Francisco. Veremos quién gana finalmente el pulso, si el estado de derecho o el sector más ultraconservador de la sociedad mexicana.

Fuente Dosmanzanas

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Parece que el movimiento ciudadano en defensa de la familia en México amplia su base social… Así lo muestra un vídeo grabado el pasado sábado en la estación de metro Insurgentes de la capital mexicana al finalizar la marcha convocada por el “Frente Nacional de la Familia” contra el matrimonio igualitario (publicado originalmente en la página de Facebook de Guerrilla Ocupacional México).

Un grupo de ultraderechistas mexicanos, ataviados con indumentaria neonazi y portando banderas con la cruz céltica, hace el saludo romano, corea “Sieg Heil” e increpa y llama “podridos” a un grupo de activistas LGTB que se habían manifestado en el cercano Ángel de la Independencia, el punto de la capital en el que finalizaba la marcha homófoba. Cierto es que los activistas no se quedaron precisamente callados…

Y mientras, el cardenal Norberto Rivera sigue haciendo de las suyas…

El espectáculo ofrecido por este grupo de indeseables movería casi a la risa si no fuera por el contexto en el que se enmarca: la ola de odio que los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, con el cardenal y arzobispo de México Norberto Rivera a la cabeza, están promoviendo contra el colectivo LGTB. El desencadenante: el compromiso hecho público en mayo pasado por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país, en el que ya son varios los territorios que han aprobado el matrimonio igualitario y en el que su prohibición por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una movilización de la que llevamos informando varias semanas, y que el pasado domingo recibió además el espaldarazo del propio papa Francisco, solo unas horas después de la gran manifestación de México D.F.

El último ejemplo de este discurso de odio ha sido la publicación en Desde la Fe, publicación dependiente de la arquidiócesis de México, de un artículo en el que se llegaba a afirmar que los homosexuales “son quienes más padecen y contagian enfermedades de transmisión sexual” o que un niño “tiene más posibilidades de sufrir abusos sexuales de un padre homosexual”. Artículo que hasta los propios ultraconservadores han debido pensar que se “pasaba de frenada”, dado que ya no está accesible…

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que ya dimos hace tres días con este buen resumen de Dosmanzanas:

Sensación de déjà vu. Se trata, al fin y al cabo, de la misma estrategia que se ejerció en 2005 en España o en 2012 y 2013 en Francia: la articulación de un movimiento ciudadano, supuestamente espontáneo y transversal, “independiente” de la Iglesia católica, en contra del matrimonio igualitario disfrazado de “defensa de la familia”. Los mismos logos. La misma utilización de niños que necesitan “un papá y una mamá”. Las mismas manifestaciones multitudinarias. El mismo odio.

Miles de personas participaron este sábado en las numerosas manifestaciones contra el matrimonio igualitario convocadas en diversas ciudades de México por el autodenominado “Frente Nacional por la Familia”, una organización que, a imitación del Foro Español de la Familia en España o la Manif por Tous en Francia, se ha constituido en eje articulador de los sectores homófobos de la sociedad mexicana. El desencadenante: el compromiso hecho público en mayo pasado por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país.

Conviene recordar, en este punto, que México es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son ya varios los territorios que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009. Fue, de hecho, el primer lugar de América Latina en hacerlo). Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado.

Este mes de julio nos hacíamos eco, por ejemplo, de las opiniones expresadas en Desde la Fe, publicación semanal dependiente de la arquidiócesis de México, que atacaba el matrimonio igualitario con argumentos del tipo de “el cuerpo humano no está diseñado para la relación homosexual” . La publicación también entraba directamente en política atacando a Peña Nieto, al que acusaba de “conceder prestaciones y compensaciones multimillonarias a once ministros del Poder Judicial [en referencia a la Corte Suprema de Justicia] apoltronados y envueltos en carísimas togas de seda de más de medio millón de pesos, que encubren su pragmatismo y favoritismo por ideologías que dinamitan instituciones del Derecho, vulnerando preciadísimos valores sociales como el Matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección de la familia o el respeto a la vida de los niños en el seno materno”. Una campaña de odio en toda regla que la Iglesia católica mexicana ha continuado promoviendo desde las páginas de Desde la Fe, que este mismo domingo publicaba un lamentable artículo en defensa de las “terapias reparadoras” de la homosexualidad titulado “No se nace homosexual”.

“Frente Nacional por la Familia”: odio disfrazado de defensa de la familia

Finalmente, los homófobos mexicanos acababan por adoptar el mismo modelo que ya se ensayó en España en 2005 (torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): la articulación de un “movimiento civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, su principal demanda es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”. Esta es su propuesta de modificación (en negrita, el nuevo texto que se añadiría a su artículo 4):

El varón y la mujer, siendo diferentes y complementarios entre sí, son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado, a fin de que su entorno les garantice a todos sus miembros las condiciones necesarias para alcanzar un óptimo desarrollo.

Se reconoce el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

El matrimonio es una institución de interés público y el fundamento natural de la familia; como tal debe ser protegido por el Estado, como un compromiso público que toman libremente un varón y una mujer, para amarse, fundar una familia y educar a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad.

Todo matrimonio o concubinato tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el desarrollo integral de la familia, siendo este el principio que guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las leyes, programas y políticas públicas de los tres órdenes (niveles) de gobierno de los tres Poderes de la Unión.

Los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos; incluyendo la correspondiente al desarrollo de las aptitudes intelectuales, morales y religiosas, la educación sexual, las actitudes y virtudes.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

A fin de garantizar el respeto del interés superior de la niñez, todos los niños y niñas tienen el derecho a crecer en su familia, bajo el cuidado y protección de su padre y su madre. En el caso de orfandad de padre y madre de un menor o si fuese privado de manera definitiva de su familia de origen, se deberá asegurar su cuidado y protección por un padre y una madre adoptivos. El Estado no puede por ninguna causa privar deliberadamente a un niño de este derecho.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir al Estado el cumplimiento de estos derechos y principios.

En definitiva, una reforma que bloquearía de forma definitiva la igualdad jurídica de las personas LGTB, tanto por lo que se refiere al matrimonio igualitario como a la homoparentalidad y los derechos de las familias LGTB.

Éxito de movilización en las calles

Las protestas homófobas de este sábado en México, y eso es innegable, ha sido un éxito de participación. Lejos del “más de un millón de personas” del que hablan los medios ultraconservadores, pero multitudinarias. Como lo fue la gran manifestación homófoba del 18 de junio de 2005 en Madrid, o como lo fueron las diversas movilizaciones de la Manif pour tous en Francia. Miles de personas han salido a las calles de las más importantes ciudades mexicanas. Una movilización que se repetirá el próximo 24 de septiembre en la capital del país, donde el Frente Nacional por la Familia quiere congregar a una gran multitud y exhibir músculo ante un Peña Nieto que políticamente se encuentra sensiblemente debilitado por otras muchas razones al margen del debate sobre el matrimonio igualitario.

Nadie duda de que lo conseguirá. Si algo ha quedado contrastado a lo largo de estos últimos años es la gran fortaleza del movimiento homófobo. Está por ver si en el caso de México, apoyada en una sociedad fuertemente conservadora, esa fuerza será suficiente para contrarrestar su potente tradición laica. En el caso francés, por ejemplo, no pudo detener la aprobación del matrimonio igualitario, pero sí pudo congelar el avance de otros derechos LGTB, como la posibilidad de que las mujeres lesbianas puedan recurrir a la reproducción asistida. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario. La vociferación de la Manif pour tous lo paralizó todo. No quiero verme impotente en todo lo que tengo que hacer por lanzar un debate sobre la PMA [procréation médicalement assistée, o reproducción asistida]”, declaraba hace unos meses la nueva ministra de la Familia, la socialista Laurence Rossignol…

La imagen del día: un niño frente a una de las manifestaciones

Pese a todo, la imagen del pasado sábado que posiblemente pasará a la historia será la del niño que en Celaya (estado de Guanajuato) hizo ademán de “detener” a los manifestantes homófobos. Una instantánea tomada por el fotógrafo Manuel Rodríguez y compartida en su muro de Facebook, que a lo largo de este lunes ha acabado por hacerse viral y ser recogida por numerosos medios internacionales:

Rodríguez, según ha contado, lo alcanzó corriendo y pudo hablar brevemente con el niño. “Pensé que era un niño jugando. Al llegar le pregunté: ‘¿por qué lo hiciste?’. Y él contestó que tenía un familiar que era gay y que no le gustaba que lo odien”, ha explicado. “Intenté grabarlo pero inmediatamente una mujer desde la calle le llamó la atención y lo retiró del lugar”, ha añadido.

Desconocemos en este momento si la historia que contó el niño a Manuel Rodríguez es 100% verdadera. En cualquier caso, la potencia de la imagen y el eco que ha alcanzado seguro que ha amargado el lunes a más de un manifestante…

Fuente Dosmanzanas

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Otro nuevo estado mexicano acaba de aprobar por unanimidad de sus diputados la reforma de su Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de Colima, en la costa del Pacífico. La aprobación ocurre pocos días después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunciase su intención de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el territorio mexicano. Una reforma que pondrá punto final a la peculiar situación de México, país en el que conviven un Código Civil federal con los diferentes códigos civiles de los estados que lo forman, varios de los cuales ya disponen matrimonio igualitario. A este paso, habrá que ver si a este paso la reforma federal no se aprueba con matrimonio igualitario en todos los estados… 

Una tras otra, como fichas de dominó, las legislaciones de los estados mexicanos van cayendo del lado de la igualdad: a la lista de estados cuyas legislaciones ya son igualitarias se acaban de unir esta semana Colima, cuyo Congreso local ha aprobado por unanimidad una serie de reformas que adecuan sus leyes a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya en el año 2014 había considerado inconstitucional prohibir el matrimonio en ese estado, y que un año después confirmó que la figura jurídica del “enlace conyugal”, que Colima había promovido para reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo, era discriminatoria.

Es por eso que el Congreso de Colima ha abordado las correspondientes reformas, tanto de la Constitución del estado, para eliminar de la definición de matrimonio el que este tenga que ser contraído “entre un hombre y una mujer” (reforma que fue votada a principios de mes), como del Código Civil, que a partir de ahora adopta un lenguaje neutro en su articulado. Esta última reforma fue aprobada el pasado miércoles, 25 de mayo, por 24 votos a favor y ningún voto en contra (un diputado estaba ausente).

La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima tiene lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

Faltaba sin embargo el empujón final: la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como anunciaba este mes de mayo Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano también aseguraba que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

En cualquier caso, la iniciativa presidencial debe ser todavía discutida y aprobada por el Congreso mexicano, lo que se demorará sin duda un tiempo. Es por eso que es buena noticia que los estados continúen actualizando por su cuenta sus legislaciones matrimoniales para acabar cuanto antes con la desigualdad jurídica. De hecho, tras Michoacán, Morelos y Colima se espera que a corto plazo hagan lo propio Chiapas y el estado de México.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprovechó la celebración del Día Internacional contra la LGTBfobia (oficialmente en México “Día Nacional contra la Homofobia”) para anunciar sendas iniciativas de reforma tanto de la Constitución mexicana (en su artículo cuarto) como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el territorio mexicano. La reforma pondrá punto final a la peculiar situación que vivía México, país en el que conviven un Código Civil federal con los diferentes códigos civiles de los estados que lo forman, varios de los cuales ya disponían de hecho de matrimonio igualitario, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado la inconstitucionalidad de prohibirlo. De hecho, a día de hoy, incluso en los territorios mexicanos que no han aprobado una ley al respecto es posible la celebración de matrimonios tras recurrir a un amparo judicial.

El máximo mandatario del país azteca fue uno de los políticos más activos en esta señalada fecha y a lo largo del día realizó una valiosa campaña contra la LGTBfobia en sus perfiles personales de Twitter y Facebook.

El gobierno de Peña Nieto ya había lanzado un programa nacional por la igualdad y la no discriminación en el año 2014 y se ha comprometido a seguir combatiendo la discriminación con nuevas campañas informativas y revisando los contenidos anacrónicos de los planes educativos para adaptarlos a las nuevas realidades.  Lo mejor estaba por llegar. De este modo, Peña Nieto Enrique Peña Nieto, anunció una nueva iniciativa para tratar de modificar la Constitución y el Código Civil y que el matrimonio entre personas del mismo sexo pueda ser reconocido en todo el país.

El Gobierno de México anunció este martes una propuesta para reformar la Constitución con el fin de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. El presidente, Enrique Peña Nieto, firmó una iniciativa en este sentido en el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia que, dijo, servirá para consolidar el criterio emitido el pasado año por la Suprema Corte de Justicia, que consideró inconstitucionales las leyes estatales que prohíban el matrimonio homosexual.

Con una modificación del artículo 4 constitucional, se reconocerá como “un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna”, dijo el gobernante, rodeado de miembros de ONG defensoras de la diversidad sexual. “Es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencias sexuales“, añadió el mandatario.

De esta forma, “quedaría implícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución” y se evitaría la diferencia entre estados existente hoy día, afirmó. Junto a este decreto, Peña Nieto presentó una segunda iniciativa para que en el Código Civil Federal se asegure el matrimonio entre personas del mismo sexo y se utilice un lenguaje que no sea discriminatorio.

En el marco de esta propuesta también se contempla que los cónsules, en calidad de jueces del registro civil, puedan expedir actas de nacimiento con una nueva identidad de género. También pidió a la Cancillería que en la emisión de pasaportes no se pongan trabas a la actas de nacimiento que presentan cambio de sexo.

El mandatario ordenó a la Consejería Jurídica revisar “los distintos ordenamientos” que contienen todavía lenguajes discriminatorios dentro de un paquete de reformas para fomentar la justicia cotidiana. Dijo que espera trabajar de la mano con las organizaciones civiles para crear “a la brevedad un paquete de reformas que modifique mucho el ámbito de la Justicia”.

Por último, abundó en el deseo de convertir a México en un “actor global” en la lucha por los derechos del colectivo LGBT, y dijo que la nación formará parte de un grupo de análisis sobre esta temática en las Naciones Unidas. El presidente se mostró confiado en que en México todos, “sin importar la condición sexual, étnica o preferencia sexual, tengan la oportunidad de realizarse plenamente y la oportunidad de ser feliz”.

Esta era la primera ocasión en que el mandatario se reúne con ONG y miembros de la sociedad civil para festejar este Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia, que declaró en 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) organizó un foro para evaluar la homofobia en el país, que según algunos informes se ubica en el segundo del mundo por número de crímenes de odio contra la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).

Según un reporte de la ONG Letra S basado en medios de comunicación, de 1995 a la fecha se han registrado 1.310 homicidios homófobos en México.

Hace solo unos días que informamos de la aprobación, por aplastante mayoría de su Congreso local, del matrimonio igualitario en el estado de Campeche (península de Yucatán). Se trataba del quinto territorio mexicano (noveno, de facto) con matrimonio igualitario. Antes de Campeche otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

El pasado enero, por otra parte, la SCJN aprobó invalidar el artículo del Código Civil del estado de Jalisco que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer, abriendo además la puerta a que estos matrimonios pudiesen celebrarse sin necesidad de un amparo judicial previo.

La acción de la justicia, clave

En la práctica totalidad de los estados mexicanos, conviene precisar, ya se han celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la SCJN, que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se reprodujeron en numerosas sentencias posteriores. En dos estados, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales decidieron hace meses, como consecuencia de estas sentencias, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario. Un tercer estado, Sonora, acaba también de levantar las restricciones: hace unos días la directora de su Registro Civil anunciaba que las parejas del mismo sexo ya no tendrán que solicitar ningún amparo judicial para contraer matrimonio. Chihuahua, Guerrero y Sonora, además del mencionado Jalisco, pueden considerarse de facto parte de la lista de territorios en los cuales ya es posible el matrimonio igualitario sin aparentes restricciones.

Toda una cascada judicial que en 2015 recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y, lo que es quizá más importante, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

El broche final

Solo faltaba el empujón final, que ha acabado llegando como fruta madura: la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como acaba de anunciar Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano también ha asegurado que se revisarán todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN. Sin duda, una fantástica noticia.

Os dejamos con un breve reportaje de TV Azteca Puebla que incluye parte del discurso en el que Peña Nieto hizo el anuncio:

Fuente Agencias/Dosmanzanas

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El estado mexicano de Campeche ha aprobado, por aplastante mayoría de su Congreso local (34 votos a favor de 35 posibles, solo uno en contra) la reforma de su Código Civil para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata del quinto territorio mexicano (noveno, de facto) con matrimonio igualitario, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario (después de la correspondiente tramitación parlamentaria y a petición del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para armonizar el Código Civil local con la jurisprudencia federal) casi todos los diputados del Congreso de Campeche, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). También votaron a favor los diputados del Partido Verde Ecologista y del Partido Nueva Alianza. De los tres representantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), dos votaron a favor y solo una, Adriana Avilez, votó en contra, aduciendo principios morales personales. El suyo fue el único voto que impidió que la decisión fuera unánime.

Antes de Campeche, estado situado en la península de Yucatán, solo tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009), el norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (en diciembre de 2015). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

El pasado mes de enero, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó invalidar el artículo del Código Civil del estado de Jalisco que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer, abriendo además la puerta a que estos matrimonios pudiesen celebrarse sin necesidad de un amparo judicial previo.

Un escenario judicial favorable

En Campeche, conviene precisar, ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la SCJN que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En dos de ellos, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales decidieron hace meses, como consecuencia de estas sentencias, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario. Un tercer estado, Sonora, acaba también de levantar las restricciones: hace pocos días la directora de su Registro Civil anunciaba que las parejas del mismo sexo ya no tendrán que solicitar ningún amparo judicial para contraer matrimonio. Chihuahua, Guerrero y Sonora, además del mencionado Jalisco, pueden considerarse de facto parte de la lista de territorios en los cuales es posible el matrimonio igualitario sin aparentes restricciones.

Toda una cascada judicial que en 2015 recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y, lo que es quizá más importante, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

Oposición católica y evangélica

El avance del matrimonio igualitario en México no se está produciendo, precisamente, sin resistencias tanto de la Iglesia católica como de los grupos evangélicos, como demostraron las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso de Campeche coincidiendo con la aprobación de su ley de matrimonio igualitario (“arderán en el infierno”, amenazaron los congregados a los diputados locales).

Afortunadamente, no son pocos los políticos mexicanos, incluso de ideas conservadoras, que se mantienen leales a una tradición laica que parece aguantar mejor en México que en otros lugares de América Latina en los que la frontera entre la política y las confesiones religiosas tiende a debilitarse (muy especialmente ante la pujanza que el movimiento evangélico está adquiriendo en la región).

Fuente Dosmanzanas

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Magnífica noticia la que nos llega desde México. En una votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado este martes invalidar el artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco, que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer. La acción de inconstitucionalidad había sido promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Así lo ha hecho saber la SCJN en un comunicado oficial:

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, de manera unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que una porción impugnada del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional ya que atentaba contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

En esta ocasión, y a diferencia de otras que hemos recogido en el pasado, la sentencia de la SCJN supone que todas las parejas del mismo sexo que lo deseen podrán contraer matrimonio en Jalisco sin necesidad de recurrir ya a amparo alguno. Esto es así porque la SCJN se pronuncia en respuesta a una acción de inconstitucionalidad que ha sido promovida dentro del plazo legal tras un nuevo acto legislativo (en este caso, el artículo 260 del Código Civil fue reformado en marzo por el Congreso de Jalisco, reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 4 de abril de 2015). Y aunque la reforma no se refería expresamente a esta cuestión, sí permitía que se iniciase la acción de inconstitucionalidad.

En cambio, en las anteriores sentencias que han establecido la inconstitucionalidad de normas similares en otros estados la SCJN se ha pronunciado en respuesta a amparos presentados por particulares. Este mecanismo solo ampara a dichos particulares pero no supone, como tal, la invalidación de la norma.

Seis estados (más el Distrito Federal) con matrimonio igualitario sin trabas

Jalisco se convierte así en el sexto estado mexicano con matrimonio igualitario pleno (además del Distrito Federal, que no es propiamente un estado). Ello ha sido así por decisión de sus órganos legislativos en el Distrito Federal (desde 2009), en el norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014) y en el estado de Nayarit, en la costa del Pacífico (cuyo Congreso local lo aprobó por aplastante mayoría hace poco más de un mes). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país.

El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer. En otros dos estados, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales son los que han decidido, como consecuencia de las diversas sentencias judiciales, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario, por lo que pueden considerarse de facto parte de la lista.

Y un escenario judicial favorable en el resto

En el resto de estados también se celebran bodas entre personas del mismo sexo, pero solo después de que las parejas reciban el correspondiente amparo judicial. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la Suprema Corte y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se reprodujeron luego en múltiples amparos a particulares a lo largo y ancho del país, a los que tanto los jueces federales como la propia SCJN daban la razón (especialmente importante fue la sentencia emitida en abril de 2014 a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca).

Un proceso que recibió en noviembre el espaldarazo definitivo con la decisión de la SCJN de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que se les presente sobre la materia. La tesis no solo expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario, sino que cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha pedido la extensión a todo el país

Especialmente encomiable ha resultado en el caso del estado de Jalisco la actuación de la CNDH, una entidad gubernamental autónoma (que puede considerarse equivalente a las Defensorías del Pueblo de otros países) y que es una de las que cuenta con capacidad legal para promover acciones de inconstitucionalidad. Una actuación acorde con su función, la de defender los derechos humanos, que la ha llevado a defender de una forma clara y ejemplar el matrimonio igualitario.

Este pasado diciembre, de hecho, el organismo emitía una recomendación oficial a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todos los estados del país para que adecuasen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar. “Este Organismo Nacional enfatiza que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el mismo, tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. Solamente el Distrito Federal y Coahuila han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario y, si bien es cierto que algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como ‘sociedad de convivencia’, ‘pacto civil de solidaridad’, ‘enlace conyugal’, resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente”, expresaba entonces la CNDH.

Todo un ejemplo a seguir por organismos equivalentes de otros países…

Fuente Dosmanzanas

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Los derechos LGTB han sufrido un duro golpe en Europa, pero avanzan en América Latina. Mientras un referéndum anulaba la ley de matrimonio igualitario aprobada en Eslovenia, el estado mexicano de Nayarit la aprobaba por aplastante mayoría del Congreso local: 26 votos a favor, una abstención y solo un voto en contra. Nayarit es el cuarto territorio mexicano con matrimonio igualitario pleno, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario casi todos los diputados del Congreso local, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN), aunque una diputada de este último se abstuvo. El único voto en contra fue el de un diputado del Partido Verde Ecologista (una fuerza que pese a lo que su nombre defiende posiciones conservadoras en lo social). La iniciativa, que llevaba discutiéndose desde el 25 de junio en el Congreso de Nayarit, había partido del diputado del PRD Luis Manuel Hernández Escobedo y contó con el apoyo expreso del gobernador del estado, el priista Roberto Sandoval.

Antes de Nayarit, estado de la costa oeste del país, solo dos territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009) y norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Un escenario judicial favorable

En Nayarit ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En uno de ellos, Chihuahua, el propio gobierno decidía el pasado julio dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se aprobase una ley de matrimonio igualitario.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que hace pocos meses recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide la extensión a todo el país

De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) acaba de emitir una recomendación oficial a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todos los estados del país para que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar. “Este Organismo Nacional enfatiza que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el mismo, tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. Solamente el Distrito Federal y Coahuila han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario y, si bien es cierto que algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como ‘sociedad de convivencia’, ‘pacto civil de solidaridad’, ‘enlace conyugal’, resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente”, expresa el citado organismo.

La CNDH también recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene ya en su jurisprudencia que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Chihuahua, Discriminación, Luis Manuel Hernández Escobedo, Matrimonio, México, Nayarit, Oaxaca, Pan, Partido Verde Ecologista (México), PRD, PRI, Roberto Sandoval, Suprema Corte de Justicia de México

Hace unos días publicamos la noticia y la polémica sigue ampliándose:

Dimitirá de su cargo antes que registrar adopciones por parte de familias homoparentales. Esta es la ‘amenaza’ que ha lanzado Rito Padilla, el actual director general del Registro Civil de Guanajuato (el sexto estado más poblado de México). “¿Qué futuro les depara?”, se ha preguntado retóricamente Padilla, en relación a los niños adoptados por parejas del mismo sexo. Ante las homófobas declaraciones de Padilla, motivadas por su alineamiento confesional, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, ha expresado en declaraciones a una radio local que esta “no es la forma de pensar del Gobierno del estado” y le ha indicado al funcionario que, con sus palabras, “puso fecha a su renuncia”. El diputado Javier Contreras Ramírez, por su parte, considera que “es un expresión ultraderechista, conservadora, como lo es la línea de su partido, Acción Nacional, del que Rito Padilla es un militante activo”.

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de la declaración de inconstitucionalidad al veto a la adopción homoparental en el estado mexicano de Campeche, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Precisamente, a raíz de esta importante resolución judicial, el máximo responsable del Registro Civil de Guanajuato, Rito Padilla, había anunciado que si un tribunal resuelve la cuestión en su estado de manera favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, como ya ha ocurrido en Campeche, dimitirá de su cargo. “Renuncio antes que aceptar la adopción para una pareja gay”, asegura Padilla. Y como todo apunta a que la justicia mexicana seguirá un criterio uniforme e inclusivo, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, le ha hecho ver al todavía director general del Registro Civil que, con su actitud, “puso fecha a su renuncia”.

Asimismo, García López, aunque ha dicho respetar la decisión de Padilla, le ha afeado sus declaraciones públicas y le ha invitado a que cumpla con su palabra en el momento en el que se permita el registro de adopciones homoparentales en Guanajuato, abandonando sus responsabilidades al frente del Registro Civil. En todo caso, el secretario del Gobierno recuerda al funcionario que hay que ser “respetuosos con las leyes” y, en el caso de que finalmente se mantuviera en su puesto, no podría negarse a inscribir a ninguna pareja, con independencia de su orientación sexual. “El día de mañana que se presente el mandamiento de la autoridad judicial para que se registre la adopción por parte de una pareja del mismo sexo tenemos que acatar la resolución”, explica García López.

En opinión de Padilla, “los niños tienen derechos superiores y están violentándose acuerdos internacionales, están violentando muchísimos derechos de los niños”, aludiendo a su adopción por parte de parejas del mismo sexo. Por este motivo, al funcionario le preocupa “¿qué futuro les depara?”. El todavía director del Registro Civil asevera que está “a favor de toda la diversidad sexual, pero no en la adopción de niños porque se tienen que cuidar sus derechos fundamentales y no deben estar protegidos por dos personas del mismo sexo”. En este sentido, proseguía Padilla, “mantengo mi postura de renunciar si una autoridad me obliga a que lleve a cabo eso”.

Una de las reacciones más contundentes con las que se ha encontrado el director general del Registro Civil de Guanajuato ha sido la del diputado regional Javier Contreras Ramírez, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Contreras Ramírez le ha espetado a Padilla que “está equivocado, pues no se requiere ser de una u otra tendencia sexual para poder o no adoptar, no tengo idea si sea ignorante o no del derecho una persona como él, pero lo está demostrando con sus dichos”. Es más, el político priista ha calificado lo dicho por el funcionario como “expresión ultraderechista, conservadora, como lo es la línea de su partido, Acción Nacional”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Acción Nacional, Adopción, Antonio Salvador García López, Campeche, Guanajuato, Javier Contreras Ramírez, México, Nuevo León, PRI, Registro civil, Rito Padilla, Suprema Corte de Justicia de México

Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó las actas de matrimonio y cortó el pastel de bodas con las parejas.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el matrimonio igualitario, en diciembre de 2009, de la ley que hacía posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital de México. Se trataba, no lo olvidemos, de la primera ley de matrimonio igualitario de América Latina. Las primeras bodas no se celebraron sin embargo hasta marzo de 2010, una vez que la ley estuvo formalmente en vigor. Cinco años después, aquel momento histórico ha sido conmemorado por el jefe del gobierno capitalino con una boda colectiva. La conmemoración coincide además con una nueva sentencia favorable al matrimonio igualitario en uno de los pocos estados que aún no contaba con ella: Chiapas.

Son más de 5.400 parejas del mismo sexo las que han ejercido ya su derecho a contraer matrimonio en el Distrito Federal. Veintiuna de ellas lo hacían este 4 de marzo, cinco años después de la entrada en vigor de la ley que lo hace posible, en una ceremonia colectiva que tuvo lugar en presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. “Nos da mucho gusto que sea en esta ciudad donde pueda concretarse esto que es una realidad, una ciudad que ha reconocido la necesidad de cambiar la mentalidad”, afirmaba Mancera, quien por cierto resaltó el hecho de que la tasa de divorcio entre parejas del mismo sexo sea solamente del 1%. “Las parejas precisamente que hoy están celebrando el quinto aniversario del matrimonio civil igualitario son las parejas que menos índice de divorcios tienen en nuestra ciudad”, destacó.

La capital mexicana abría hace cinco años un camino que el resto del país aún está transitando. En 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en la capital era extensiva a todo el país. Al Distrito Federal se han sumado además los estados de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer, y Coahuila, cuyo Congreso aprobaba por aplastante mayoría la segunda ley de matrimonio igualitario del país el pasado septiembre.

Pero es que además la gran mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, que por el momento solo han sido de obligada ejecución para las parejas recurrentes pero que han permitido ya a decenas de ellas casarse. Hace pocos días hacíamos una recapitulación de la situación, coincidiendo con la que hasta entonces era la última de ellas (referida al estado de México), pero este 4 de marzo se sumaba un estado más…

Chiapas: la justicia da amparo a 51 parejas del mismo sexo

Efectivamente, la justicia federal daba finalmente amparo a 51 parejas del mismo sexo del estado de Chiapas, al considerar contrarios a la Constitución mexicana tres artículos del Código Civil del estado que les impiden contraer matrimonio. La solicitud de amparo se remonta a 2013, año en que se inició el acopio de documentación. “Continuando con el criterio de la Primera Sala en el amparo 152/2013, este juzgado debe considerar que lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de las porciones normativas de entre un hombre y una mujer contenidas en los artículos 144, 145 y 298 del Código Civil del Estado de Chiapas”, expresa el fallo. En cuanto les sea entregado por escrito el dictamen, las 51 personas firmantes del amparo y sus parejas estarán cobijadas por la ley federal para contraer matrimonio civil.

La resolución del amparo 152/2013 a la que hace alusión el tribunal no es otra que la importante sentencia emitida en abril de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de México, que falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” era inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”.

Dos años antes, en 2012, la Suprema Corte había abierto en cualquier caso el camino judicial amparando a tres parejas, también de Oaxaca, a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación que luego se ha reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en otros estados, varios de ellos confirmados además por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

En solo unos días se han sumado también el estado de México (con una contundente sentencia de la Suprema Corte, que pone fin a un largo litigio judicial e insta al Congreso del estado a acabar con la discriminación) y ahora Chiapas. El largo camino a la igualdad, abierto hace cinco años, parece cada vez más despejado.

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Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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Prosigue el goteo de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario en México, en un proceso que parece imparable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicas este mes de junio dos sentencias que vuelven a considerar inconstitucional la prohibición de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo en dos nuevos estados, Colima y Baja California.

La más reciente de las sentencias, conocida esta misma semana, es la de Baja California. La Suprema Corte examinaba el amparo interpuesto por Víctor Manuel Espinoza y Víctor Fernando Urías, una pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Mexicali negó el matrimonio, ya que la legislación del estado solo autoriza el matrimonio entre un hombre y una mujer, e incluso lo vincula con la perpetuación de la especie. El alto tribunal considera sin embargo que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, al dar un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega además de forma expresa que la perpetuación de la especie o el formar una familia con hijos sea la finalidad jurídica del matrimonio.

Pocas semanas antes la Suprema Corte había emitido un fallo similar referido a otra pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Colima (estado de Colima) había negado también su derecho a contraer matrimonio.

La Suprema Corte de Justicia ha entrado en juego

Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se viene pronunciando a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo. En marzo recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres. Michoacán seguía los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró en diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Sentencias similares se habían producido ya en otros estados, como Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán, y también en Baja California y Colima.

Podemos considerar sin embargo que se ha pasado ya a una nueva fase, al comenzar a conocerse sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de Oaxaca, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace más un año. Ahora se han conocido las sentencias referidas a Colima y Baja California. Y hace poco más de dos meses la Suprema Corte fallaba a favor de 39 personas homosexuales residentes en el estado de Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia especialmente importante, en tanto que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte, que tiene pendiente estudiar un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace cuatro años y medio, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio del año pasado en la propia Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que posiblemente serán superados por la acumulación de jurisprudencia en favor del matrimonio igualitario en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima sentencia la emitida en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligará al estado de Oaxaca a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo a todos sus ciudadanos. El más alto tribunal de justicia del país ha fallado a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca que solicitaron el correspondiente amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. La sentencia es histórica en tanto que, según el propio comunicado de la Corte expresa, “el agravio estudiado no fue la negativa de una autoridad civil para acceder a la solicitud de matrimonio de parejas del mismo sexo, sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”.

México avanza en la igualdad. La Justicia ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio gay en el estado de Oaxaca. En el pleno celebrado ayer (22 de abril), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil estatal, que define al matrimonio como “un contrato entre un solo hombre y una sola mujer y que tiene por objeto perpetuar la especie”.

Por cuatro votos contra uno, la Sala consideró que se cuenta con interés legítimo para impugnar una ley si se demuestra que ésta causa una afectación personal, aunque no sea directa. El tribunal dio así la razón a los 39 ciudadanos residentes de Oaxaca que interpusieron un recurso de revisión de la norma. La Primera Sala de la Corte ya había declarado el artículo “inconstitucional por discriminatorio” en tres sentencias anteriores, pero en todos esos casos, los querellantes habían acudido al Registro Civil para solicitar que se les uniera en matrimonio, y siempre recibieron respuesta negativa.

El artículo pierde ahora su valor jurídico. Esta decisión es vinculante a todas las autoridades del Estado de Oaxaca, por lo que no podrá ser utilizado para negar el matrimonio a parejas del mismo sexo.

Si bien la prohibición del matrimonio homosexual es ya inconstitucional en Oaxaca, todavía no existe una ley que permita el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, sí que pueden celebrarse matrimonios “por amparos” en el estado y son reconocidos los matrimonios celebrados en otras jurisdicciones, como ocurre en el resto de México.

Hasta la fecha, el matrimonio igualitario es legal en Distrito Federal y en Quintana Roo, y la unión civil igualitaria en los mismos, más Campeche, Coahuila, Colima y Jalisco.

Poru parte cuenta Dosmanzanas: Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se pronuncia a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo que alcanza a todo el país. Hace poco más de un mes recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres a las que el Registro Civil negó su solicitud. Michoacán seguía así los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró a finales de diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Pero las sentencias judiciales a favor de parejas del mismo sexo que deseaban contraer matrimonio se han ido sucediendo en otros estados, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán.

Pero el caso de Oaxaca es sin duda especial, al involucrar a la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de ese estado, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace poco más un año. Una sentencia que en cierto modo fue la que abrió la puerta a que en otros estados jueces federales se pronunciaran en el mismo sentido. Ahora, casi año y medio después, también es una sentencia de la Suprema Corte referida a Oaxaca la que hace historia, al pronunciarse, ya no sobre los amparos de las parejas recurrentes, sino sobre el fondo del asunto, al considerar directamente inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario y abrir así la puerta a que todas las parejas puedan casarse.

La Suprema Corte de Justicia es clara. Si bien considera incuestionable que los Congresos estatales tienen libertad para regular el estado civil de las personas, esta “se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1 constitucional”. La Suprema Corte, por otra parte, considera que “el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo”.

Según el comunicado de la Corte, en cuanto a los efectos de la sentencia el amparo otorgado “vincula a todas las autoridades del Estado de Oaxaca, por lo que no podrán utilizar el artículo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio. Por tanto, los quejosos no deben ser expuestos al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como en el futuro”.

El caso de Oaxaca, previsiblemente, no será el último. Por lo pronto la propia Corte ya ha anunciado que estudiará un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace ya más de cuatro años, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que todo apunta a que serán superados por la fuerza de la justicia en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas y  Ragap

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Leemos en Dosmanzanas que un nuevo estado de México se sumará a la cada vez más larga lista de territorios de ese país en el que la justicia obliga a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En Michoacán, un juez federal ordenó la semana pasada que se celebre de forma inmediata la boda entre Alejandra Banderas y Claudia López, a las que el Registro Civil negó su solicitud de matrimonio dado a día de hoy el Código Civil del estado no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Michoacán sigue así los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró a finales de diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre (ya se ha celebrado de hecho una segunda, y en el momento en que se celebren cinco la jurisprudencia ya será firme). Pero las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario se han ido sucediendo en muchos otros estados, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa o Yucatán. En el caso de Oaxaca, sin duda la sentencia que marcó la tendencia, fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en diciembre de 2012 amparó de forma unánime a tres parejas, permitiendo que el primer matrimonio igualitario de ese estado se celebrara hace ahora un año.

Por el momento estos primeros amparos afectan solo a las parejas recurrentes, pero conforme se vayan acumulando y generando la suficiente jurisprudencia estado por estado el matrimonio igualitario será pronto un derecho que se podrá ejercer de forma extensa. La batalla judicial, además, apunta ya a la posible inconstitucionalidad de las leyes que limitan el matrimonio igualitario. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, la norma que prohíbe casarse a dos personas del mismo sexo será debatida por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a una decisión adoptada también la semana pasada. El alto tribunal puede emitir una sentencia de efecto limitado a las parejas recurrentes (como sucedió en Oaxaca) pero no se descarta una sentencia más genérica que abra el matrimonio a todas las parejas del mismo sexo del estado.

Un derecho que se extiende por todo México

No se trata de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo de México, ya que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace ya más de cuatro años, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en agosto de 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho iniciativas de aprobación de leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco.

En este contexto no es de extrañar que grupo de senadores decidiera hace meses promover en el Senado mexicano una propuesta de modificación del Código Civil Federal (que convive con los códigos civiles de los diversos estados) para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La propuesta partió del izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) y despertó adhesiones de senadores del PRI (Partido Revolucionario Institucional), gobernante a nivel federal.

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