La Junta de Andalucía sigue estudiando si retira la subvención al colegio transfóbico de Málaga.
José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz en Málaga
El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado que el expediente abierto al centro escolar determinará el tipo y la gravedad de la infracción, así como las medidas que se puedan llevar a cabo por parte del Gobierno autonómico.
Ruiz Espejo, quien ha asistido al acto institucional para celebrar el Día de Andalucía, ha afirmado este viernes que la Junta sigue estudiando la posibilidad de retirar el concierto al colegio San Patricio de Málaga, de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado, y en el que cursaba estudios hasta ahora la menor transexual de siete años.
De este modo, el representante del Gobierno andaluz ha precisado que “lo más grave es que se pudiera llegar a la retirada del concierto”.
Por su parte, la delegada de Educación, Patricia Alba, explicó a principios de esta semana que la comisión que deberá decidir si la Junta retira o no el concierto al San Patricio se constituirá a principios de marzo, y en ella estarán representados el colegio y la Administración autonómica.
Ruiz Espejo ha recordado que la Junta “ya mantuvo su posición de que había que atender primero los derechos del menor y de la familia”, y que por tanto, el colegio San Patricio “tendría que atender las recomendaciones que se le habían hecho por parte de la propia inspección y de los profesionales de la Consejería”.
“Vamos a seguir con todos los trámites que nos propongan los técnicos para que se garantice el derecho de los menores a recibir el trato que ellos mismos solicitan en base a su propia identidad”, ha asegurado.
Al mismo tiempo, el delegado ha insistido en que esto “tenemos que hacerlo con todos los centros públicos, pero además con aquellos que estén financiados con fondos públicos, y por tanto, también en los centros concertados”, como en el caso del colegio San Patricio.
“Tendrá que atenerse a esas cuestiones, que entendemos que son las mínimas que debemos exigirle a cualquier centro que imparta la formación con fondos públicos”, ha sostenido.
Por último, Ruiz Espejo ha lamentado que finalmente la familia haya tenido que optar por trasladar a la menor de centro, “porque no se atendían las peticiones de identidad que había efectuado”.
Tras las vacaciones de Semana Blanca, Gabi seguirá el curso en un nuevo centro. Asimismo, el abogado de la familia, Oliver Roales, anunció que estaban estudiando iniciar acciones legales contra el colegio San Patricio, apuntando que el hecho de que se archivara la investigación iniciada por la Fiscalía “en absoluto” va a suponer un freno en el caso de que se decida finalmente llevar a cabo dichas acciones.
Fuente Cáscara Amarga
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