El pasado 23 de febrero, tal y como había anunciado y sin ningún tipo de cortapisa, la organización ultraconservadora HazteOír celebró en un local del centro comercial ABC Serrano de Madrid su denominado “congreso internacional sobre género, sexo y educación”,  y que no era otra cosa que un evento LGTBfobo del que la propia HazteOír presumía en días previos de que vulneraba la legislación. Pues bien, dos activistas que protestaron contra el acto fueron detenidos. El resto fueron identificados. El colectivo universitario RQTR se ha movilizado en su ayuda, movilización que consideramos necesario difundir. 

“El I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación incumplirá todas las leyes LGTBI en vigor en España”, presumía HazteOír:

Pues bien, pese a tratarse de un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que iba a incumplir la ley se celebró sin problema alguno. Al encuentro acudieron, según HazteOír, “expertos y científicos internacionales [sic]“, habituales de este tipo de eventos y que pese su diferente pelaje tenían en común su negacionismo del principio de autodeterminación de género y su transfobia. Entre ellos, por ejemplo, Michelle Cretella, presidenta del American College of Pediatricians, un grupúsculo de pediatras ultraconservadores considerado “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center (SPLC, una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur), Walt Heyer, que se define a sí mismo como “extransexual” o Miriam Ben-Shalom, una activista lesbiana ferozmente contraria al derecho de las personas trans a utilizar baños y otras instalaciones públicas acordes con su identidad de género.

Según el resumen que el periodista Javier García Martín hizo del evento en Madrid Diario, allí pudieron escucharse barbaridades del tipo de que las mujeres trans son hombres fetichistas que se disfrazan, que existe una conexión entre los hogares sin un padre o una madre con el  consumo de drogas, que las niñas trans son en muchos casos víctimas de abusos sexuales o que las “terapias” de conversión de gais y lesbianas deberían ser tan naturales como los injertos de pelo. En definitiva, lo esperado: un ataque frontal a la dignidad de las personas LGTB, que además tenía lugar pocos días después del suicidio de un adolescente trans en el País Vasco.

Resulta cuanto menos curioso que un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que incumpliría la ley se pudiese celebrar sin problema alguno: ni la administración autonómica (recordemos que la Comunidad de Madrid tiene en vigor desde 2016 una ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTB) ni las autoridades policiales o judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron detenidas.

Según asegura RQTR, “la reacción, tanto de la policía como de la seguridad privada, fue brutal: se produjeron empujones, patadas y zarandeos, así como insultos y escarnios varios. Dos personas fueron detenidas y llevadas a comisaría, y la policía identificó al resto”. Los manifestantes, según este colectivo, “se enfrentan a acusaciones de coacción, desobediencia y atentado contra la autoridad, lo que conlleva multas, gastos judiciales y condenas de prisión de hasta cuatro años”.

“HazteOír habla de una ‘ideología de género’ que se está imponiendo de forma totalitaria, que atenta contra el ‘sentido común’ y las libertades individuales. Mientras tanto, por poner únicamente dos ejemplos, tan solo en Madrid se han producido 300 agresiones LGTBIfobicas en el último año, y según estudios de The William Institute más del 40% de personas trans han reportado intentos de suicidio (frente a un 4% de personas cisheteros). Todo esto es consecuencia directa de los discursos de odio que se propagan de forma más o menos explícita en todos los sectores de la sociedad, y que alcanzan su culmen con la ideología extremista de HazteOír”, expresan desde RQTR.

“Defender a toda costa la ‘libertad de expresión’ de estas agrupaciones no solo disminuye las libertades de los colectivos más marginalizados, sino que legitima y alimenta las violencias que aún a día de hoy se siguen ejerciendo diariamente sobre estas personas, llegando no solo a la discriminación, burlas y acoso, sino a suicidios y asesinatos. Ante esta profunda injusticia, hacemos un llamamiento de solidaridad y apoyo mutuo, pues consideramos que las ideologías de odio no deberían tener cabida en una sociedad democrática e inclusiva, y que solo a través de la acción colectiva conseguiremos acabar con este sistema injusto y violento”, añaden.

“Caja de resistencia” para ayudar a sufragar gastos judiciales

RQTR celebró este miércoles una asamblea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid para solidarizarse con los activistas que fueron detenidos y/o identificados y planear futuras iniciativas de ayuda. Puedes seguirles en sus perfiles de Twitter, de Facebook o de Instagram para más información. También se ha abierto una “caja de resistencia” en PayPal (enlace) para recaudar fondos que contribuyan a sufragar los gastos judiciales que se les avecinan.

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Un informe realizado por Southern Poverty Law Center revela el incremento de los grupos de odio en los Estados Unidos en los últimos años. Si el año 2016 se contabilizaron 917 de estas formaciones, en 2017 han crecido hasta 954, siendo el tercer año consecutivo en experimentar esta tendencia alcista. En total, el crecimiento ha sido del 20 % desde el año 2014. Aunque la mayoría de los grupos se definen por su componente eminentemente racista o xenófobo, todos ellos tienen también en común la LGTBfobia.

Southern Poverty Law Center (SPLC) es una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, cuyo objetivo es luchar contra la intolerancia y el fanatismo. Hace unos días, ha publicado un informe titulado «El 2017 en odio», en el que detalla las formaciones pertenecientes a grupos de odio presentes en los Estados Unidos y las actividades que han llevado a cabo el pasado año.

El número de formaciones integradas en los distintos grupos de odio asciende en 2017 a 954, y, por primera vez, hay alguna de ellas en cada uno de los 50 estados que componen los Estados Unidos. La cifra ha crecido un 4 % respecto a las 912 del año 2016, y lo hace por tercer año consecutivo. En total, el incremento de formaciones desde el año 2014 es del 20 %.

Aquí tenéis un mapa con los distintos grupos diseminados por todo el país (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Entre los grupos de odio analizados por SPLC se encuentran los supremacistas blancos, que entre todos suman más de 600 formaciones, entre los que se cuentan los neonazis, con 121 formaciones, los islamófobos, con 114 formaciones, o los antiinmigrantes, con 22 formaciones. Grupos como el Ku Klus Klan están en declive y han experimentado un descenso de afiliados, pero han surgido otros nuevos como los neo-Völkisch, que se consideran descendientes de los pueblos pangermánicos y promulgan la superioridad de la raza blanca. También crecen los grupos de carácter militar de extrema derecha racista que se autodenominan antigubernamentales. Los nacionalistas negros también han incrementado sus formaciones, hasta alcanzar las 233. Si bien este crecimiento se puede valorar como una reacción contra la extensión del racismo blanco, lo cierto es que en su discurso también se encuentra un fuerte antisemitismo y una beligerante LGTBfobia.

Los grupos específicamente LGTBfobos suman 51, aunque el odio hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales es difundido por la inmensa mayoría de los 954 grupos. Además, el informe de SPLC detalla cómo las personas LGTB han sido las grandes perdedoras con la administración presidida por Donald Trump:

Tal vez quienes más hayan ganado, en términos de política, con la elección de Trump hayan sido los grupos antiLGBT de línea dura, que ahora tienen acceso casi sin restricciones, y toda la simpatía, a la administración Trump. Aunque Trump prometiera durante la campaña que sería un «sincero amigo» de la comunidad LGTB, su administración ha implementado una amplia gama de políticas discriminatorias, incluidas algunas que reducen las protecciones establecidas por Obama.

Recientemente, SPLC ha dado a conocer que más de 100 personas han sido asesinadas o gravemente heridas por miembros de estos grupos de odio en los últimos cuatro años. La Liga Antidifamación comunicó, por su parte, que durante 2017 fueron asesinadas 17 personas por grupos supremacistas. New York City Anti-Violence Project informaba que el pasado año se cometieron 52 ataques contra personas LGTB con víctimas mortales, un 86 % más que en 2016.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado sábado día 22,  hacíamos referencia al auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid que levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto que, como ya dijimos, sorprende por hacer suyas tesis de la organización ultraconservadora e incluso permitirse “argumentaciones de tertuliano” al comparar el autobús tránsfobo de HazteOír con el autobús que fletó Podemos denunciando la corrupción. Por eso hemos querido saber quién está detras del auto.

El auto 562/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (que puedes descargar aquí) está firmado por los tres magistrados que componen la sala segunda: Carmen Compaired (presidenta), Rosario Esteban y Eduardo de Urbano. Este último es el que figura como ponente, esto es, el que propone el sentido del auto y el encargado de su redacción. Por eso hemos querido indagar algo más sobre él. Y nos ha bastado una simple búsqueda en Google para saber que Eduardo de Urbano participó en el 38º Encuentro de The Family Watch, un think tank de carácter conservador defensor del modelo de familia tradicional y contrario al aborto.

The Family Watch, de hecho, tiene colgado en YouTube una entrevista al propio De Urbano, identificado como magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, hablando sobre la necesidad de una legislación que desincentive el aborto y favorezca la natalidad, por razones tanto “de orden moral evidente [sic]“ como económicas (no hemos podido colgar el video porque, desde que lo publicase Dosmanzanas se ha convertido en “privado” y es imposible obtenerlo… ¿por qué será?)

The Family Watch o Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia se define  a sí mismo como “un observatorio, un ‘think tank’, que a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva interdisciplinar, alejada de cualquier cuestión ideológica o política, se dedica, desde 2008, a la elaboración de informes, estudios, propuestas y a la organización de jornadas, investigaciones académicas y cualquier otra clase de iniciativas que contribuyan a divulgar y apoyar el papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad y a mejorar la calidad de la vida familiar”.

Se trata, en otras palabras, de un lobby conservador, defensor de la familia tradicional y contrario al aborto, que no ha dudado en tratar de ejercer su influencia en el gobierno de Mariano Rajoy. Entre los vídeos de su canal puede encontrarse, por ejemplo, una conferencia de Benigno Blanco, el que fuera presidente del Foro de la Familia y principal agitador de las movilizaciones contra la aprobación del matrimonio igualitario en España, o una entrevista a Annie Franklin, directora de actividades internacionales de Family Watch International, organización homóloga estadounidense que está incluida en el listado de grupos activamente anti-LGTBQ del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles.

Un auto inquietante

Los habrá que piensen que se trata de un dato irrelevante. Que Eduardo de Urbano es muy libre de participar en eventos organizados por entidades en favor de la familia tradicional o de posicionarse contra el aborto. A nosotros, sin embargo, nos resulta como mínimo preocupante que una persona que ha dado muestras de un pensamiento tan conservador en materia moral sea el que haya redactado un auto de esta naturaleza, que enmarca la difusión de lemas negacionistas de la realidad de los menores trans y ofensivos hacia ellos y sus familias en un “debate de ideas”  y asegura que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. ¿Acaso los niños y niñas trans y sus familias no son “un grupo determinado”? Lo son, y de hecho constituyen el grupo más vulnerable dentro del colectivo LGTBI.

Por lo pronto HazteOír, entusiasmada con el auto, ya ha anunciado la reactivación de su campaña tránsfoba con utilización ya no solo de autobuses, sino del espacio aéreo. La batalla legal continuará, muy previsiblemente. Esperemos que alguien con un poco más de sentido común dentro de la justicia española ponga punto final a este dislate y que en el ámbito político haya por fin reacciones contundentes, más allá de lastimeros reproches. ¿Cómo es posible que el gobierno del Partido Popular siga considerando a día de hoy a HazteOír “entidad de utilidad pública”, lo que le permite aprovecharse de considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades?

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Por unanimidad, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva del juez Roy Moore, presidente de la Corte Suprema del estado sureño, hasta la finalización de su mandato. El magistrado ha sido hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. En su cargo como cabeza de la Corte Suprema de Alabama, el juez Moore ordenó a los jueces de familia del estado que desobedeciesen los dictámenes favorables a la igualdad de las parejas LGTB, tanto de los jueces federales como del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Este viernes 30 de septiembre, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva hasta la finalización de su mandato del juez Roy Moore, debido a sus reiteradas violaciones de la ética judicial. Así, se hace permanente la suspensión cautelar que ya había dictado la Comisión de Investigación Judicial del estado el pasado mes de mayo.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión de Investigación Judicial presentó los correspondientes cargos ante el Tribunal de la Magistratura, dictaminando la suspensión cautelar del juez Moore hasta que se dilucidase el caso. En su dictamen, la Comisión reiteró que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debía aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirmó en su denuncia contra el juez Moore, al que acusó de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

El Tribunal de la Magistratura, sin embargo, no ha entrado a valorar las leyes en vigor, sino únicamente las violaciones de los Cánones de Ética Judicial que ha cometido el juez Moore, que serían las siguientes:

• Canon 1, por no mantener la integridad e independencia de la judicatura.
• Canon 2, por no evitar la incorrección o apariencia de incorrección en todas sus actividades.
• Canon 2A, por no respetar ni cumplir con la ley, y por no conducirse en todo momento de manera que se promueva la confianza pública en la integridad e imparcialidad de la judicatura.
• Canon 2B, por no evitar conductas perjudiciales para la administración de Justicia que ocasionan el descrédito de la judicatura.
• Canon 3, por no cumplir con las obligaciones de su cargo de manera imparcial.
• Canon 3A(6), por no abstenerse de comentarios públicos acerca de un proceso pendiente de su propio tribunal.

Por todo ello ha dictaminado que “debido a estas violaciones, el presidente de la Corte Suprema Roy Moore queda suspendido de su cargo y de su sueldo por el resto de su mandato. Esta suspensión es efectiva con carácter inmediato”. El mandato del juez Moore concluirá a finales de 2019, pero, dado que entonces contará con 69 años de edad, no podrá presentarse de nuevo como candidato al cargo, según las leyes del estado. Es decir, la suspensión de su cargo es, a todos los efectos, a perpetuidad.

El Tribunal de la Magistratura no ha admitido el argumento de la defensa del juez Moore, según el cual su única intención era clarificar el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario. Por el contrario, el tribunal ha dado por probado que “el presidente de la Corte Suprema, de hecho, estaba ordenando y dirigiendo a los jueces de familia para que cumplieran sus órdenes al margen de Obergefell [la sentencia del Tribunal Supremo] o la medida cautelar de Strawser [la sentencia del Tribunal Federal de Alabama]”.

Sin embargo, los jueces del Tribunal de la Magistratura no se han puesto de acuerdo en que el castigo pertinente para el juez Moore fuera el cese de su cargo, pero sí han sido unánimes en su dictamen de suspensión hasta la finalización del mandato. La diferencia estriba en que el juez seguirá siendo el titular de la presidencia de la Corte Suprema de Alabama, aun en suspenso, por lo que su cargo no podrá ser ocupado por otro magistrado. La Corte Suprema, pues, estará compuesta por ocho jueces, en vez de los nueve habituales, hasta finales de 2019.

Richard Cohen, presidente del Southern Poverty Law Center, opina que el Tribunal de la Magistratura “ha prestado un gran servicio a los ciudadanos de Alabama al suspender a Roy Moore de su cargo. Moore ha deshonrado su tribunal y ha socavado la integridad del sistema judicial, anteponiendo sus creencias religiosas personales por encima de su deber de defender la Constitución de los Estados Unidos. Moore fue elegido para ser  juez, no un predicador. Es algo que nunca ha parecido entender. Los ciudadanos de Alabama que aprecian el estado de derecho no van a echar de menos al ayatolá de Alabama”.

Pataleo del suspendido juez Moore

Por su parte, al abogado del juez Roy Moore ha expresado su intención de apelar el fallo del Tribunal de la Magistratura ante la Corte Suprema de Alabama. El propio juez, presa de la indignación, ha emitido el siguiente comunicado, en el que, como en ocasiones anteriores, hace responsable a “la agenda inmoral de los grupos homosexuales y transgénero” de todos sus males:

Esta decisión refleja claramente la naturaleza corrupta de nuestro sistema político y judicial al más alto nivel.

Después de que el fiscal general de Alabama se negara a presentar este caso, la Comisión de Investigación Judicial utilizó al antiguo director legal de Southern Poverty Law Center, que presentó los cargos contra mí, con un coste de hasta 75.000 dólares para los contribuyentes de Alabama.

Durante el juicio, que duró aproximadamente cuatro horas, la Comisión de Investigación Judicial no presentó ningún testigo, no hubo declaraciones, no se presentaron pruebas que respaldaran la carga de la prueba con una evidencia “clara y convincente” de que la orden administrativa del 6 de enero de 2016 haya violado los Cánones de Ética Judicial.

Esto ha sido un esfuerzo políticamente motivado de grupos homosexuales y transexuales radicales para cesarme como presidente de la Corte Suprema, debido a mi oposición abierta a su agenda inmoral.

Este dictamen viola no solo las normas legales respecto a las pruebas, sino también el estado de derecho, que establece que ningún juez puede ser cesado de su cargo si no es por unanimidad.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha sido suspendido en sus funciones tras ser denunciado por sus dictámenes contrarios al matrimonio igualitario, que desobedecían palpablemente tanto las decisiones de los tribunales federales como la del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez deberá hacer frente al Tribunal de la Magistratura, que, de considerar los cargos imputados por la Comisión de Investigación Judicial, podría fallar el cese definitivo en su cargo. Para el juez Moore, sin embargo, todo obedece a un contubernio de las organizaciones que apoyan la “agenda LGTB”.

La Comisión de Investigación Judicial acusa al juez Roy Moore de haber cesado en su obligación de actuar con imparcialidad, y de haberse negado a acatar la “clara disposición legal” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Por ello le acusa de hasta seis violaciones de la ética judicial, que deberán dilucidarse ante el Tribunal de la Magistratura de Alabama.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión reitera que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debe aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirma en su denuncia contra el juez Moore, al que acusa de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

Desde SPLC se ha emitido un comunicado que expresa su satisfacción por que la Comisión de Investigación Judicial haya aceptado presentar cargos contra el juez Moore. En él, acusan al magistrado de que “ha instado a las autoridades estatales y locales a que violen una orden judicial vinculante” y de que ha faltado a su juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, pues “se ha demostrado en el pasado, y ahora una vez más, que está dispuesto a dejar de lado la ley cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. No se puede confiar en que sea un árbitro imparcial de la ley”.

El presidente de SPLC, Richard Cohen, criticaba agriamente al juez, al considerar “que ha dañado su cargo durante demasiado tiempo. Es un fanático religioso, un ególatra que piensa que no tiene que seguir los dictámenes de los tribunales federales con los que no está de acuerdo”. Por todo ello, espera que sea cesado definitivamente de su cargo, “por el bien del estado de Alabama”.

La culpa de todo la tiene la “agenda LGTB”

El juez Moore, por su parte, ha argüido como defensa que la Comisión de Investigación Judicial no tiene competencias respecto a las órdenes judiciales dirigidas a funcionarios y jueces. Pero sobre todo, siguiendo con la tónica habitual en él, ha aprovechado para denigrar a las personas LGTB en sus declaraciones y culpar de la demanda a la que está expuesto a una supuesta “agenda LGTB”. Sus palabras son así de lamentables:

La Comisión de Investigación Judicial no tiene autoridad sobre las órdenes administrativas del presidente de la Corte Suprema de Alabama, o sobre el requerimiento legal de la Corte Suprema de Alabama de prohibir a los jueces la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Comisión de Investigación Judicial ha optado por escuchar a gente como Ambrosia Starling, un travesti profeso [en realidad, una activista drag queen], y otros gais, lesbianas y bisexuales, así como a las organizaciones que apoyan su agenda. Tenemos la intención de luchar vigorosamente contra esa agenda, esperando que nuestra postura prevalezca.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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El Concejo de la ciudad de Oxford (Alabama) ha votado por mayoría dejar sin efecto la ordenanza que penaba, hasta con penas de cárcel, a las personas transexuales que usaran los baños públicos adecuados a su identidad de género. La amenaza de demandas por violación de derechos civiles y la posible pérdida de las subvenciones educativas ha hecho que tres de los cinco concejales cambien de opinión, que un primer momento fue unánime en su deleznable transfobia.

El pasado martes 26 de abril, el Concejo de la ciudad de Oxford, sita en el estado de Alabama, aprobaba por unanimidad una ordenanza que obligaba a los ciudadanos a que únicamente pudieran acceder a los baños públicos asignados al género que apareciese en su partida de nacimiento. Según alegaba entonces el presidente del Concejo, Steven Waits, “no nos importa el 0,3 % de la población que se identifica como transexual, sino proteger a nuestras mujeres y niños”. La normativa castigaba a los infractores con una multa de 500 dólares (435 euros) o una pena de seis meses de cárcel, siendo calificada por los defensores de los derechos LGTB como “la más aterradora de la nación”.

El detonante que impulsó la articulación de una ordenanza semejante fue un comunicado efectuado por la cadena de hipermercados Target, una de las más importantes de los Estados Unidos, en el que expresaban su oposición a las normas tránsfobas que se aprobaban en estados y municipios en los siguientes términos: “Animamos a los miembros de nuestro personal y a nuestros clientes a que utilicen los baños o probadores que correspondan a su identidad de género”. El Concejo de Oxford debió entender que el asunto era de tan gran relevancia, dado que en la ciudad existe un Target, como para aprobar la normativa tránsfoba con carácter de urgencia.

El que se penase con penas de prisión el uso de los baños públicos por parte de las personas transexuales, a las que se refirieron con tanto desprecio, ocasionó un gran revuelo mediático. Pero además hizo que la ciudad se pusiera en el punto de mira de ACLU (American Civil Liberties Union, la más importante asociación de defensa de los derechos civiles del país) y SPLC (Southern Poverty Law Center, un grupo jurídico del mismo tipo cuyo ámbito son los estados del sur). Ambas asociaciones informaron inmediatamente de su decisión de proceder a denunciar la ordenanza ante los tribunales en cuanto se aplicase.

Desde SPLC se incidió sobre todo en acudir a la autoridad federal para que cesase de inmediato en la provisión de subvenciones a los centros educativos, por violación del título IX de la Ley de Educación, que obliga a que los centros subvencionados no apliquen ninguna normativa discriminatoria a sus empleados y estudiantes.

Eso al parecer ha bastado para que se instara una nueva votación de la normativa, puesto que aún no había sido promulgada por el alcalde, que se encuentra enfermo. Los concejales Charlotte Hubbard, Phil Gardner y Mike Henderson votaron por dejar sin efectos la ordenanza, mientras que el presidente del Concejo, Stephen Waits, y el concejal Chris Spurlin votaron por mantenerla.

Chinyere Ezie, abogada de SPLC presente en la reunión del Concejo, expresaba su satisfacción en los siguientes términos: “El ayuntamiento de Oxford ha hecho lo correcto al derogar su ordenanza discriminatoria. Estamos muy satisfechos de que los miembros del Concejo hayan llegado a la conclusión de que nadie debe ser penalizado por ir simplemente al baño”.

La ordenanza aprobada por el Concejo de Oxford era heredera de la aprobada en Carolina del Norte en lo que respecta a este asunto, y sin duda también es fruto de la fuerte campaña tránsfoba que se inició en la ciudad de Houston (Texas), donde se difundió la imaginaria figura del depredador sexual disfrazado de mujer, que, en la mente de quienes perpetraron el dislate, utilizaba los baños femeninos para abusar de niñas. Todo ello como publicidad contraria a la normativa antidiscriminatoria aprobada en la ciudad, que, lamentablemente fue exitosa, pues logró derogar la ley favorable a los derechos LGTB. El mismo falaz y malintencionado argumento ha sido enarbolado posteriormente en otros ámbitos para defender lo que es pura y dura transfobia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ACLU, Alabama, Chinyere Ezie, Discriminación, Estados Unidos, Houston, Oxford (Alabama), SPLC (Southern Poverty Law Center), Steven Waits, Target, Transfobia