Al parecer, en los últimos cinco años el Reino Unido ha rechazado más de 3.000 solicitudes de asilo de personas LGTBI procedentes de países en los que las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo están penalizadas.

Los datos se incluyeron en un informe publicado por el gobierno del Reino Unido el 25 de agosto, que muestra que el Ministerio del Interior sólo concedió 677 de las 1.050 solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual el año pasado. Esa tasa de aceptación del 64% fue considerablemente superior a la de años anteriores: sólo el 44 y el 48% de los solicitantes LGTBI obtuvieron asilo en 2020 y 2021, respectivamente. El punto más bajo fue 2017, cuando sólo se permitió la entrada en el Reino Unido al 22 por ciento de los solicitantes de asilo.

Según un análisis de los datos publicado en el medio de comunicación LGTBI+ del Reino Unido Pink News, entre los rechazos figuran 1.048 solicitudes de paquistaníes, 570 de bangladesíes y 381 de nigerianos. La homosexualidad es ilegal en estos tres países.

En Bangladesh, las personas LGTBI pueden ser condenadas a cadena perpetua por mantener relaciones sexuales, mientras que en Pakistán se impone una pena máxima de capital por la homosexualidad. En Nigeria, la intimidad entre personas del mismo sexo se castiga con hasta 14 años de prisión, mientras que las muestras públicas de afecto “amoroso” entre miembros del mismo sexo están prohibidas. En la parte norte del país, conservadoramente musulmana, los nigerianos LGTBI se enfrentan potencialmente a la pena de muerte según las leyes locales de la sharia.

Después de Pakistán y Bangladesh, Nigeria tiene el mayor número de solicitantes de asilo por motivos de orientación sexual.

Alistair Carmichael, portavoz de Asuntos de Interior de los liberales demócratas, acusó a los dirigentes conservadores del Reino Unido de “no defender” la igualdad LGTBI en una declaración citada por PinkNews. Dijo que el gobierno era “culpable de enviar a miles de personas a países donde la homosexualidad sigue siendo contraria a la ley. El Reino Unido debería promover la causa de los derechos LGTBI+, tanto en su país como en el extranjero, y ofrecer refugio a quienes lo necesitan”, dijo Carmichael.

Carmichael instó además a los dirigentes del Reino Unido a que “ayuden a las personas que se ven obligadas a huir de la violencia y la persecución simplemente por ser quienes son y a quienes aman”. También pidió a los aspirantes a primer ministro Liz Truss y Rishi Sunak -que compiten en una carrera a dos bandas para suceder al primer ministro saliente Boris Johnson– que se decidan a poner fin a la “espantosa cultura de descreimiento del Ministerio del Interior hacia los solicitantes de asilo LGTBI+”.

Pero las acciones pasadas tanto de Liz Truss como de Rishi Sunak no apuntan a una mejora de las condiciones de los solicitantes de asilo LGTBI+ bajo su gobierno. Como ministra de Igualdad, Truss colaboró en el retroceso total de los derechos de las personas trans en 2020, aplastando las reformas de la Ley de Reconocimiento de Género que habrían facilitado a las personas trans del Reino Unido la corrección de su género legal.

Fuentes cercanas a su campaña han afirmado que Sunak se opone al supuesto borrado de las mujeres cisgénero “mediante el uso de un lenguaje torpe y neutro en cuanto al género”. Al parecer, tiene previsto “pedir a las escuelas que sean más cuidadosas en su forma de enseñar sobre cuestiones de sexo y género”.

Los solicitantes de asilo LGTBI+ en el Reino Unido ya se enfrentan a condiciones terribles. Sebastian Rocca, que proporciona alojamiento seguro a los solicitantes de asilo y refugiados LGTQ2S+ en el Reino Unido a través de la organización benéfica Micro Rainbow, dijo a Xtra en un comunicado que “una de las razones más comunes por las que el Ministerio del Interior deniega el asilo a las personas LGTQ+ en el Reino Unido es porque no creen que sean LGTBI+”. El fundador de Micro Rainbow añadió que el enfoque del gobierno del Reino Unido tiene “consecuencias potencialmente mortales” para las personas LGTBI y trans.

En abril, Johnson anunció un plan para reubicar a decenas de miles de refugiados que pedían asilo en el Reino Unido. Describió su plan para obligar a las personas refugiadas a pedir asilo en Ruanda como un “enfoque innovador”, afirmando que era una decisión necesaria para “vencer el modelo de negocio de las bandas”.

En su momento, los defensores LGTBI+ criticaron la decisión del gobierno. Sonia Lenegan, directora política y jurídica de Rainbow Migration, calificó esta situación de “enormemente preocupante”.

“Sabemos que en Ruanda no es fácil que las personas LGTBI+ sean abiertas debido a la discriminación y los abusos que sufren”, declaró Lenegan a Xtra a principios de este año. “Es extremadamente difícil ver cómo alguien en esa situación podrá presentar una solicitud de asilo basada en el hecho de ser LGTBI+, teniendo además que ocultar quiénes son”.

Aunque la intimidad entre personas del mismo sexo no es ilegal en Ruanda, la homosexualidad sigue siendo un tema tabú. Los ruandeses LGTBI+ sufren acoso, agresiones y detenciones arbitrarias por parte de la policía, según un informe de Human Rights Watch.

Las personas LGTBI+ que solicitan asilo en Canadá también se enfrentan a condiciones nefastas al intentar entrar en el país. Según los informes, el retraso en la inmigración de Canadá tenía más de dos millones de solicitudes pendientes en mayo, y más de 110.000 solicitudes de asilo aún no se han tramitado. Muchos de los refugiados son personas LGTBI+ que huyen de países que los criminalizan, como los casi 70 países que todavía prohíben la homosexualidad.

Por Dika Ofoma,

escritor residente en Nigeria cuyos trabajos han sido publicados en revistas como Dazed, Them., Mail y Guardian.

Fuente: Xtra Magazine

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 De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Liz Truss, Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Nadhim Zahawi, Tom Tugendhat,  Suella Braverman, Jeremy Hunt,  Kemi Badenoch,  (Photo by various sources / AFP)

Liz Trussy Rishi Sunak, han quedado tras las primarias, como los dos únicos candidatos

Con un nuevo gobierno que entrará en funciones en otoño, los defensores de los derechos humanos afirman que existe la posibilidad de que el Reino Unido cambie de dirección en su reacción contra los derechos LGTBI+.

La carrera por el liderazgo está en marcha, con candidatos que buscan el apoyo de los diputados hoy, y los que no encuentren suficientes apoyos se enfrentarán a la eliminación esta noche.

Ya se ha visto empañada por las declaraciones de varios candidatos que se oponen a los derechos y la inclusión de las personas trans.

La entidad sin ánimo de lucro Trans Rescue ha declarado a openDemocracy que el Reino Unido es un país “en el que la situación de las personas trans se deteriora constantemente, y del que estamos viendo un aumento significativo de solicitudes de quienes desean marcharse”.

A pesar de todo, se encuentra entre los grupos y activistas que creen que el cambio es posible, y afirman que hay (al menos) cinco medidas concretas que el próximo gobierno del Reino Unido podría adoptar para salvaguardar la vida y el bienestar de las personas LGTBI+, tanto aquí como en el extranjero.

1) Poner fin a la represión de los derechos LGTBI

Todas las personas con las que hablamos dijeron que, por encima de todo, querían que se pusiera fin a la militarización de las identidades LGTBI+.

Tienen que empezar por suspender la “guerra cultural” y dejar de utilizar nuestras vidas y nuestra seguridad como un balón de fútbol político”, dijo Sasha Misra, directora de comunicaciones y campañas de Stonewall.

Una encuesta de More in Common de este año reveló que sólo el 1% de los votantes conservadores mencionaron “el debate sobre las personas transgénero” como una cuestión prioritaria a la que se enfrenta el país en la actualidad. Misra dijo que los candidatos al liderazgo deben entender que estas “técnicas de distracción” no se traducirán en la aprobación del público o del partido.

“Lo único que conseguirán es comprometer la seguridad de las personas LGTBI+, a la vez que se arriesgan a cimentar el legado del Partido Conservador como el partido que deshizo décadas de progreso en materia de derechos LGTBI+”, añadió.

Liz Barker, miembro demócrata liberal de la Cámara de los Lores, nos dijo: “Hay una campaña bien organizada y muy financiada, cuyo objetivo es anular los avances en materia de derechos humanos conseguidos en los últimos 50 años”.

Señaló que al menos una de las aspirantes al liderazgo tory, Liz Truss, había visitado organizaciones de la derecha cristiana de EEUU, como la Heritage Foundation, de línea dura y contraria al aborto, que fue clave para impulsar la anulación de la ley del aborto en ese país el mes pasado.

Barker dijo que, para poner fin a estas guerras culturales, el próximo líder tory debería “reflexionar sobre el daño que la Sección 28 hizo a las personas LGTBI, a sus familias y al Partido Conservador”. La Sección 28 era una legislación introducida por el gobierno de Margaret Thatcher que prohibía la “promoción de la homosexualidad” por parte de los trabajadores de las autoridades locales, lo que en la práctica significaba que los profesores no podían impartir a los alumnos una educación sexual representativa.

Jane Fae, directora de TransActual y presidenta de Trans Media Watch dijo “Para ser honesta, creo que mucha gente se conformaría, simplemente, con que la dejaran en paz”, echando especialmente la culpa a lo que ella llama “la absoluta desgracia que son los medios de comunicación del Reino Unido”.

Pide que se vuelva a Leveson, la investigación pública sobre la cultura, la ética y las prácticas de la prensa que recomendó la creación de un nuevo organismo independiente para exigir responsabilidades a la prensa.

2) Arreglar el maltrecho sistema sanitario trans

Kai O’Doherty, director de política e investigación de la organización benéfica Mermaids -que apoya a los niños, jóvenes y familias trans- dijo: “El próximo gobierno conservador debe replantear urgentemente la atención sanitaria a las personas trans como un problema de salud pública que necesita urgentemente financiación, recursos especializados y conocimientos.

“Años de inacción gubernamental han culminado en un punto de crisis para la comunidad de género diversa del Reino Unido. Los jóvenes se enfrentan a dos años y medio de espera para su primera cita con un especialista en género, existen grandes disparidades en la calidad de la atención según dónde y quiénes seamos, y el acceso al apoyo de los médicos de cabecera es cada vez más difícil.”

Concluyeron: “Necesitamos un acceso justo e igualitario a la asistencia sanitaria, no una guerra de palabras sin sentido”.

En cuanto a la prestación de asistencia sanitaria para las personas trans, Fae, de Trans Media Watch, añadió: “De cara al futuro, el panorama es aún peor, ya que a los que entran en el sistema hoy se les dice que se enfrentan a esperas de diez a doce años antes de una primera cita.

“Así que en el ámbito de la salud”, dijo, “necesitamos más recursos, menos control de acceso y médicos de cabecera mejor formados”.

3) Detener las deportaciones y acabar con la carga de la prueba para los solicitantes de asilo LGTBI+

“El Ministerio del Interior del Reino Unido finge preocuparse por las personas LGTBI+ cubriendo sus redes sociales de arco iris”, dijo un portavoz del grupo activista Lesbianas y Gays Apoyan a las migrantes (LGSM) -cuyo nombre es una referencia a Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros, que estuvieron activos durante las huelgas de los mineros en la década de 1980-. “Al mismo tiempo, siguen arrancando a la gente de sus familias y comunidades mediante deportaciones inhumanas”.

LGSM está especialmente preocupada por el plan de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. Los defensores de los homosexuales dijeron a openDemocracy a principios de este año que el país no era seguro para las personas LGTBI+ en particular.

Sin embargo, casi todos los candidatos al liderazgo tory han declarado su apoyo continuo al “plan inhumano”, añadió LGSM.

Sonia Lenegan, de la organización benéfica Rainbow Migration, se mostró de acuerdo. “Sabemos que las deportaciones son perjudiciales para las personas LGTBI+”, dijo. “Hace sólo un par de semanas, el Ministerio del Interior devolvió a un nigeriano gay al peligro. Sabemos que el acuerdo con Ruanda pondrá en peligro a las personas LGTBI+, ya sea aquí en el Reino Unido o en Ruanda”.

Afirma que, para empezar, puede disuadir a las personas de solicitar asilo, dejándolas fuera del sistema, sin estatus y vulnerables a la explotación.

El grupo de derechos de los migrantes Movimiento por la Justicia nos dijo que uno de los mayores problemas con los que se encuentra es la llamada carga de la prueba: que los solicitantes de asilo deben poder demostrar de algún modo que son LGTBI+.

“Esto significa que depende de ti demostrar que eres quien dices ser y que tu vida está en peligro”, dijo un portavoz, “lo que crea una cultura de incredulidad en la que los solicitantes de asilo son tratados como mentirosos desde el principio. Para los solicitantes de asilo LGTBI, cuyas solicitudes dependen de “demostrar” su sexualidad, es una carga especialmente grave. Esa carga de la prueba debería invertirse”.

4) Aplicar el Plan de Acción LGTBI e introducir una prohibición total de las terapias de conversión

El Plan de Acción LGTBI de Theresa May de 2018 prometía “lograr un cambio real y duradero en toda la sociedad, desde la sanidad y la educación hasta la lucha contra la discriminación y la resolución de las graves injusticias a las que se enfrentan las personas LGTBI”. Incluía recomendaciones para prohibir la llamada “terapia de conversión”.

Las propuestas se basaban en una amplia encuesta nacional, que reveló que el 5% de las personas LGTBI+ habían experimentado la terapia de conversión.

Cuando el gobierno de Boris Johnson asumió el poder, su prohibición de la terapia de conversión acabó por excluir a las personas trans. openDemocracy reveló a principios de año que grupos vinculados al lobby antitrans, entre ellos el grupo LGB Alliance, se habían reunido con la ministra de Igualdad, Kemi Badenoch, para argumentar en contra de la inclusión de las personas trans.

Mallory Moore, directora de la Red de Seguridad Trans, afirma que el próximo gobierno debe introducir una prohibición integral que incluya a todas las identidades LGTBI+, y debe “empezar a reinvertir en recursos para los supervivientes de abusos, ya que las prácticas de conversión son, en última instancia, una forma de abuso”.

El escritor y activista Jeffrey Ingold añadió: “En los últimos años, los conservadores han pisoteado a la comunidad LGTBI+, dejando un rastro de promesas legislativas incumplidas.”

5) Abordar la crisis del coste de la vida para las personas LGTBI+

Un último punto señalado por varios activistas y grupos con los que hablamos fue el impacto desproporcionado que la inminente crisis del coste de la vida iba a tener en las personas LGTBI+.

Ibtisam Ahmed, directora de política e investigación de la Fundación LGTBI, dijo a openDemocracy: “Las cuestiones más amplias -como la justicia para discapacitados y los derechos económicos y de clase- deben incluir las perspectivas LGTBI+, porque todos nos vemos afectados por estas cuestiones. Lo digo como inmigrante LGTBI con discapacitad y de color”.

Moore, de la Red de Seguridad Trans, explicó: “Las personas trans son ampliamente discriminadas en el ámbito laboral y educativo y un gran número de personas trans viven en algún grado de pobreza, lo que significa que muchas de nosotras estaremos entre las más afectadas por la crisis del coste de la vida”.

Una encuesta realizada por la organización benéfica Stonewall en 2017 reveló que dos tercios de los estudiantes trans declararon haber sido acosados por ser LGTBI+, mientras que el Congreso de Sindicatos informó la semana pasada de que una quinta parte de los centros de trabajo no tienen ninguna política de apoyo al personal LGTBI+.

La organización benéfica para personas sin hogar LGTBI+ AKT (antes Albert Kennedy Trust) afirma que el 24% de los jóvenes sin hogar se identifican como LGTBI+. Los activistas y grupos con los que hablamos querían un apoyo económico significativo por parte del gobierno y una verdadera comprensión de los problemas desproporcionados y específicos a los que se enfrentan sus comunidades.

Fuente: Open Democracy

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 Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images)

Un ministro del Ministerio del Interior intentó defender el historial de derechos humanos y LGTBI de Ruanda en medio de las reacciones al plan de Boris Johnson de dar a los solicitantes de asilo un billete de ida a la nación africana.

El primer ministro Boris Johnson anunció el jueves (14 de abril) planes para que el Reino Unido “deslocalice” a muchos solicitantes de asilo a centros de tramitación en Ruanda.

El viernes (15 de abril), Tom Pursglove, ministro adjunto de Justicia y de Lucha contra la Inmigración Ilegal, fue confrontado por Sky News con los propios consejos de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores para las personas LGTBI que vayan a Ruanda.

El departamento advierte que, aunque no hay ninguna ley que prohíba las relaciones entre personas del mismo sexo, la homosexualidad está “mal vista por muchos” en Ruanda y las personas LGTBI+ sufren “discriminación y abusos”.

“Ése es el consejo que da a los homosexuales de este país el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la vuelta de la esquina”, dijo el presentador Niall Paterson.

Pursglove tropezó con sus palabras: “Tengo que decir que en las últimas 24 horas, desde este anuncio, se han lanzado algunos estereotipos espantosos. El hecho es que Ruanda ha avanzado mucho en las últimas tres décadas. Tiene un parlamento de mayoría femenina, tiene una ley antidiscriminación que recorre toda su constitución”.

Home Office minister Tom Pursglove is asked about Rwanda's history on LGBT rights, after the UK government announced plans to send asylum seekers to the African nation.

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— Sky News (@SkyNews) April 15, 2022

El plan de asilo de los Tory “hará que las personas refugiadas homosexuales sean deportadas hasta la muerte

Pursglove se enfrentó de nuevo a un informe de 2021 de Human Rights Watch (HRW) report sobre la práctica de las “redadas” por parte de los funcionarios ruandeses.

La organización sin ánimo de lucro habló con nueve personas LGTBI, así como con profesionales del sexo, niños sin hogar y otras personas que fueron detenidas por los funcionarios para “limpiar” las calles antes de una reunión de alto nivel de los jefes de gobierno de la Commonwealth.

Los detenidos fueron recluidos en habitaciones superpobladas, sin comida, agua ni atención sanitaria adecuadas, y fueron golpeados por los guardias en un centro de tránsito de Kigali.

Los detenidos homosexuales y trans dijeron a HRW que se les acusaba de “no representar los valores ruandeses”.

Una mujer trans dijo: “La policía dijo que nos insultaron y nos preguntaron cómo podíamos comportarnos así, manteniendo relaciones sexuales con personas de nuestro mismo sexo. Dijeron que éramos delincuentes y nos metieron en esa habitación. Pero en la habitación nos golpearon mucho otros detenidos y la policía no hizo nada a pesar de nuestros gritos”.

Un detenido fue arrestado tras besar a su pareja del mismo sexo en un bar. Otro detenido gay dijo que le golpearon y le dijeron que tenía que “rehabilitarse”.

Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo no son ilegales, no existe ninguna protección legal para las personas LGTBI, aparte de una medida general contra la discriminación.

Los ruandeses LGTBI han informado de que han tenido que ocultar quiénes son para evitar que les peguen, que pierdan sus trabajos, que les desalojen de sus casas y mucho más.

Se han registrado “redadas” similares antes de otros acontecimientos de gran repercusión, con informes generalizados sobre la detención por parte de las autoridades de personas LGTBI acusadas de “comportamiento desviado”.

Los hombres se sientan en el Gikondo Transit Center en Kigali el 24 de septiembre de 2015. (Getty)

En 2020, una mujer trans contó a Vice que fue detenida cuando se dirigía a su casa desde una fiesta. Los agentes afirmaron falsamente que era una indigente y que vendía sustancias, y la llevaron al Centro de Tránsito de Gikondo, donde estuvo detenida durante seis meses.

“Directamente te cortan el pelo, te quitan la ropa y ven quién eres. Me pusieron delante de 400 personas y me quitaron la ropa”, dijo la mujer, Bella. “Dijeron: ‘Mira cómo se comporta, y tiene un pene’”.

Bella dijo que la retuvieron en una celda oscura y sucia conocida como “la caja del gato”, donde la obligaron a orinar y defecar sobre sí misma. Le dijeron “que se convirtiera en un hombre”, la golpearon varias veces y la violaron sus compañeros de prisión al menos tres veces.

Esta reputación es la razón por la que los defensores de los derechos LGTBI han reaccionado con horror ante la propuesta de asilo del gobierno británico para Ruanda.

Entre ellos se encuentra el Dr. S Chelvan, director de inmigración y derecho público del bufete 33 Bedford Row, que declaró a PinkNews que, si se promulga, el plan “dará lugar a que las personas refugiadas genuinas sean deportadas a la muerte”.

“El historial de derechos humanos de Ruanda incluye desapariciones forzadas y asesinatos, e incluso los consejos de viaje del Reino Unido [Ministerio de Asuntos Exteriores] advierten a los viajeros LGTBI de los abusos y la discriminación sancionados por el Estado”, dijo Chelvan.

“Este gobierno ha perdido su brújula moral y, como hemos visto en los últimos días, no tiene ninguna relación con el Estado de derecho. La opinión pública británica ha demostrado, tanto con Afganistán como con Ucrania, que somos un país que proporciona refugio y acoge a las personas refugiadas para que entren y permanezcan en el Reino Unido”.

La ministra del Interior, Priti Patel, visitó el jueves Kigali, la capital de Ruanda, para firmar el acuerdo. El plan reubicaría a miles de migrantes y les ofrecería la opción de buscar un asentamiento en países distintos de Gran Bretaña, de ser obligados a regresar a su país de origen o de quedarse permanentemente en Ruanda.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Tratando de justificar una política que los activistas LGTBI y de derechos humanos han calificado de “malvada”, Pursglove dijo que Ruanda tiene una “rica y orgullosa historia” de proporcionar refugio a los solicitantes de asilo.

Afirmó que la decisión de expulsar a los solicitantes de asilo se tomaría “caso por caso”.

A la pregunta de Good Morning Britain de si viviría con gusto en Ruanda, dijo que sólo la visitaría.

Según una hoja informativa del Ministerio del Interior sobre la Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico, cualquier solicitante de asilo que sea “inadmisible en el sistema de asilo del Reino Unido” y pueda ser “expulsado” sería trasladado automáticamente en avión a un “país seguro del tercer mundo”.

Sólo si la persona no puede ser “expulsada”, el Ministerio del Interior estudiaría su solicitud.

Sigue siendo incierto si la política se aplicará. Esta semana, el Parlamento volverá a examinar el proyecto de ley sobre nacionalidad y fronteras, que intensificará las políticas de inmigración del gobierno conservador, que ya son de línea dura. Johnson ha admitido que espera que el plan se enfrente a desafíos legales.

Dado que la propuesta aún no es ley, Chelvan pidió a la Cámara de los Lores y a los jueces “que se aseguren de que nuestras obligaciones con la Convención sobre los Refugiados, en consonancia con nuestra orgullosa historia y tradición en el Reino Unido de proporcionar refugio a las personas refugiadas, no sean incumplidas por nuestros políticos quebrados”.

Fuente: Pink News

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La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El gobierno tory quiere enviar a Ruanda a algunos solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones desde el Canal, un plan calificado de “malvado” e “inviable”.

La ministra del Interior, Priti Patel, ha aterrizado en Ruanda para firmar el acuerdo, anunciado oficialmente por Boris Johnson el jueves (14 de abril).

“El ministro del Interior expondrá más detalles sobre la primera asociación mundial en materia de migración y desarrollo económico firmada por la ministra del Interior, Priti Patel, con Ruanda, una de las economías de más rápido crecimiento de África, reconocida en todo el mundo por su trayectoria en materia de acogida e integración de las personas migrantes”, dijo antes su oficina.

Aunque los detalles precisos del pacto todavía están surgiendo, los informes del jueves sugieren que los que lleguen a Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha y otras rutas consideradas “ilegales” por el gobierno serán trasladados en avión a Ruanda para su procesamiento. No está claro si el gobierno ha obtenido garantías de bienestar para las personas, o si el campo estará bajo jurisdicción británica.

The Times informó de que las propuestas sólo se aplicarán a los solicitantes de asilo varones, a los que, al parecer, se animará a establecerse en Ruanda.

En un discurso pronunciado en un aeropuerto de Kent, Johnson dijo que cualquiera que sea sorprendido entrando ilegalmente en Gran Bretaña a partir del 1 de enero podrá ser reubicado en Ruanda.

“Debemos garantizar que la única vía de asilo en el Reino Unido sea segura y legal, y que quienes intenten saltarse la cola o abusar de nuestros sistemas no encuentren una vía automática para instalarse en nuestro país, sino que sean expulsados rápida y humanamente a un tercer país seguro o a su país de origen”, dijo.

Johnson dijo que el gobierno planeaba acabar con el “bárbaro comercio de la miseria humana” causado por los traficantes de personas en el Canal de la Mancha, algo que las personas refugiadas LGTBI advirtieron previamente a PinkNews que ocurrirá aún más si se reducen las normas de migración para ellas.

Dijo que el plan de deslocalización no se llevará a cabo de la noche a la mañana, mientras que el gobierno ruandés afirmó que Gran Bretaña pagará a Ruanda millones para financiar “oportunidades” para las personas migrantes, como educación, clases de idiomas y formación profesional.

Gran Bretaña “no puede mantener un sistema ilegal paralelo. Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad de ayudar a la gente no lo es”.

Los partidos de la oposición y los grupos de derechos advirtieron que la adopción por parte de Gran Bretaña de un enfoque de “deslocalización” de la solicitud de asilo es “inviable y poco ético”.

Entre los más duros críticos se encuentra Rainbow Migration, que presta apoyo a los solicitantes de asilo LGTBI.

La directora de políticas, Sonia Lenegan, declaró a PinkNews que los “malvados” planes perjudicarán aún más a las personas LGTBI que buscan refugio en países que ven su existencia como ilegal. “Ruanda no es un buen lugar para las personas LGTBI”, dijo.

Los funcionarios del Ministerio del Interior ya utilizan métodos “degradantes” y estereotipos anticuados a la hora de decidir si una persona LGTBI+ es quien dice ser, dijo Lenegan.

“No hay forma de que el gobierno británico pueda confirmar que no enviará a personas LGTBI a Ruanda, porque sabemos que la gente no se cree habitualmente y que el Ministerio del Interior cuestiona la orientación sexual de las personas en muchos casos”, añadió.

“No hay forma de que el gobierno pueda asegurar que no va a enviar a personas LGTBI allí. “¿Cómo van a filtrar a la gente si ahora ni siquiera les creen? No hay salvaguardias que sean suficientes. No es seguro para las personas LGTBI, no es seguro para nadie”.

Un acuerdo similar entre Ruanda e Israel supuso la deportación de unas 4.000 personas a Ruanda y Uganda entre 2014 y 2017, para que casi todas huyeran inmediatamente a Europa, dijo Lenegan.

Añadió: “Cuando Australia trasladó a personas a la isla de Manus, donde está penalizado ser gay, se les dijo [a los solicitantes de asilo] en la inducción que no fueran abiertos”. Espera que ocurra lo mismo con las personas LGTBI enviadas a Ruanda.

Yvette Cooper, secretaria de Interior en la sombra del Partido Laborista, dijo que el acuerdo es un “intento de distraer” del “incumplimiento de la ley” por parte del gobierno, en referencia a que Johnson aceptó una multa por infringir las normas de encierro.

El líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, declaró al programa Today de Radio 4 de la BBC: “Esto no es la marca de una sociedad civilizada. Es una maldad”.

Desperate & truly shameful announcement from Govt tonight as an attempt to distract from Boris Johnson’s lawbreaking.

Unworkable, unethical & extortionate. https://t.co/FdWx4fafEV

— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) April 13, 2022

Ruanda es uno de los pocos países africanos en los que, técnicamente, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son ilegales; sin embargo, la homofobia está muy arraigada y las personas “presuntamente” LGTBI son detenidas a menudo en virtud de las leyes de moralidad pública.

La ciudadanía tiene un derecho general a no ser discriminada, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que “no hay leyes específicas contra la discriminación que protejan a las personas LGTBI” en Ruanda. El Matrimonio Igualitario y la adopción, así como el reconocimiento del género de las personas trans, siguen sin estar regulados.

Nueve de cada diez ciudadanos consideran que el país no es un “buen lugar para los homosexuales”, según una encuesta de Gallup de 2013. Los ruandeses LGTBI han afirmado que son despedidos, desahuciados y separados de sus seres queridos de forma rutinaria si salen del armario.

Johnson anunció la política en Kent, donde miles de solicitantes de asilo han buscado refugio tras realizar peligrosas travesías por el Canal de la Mancha.

“Acepto que estas personas -sean 600 o mil- buscan una vida mejor; las oportunidades que ofrece el Reino Unido y la esperanza de un nuevo comienzo”, dijo.

“Pero son estas esperanzas -estos sueños- los que han sido explotados. Estos viles traficantes de personas están abusando de los vulnerables y convirtiendo el Canal en un cementerio acuático, con hombres, mujeres y niños ahogándose en embarcaciones no aptas para la navegación y asfixiándose en camiones refrigerados.”

La esperada colaboración con Ruanda se inscribe en el marco de los tenaces esfuerzos de los tories por endurecer las fronteras británicas –aunque las solicitudes de asilo se han desplomado en los últimos años- con su controvertido proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras.

El proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras, presentado por Patel, incluye propuestas para penalizar la entrada ilegal en Gran Bretaña, por ejemplo, en barco. La Cámara de los Lores ha votado en contra de muchas de sus medidas de línea dura, ya que se bate de un lado a otro entre las cámaras.

Aunque el traslado de las personas migrantes a Ruanda no formaba parte específicamente de la legislación, los ministros propusieron en julio trasladar a los solicitantes de asilo a un centro de procesamiento en alta mar. The Times afirmó que las personas migrantes podrían ser enviadas a Ghana y Ruanda.

El proyecto de ley volverá a la Cámara de los Comunes el próximo miércoles (20 de abril) para que los diputados consideren las nuevas enmiendas votadas por los Lores.

Las personas LGTBI que solicitan asilo en Gran Bretaña ya se enfrentan a obstáculos desproporcionadamente altos, pero el proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras no hará más que empeorar las cosas, según declararon anteriormente los refugiados a PinkNews.

Actualmente, el Ministerio del Interior rechaza cuatro de cada cinco solicitudes presentadas por motivos de sexualidad o identidad de género, una cifra que se ha disparado en los últimos años.

El Consejo de Refugiados, grupo británico que apoya a los refugiados y solicitantes de asilo, instó al gobierno a elegir la “compasión”.

“El gobierno está eligiendo el control y el castigo por encima de la compasión, a pesar de que sus propios datos muestran que dos tercios de los hombres, mujeres y niños que llegan en pequeñas embarcaciones proceden de países donde la guerra y la persecución les han obligado a abandonar sus hogares”, declaró el director ejecutivo Enver Solomon a The Guardian.

El Parlamento danés aprobó en septiembre una ley que permite a la nación reubicar a los solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, una medida condenada por la Unión Africana como “transferencia de responsabilidad y carga”.

Ahora parece que Gran Bretaña espera hacer lo mismo.

PinkNews se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para obtener comentarios.

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Fuente: PinkNews,

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