El año pasado Donald Trump  quiso prohibir que las personas trans formen parte del ejército estadounidense. Lo que el planeta necesita, sin lugar a dudas.

La idea de  Trump  ocultaba un motivo muy perverso: recortar el gasto sanitario en el ejército para que los republicanos más de extrema derecha dieran su visto bueno al gasto que supondrá el muro con México. Y firmo

Desde el primer momento en que Trump comunicó esta decisión (en un tweet, por cierto) las reacciones en contra se han sucedido en cadena. Varios juzgados federales de todo el país bloquearon la política al considerar que es discriminatoria (y no tiene sentido alguno) y los demócratas comenzaron una investigación para saber quiénes eran los expertos militares que, según Trump, le habían aconsejado tomar esa decisión. Algo que, por supuesto, no dejó a Trump en muy buen lugar. Hasta Caitlyn Jenner (firme defensora de Trump durante las elecciones) dijo que ya no lo votaría más.

Ahora, pocos días después de que una encuesta realizada por varias universidades entre militares en activo y retirados desvelara que el 61% está a favor de que se prohíba a las personas trans formar parte del ejército, parece que Trump tiene su primera alegría respecto a este tema: un tribunal de apelaciones le ha dado la razón. O más bien, se la ha quitado al juzgado que bloqueó la normativa.

El pasado viernes el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia tumbó la segunda sentencia de una jueza federal de Washington que había prohibido la discriminación a las personas trans en el ejército argumentando que violaba sus derechos constitucionales. Aunque la administración Trump celebra esto como su primera victoria legal en este caso y aunque las organizaciones LGTB+ acusan al tribunal de haber dado “una bofetada en la cara” a los y las militares trans en activo; lo cierto es que con esta decisión nadie gana… y nadie pierde (todavía). Primero porque hay muchos otros juzgados federales que han bloqueado la medida a nivel nacional. Y segundo porque el embrollo legal en el que la Casa Blanca se metió con este tema ha hecho que la propia administración modificara sus planes respecto a la política tránsfoba y haya pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie este mismo mes de enero ya que  Trump ya se ha encargado de cambiar a varios jueces del Supremo para poner a los de su misma cuerda.

Una de las primeras juezas en frenar esta medida fue la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, que también bloqueó el segundo intento de Trump de poner en marcha la normativa a pesar de que la administración realizó varios cambios en la propuesta. Es sobre esa sentencia, la respectiva al documento con cambios, sobre la que el Tribunal de Apelaciones de Columbia se ha pronunciado, considerando que Kollar-Kotelly cometió un error al considerar que no había cambios significativos en la nueva propuesta.

Uno de los ejemplos que el tribunal ha puesto para explicar ese “error” es que la primera normativa prohibía que cualquier persona trans formara parte del ejército estadounidense; pero, según el tribunal, la nueva versión de esta política “parece permitir que algunos individuos transgénero puedan servir en el ejército siempre que cumplan varias condiciones establecidas por el ejército respecto a la salud mental, la salud física y la salud sexual“. Y es que el nuevo plan de Jim Mattis, el secretario de defensa de Trump, pasa por prohibir que formen parte del ejército aquellas personas que tengan un diagnóstico de “disforia de género”; una condición que según la Asociación Americana de Psiquiatría (que está en contra de la prohibición) no afecta a todas las personas trans y supone un “estrés clínico significativo” dado el conflicto que existe entre la identidad de género de una persona y el género que le asignaron al nacer.

Sea como sea, aún queda mucho camino por recorrer y habrá que estar atentos a lo que dice el Tribunal Supremo.

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