Las autoridades irrumpen y registran el apartamento de los dos padres de los niños adoptados |Foto: Facebook

Un viaje a la sala de urgencia pronto se convirtió en una pesadilla para estos dos papás, a quienes se les ha quitado a sus hijos adoptivos. Los abogados de los hombres han descrito su situación como «aterradora» cuando las autoridades rusas intentaron separarlos de sus hijos.

El 19 de junio, dos hombres (cuyos nombres no han sido desvelados por su propia seguridad) llevaron a uno de sus hijos a un hospital de Moscú para que le tratasen una posible apendicitis.

El médico descubrió que el niño tenía dos padres e inmediatamente los denunció al Comité de Investigación de Rusia. Tal y como informan diversos medios de comunicación, el comité pasó a demandar a los trabajadores sociales que aprobaron la adopción de los niños por «negligencia» . También ordenó a las autoridades retirar a los niños de la casa de su familia.

En julio, las cosas empeoraron. Las autoridades del Comité intentaron varias veces registrar el apartamento de los papás y los de su familia inmediata. Finalmente, los investigadores derribaron las puertas de los hombres y uno de sus hermanos. También interrogaron a uno de sus padres durante más de tres horas.

El Comité decidió que la adopción contravenía la controvertida ley de ‘propaganda gay’ de Rusia. Aprobada en el 2013, la ley prohíbe la representación positiva de las personas LGTBI en los medios de comunicación. El gobierno argumentó que la ley detuvo la ‘promoción de relaciones sexuales no tradicionales a menores’.

Los grupos LGTBI Stimul en Moscú y Coming Out en San Petersburgo unieron fuerzas para apoyar a los hombres y brindarles asistencia legal.

Polina, una activista de Coming Out, dijo a Gay Star News que esta era la primera vez que las autoridades usaban la ley de ‘propaganda gay’ para justificar el traslado de niños de una casa familiar.

Uno de los hombres en la relación adoptó legalmente a los dos niños, que ahora tienen 12 y 14 años, en 2010. Las parejas del mismo sexo no pueden adoptar niños en Rusia, pero las personas solteras sí.

Según sus abogados, la agencia de adopción en Lyublino realizó visitas periódicas a la casa de 2010 a 2019. La agencia informó que los hombres cuidaban muy bien a los niños.

Los vecinos de la pareja estuvieron presentes durante la búsqueda. «Comentaron a los medios de comunicación solo cosas buenas sobre la familia», dijo Polina. «Según ellos, no notaron ninguna señal de problemas, los niños crecieron en un ambiente inteligente y tranquilo, y los padres cuidaron a los niños».

Polina, indicó también a Gay Star News que un psicólogo que evaluó a la familia no encontró evidencia de abuso. De hecho, el psicólogo informó «una conexión emocional sana y cercana entre padres e hijos». Ella y otros defensores LGTBI en Rusia están muy preocupados por lo que este caso significa para la comunidad allí. «Es aterrador que esto haya sucedido», dijo.

‘Después de la adopción de la llamada ley de’ propaganda gay ‘en 2013 a nivel federal, se hizo evidente que esta ley iba a ser una herramienta de opresión de la comunidad LGTBI‘.

«Lo único que pueden hacer las personas LGTBI para estar completamente seguras es permanecer invisibles, ocultar su SOGIE (orientación sexual e identidad de género), mentir en su entorno social», añadió Polina. «También quedó claro que las familias del mismo sexo con niños serían el grupo más vulnerable bajo esta ley, porque bajo esta ley, usted está ‘haciendo propaganda’ todos los días solo por ser una familia. Todos estábamos asustados por las familias con niños adoptados, porque sería muy fácil anular las adopciones y romper las familias». «Este precedente también supondrá una gran amenaza para todas las familias existentes del mismo sexo, llevándolas a la clandestinidad». «Estas tendencias causarán un gran daño, en primer lugar a los niños, que de lo contrario podrían tener familias amorosas y solidarias», dijo Polina.

Fuente Oveja Rosa

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Imagen de la celebración por la aprobación de la ley

La Cámara de Representantes de Filipinas aprueba una ley contra la discriminación a personas LGTBI que llevaba 17 años siendo

Ahora falta por saber si el Senado aprobará el texto.

Con 198 votos favorables (la totalidad de sus señorías presentes en la Cámara de Representantes de Filipinas en el momento de la votación), el proyecto de ley contra la discriminación LGTB ha salido adelante. Hace aproximadamente un año, Geraldine Roman, la primera diputada trans de este país, presentó por primera vez el proyecto, que ahora se ha aprobado sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención. Entre otras cosas, la nueva legislación filipina “proporciona definiciones concisas de la discriminación, la marginación, los crímenes de odio y el estigma de una manera que permite que los mismos sean procesables dentro de los sistemas policiales y legales”, explica Emmeline Aglipay-Villar, otra de las diputadas que ha defendido la ley en sede parlamentaria. En un país con mucho camino por recorrer en materia de derechos para el colectivo LGTB, la aprobación de esta ley sin oposición es un muy buen comienzo.

El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, es un político acusado por Amnistía Internacional de haber asesinado a más de 700 personas que hace poco dijo que las personas que pasan por la cárcel no pueden ser reinsertadas porque una vez en prisión se vuelven homosexuales. Y ser homosexual para él es poco menos que ser una abominación.

Hace unos días, además, Duterte redujo el presupuesto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el país a un límite ridículo y le dijo al representante que no sabía por qué se quejaba tanto, que ni que fuera un gay o un pederasta.

Por eso sorprende (para bien) que la Casa de los Representantes de Filipinas acabe de aprobar una ley similar a la que el PP rechazó en España que busca perseguir la discriminación a las personas LGTBI. Claro que no ha sido un camino fácil, que esa ley lleva redactándose 17 años. Casi nada.

Hasta la fecha, Filipinas carecía de leyes dirigidas a reconocer casi cualquier derecho a la comunidad LGTB. Sin embargo, esa situación va a empezar a cambiar con la aprobación en la Cámara de Representantes (equivalente al Congreso de los Diputados), por unanimidad, del Proyecto de Ley 4982, que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género (conocida como “SOGIE”). Mientras que en Filipinas la aprobación de la ley, en su tercera lectura, no ha obtenido ninguna abstención ni votos en contra, sorprende que la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en España haya encontrado 124 abstenciones y dos votos contrarios, como recogíamos hace unos días.

En la cámara baja de Filipinas incluso ha habido un recuerdo para Jennifer Laude, una mujer trans brutalmente asesinada, a finales de 2014, a manos del marine estadounidense Joseph Scott Pemberton. El caso de Laude conmocionó a buena parte de la opinión pública de este país insular del sudeste asiático. El encargado de hacer memoria de Jennifer Laude durante la sesión parlamentaria fue el diputado Carlos Zarate, uno de los dos representantes de la formación progresista Bayan Muna. A finales de marzo de 2016 un tribunal filipino confirmó la culpabilidad de Pemberton, pero redujo su condena de 12 a 10 años de prisión, al aceptar como atenuantes el estado de intoxicación del marine y que actuó por “pasión y ofuscación”.

La Ley Número 4982 (o la Ley Contra la Discriminación en Base a la Orientación Sexual u Orientación de Género) ha sido redactada -en parte- por la diputada transgénero Geraldine Roman y es una ley pensada para penalizar actos discriminatorios.  Las discriminaciones tipificadas en esa ley y que podrán ser penalizadas con penas de cárcel de entre uno a seis años o multas que rondan los 2.000-10.000 euros incluyen, por ejemplo, la denegación de un servicio público, el rechazo o expulsión de un alumno en un centro escolar en base a su orientación sexual o su identidad de género, utilizar esos criterios a la hora de contratar o despedir a un empleado, la denegación de acceso a servicios sanitarios o la denegación de la solicitud de licencias profesionales o documentos similares.

La ley también penalizará a los centros que castiguen a un estudiante de forma desproporcionada por ser LGTBI, la negación de acceso a personas del colectivo a establecimientos, instalaciones o servicios abiertos al público general, el acoso a personas LGTBI por prejuicios LGTBfóbicos (incluyendo los medios de comunicación y las redes sociales) y por último, pero no por ello menos importante, obligar a alguien a someterse a un tratamiento médico o psicológico para modificar su orientación sexual o su identidad de género.

Resumiendo, estos son algunos de los puntos más importantes de la nueva ley SOGIE de Filipinas:

• Proporciona definiciones concisas e inclusivas para la orientación sexual, la identidad de género y el sexo, que también abarca términos tales como “intersexualidad” y “asexualidad”
• Proporciona definiciones concisas de la discriminación, la marginación, los crímenes de odio y el estigma de una manera que permite que los mismos sean procesables dentro de los sistemas policiales y legales
• Proporciona una lista exhaustiva de prácticas discriminatorias que cubren los actos más comunes de discriminación basados en el prejuicio.
• Hace explícito que las prácticas discriminatorias pueden realizarse a través de cualquier medio, incluidos los dispositivos de telecomunicaciones e internet.
• Prohíbe a los padres infligir daño físico o emocional a sus hijos debido a problemas de aceptación de la orientación sexual o la identidad de género.
• Protege el derecho a la intimidad de los individuos y, al hacerlo, protege tanto la expresión de la orientación sexual o la identidad de género, como la no expresión de los mismos.
• Sanciona a funcionarios del Gobierno que no actúen de acuerdo con su deber de investigar, procesar o actuar sobre una queja bajo esta ley.
• Proporciona sanciones para los condenados por actos discriminatorios, incluida una multa de no menos de 100.000 pesos filipinos (unos 1.643 euros), pero de no más de 500.000 (8.215 euros, aproximadamente) o de prisión de no menos de un año, pero de no más de 6 años, o incluso ambos.

Hace ahora un año, Geraldine Roman, la primer miembro trans de la Cámara de Representantes en la historia de Filipinas, subió al estrado para instar al resto de representantes de la cámara baja a aprobar este proyecto de ley, tras casi dos décadas totalmente paralizado.

Junto a activistas LGTB y otros representantes partidarios de la igualdad de derechos, la diputada Roman se fotografiaba y subía la fotografía a sus redes con el comentario “día histórico”.

Mark this historic day. https://t.co/oCWQ5SWQuQ pic.twitter.com/W5QPYbUcUf

— Geraldine Roman (@geraldinebroman) 20 de septiembre de 2017

Aunque la ley se ha aprobado con facilidad en la Cámara, ahora el texto tiene que pasar por el Senado para el trámite final.

Fuente | Instinct Magazine, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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