“Pone a nuestro Estado de Derecho en la vanguardia de los parámetros y estándares internacionales de salvaguarda de los derechos de la infancia y la adolescencia”

El  9 de junio de 2020 el Gobierno de España aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. El anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre de 2018. … La nueva Ley de Infancia también se le conoce como “Ley Rhodes”, por el pianista británico James Rhodes, víctima de abusos sexuales en su infancia. El Congreso lo aprobó el pasado 7 de abril en Comisión con el rechazo de Vox y PNV.

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado miércoles 7 de abril  por 27 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones el informe de la ponencia sobre la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una medida que llegó a la Cámara Baja arrastrando muchas críticas (principalmente por la falta de perspectiva de género y de enfoque de infancia) y que ahora ha sido reforzada tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno con los diferentes partidos políticos del arco parlamentario, exceptuando a Vox.

La iniciativa legislativa, que partió del departamento de Derechos Sociales, recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años y no 18 como ahora, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y fomenta la formación para jueces y fiscales en esta materia.

Si bien, tal como han celebrado la mayoría de los portavoces de la comisión, los cambios introducidos durante los trabajos de la ponencia han “mejorado mucho” el texto legal. En este sentido, se han incorporado más de 200 enmiendas, de las cuales más de 60 han sido transaccionadas. Una de las principales mejoras es la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una modificación introducida por los partidos que sostienen el Gobierno, y exigida por juristas y colectivos feministas. El SAP es un criterio que, pese a no tener aval científico y estar desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todavía sigue usándose en sentencias de custodia.

 “Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) puedan ser tomados en consideración”, recoge el texto. Y es que, tal como justifican estas formaciones en la enmienda, “resulta esencial prever una cautela explícita frente a la aplicación de criterios y teorías sin aval científico que actualmente se siguen aplicando y que, sustituyendo la investigación rigurosa y con todas las garantías, invalidan de partida el testimonio de la niña, niño o adolescente, especialmente en los casos de rechazo paterno, por presumir interferencia adulta”.

Asimismo, se incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar. También, se establece la garantía de una atención integral para la recuperación de los y las menores víctimas de delitos violentos de naturaleza sexual y/o de género; además de eliminarse la posibilidad de la custodia compartida en caso de que existan indicios de violencia de género.

El texto de la nueva Ley Rhodes, bautizada así por el pianista James Rhodes —víctima de abusos sexuales cuando era niño—, incorpora además varias de las demandas exigidas por los partidos en aras de asegurar la protección y no revictimización (o victimización secundaria) de los menores, garantizando el acceso a sus derechos sin necesidad de mediar consentimiento de los representantes legales; reforzar el acompañamiento de las víctimas en el proceso de denuncia; reconocer plenamente la violencia digital, es decir, la violencia realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación; y de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

No obstante, a tenor de los expuesto por varias portavoces de los distintos grupos, la norma es “mejorable porque contiene algunos déficits de especial gravedad”, ha señalado la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua. En esta línea, destacan dos enmiendas transaccionadas que no han salido adelante como son las medidas para evitar los desahucios de familias con menores a cargo y la prohibición de la entrada de los menores a los espectáculos taurinos. Si bien, las dos propuestas seguirán vivas para el debate y votación de la norma en el Pleno, que será previsiblemente la próxima semana.

La Asociación Infancia Robada, de víctimas de abusos sexuales por parte del clero, considera que la nueva ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el pasado miércoles en Comisión del Congreso de los Diputados, marcará “un antes y un después” en la protección de los menores.

09.04.2021 | Ana Cristina Cuevas Mazo:

Asociación Infancia Robada ANIR saliendo al paso de las aseveraciones que ha realizado en su propio nombre un miembro de la asociación quiere manifestar lo siguiente :

Esta asociación entiende y valora el esfuerzo y el trabajo realizado por los grupos del arco parlamentario en la elaboración y debate de la nueva ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a supuestos de violencia.

Estamos seguros que supone un antes y un después en la protección de los derechos de nuestra infancia y adolescencia y que pone a nuestro Estado de Derecho en la vanguardia de los parámetros y estándares internacionales de salvaguarda de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Toda ley tiene una vocación y un objetivo y aunque de inicio siempre es una obra inacabada, porque siempre es mejorable, marca con profundidad, los cauces precisos, los raíles de rodaje, en lo que supone de defensa de los poderes públicos, de los derechos humanos, la salud Pública y la integridad de nuestras niñas y nuestros niños.

La ley tiene vocación transversal y es un punto de inflexión importante, fruto de muchas horas de trabajo, debate e intercambio de ideas con asociaciones y colectivos, en defensa y protección de los más vulnerables.

Y es que Miguel Ángel Hurtado, portavoz de la asociación Infancia Robada había afirmado que “es una reforma que sabe a poco, que llega tarde y que está mal hecha”  y pide que el plazo de prescripción comience a contar cuando la víctima cumple 40 años y no 30 como se recoge en el texto, según informa Europa Press. “Con esa cifra (30 años), el grueso de los casos de abuso sexual infantil prescribirían en cuanto la víctima tenga entre 35 y 40 años. Se tarda más en aceptar lo que te sucedió”, aseguran las víctimas que esperan que la próxima semana, cuando el dictamen llegue al Pleno, se rectifique la edad.

A su juicio, es “una reforma que sabe a poco, que llega tarde y que está mal hecha”. Toma como muestra el estudio realizado por la Comisión Real de Investigación sobre las Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, realizado en 2017 por la Iglesia Católica Australiana, que analizó las experiencias vividas por 4.445 supervivientes de pederastia que fueron abusados durante cinco décadas, y estableció que las víctimas tardaron de media 33 años en denunciar el delito, cuando ya tenían una media de 44 años de edad.

Lamentablemente no podemos dar cifras sobre la realidad en nuestro país, porque España es un desierto estadístico. Tanto la Conferencia Episcopal como el Gobierno se niegan a realizar una investigación similar. Pero por pura lógica, las cifras no serían muy diferentes, probablemente incluso peores”, ha explicado Hurtado.

Fuente Agencias/Religión Digital

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