Shiloh Quine será la una de las primeras reclusas trans estadounidenses en someterse a una operación de reasignación de género mientras cumple condena. Además, el estado de California correrá con los costes de su intervención quirúrgica, que podrían oscilar entre los 15.000 y los 25.000 dólares. Sin embargo, aunque Quine sea la primera mujer trans de California en realizarse la cirugía estando en prisión, su victoria se debe en buena medida a la lucha de Michelle Norsworthy, otra reclusa trans que en abril obtuvo una orden favorable de un tribunal federal. Tanto en el caso de Quine como en el de Norsworthy, los funcionarios de presiones de California habían desestimado las operaciones, previamente, alegando que la reasignación “no es médicamente necesaria”. Tras la sentencia favorable para la operación de Michelle Norsworthy, California se ha comprometido a pagar la intervención de Quine.
Las próximas operaciones de reasignación de género a las reclusas californianas Shiloh Quine y Michelle Norsworthy sientan un importante precedente. Solo en el estado de California se estima que hay unas 400 personas transexuales que reciben tratamiento hormonal. El juez federal de San Francisco Jon Tigar, nombrado por Obama, se asignó el pasado otoño el caso de Shiloh Quine. Tigar considera que si un tribunal federal de apelaciones niega la prescripción médica de reasignación de género de un preso constituiría “indiferencia deliberada” y, en tal caso, se violaría la Octava Enmienda sobre “castigo cruel e inusual”. California ha decidido asumir todos los costes (que ascenderán a una cifra de entre 15.000 y 25.000 dólares) para cerrar la demanda federal.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobaba en junio el matrimonio igualitario y reconocía la discriminación histórica de gais, lesbianas y bisexuales. Sentencias como las que permitirán a las reclusas Quine y Norsworthy someterse a cirugía, sumadas a la aprobación por vía judicial del matrimonio igualitario, indican que la justicia estadounidense ha experimentado una evolución en los últimos tiempos, reflejando el aumento de la sensibilidad social por los derechos de las personas LGTB. Eso no significa, en absoluto, que con estas conquistas se ponga fin a las reivindicaciones, ya que la LGTBfobia sigue generando problemas contra los que hay que seguir lidiando. Ayer, sin ir más lejos, publicábamos la noticia del asesinato de la decimotercera mujer trans en los EEUU, en lo que llevamos de 2015.
En la noche del pasado viernes, el departamento de prisiones de California emitió un breve comunicado en el que se anunciaba que el estado pagaría la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine para resolver así la demanda federal. California reconoce que todos los profesionales médicos que estudiaron su caso “determinaron que esta cirugía es médicamente necesaria para Quine”. Esta mujer trans, que cumplió 56 años el mismo viernes, está en prisión desde 1980, condenada por asesinato en primer grado, secuestro y robo. Como consecuencia de su imposibilidad, hasta ahora, de conseguir su operación de reasignación de identidad de género, los registros oficiales de la prisión estatal de Mule Creek recogen que Quine habría tratado de suicidarse en distintas ocasiones. La última, en 2014, tras haber solicitado la cirugía y habérsela denegado los funcionarios.
La también reclusa trans Chelsea Manning, en la prisión militar de Fort Leavenworth, anunciaba en mayo que trabajaba en la redacción de un proyecto de ley que evitar “estas exclusiones en los planes de gestión de salud, que son ilegales”. Manning está condenada a 35 años de prisión por filtrar a WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense. La autorización por parte del ejército estadounidense para el tratamiento hormonal de Manning fue recogida el pasado mes de febrero por dosmanzanas.
En prisiones equivocadas
En el momento en el que se complete la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine, se autorizará su traslado a una prisión de mujeres. Tanto en los EEUU como en otros países (en los que todavía están más desprotegidas y vulnerables) las personas trans recluidas en centros opuestos a su verdadera identidad de género suelen ser víctimas de la exclusión, cuando no de vejaciones, violencia verbal o física, así como de toda clase de abusos.
El activismo LGTB ha acogido con satisfacción la noticia sobre Shiloh Quine y espera que este caso siente un precedente para futuras personas transexuales recluidas en centros penitenciarios. No obstante, Kent Scheidegger, director de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, con sede en Sacramento, entiende que “un acuerdo no es un precedente, pero supongo que da un poco de munición para que otros tipos puedan decir que ‘si se hizo esto por él, ¿por qué no por mí?’”. Para Scheidegger, “la idea de que la Octava Enmienda represente un beneficio para los presos que no está disponible para el público respetuoso con la ley es algo que mucha gente encuentra ofensivo”.
El frustrado caso de Michelle Kosilek
El juez Jon Tigar considera que los casos de Shiloh Quine y Michelle Norsworthy podrían ser un precedente favorable para Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando “problemas de seguridad”, así como una supuesta “fuente de angustia mental” para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres. Estos supuestos ‘temores’ estarían basados en los hechos que motivaron su encarcelamiento: el asesinato en 1990 de la que por aquel entonces fuera su esposa (cuando Michelle Kosilek todavía se identificaba como Robert). En los registros de su prisión constan sus intentos de suicidio y de automutilación genital.
Fuente Dosmanzanas
General, Historia LGTBI
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.
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