El caso de Yu Hu, un hombre de 32 años, es uno de tantos que han experimentado este tipo de “terapias de conversión”, que los expertos consideran no científicas, ineficaces e incluso peligrosas. Tras salir del armario con su mujer, Hu obtuvo rápidamente el divorcio. Sin embargo, su propia propia familia decidió ingresarlo a la fuerza en un hospital psiquiátrico, del que pudo salir después de 19 días gracias a la movilización de su compañero sentimental y de defensores de los derechos humanos.

Durante su terapia, so pena de ser golpeado por los empleados, Yu Hu tuvo que tomar unos comprimidos destinados a “corregir” su orientación sexual. Yu, liberado por la policía de la provincia de Hunan (en el centro del país), alertada por su compañero, decidió llevar el caso ante la justicia que juzgará este nuevo caso de “terapia de conversión” el próximo miércoles.

A pesar de los tímidos avances legales y sociales, los hombres homosexuales siguen siendo discriminados y sufriendo presiones familiares. Muchos de ellos, hijos únicos, se resignan a casarse para satisfacer las aspiraciones de sus padres y darles nietos.

Las “terapias de conversión” siguen siendo propuestas por numerosas clínicas que no dudan en abusar de la angustia de los jóvenes homosexuales o de la inquietud de sus familias.

“¡No me pasó sólo a mí! Esto debe terminar“, insiste Yu que sigue sufriendo pesadillas. El personal médico “debe ser condenado. Ser gay no es un crimen, lo que me hicieron sufrir sí”, agrega, exigiendo que el hospital se disculpe públicamente y que se reconozca que la homosexualidad no es ningún problema psiquiátrico.

En diciembre de 2014, un tribunal de Pekín condenó a una clínica de Chongqing que practicaba tratamientos para “curar” la homosexualidad. Los jueces consideraron entonces que la homosexualidad no era una enfermedad.

La clínica tuvo que indemnizar a Yang Teng, un hombre traumatizado por electroshocks, aplicados en las partes genitales. Pero a pesar de esa condena, las clínicas de la megalópolis de Chongqing continúan actuando con total impunidad, recurriendo a electrochoques, camisas de fuerza, encierro e incluso castración química.

Un tratamiento cuesta unos 20.000 yuanes (casi 3.000 euros), pero los gastos pueden subir si los médicos consideran que se necesitan “tratamientos complementarios”, afirman activistas LGBT de Pekín, quienes tienen dificultades para combatir a las clínicas y ante la actitud del gobierno, que, dicen, “no ayuda en nada”.

“La policía persigue más a los militantes que a las clínicas”, denuncia Sha Sheng, integrante de una ONG de Chongqing que ayuda económicamente a lesbianas y gays endeudados por los tratamientos sufridos contra su voluntad.

“Es difícil luchar cuando la policía no cesa de reprimir nuestras actividades y nos invita a ‘tomar el té'”, eufemismo para mencionar un interrogatorio, dice Sha.

“Intentamos informar a los médicos, presentarles homosexuales para convencerlos de que no se trata de una aflicción“, dice por su parte Joelle Yao, del colectivo LGBT de Pekín.

“Muchos salen de esos encuentros con una visión completamente diferente“, agrega Yao, que considera que los prejuicios en China son fruto de la ignorancia y no de las convicciones religiosas.