Mariposas verdes es el nombre del proyecto multiformato inspirado, entre otros, en el caso del joven colombiano Sergio Urrego, que se quitó la vida en 2014 tras sufrir discriminación homófoba por parte de la dirección de su colegio. Mientras que el libro, escrito por Enrique Patiño, se acaba de presentar, el estreno de la película se ve aplazado por segunda vez. En esta ocasión, Robert Urrego (el padre del fallecido Sergio) ha interpuesto una tutela para impedir el estreno de la película. En su opinión, porque el film “viola el derecho a la dignidad, el buen nombre, la memoria y la imagen” de su hijo. Una medida que, en este caso, comparte su exmujer y madre de la víctima, Alba Reyes. No así el director de la cinta, Gustavo Nieto Roa, quien ha explicado que “la idea de hacer esta película surgió a raíz de muchos casos de suicidios y matoneo que comenzaron a hacerse públicos para escándalo de toda la opinión pública”.

El escritor, cronista y fotógrafo Enrique Patiño, acaba de ver publicada la novela Mariposas verdes, cuyo subtítulo es: el amor no tiene género. La presentación tenía lugar el pasado domingo, 7 de mayo, en la Feria del Libro de Bogotá. El libro, “inspirado en hechos reales” (en referencia a la historia de homofobia padecida por Sergio Urrego), como reconoce el autor en la portada, ve la luz pública bajo el sello de Ediciones B.

Este es un fragmento de la sinopsis del libro: “Mateo ha decidido morir. Antes de hacerlo, escribe una última carta a su mejor amigo del colegio, Daniel, en la que resume sus pensamientos, pero también sus inquietudes sobre de la vida, la libertad, el amor y sobre sus propias elecciones, que chocan contra un entorno incapaz de aceptar la diferencia”. Una descripción que guarda una clara relación con la experiencia de Sergio Urrego.

En cambio, la película del mismo nombre que la novela y que forma parte de un proyecto multiplataforma, no podrá estrenarse por el momento. Su fecha inicial de lanzamiento era en abril, pero como consecuencia del estado de salud del director, Gustavo Nieto Roa (de 75 años), se tuvo que retrasar unas semanas. Ante la proyección mediática de la noticia del estreno, el padre de Sergio, Robert Urrego, ha decidido interponer una tutela que impide su exhibición pública por el momento. Esta acción legal, compartida por Alba Reyes (madre de Sergio y exesposa de Robert).

Mientras que los padres parece que están de acuerdo, al menos por el momento, en que la película no se proyecte en los cines, Idania Velásquez, una de las promotoras e ideólogas del proyecto, alude a la “libertad de expresión” para que no se censure.

Para Nieto Roa, “la idea de hacer esta película surgió a raíz de muchos casos de suicidios y matoneo que comenzaron a hacerse públicos para escándalo de toda la opinión pública”. No obstante, los progenitores de Sergio Urrego sostienen que el film “viola el derecho a la dignidad, el buen nombre, la memoria y la imagen” de su hijo, tristemente fallecido tras sufrir acoso de carácter homófobo. Por el momento, habrá que esperar a conocer la decisión sobre el fallo de la tutela por parte de la justicia colombiana.

En Mariposas verdes intervienen actores de México y Colombia. Protagonizada por Deivi Duarte y Kevin Bury, que interpretan a una pareja de novios acosados en su centro escolar debido a su orientación sexual. Julio Bracho, Cecilia Suárez, Andrés Cardona, Juliana Rendón y Victoria Ortiz son otros rostros de la película. Completan el reparto otros actores experimentados como Consuelo Luzardo, Juan Pablo Gamboa y María Elena Döring. Este es el tráiler de la película:

La historia de Sergio Urrego

Cristianos Gays siguió en su momento con cierto detalle la historia de Sergio Urrego, un adolescente gay, ateo y anarquista que cursaba (con gran brillantez académica, por cierto) bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno, después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres.

Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores. Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio, Alba Reyes, mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Decidió por ello presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. La dirección del centro se defendió alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo sobre lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar, además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido diversas noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. La acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante, determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“.

Un fallo que, como también recogimos en su momento, desató la ira de los sectores ultraconservadores colombianos, que entre otras cosas situaron en el punto de mira durante los meses posteriores a Gina Parody, ministra de Educación y abiertamente lesbiana, por sus esfuerzos a la hora de implementar la sentencia e introducir el respeto a la diversidad sexual y de género en las aulas. Parody, de hecho, acabó presentando su dimisión en octubre de este año.

El proceso penal

En cualquier caso, en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía investigó también lo ocurrido por la vía penal. Fue en mayo de 2015, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas, que se imputaba a Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga, y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia. De hecho, el que fuera novio de Sergio apareció para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. Las declaraciones de varios compañeros de clase a la Fiscalía aportaron también indicios de que el colegio denigró a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral.

A finales de 2016, después de que la acusada llegara a un acuerdo con la Fiscalía que le supone una rebaja de la pena, la veedora del Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, era condenada a 27 meses de prisión domiciliaria y a pagar 90 millones de pesos por su participación en los hechos, en lo que se considera primera condena penal por discriminación homófoba en la historia de Colombia.

Fuente Dosmanzanas

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Primera sentencia condenatoria en el caso de Sergio Urrego, el adolescente colombiano que se quitó la vida en 2014 tras sufrir discriminación homófoba por parte de la dirección de su colegio. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. Un caso que supone un antes y un después en la historia de la justicia colombiana a la hora de abordar la discriminación por orientación sexual.

En Cristianos Gays hemos seguido en su momento con cierto detalle la historia de Sergio Urrego, un adolescente gay, ateo y anarquista que cursaba (con gran brillantez académica, por cierto) bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno, después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres.

Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores. Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio, Alba Reyes, mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Decidió por ello presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. La dirección del centro se defendió alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo sobre lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido diversas noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. La acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante, determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“.

Un fallo que, como también recogimos en su momento, desató la ira de los sectores ultraconservadores colombianos, que entre otras cosas situaron en el punto de mira durante los meses posteriores a Gina Parody, ministra de Educación y abiertamente lesbiana, por sus esfuerzos a la hora de implementar la sentencia e introducir el respeto a la diversidad sexual y de género en las aulas. Parody, de hecho, acabó presentando su dimisión en octubre de este año.

El proceso penal

En cualquier caso, en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía investigó también lo ocurrido por la vía penal. Fue en mayo de 2015, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas, que se imputaba a Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga, y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia. De hecho, el que fuera novio de Sergio apareció para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. Las declaraciones de varios compañeros de clase a la Fiscalía aportaron también indicios de que el colegio denigró a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral.

Más de un año y medio después, y después de que la acusada llegara a un acuerdo con la Fiscalía que le supone una rebaja de la pena, la veedora del Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, ha sido condenada a 27 meses de prisión domiciliaria y a pagar 90 millones de pesos por su participación en los hechos. Eso sí, como parte del ventajoso acuerdo con la Fiscalía, Ramírez testificará contra Amanda Azucena Castillo e Ivón Cheque.

La condena a Rosalía Ramírez ha sido recibida con satisfacción por el colectivo LGTB Colombia Diversa, involucrado desde el primer momento con junto a la familia de Urrego en el proceso legal. Para Colombia Diversa, se trata del “primer fallo condenatorio por discriminación por orientación sexual, un hecho que nunca se había registrado en Colombia”. Para el prestigioso diario El Espectador, que este jueves editorializaba sobre el tema, “el país sigue en mora de implementar los correctivos en el sector educativo para que nunca más tengamos que repetir tragedias similares”. “Más allá de la sentencia, necesaria, y de lo que eso significa (…) nos parece importante que la administración de justicia diga eso que las otras instituciones del Estado han dicho con timidez y, recientemente, no han querido repetir: que allí donde haya discriminación entrará la autoridad a proteger a los marginados, que los prejuicios no pueden ser el modo normal de nuestras relaciones como sociedad”, añade el texto.

Seguiremos la evolución del proceso.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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El suicidio en 2014 de un estudiante homosexual acosado en su centro de estudio, sumado a los recurrentes casos de discriminación en el ámbito de la vida pública ha motivado la creación de un decreto por el Gobierno de Colombia que castigará los actos de LGTBIfobia en centros de educación, hospitales y cárceles.

La opinión pública colombiana se horrorizó hace dos años al conocer el suicidio del joven estudiante Sergio Urrego, perseguido y acosado por educadores y compañeros de su centro de estudio por su condición homosexual.

Un amargo caso de bullying cuyo fatal desenlace motivó manifestaciones de rechazo a nivel internacional, actos que reclamaron medidas firmes para atajar los recurrentes abusos que las personas LGTB sufren en distintos ámbitos de la vida pública.

En un contexto en el que terribles casos como el de Sergio Urrego son experimentados de manera recurrente por las personas del colectivo, la comunidad LGTB de Colombia ha recibido con satisfacción la última iniciativa de su Gobierno Nacional.

Tal y como recogen medios como CARACOL RADIO, el alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, ha anunciado que el decreto por el cual se sancionará las conductas LGTBIfóbicas en centros educativos, cárceles y hospitales está preparado para su promulgación.

Según ha expicado Rivera, la norma establece un obligatorio enfoque diferencial de los casos de discriminación a las personas del colectivo LGTBI, y establece como falta disciplinaria grave la exclusión por orientación sexual o identidad y expresión de género.

Cabe destacar que la nueva norma también será aplicada a directivos y plantilla de las diferentes instituciones. En palabras de Guillermo Rivera:

Esa falta disciplinaria tendrá que ser sancionada con las medidas que se establezcan en los manuales de convivencia, que pueden ir desde las amonestaciones hasta las expulsiones ya sea de estudiantes, directivos o profesores de las diferentes instituciones educativas.”

Hasta finales de mes se contempla la inclusión de comentarios, observaciones y propuestas al proyecto de Decreto, cuyo objetivo es crear una política pública que garantice el cumplimiento del respeto a la diversidad sexual y de identidad de género.

• Si quieres concer el contenido del Decreto, puedes consultarlo en derechoshumanos.gov.co

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Finalmente la Fiscalía de Colombia ha imputado a tres directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por el acoso homofóbico sufrido por Sergio Urrego, el adolescente que se quitó la vida en 2014. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. En una decisión histórica, la justicia ha decretado prisión para dos de las imputadas.

En Cristianos Gays hemos seguido de cerca el caso de Sergio Urrego, adolescente gay, ateo y anarquista, además de brillante estudiante, que cursaba bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres. Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores.

Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Alba Reyes decidió presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. Poco después, la dirección del centro se defendía alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo que el joven negó sorprendido y ante lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido las noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. Pero en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía ha investigado lo ocurrido. No ha sido sin embargo hasta la semana pasada, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas -ya en noviembre pasado se adelantaba la imputación de Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, y a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga- que ha tenido lugar la audiencia en la que la Fiscalía ha imputado a Castillo, a Cheque y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia.

Y es que el que fuera novio de Sergio apareció además para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. También varios compañeros de clase dieron versión a la Fiscalía en la que se evidencia que las directivas del colegio denigraron a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral. La Fiscalía afirma de hecho contar con más de 43 pruebas que indicarían que hubo manipulación por parte de Castillo al pedir a varios menores cambiar su versión de los hechos. Estaremos atentos a cómo se desarrolla el juicio…

Fuente Dosmanzanas

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El Consejo de Estado de Colombia ha revocado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia había reconocido la discriminación sufrida en su colegio por Sergio Urrego, adolescente gay que se quitó la vida en agosto. Lo más sorprendente es el principal de los argumentos usados: dado que Sergio Urrego ya está muerto… carece de derechos que proteger. El Consejo de Estado estima así la petición de la Procuradoría General de la Nación, encabezada por el homófobo Alejandro Ordoñez. Del fallo ha sido ponente, de hecho, un  magistrado cercano al procurador.

El fallo del Consejo de Estado, que en Colombia ejerce como tribunal supremo en el ámbito de lo contencioso-administrativo, determina que la acción de tutela no procede puesto que los derechos a los que se está pidiendo protección no habrían sido vulnerados a la madre del adolescente que se quitó la vida, sino a su hijo ya fallecido. “La Corte Constitucional ha reiterado que la muerte de quien es titular de los derechos presuntamente vulnerados conduce a una carencia actual de objeto y por tanto la acción de tutela resulta improcedente”, expresa el fallo, que recuerda que el menor murió “antes de la formulación de la presente acción de tutela”. “En consecuencia un pronunciamiento de fondo sobre el amparo reclamado de los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad, no discriminación e intimidad por carencia actual de objeto, resultaría inocuo”:

El Consejo de Estado, en cualquier caso, se pone del lado del colegio al negar que existan pruebas que demuestren la persistencia del centro en dañar el buen nombre de Sergio Urrego. “Solo existe un correo electrónico, sin fecha, remitido según se lee por una estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre a la Unión Libertaria Estudiantil, organización a la que perteneció Sergio David Urrego Reyes (q.e.p.d.), del que se desconoce su autoría y por ende la veracidad de tales afirmaciones”, expresa.

Sorpresa e indignación

La decisión del Consejo de Estado ha sido recibida con sorpresa e indignación por la madre del menor y por las organizaciones LGTB. “Es una decisión francamente lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando una persona muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares, sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, expresaba tras conocer el fallo Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa.

También se ha pronunciado con dureza, por ejemplo, el diario El Espectador, que editorializaba sobre el tema el 29 de noviembre. “Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida”, expresaba el editorial. El texto recuerda además que el ponente de la sentencia, el magistrado Alfonso Vargas, es amigo de Alejandro Ordoñez, el homófobo procurador general y recurrente: “No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas”.

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, ya ha anunciado que radicará una acción de tutela ante la Corte Constitucional. “Hoy me vienen a decir que no hay pruebas de la discriminación y que no tengo yo como mamá el derecho a pedir la restauración de su buen nombre. Voy a recurrir ante la Corte Constitucional y así me toque ir a la Corte Internacional también lo haré. Los derechos de los niños y niñas en Colombia no pueden ser vulnerados de esta manera”, ha expresado Reyes. La propia Reyes, además de colectivos LGTB y estudiantiles, se han manifestado ante el Palacio de Justicia de Bogotá para protestar contra la decisión del Consejo de Estado.

Insertamos a continuación un breve reportaje de la protesta realizado por Citytv de Bogotá:

Responsables del colegio, imputadas por la Fiscalía

En paralelo al proceso contencioso-administrativo, hay que recordar que la investigación de la Fiscalía concluyó hace un mes con la imputación de dos responsables del colegio Gimnasio Castillo Campestre por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia. La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor y de registros del propio Sergio Urrego, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia. Según informó una docente anónima a El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, era de hecho un excelente estudiante. Obtuvo el 10º lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado 4 de agosto Sergio David Urrego, adolescente colombiano de 16 años, se quitaba la vida tras el acoso homofóbico sufrido por parte de la dirección del centro educativo donde estudiaba tras descubrirse que era gay y que mantenía un noviazgo con un compañero. El caso generó gran indignación en Colombia y puso de manifiesto la gravedad del acoso que sufren sus estudiantes LGTB. Ahora se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra la rectora y la psicóloga del colegio.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia.

Ya en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que el adolescente había sido discriminado, pero tanto la familia como las organizaciones LGTB consideraron que aquel fallo se quedaba corto. También la Fiscalía comenzó a investigar el caso, una investigación que ha concluido con el anuncio, el pasado 6 de noviembre, de la imputación de la ya exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, y de la psicóloga del centro, Ivón Cheque Acosta, por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia.

La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor, Alba Reyes, y de registros del propio Sergio, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

El acoso ha continuado

Según informó una docente anónima al diario El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente. “Usted no se imagina la presión que han ejercido sobre la directora del grupo al que perteneció Sergio Urrego, miss Diana Castelblanco. La Fiscalía debería tomar su declaración y la de todos los profesores”, explicaba.

“A ella le quitaron parte de su sueldo, el llamado ‘bono de desempeño’, por no haber hecho anotaciones negativas en la bitácora de Sergio para justificar su homofobia. Esta presión es de parte de la rectora Azucena y su hermana Constanza Castillo. Miss Diana respondió que Sergio no podía tener anotaciones negativas, ya que su comportamiento en general era muy bueno. Esa profesora ha derramado lágrimas de sangre con lo que ha pasado. Hemos visto como varias veces, minutos antes de la hora de salida, la han citado en rectoría para presionarla y seguir culpándola de todo. A nosotros nos reiteran que no podemos hablar con nadie sobre la situación ni hacer declaraciones, ya que esto nos puede traer perjuicios legales. Por eso mis compañeras y yo hemos tenido miedo de hablar”, añadía el testimonio de la profesora.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, obtuvo el décimo lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Un resultado que habría hecho a Sergio merecedor a una de las 10.000 becas que hace pocos días anunciaba la ministra de Educación, Gina Parody (abiertamente lesbiana, por cierto). “Su desempeño escolar demuestra que era un niño muy inteligente, que era un joven que tenía un porvenir inmenso y que lamentablemente no pudo llegar a ser ese ciudadano ejemplar que seguramente hubiese llegado a ser”, ha apuntado Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de Bogotá.

Fuente Dosmanzanas

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