El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la toma en consideración de una proposición no de ley del Parlamento de Navarra por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de declarar nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. En caso de aprobarse la modificación, ello supondría que se pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que son objeto las personas con VIH en nuestro país: el acceso a las pólizas de seguro.

La proposición del Parlamento navarro ha sido defendida por tres de sus diputados: el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas; el de Geroa Bai, Koldo Martínez, y la diputada del PSOE, Nuria Medina. En esta ocasión, la propuesta navarra ha recibido el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, ya con la mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. Parece que a la tercera va la vencida, aunque hasta que la modificación no se produzca no se debería dar por segura. En esta ocasión el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior.

Según la proposición de ley cuya toma en consideración ha sido ahora aprobada (a la que puedes acceder aquí) “es necesario erradicar del ordenamiento jurídico todos aquellos aspectos que pongan trabas a la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo, en este caso por ser personas portadoras del VIH/sida en lo que respecta al ámbito de las cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios”. “Este tipo de cláusulas discriminatorias acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas. La legislación actual obliga a declarar esta enfermedad a la hora de, por ejemplo, contratar un seguro. Un marco que no hace sino acrecentar la estigmatización”, continúa.

El texto reconoce que “son infinidad las asociaciones, organizaciones e instituciones las que han denunciado este tipo de cláusulas excluyentes y discriminatorias, que conllevan además graves consecuencias para el normal desarrollo de la vida de las personas afectadas”. “La libertad que reconoce el derecho privado a las partes para establecer pactos y realizar contratos no puede ser utilizada para discriminar a colectivos de algunos ámbitos por el solo hecho de tener una enfermedad. Por tanto, es necesaria una ley que declare la invalidez de cualquier cláusula que discrimine o excluya a una de las partes por ser seropositiva”, añade.

El apoyo de los populares a la propuesta navarra incluye, en cualquier caso, alguna matización. La proposición aprobada añade una disposición final a la ley por la que se pide Gobierno que en el plazo de un año presente un proyecto de ley por el que se determine la aplicación de esta medida a otras enfermedades sobre las que se aplican los mismos efectos excluyentes que al VIH en las relaciones jurídicas. Algo sobre la que la portavoz popular en materia de Consumo, María Eugenia Romero, ha mostrado sus dudas, argumentando que elaborar “una lista cerrada” de enfermedades puede tener los mismo efectos excluyentes que actualmente afectan a las personas con VIH.

Fuente Dosmanzanas

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El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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