El centro LGTBI Pride Info Center de Belgrado, la capital de Serbia, ha sufrido un nuevo ataque por parte de un individuo enmascarado que lanzó objetos contra los cristales de la fachada, rompiéndolos por completo. El hecho ocurrió la tarde del 7 de enero de 2024 y se suma a una serie de agresiones que el centro viene padeciendo desde su apertura en agosto de 2017.

Según un comunicado de prensa de Goran Miletić, director del Departamento de Europa y MENA de Civil Rights Defenders, se trata del decimonoveno ataque al Pride Info Center y ninguno de los anteriores ha sido investigado a fondo ni se ha procesado a los responsables. Miletić expresó su preocupación por la situación de peligro y vulnerabilidad que enfrenta la comunidad LGTBI en el país y pidió actuar de forma urgente para garantizar su seguridad y bienestar.

Miletić también manifestó su solidaridad con el Pride Info Center, que cuenta con el apoyo de Civil Rights Defenders desde su inauguración. El centro tiene como objetivo sensibilizar sobre la comunidad LGTBI, abordar sus problemas y desafíos, y servir como punto de información para el Orgullo de Belgrado y el movimiento LGTBI en general. Además, funciona como un espacio social y creativo, donde se realizan exposiciones, actuaciones, proyecciones de películas, debates y charlas organizadas por diversas organizaciones LGTBI.

“Nos solidarizamos con la comunidad LGTBI del país en exigir justicia e igualdad de derechos. Juntos, luchamos por un mundo donde el amor triunfe sobre el odio. El ataque es repudiable porque atenta contra la esencia misma de la inclusión y la aceptación y es una contradicción flagrante con los principios de comprensión, respeto y unidad. Es un llamado a la acción para que nos mantengamos firmes en nuestro compromiso de crear una sociedad donde la diversidad sea celebrada y todas las personas puedan vivir sin miedo. Condenamos enérgicamente el ataque y hacemos un llamado a las autoridades serbias para que investiguen el caso a fondo y aseguren la rendición de cuentas de los responsables”, dijo Miletić.

Cabe recordar que hace casi dos años, el 18 de febrero de 2022, otro individuo accedió al centro rompiendo muebles y otras cosas y amenazó al personal. El hombre fue sacado por los guardias de seguridad y detenido por una patrulla policial.

Una iglesia ortodoxa firme aliada de la ultraderecha LGBTIfoba:

Y es que llueve sobre mojado… En septiembre de 2022, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, anunciaba la cancelación del Europride de Belgrado programada para los días 12 a 18 de septiembre. El mandatario serbio reconocía que había sido la presión ejercida por los grupos de extrema derecha y la Iglesia ortodoxa la que le ha conducido a tomar esa decisión. Desafortunadamente, equiparó esas presiones espurias con la exigencia del mantenimiento de sus compromisos internacionales por parte de la organización del Europride, a quien espetó: «no se puede conseguir todo y ya está». La Asociación Europea de Organizadores del Orgullo estimaba que el presidente serbio no tenía autoridad para cancelar un evento ajeno, lo que además significaría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías sexuales. Por lo tanto, tanto la organización del Europride como los activistas LGTBI serbios consideraronn que el evento no había sido cancelado y tendría lugar en las fechas previstas. Desde distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Comisión Europea, se ha instó al Gobierno serbio a que colaborase en la celebración del Europride protegiendo los derechos fundamentales de reunión y manifestación frente a posibles agresores.

El  presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, compareció en una conferencia de prensa rutinaria en la que trató de asuntos como la prolongación del cargo de primera ministra de la abiertamente lesbiana Ana Brnabić o las medidas a tomar de cara al invierno en cuanto a las necesidades energéticas del país. Pero también aprovechó la ocasión para anunciar la «cancelación o aplazamiento» del Europride 2022, que iba a tener lugar en Belgrado desde los días 12 a 18 de septiembre con una gran manifestación programada para el día 17.

Vučić confirmó que tanto los grupos de extrema derecha como la Iglesia ortodoxa habían presionado para que la celebración fuera cancelada. Efectivamente, en días pasados se habían producido manifestaciones de protesta en Belgrado por parte de los LGTBIfobos e incluso amenazas provenientes de algún obispo ortodoxo. El presidente serbio consideraba que la celebración del Europride, por tanto, no era segura.

Sin embargo, en la comparecencia equiparó esas presiones y amenazas a la seguridad con las exigencias por parte de los organizadores del Europride de que mantuviese su compromiso y velase por los derechos de las minorías. «No se trata de qué presiones sean más fuertes», espetó, «es que en algún momento no se puede conseguir todo, y ya está». Posteriormente aseguró que deseaba que el evento tuviera lugar en «tiempos más felices».

Alfinal, el Europride de Belgrado se celebró con un gran dispositivo policial y ataques violentos de grupos de extrema derecha nacionalista y religiosa.

La presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitía el siguiente comunicado, lleno de contundencia:

Ni los anfitriones del Europride 2022, el Orgullo de Belgrado, ni nosotros, como licenciadores, vamos a cancelar el Europride de Belgrado.

El derecho a celebrar el Orgullo ha sido declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental. Cualquier intento de «prohibir» un Orgullo es una violación de los artículos 11, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por Serbia como miembro del Consejo de Europa.

Aparte de la ilegalidad de tal prohibición, hay que señalar que quienes se oponen al Europride en Belgrado están utilizando viejos tópicos, inexactitudes y francas mentiras para desacreditar lo que es, de hecho, una celebración de los derechos humanos y la igualdad. Dicen que estamos en contra de los valores familiares, cuando todos nosotros venimos de una familia y muchos de nosotros tenemos nuestras propias familias. Dicen que somos maltratadores de niños, cuando todos nos mantenemos firmes contra todo tipo de maltrato infantil. Afirman que las autoridades serbias han invertido 40 millones de euros en el Europride, a pesar de que el evento cuesta una fracción de esa cantidad y no recibe fondos gubernamentales. Cada una de sus afirmaciones es una mentira, y tratar de prohibir el Europride significaría que las autoridades han caído en sus mentiras.

El Europride de Belgrado no se cancelará y reunirá a miles de personas LGBTI+ de toda Europa con personas LGBTI+ de Serbia y de los Balcanes occidentales en general. Aportará muchos millones de dinares a la economía local y permitirá a Serbia demostrar que está en el camino de ser una nación europea progresista y acogedora. Lo que deben hacer las autoridades serbias es mantenerse firmes frente a estos matones, y proteger el evento.

El activista serbio Marko Mihailović aseguraba por su parte en las redes sociales: «El Estado no puede cancelar el Europride , solo puede tratar de prohibirlo, lo que sería una clara violación de la Constitución, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las prohibiciones del Orgullo de los años 2011, 2012 y 2013 que fueron declaradas inconstitucionales. ¡El Orgullo tendrá lugar como estaba previsto el 17 de septiembre. a las 17 horas frente a la Asamblea Nacional!»

Reacciones internacionales

Desde el anuncio del presidente serbio se han sucedido de manera inmediata y contundente las reacciones de distintos organismos internacionales. Christophe Lacroix, relator general sobre los derechos de las personas LGBTI de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hacía unas declaraciones, casi advertencias, en los siguientes términos:

A las personas LGBTI todavía se les hace sentir con demasiada frecuencia que tienen algo que ocultar. Los actos del orgullo son una fuente vital de fuerza y solidaridad, y dan una visibilidad crucial a la lucha por la igualdad LGBTI. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en repetidas ocasiones, y como la Asamblea volvió a subrayar en enero, el Orgullo no es un problema: prohibirlo sí lo es. Las autoridades deben apoyar activamente estos actos y permitir que se celebren con seguridad. Deben respetarse tanto la igualdad como la libertad de expresión y de reunión. Serbia ha avanzado mucho desde los años en que los requisitos de seguridad se utilizaban como falso pretexto para prohibir los actos del Orgullo. Acoger el Europride representa un hito importante en ese camino. La interferencia política desde las más altas esferas, presionando a las instituciones democráticas para que privilegien las supuestas preocupaciones por la seguridad nacional por encima de la promoción activa de la igualdad en la sociedad, representaría un grave retroceso tanto para la democracia como para los derechos humanos en Serbia. Europa está mirando. No se equivoquen.

El actual presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Europea y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, hacía a su vez las siguientes manifestaciones:

La libertad de reunión y la prohibición de la discriminación son libertades fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su calidad de Presidente del Consejo de Europa, Irlanda reconoce los derechos LGBTQI como derechos humanos y anima a Serbia a apoyar y facilitar un Europride pacífico y seguro.

La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, instaba en redes sociales al Gobierno serbio a que facilitase la celebración del Europride, al igual que hacía su homóloga sueca, Ann Linde.

Recordemos que Serbia ha solicitado el ingreso en la Unión Europea y está bajo un continuo escrutinio del cumplimiento de los requisitos previos imprescindibles para su incorporación.

Por su parte, Françoise Jacob, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Serbia, destacaba el Europride como «una oportunidad para celebrar los fundamentos de una sociedad fuerte y progresista basada en la equidad social, la igualdad de todos los derechos, la solidaridad, la amistad y el amor». También calificaba la cancelación del evento como «una violación del derecho a la libertad de reunión garantizado por la Constitución serbia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional serbio en años anteriores. Iría en contra de los compromisos internacionales de Serbia en materia de derechos humanos, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La Iglesia ortodoxa y la extrema derecha prorrusa exhiben su poder en Belgrado

Al día siguiente de las declaraciones del presidente serbio, se celebraba una procesión ortodoxa por las calles del Belgrado correspondiente a una determinada festividad. Sin embargo, previamente se había difundido que el acto religioso se celebraría en protesta por la celebración del Europride y para «salvar a Serbia».

De hecho, la procesión la encabezan dirigentes De la Iglesia ortodoxa y miembros de la rama serbia del grupo de extrema derecha ruso llamado «Lobos nocturnos», que apoya incondicionalmente a Vladimir Putin. Los participantes exhibían cruces e iconos religiosos junto a pancartas con el texto «Salvemos a nuestros hijos y a nuestra familia» y enarbolaban banderas rusas.

El obispo ortodoxo Nikanor Bogunović se dirigió a los miles de manifestantes, expresando su satisfacción por la decisión tomada por el presidente de cancelar lo que calificó de «profanación de nuestro país, nuestra iglesia y nuestra familia». También aseguró que la población serbia estaría dispuesta a salir a la calla para oponerse a «quienes pretenden destruir los valores de Serbia».

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

• El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
• El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
• El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

(Pincha en la imagen para ampliarla)

Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Asesinatos, Azerbaiyán, Bangladés, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Italia, LGTBIfobia, México, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Personas trans, Perú, Puerto Rico, Racismo, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Violencia LGTBIfoba, Xenofobia

ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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El Europride de Belgrado se ha celebrado definitivamente, a pesar de la prohibición gubernamental inicial. Desde el día 12 de septiembre se han sucedido distintos eventos y actos hasta culminar en la manifestación del día 17, que hordas de LGTBIfobos trataron de asaltar enfrentándose con bombas de humo y artefactos incendiarios a un dispositivo policial de 5200 agentes. Mientras el colectivo LGTBI celebraba y reclamaba el respeto a sus derechos humanos, las fuerzas policiales procedían a la detención de más de 60 personas que trataban de impedírselo. Por su enorme significado simbólico y la extraordinaria valentía de los participantes, la organización del Europride lo ha calificado como el más importante de su historia.

El pasado 28 de agosto el presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, anunciaba la cancelación del Europride de Belgrado debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa y de grupos de extrema derecha, que en días anteriores habían convocado manifestaciones y actos en contra de la celebración, en las que incluso se habían producido amenazas de muerte.

Desde la organización del Europride se negó la posibilidad de la cancelación, debido a su carácter de compromiso internacional adquirido por el Gobierno serbio. Los responsables del Orgullo de Belgrado también referían que el presidente Vučić carecía de autoridad constitucional para conculcar el derecho a manifestación, competencia exclusiva del Ministerio del Interior. También desde organismo como el Consejo de Europa o la Comisión Europea se instó al Gobierno serbio para que el Europride se celebrara con normalidad.

Así, el día 12, día previsto inicialmente para el arranque de la celebración del Europride, empezaron a sucederse con normalidad más de 120 actos y eventos a lo largo de la semana, tal como se habían programado. No se produjo en ninguno de ellos ningún altercado. Sin embargo, el Ministerio del Interior dictaminó la prohibición de la Marcha del Orgullo que debía tener lugar el día 17, así como las manifestaciones que habían convocado para el mismo día los LGTIfobos. No obstante, los responsables del Orgullo de Belgrado asumieron que esa prohibición solo se refería al recorrido previsto, por lo que recurrieron la medida ofreciendo otro alternativo, a pesar de que no había tiempo para su autorización.

Hasta que el mismo día 17, la primera ministra Ana Brnabić, abiertamente lesbiana, comunicó que ella personalmente autorizaba la Marcha, desplegando un efectivo de 5200 policías para «garantizar la seguridad de todos en las calles de Belgrado hoy». Pero el despliegue policial se mostró insuficiente. Los agentes tuvieron que enfrentarse a hordas de violentos que les arrojaron granadas lacrimógenas y bombas incendiarias. Algunos de los asaltantes trataban de llegar hasta la Marcha al grito de «Matad a todos los maricones».

Unos pocos se apostaron ante una iglesia ortodoxa y gritaron el saludo nazi «Sieg Heil» al paso de los manifestantes, mientras se hacían sonar las campañas en protesta por la Marcha. En total se produjeron 64 detenciones y 10 policías resultaron heridos.

Aun así, según datos de los organizadores, más de 7000 personas lograron el hito de celebrar el primer Europride de los Balcanes, a pesar de las amenazas, los ataques violentos y una lluvia persistente. Una manifestación festiva en la que la música y los gritos a favor de los derechos LGTBI acallaron los insultos y proclamas de ideología nazi. Lamentablemente, algunos activistas LGTBI fueron agredidos a la salida del concierto de clausura, a pesar de la presencia policial, y otro participante fue objeto de agresión en un local. Las investigaciones están en curso.

Still feeling off kilter from yesterday’s Belgrade Pride. Difficult to put into words.

These idiots standing in front of a church shouting nazi slogans… in 2022??

Absolute solidarity with all Balkan queer people. https://t.co/3HRrTHNn5L pic.twitter.com/DJQdggVPX1

— Rob Holley (@robholley) September 18, 2022

Por ello, la presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitió el siguiente comunicado:

Cuando nuestros miembros votaron hace tres años para que Belgrado acogiera el Europride, sabíamos que habría problemas y una gran oposición. Pero por eso el Europride es tan importante, y puede tener un efecto transformador en una ciudad y en su comunidad LGBTI+. Cuando el Europride comenzó en Londres en 1992, Belgrado era la capital de Yugoslavia, un país que se estaba desmoronando y cayendo en la guerra civil. Que el 30º aniversario del Europride haya podido celebrarse aquí demuestra el poder de nuestro movimiento.

Debemos reconocer que las dificultades a las que se enfrentaron los organizadores en las últimas semanas fueron causadas por los inflamados comentarios del presidente serbio, y luego por la falta de respeto a las libertades y derechos básicos por parte de la primera ministra y la policía. El rescate de última hora de la primera ministra ayer fue demasiado poco y demasiado tarde. Ahora puede mostrar su liderazgo garantizando que todos los que atacaron a nuestros participantes sean llevados ante la justicia.

El Europride de Belgrado pasará a la historia como un punto de inflexión para la igualdad LGBTI+ en Serbia y en toda la región de los Balcanes Occidentales. Demostramos que el Orgullo no es una amenaza para nadie, y mientras nosotros marchamos pacíficamente, fueron la extrema derecha, los nacionalistas y los cristianos fundamentalistas quienes se enfrentaron a la policía.

Felicito al Orgullo de Belgrado y a todos los que han participado en un evento excepcional.

La siguiente cita paneuropea en defensa de los derechos de las personas LGTBI tendrá lugar el año que viene en Malta.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha anunciado la cancelación del Europride de Belgrado programada para los días 12 a 18 de septiembre. El mandatario serbio ha reconocido que ha sido la presión ejercida por los grupos de extrema derecha y la Iglesia ortodoxa la que le ha conducido a tomar esa decisión. Desafortunadamente, ha equiparado esas presiones espurias con la exigencia del mantenimiento de sus compromisos internacionales por parte de la organización del Europride, a quien ha espetado: «no se puede conseguir todo y ya está». La Asociación Europea de Organizadores del Orgullo estima que el presidente serbio no tiene autoridad para cancelar un evento ajeno, lo que además significaría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías sexuales. Por lo tanto, tanto la organización del Europride como los activistas LGTBI serbios consideran que el evento no ha sido cancelado y tendrá lugar en las fechas previstas. Desde distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Comisión Europea, se ha instado al Gobierno serbio a que colabore en la celebración del Europride protegiendo los derechos fundamentales de reunión y manifestación frente a posibles agresores.

El pasado sábado 27 de agosto, el presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, compareció en una conferencia de prensa rutinaria en la que trató de asuntos como la prolongación del cargo de primera ministra de la abiertamente lesbiana Ana Brnabić o las medidas a tomar de cara al invierno en cuanto a las necesidades energéticas del país. Pero también aprovechó la ocasión para anunciar la «cancelación o aplazamiento» del Europride 2022, que iba a tener lugar en Belgrado desde los días 12 a 18 de septiembre con una gran manifestación programada para el día 17.

Vučić confirmó que tanto los grupos de extrema derecha como la Iglesia ortodoxa habían presionado para que la celebración fuera cancelada. Efectivamente, en días pasados se habían producido manifestaciones de protesta en Belgrado por parte de los LGTBIfobos e incluso amenazas provenientes de algún obispo ortodoxo. El presidente serbio consideraba que la celebración del Europride, por tanto, no era segura.

Sin embargo, en la comparecencia equiparó esas presiones y amenazas a la seguridad con las exigencias por parte de los organizadores del Europride de que mantuviese su compromiso y velase por los derechos de las minorías. «No se trata de qué presiones sean más fuertes», espetó, «es que en algún momento no se puede conseguir todo, y ya está». Posteriormente aseguró que deseaba que el evento tuviera lugar en «tiempos más felices».

La presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitía el siguiente comunicado, lleno de contundencia:

Ni los anfitriones del Europride 2022, el Orgullo de Belgrado, ni nosotros, como licenciadores, vamos a cancelar el Europride de Belgrado.

El derecho a celebrar el Orgullo ha sido declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental. Cualquier intento de «prohibir» un Orgullo es una violación de los artículos 11, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por Serbia como miembro del Consejo de Europa.

Aparte de la ilegalidad de tal prohibición, hay que señalar que quienes se oponen al Europride en Belgrado están utilizando viejos tópicos, inexactitudes y francas mentiras para desacreditar lo que es, de hecho, una celebración de los derechos humanos y la igualdad. Dicen que estamos en contra de los valores familiares, cuando todos nosotros venimos de una familia y muchos de nosotros tenemos nuestras propias familias. Dicen que somos maltratadores de niños, cuando todos nos mantenemos firmes contra todo tipo de maltrato infantil. Afirman que las autoridades serbias han invertido 40 millones de euros en el Europride, a pesar de que el evento cuesta una fracción de esa cantidad y no recibe fondos gubernamentales. Cada una de sus afirmaciones es una mentira, y tratar de prohibir el Europride significaría que las autoridades han caído en sus mentiras.

El Europride de Belgrado no se cancelará y reunirá a miles de personas LGBTI+ de toda Europa con personas LGBTI+ de Serbia y de los Balcanes occidentales en general. Aportará muchos millones de dinares a la economía local y permitirá a Serbia demostrar que está en el camino de ser una nación europea progresista y acogedora. Lo que deben hacer las autoridades serbias es mantenerse firmes frente a estos matones, y proteger el evento.

El activista serbio Marko Mihailović aseguraba por su parte en las redes sociales: «El Estado no puede cancelar el Europride , solo puede tratar de prohibirlo, lo que sería una clara violación de la Constitución, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las prohibiciones del Orgullo de los años 2011, 2012 y 2013 que fueron declaradas inconstitucionales. ¡El Orgullo tendrá lugar como estaba previsto el 17 de septiembre. a las 17 horas frente a la Asamblea Nacional!»

Reacciones internacionales

Desde el anuncio del presidente serbio se han sucedido de manera inmediata y contundente las reacciones de distintos organismos internacionales. Christophe Lacroix, relator general sobre los derechos de las personas LGBTI de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hacía unas declaraciones, casi advertencias, en los siguientes términos:

A las personas LGBTI todavía se les hace sentir con demasiada frecuencia que tienen algo que ocultar. Los actos del orgullo son una fuente vital de fuerza y solidaridad, y dan una visibilidad crucial a la lucha por la igualdad LGBTI. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en repetidas ocasiones, y como la Asamblea volvió a subrayar en enero, el Orgullo no es un problema: prohibirlo sí lo es. Las autoridades deben apoyar activamente estos actos y permitir que se celebren con seguridad. Deben respetarse tanto la igualdad como la libertad de expresión y de reunión. Serbia ha avanzado mucho desde los años en que los requisitos de seguridad se utilizaban como falso pretexto para prohibir los actos del Orgullo. Acoger el Europride representa un hito importante en ese camino. La interferencia política desde las más altas esferas, presionando a las instituciones democráticas para que privilegien las supuestas preocupaciones por la seguridad nacional por encima de la promoción activa de la igualdad en la sociedad, representaría un grave retroceso tanto para la democracia como para los derechos humanos en Serbia. Europa está mirando. No se equivoquen.

El actual presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Europea y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, hacía a su vez las siguientes manifestaciones:

La libertad de reunión y la prohibición de la discriminación son libertades fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su calidad de Presidente del Consejo de Europa, Irlanda reconoce los derechos LGBTQI como derechos humanos y anima a Serbia a apoyar y facilitar un Europride pacífico y seguro.

La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, instaba en redes sociales al Gobierno serbio a que facilitase la celebración del Europride, al igual que hacía su homóloga sueca, Ann Linde.

Recordemos que Serbia ha solicitado el ingreso en la Unión Europea y está bajo un continuo escrutinio del cumplimiento de los requisitos previos imprescindibles para su incorporación.

Por su parte, Françoise Jacob, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Serbia, destacaba el Europride como «una oportunidad para celebrar los fundamentos de una sociedad fuerte y progresista basada en la equidad social, la igualdad de todos los derechos, la solidaridad, la amistad y el amor». También calificaba la cancelación del evento como «una violación del derecho a la libertad de reunión garantizado por la Constitución serbia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional serbio en años anteriores. Iría en contra de los compromisos internacionales de Serbia en materia de derechos humanos, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La Iglesia ortodoxa y la extrema derecha prorrusa exhiben su poder en Belgrado

Al día siguiente de las declaraciones del presidente serbio, se celebraba una procesión ortodoxa por las calles del Belgrado correspondiente a una determinada festividad. Sin embargo, previamente se había difundido que el acto religioso se celebraría en protesta por la celebración del Europride y para «salvar a Serbia».

De hecho, la procesión la encabezan dirigentes De la Iglesia ortodoxa y miembros de la rama serbia del grupo de extrema derecha ruso llamado «Lobos nocturnos», que apoya incondicionalmente a Vladimir Putin. Los participantes exhibían cruces e iconos religiosos junto a pancartas con el texto «Salvemos a nuestros hijos y a nuestra familia» y enarbolaban banderas rusas.

El obispo ortodoxo Nikanor Bogunović se dirigió a los miles de manifestantes, expresando su satisfacción por la decisión tomada por el presidente de cancelar lo que calificó de «profanación de nuestro país, nuestra iglesia y nuestra familia». También aseguró que la población serbia estaría dispuesta a salir a la calla para oponerse a «quienes pretenden destruir los valores de Serbia».

Fuente Dosmanzanas

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Miles de personas se han manifestado en Belgrado para protestar contra la celebración del Europride en la capital serbia el próximo mes de septiembre. La manifestación ha sido precedida por unas incendiarias declaraciones del obispo ortodoxo de Banat, quien en días anteriores prometió maldecir a todos los participantes en el evento LGTBI y aseguró que, si tuviera un arma, la usaría para detenerlo. Por su parte, los partidos de extrema derecha nacionalista y religiosa han defendido que la manifestación  «no es solo contra el Orgullo de la Euro-OTAN, sino también en apoyo de Rusia y del mantenimiento de Kosovo y Metohija como parte de Serbia». El Europride, que se celebrará por primera vez en una ciudad del sureste de Europa, llega más de 20 años después de que en 2001 tuviera lugar el primer Orgullo de Belgrado, también conocido como el «Orgullo sangriento» por la extrema violencia con que las hordas de LGTBIfobos atacaron a los participantes.

El pasado domingo 14 de agosto, entre 5000 y 10.000 personas (según las diversas fuentes) se congregaron en las calles de Belgrado para protestar contra la celebración del Europride en la ciudad durante los días del 12 al 18 de septiembre. La manifestación dio comienzo frente al Patriarcado de la Iglesia ortodoxa serbia y concluyó ante la iglesia de San Marko. Los manifestantes portaban pancartas con textos fuertemente LGTBIfobos, como «¡No queremos un desfile gay ni la ocupación por parte de Occidente!», «No renunciamos a los lugares sagrados» y «Mantened vuestras manos alejadas de nuestros hijos».

En días previos, Nikanor Bogunović, obispo ortodoxo de la región de Banat—que comprende zonas de Serbia, Rumanía y Hungría—, se había mostrado indignado con la celebración del Europride en la capital, asegurando que los participantes «vendrán a Belgrado y alardearán y profanarán la ciudad de Belgrado, la santa ciudad serbia». El obispo amenazó con «maldecir a todos los que organicen y participen en algo así». «Puedo hacer todo eso. Si tuviera un arma, la usaría, usaría esa fuerza si la tuviera, pero no la tengo», concluyó.

Balkan Insight ha informado de que se ha publicado un vídeo en Youtube en el que se ve al obispo Nikanor de pie frente a una iglesia y arremetiendo contra las personas LGBTQI y el EuroPride.

Bishop Nikanor calls for an armed struggle against the LGBTIQ+ population. He cursed all those who will participate in EuroPride in September in Belgrade and even stated that he would use weapons against the participants. This is what fascism looks like. pic.twitter.com/IR78jZG6LY

— Dan Reznik (@reznikWSWS) August 13, 2022

Estas declaraciones incendiarias fueron tomadas también como un ataque personal contra la primera ministra de Serbia, la abiertamente lesbiana Ana Brnabić, que además es de origen croata. Así, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, declaró a los medios locales que los insultos del obispo iban dirigidos a la primera ministra del país, Ana Brnabić, que es lesbiana. “El obispo Nicanor se insultó a sí mismo y a nuestra Iglesia, humilló a nuestra Iglesia, mucho más de lo que hizo Ana Brnabić o cualquier otra persona”, dijo el presidente.

Según los medios, la manifestación fue convocada por la Asociación para la Preservación del Alfabeto Cirílico «Dobrica Eric» y otros grupos que se declaraban ortodoxos, bajo el lema «Para proteger a la familia». Sin embargo, han sido partidos de extrema derecha nacionalista y religiosa como Dveri quienes más se han felicitado por su celebración. Su líder, Boško Obradović, la ha calificado como «la mayor protesta de la oposición de los últimos años celebrada en Belgrado que no está controlada por nadie del Partido Progresista Serbio o del anterior Gobierno». Según escribía Obradović en las redes sociales, la manifestación «no es solo contra el Orgullo de la Euro-OTAN, sino también en apoyo de Rusia y del mantenimiento de Kosovo y Metohija como parte de Serbia».

Today in Belgrade 50,000 people to defend the traditional values ​​of the family and to say no to Europride scheduled for September in Serbia. The European media will never show this manifestation. pic.twitter.com/Hbms8fJdgV

— RadioGenova (@RadioGenova) August 14, 2022

Los organizadores del EuroPride condenaron al obispo por incitar a la violencia. “No hay nada que ver aquí, sólo un obispo que incita a la violencia contra las personas LGBTI+. ¿Qué ha pasado con esos valores “cristianos” de paz, amor y comprensión?”, publicó la organización en las redes sociales.

El Europride llega por primera vez a un país del sureste de Europa, en una ciudad en la que la celebración del Orgullo comenzó en 2001 con grandes ataques violentos contra los participantes que ocasionaron que se le conozca como el «Orgullo sangriento». Aquella violencia dio paso a años de ostracismo, hasta que la marcha del Orgullo LGTB de Belgrado resucitó en 2010. Ese año los contramanifestantes LGTBIfobos volvieron a protagonizar graves incidentes, que dejaron un saldo de más de cien heridos. Tanto el año anterior (2009), como los siguientes (2011, 2012 y 2013) el Orgullo llegó a ser convocado pero fue finalmente prohibido por las autoridades debido, precisamente, a las amenazas de los homófobos. Volvió a celebrarse, por fin, en 2014, sin contratiempos graves, más allá de algún conato homófobo menor alejado de la zona de celebración. A partir de entonces, tanto en 2015 como en 2016, el Orgullo de la capital serbia se celebró sin incidentes graves y con una presencia cada vez más destacada de personalidades políticas. En el de 2016, de hecho, estuvo presente la propia Ana Brnabić, siendo ya ministra de Administraciones Públicas, y en 2017 lo hizo ostentando el cargo de primera ministra.

Serbia despenalizó la homosexualidad en 1994, pero los matrimonios gay y las adopciones por parte de padres del mismo sexo siguen siendo ilegales. Una encuesta realizada en 2020 por IDEAS y GLIC reveló que alrededor del 60% de las personas LGBTQI habían denunciado abusos físicos y emocionales en el último año.

Serbia se situó en el puesto 23 de la clasificación de ILGA-Europa de 49 países de Europa en lo que respecta a los derechos del colectivo LGBTQI.

Fuente Dosmanzanas/Agencias

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Nikola Zurovac, el embajador de Serbia en Polonia, fue destituido de su cargo luego de que firmó una carta en apoyo de la comunidad LGBT + polaca.

El medio de comunicación serbio Kurir informó que Zurovac fue retirado de su cargo porque no consultó con el ministerio o el gobierno antes de firmar una carta en apoyo de la comunidad LGBT +.

Zurovac fue uno de los diplomáticos de 40 países que pidieron la protección de los derechos LGBT + en Polonia. La carta se publicó con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (17 de mayo).

Los diplomáticos compartieron su apoyo a los “esfuerzos para crear conciencia pública sobre los problemas que afectan” a la comunidad LGBT + en Polonia. También pidió que las personas trabajen juntas para “proteger a las comunidades que necesitan protección contra el abuso verbal y físico y la incitación al odio”.

Según Kurir, Zurovac firmó la carta antes de que Nikola Selaković, el ministro de Asuntos Exteriores, fuera a visitar Polonia. El tabloide informó que la decisión de Zurovac fue recibida negativamente por las autoridades conservadoras de Polonia, por lo que la visita de Selaković se pospuso.

La empresa de radiodifusión serbia B92  informó que Selaković anunció que Zurovac fue retirado de su cargo durante una sesión de gobierno el jueves (20 de mayo), y Zurovac ahora regresará a Serbia.

Selaković reiteró que la razón para despedir a Zurovac no fue por el contenido de la carta, sino porque no siguió el procedimiento adecuado antes de firmarla. Dijo: “El embajador no informó a nadie sobre eso. No estamos hablando del tema de la carta y su contenido. Para evitar todas las insinuaciones, no se trata del contenido de la carta, sino de que el embajador serbio no firmó un documento sin informar al responsable de su trabajo”.

Selaković agregó que este habría sido el caso independientemente de lo que firmó Zurovac si lo hubiera hecho sin preguntar porque podría conducir a una ruptura en las relaciones y eso sería un problema.

Balkan Insight  informó que Selaković dijo que la visita a Polonia “se organizará de nuevo pronto”.

Las personas LGBT + se enfrentan a una discriminación generalizada en Polonia. Desde marzo de 2019, más de 100 regiones, condados y municipios del país se han declarado libres de la “ideología” LGBT +.

Dos años después, la Unión Europea se declaró “zona de libertad LGBTIQ” en una protesta simbólica contra las políticas discriminatorias impulsadas en Polonia. La resolución establece que las personas LGBT + “en todas partes de la UE deben disfrutar de la libertad de vivir y mostrar públicamente su orientación sexual e identidad de género sin temor a la intolerancia, la discriminación o la persecución”.

En abril, la pequeña comunidad de Kraśnik en el este de Polonia revocó su condición de “libre de LGBT”. El alcalde Wojciech Wilk le dijo al New York Times que se dio cuenta de que la decisión de declarar la ciudad “libre de la ideología LGBT +” en mayo de 2019 ha hecho que Kraśnik se convierta en un “sinónimo de homofobia”.

Dijo en una entrevista posterior que los consejeros de la comunidad dieron marcha atrás en la resolución anti-LGBT + para que Kraśnik pueda tener una “mejor oportunidad de obtener fondos externos en el futuro”, especialmente “fondos noruegos”.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

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Seis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Delitos de Odio, Dinamarca, Discriminación, encuestas, España, Finlandia, FRA, Helena Dalli, Homofobia, Letonia, LGTBIfobia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Michael O'Flaherty, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suecia, Transfobia, Unión Europea

La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

El primer ministro de Luxemburgo ha vuelto a dar una lección de visibilidad y compromiso con la igualdad en el ámbito internacional. En un discurso ante el grupo informal LGTB de las Naciones Unidas, Xavier Bettel ha hecho un llamamiento a combatir las expresiones de odio que están en la raíz de la estigmatización y la violencia contra la comunidad. Se trata de la primera vez que un líder abiertamente homosexual aborda los derechos LGTB en Naciones Unidas. Bettel denunció hace unos meses, ante mandatarios de la Liga de Estados Árabes, las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en sus países.

La última semana de septiembre tuvo lugar el debate general de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Al margen de los discursos en el plenario, que reciben la mayor parte de la atención mediática, tuvieron lugar numerosos encuentros temáticos y sectoriales sobre diferentes asuntos. Entre ellos está el Grupo Central LGTBI, una reunión informal de representantes de 29 Estados miembros junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (presidido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet) y las ONGs Human Rights Watch y OutRight Action International.

En este marco es donde el primer ministro de Luxemburgo intervino. En su alegato, Xavier Bettel apeló a su responsabilidad, como líder político abiertamente gay, de alertar sobre el auge de los discursos de odio. Bettel se dirigió a los mandatarios mundiales pero también a cada uno de los ciudadanos que es testigo de expresiones LGTBfobas. «Esto empieza con vuestros políticos, pero alcanza también a una velada familiar, a una cena con amigos, con familia. Si tienen un discurso de odio, nunca lo debéis aceptar», reclamó. El jefe del Gobierno luxemburgués recalcó que la homofobia, a diferencia del hecho de ser homosexual, sí es «una elección personal».

No es la primera vez que Xavier Bettel se destaca en la esfera internacional por su reivindicación de la igualdad LGTB. En febrero de este año, el mandatario participó en la cumbre entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, donde hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, un hecho que podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. «Si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema», aclaró posteriormente el primer ministro.

Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Visibilidad LGTBI al frente de los Gobiernos

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

Además de Bettel, actualmente lideran el Gobierno de sus respectivos países el abiertamente gay Leo Varadkar (Irlanda) y la abiertamente lesbiana Ana Brnabić (Serbia).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ana Brnabic, Berlín, Bertrand Delanoë, Discriminación, Gauthier Destenay, Human Rights Watch, Irlanda, Johanna Sigurðardóttir, Jonina Leosdottir, Klaus Wowereit, Leo Varadkar, LGTBfobia, Liga Árabe, Luxemburgo, Michelle Bachelet, Naciones Unidas, OutRight Action International, París, Serbia, Unión Europea, Visibilidad LGTBI, Xavier Bettel

Una fotografía histórica, inspiradora, que muestra los avances que hemos vivido en las últimas décadas, pero también nos habla de los pocos líderes mundiales abiertamente homosexuales que hay en el mundo, un mundo donde aún se penaliza en muchos países con la cárcel e incluso la muerte ser gay o lesbiana.

La imagen que se ha hecho viral nos muestra al Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, abiertamente gay, y la Primera Ministra de Serbia, Ana Brnabić.

Xavier tiene 46 años y está casado desde 2015 con  Gauthier Destenay. Ana Brnabić tiene 43 años, y no es solo la primera mujer en ocupar ese importante cargo en su país, es también la primera lesbiana visible en el poder. Aunque no está casada con su novia, Milica Djurdjic, porque en Serbia el matrimonio igualitario no es legal, tienen un hijo juntas.

El niño nació del útero de Milica por lo que solo figura como hijo de ella en el Registro Civil, en Serbia no existe el derecho de filiación ni la adopción homoparental.

Por lo que esa lesbofobia que amarga la existencia de tantas familias de dos mamás en el mundo también la sufre la Primera Ministra.

A pesar de ser su primera mandataria lesbiana, los derechos de la comunidad LGTB no han avanzado en Serbia. Incluso peor, han retrocedido. Después de tener Ana y Milicaa su hijo, la reproducción asistida se ha prohibido para las parejas de lesbianas o mujeres que tengan historial de lesbianismo en los últimos años.

Las fotos nos encanta. Ambos son los cuarto y quinta presidentes de gobiernos abiertamente homosexuales después de Jóhanna Sigurðardóttir, Elio Di Rupo y Leo Varadkar.

Las fotos se hicieron el domingo 8 de septiembre, antes de una visita de estado para discutir la propuesta de adhesión de Serbia a la Unión Europea.

En Twitter, la comunidad LGBT celebró la foto «histórica».

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI Ana Brnabic, Elio di Rupo, Gauthier Destenay, Johanna Sigurðardóttir, Leo Varadkar, Milica Djurdjic, Serbia

El Parlamento de Montenegro ha rechazado un proyecto de ley, aprobado por el Gobierno, de uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida recibió el apoyo de los socialdemócratas, mientras que sus socios representantes de las minorías étnicas votaron en contra y la oposición se ausentó de la cámara. El país balcánico, socialmente conservador y con fuerte influencia de la iglesia ortodoxa serbia, seguirá sin reconocer ningún derecho a las parejas del mismo sexo. En la Constitución montenegrina está blindado el matrimonio excluyente.

En noviembre de 2012, el entonces vice primer ministro Duško Marković planteó por primera vez la cuestión del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. El ministro de Derechos Humanos y de las Minorías redactó un proyecto de ley, que despertó el odio de la iglesia ortodoxa serbia y el opositor Frente Democrático (DF). Tendrían que pasar seis años, con Marković ya como primer ministro, para que el Gobierno aprobara la medida y la llevara al legislativo para continuar su tramitación. La comisión de Derechos Humanos del Parlamento le dio su visto bueno en febrero de este año.

Pero la esperanza de sacar adelante la propuesta duró poco. El miércoles de la semana pasada, el pleno rechazó el proyecto de ley del Gobierno. La iniciativa recibió el apoyo del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS), que lidera la coalición gubernamental. Sus socios, representantes de las minorías étnicas albanesa, bosnia y croata, votaron en contra, mientras que la oposición se ausentó de la cámara. Para convertirse en ley, la medida requería de la mayoría absoluta de los 81 diputados, que se habría conseguido con solo tres votos más de los que finalmente obtuvo.

Desde el gobernante DPS han lamentado el rechazo al proyecto y han animado a «comprender a la gente que piensa diferente». El ministro de Derechos Humanos, Mehmed Zenka, ha defendido que la medida es necesaria para la adhesión de Montenegro a la Unión Europea (el país balcánico es, desde 2012, candidato a convertirse en Estado miembro). La oposición liderada por el derechista DF ha rechazado la iniciativa porque teme que le siga «una ley de adopción de niños por la población LGTB», mientras que los activistas aseguran que la decepción causada por el rechazo al proyecto de ley los hará «más fuertes».

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43% son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977 y la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro, como se mencionó antes, aspira a unirse), el legislativo del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida. A pesar de ello, en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB. El Orgullo de Montenegro se ha celebrado sin incidentes en Podgorica desde 2014, y en 2016 contó incluso con el apoyo de miembros del Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

Fotografía Wikipedia

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Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

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Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Importante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.”

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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