‘La protección de la salud mental de las personas LGTBI avanza posiciones con la aprobación definitiva de dos leyes que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. En Francia, la Asamblea Nacional daba su visto bueno, sin votos en contra, al proyecto remitido por el Senado. La medida entrará en vigor 14 días después de la firma del presidente Emmanuel Macron, a tiempo por tanto antes de que expire el actual periodo legislativo. En Canadá, la norma fue aprobada por unanimidad y está vigente desde el pasado 7 de enero. Ambas contemplan multas y penas de cárcel para quienes practiquen estas pseudoterapias, tanto en menores como en mayores de edad.

Como ya adelantábamos tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional francesa, la ley francesa que prohíbe las terapias de conversión ha superado su fase final, y el presidente Emmanuel Macron ha declarado que “ser uno mismo… no es nada que se pueda curar”.

La iniciativa francesa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El proyecto de ley prohíbe todas las “prácticas, comportamientos y declaraciones reiteradas con la intención de modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de una persona, y que tengan como efecto una alteración material de su salud mental o física”.

La amplia prohibición, que no contempla exenciones para las terapias de conversión religiosa, fue votada por partidos de ambos lados del espectro político en diciembre de 2021, y ahora ha sido aprobada formalmente por Macron.

La terapia de conversión llevará ahora una pena potencial de dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Si la víctima es menor de edad, o se considera “vulnerable“, o la persona que practica la terapia de conversión es uno de los padres o abuelos de la víctima, la pena aumenta a tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.

Macron tuiteó tras la aprobación del proyecto de ley: “¡La ley que prohíbe la terapia de conversión se aprueba por unanimidad!

“Estemos orgullosos, estas prácticas indignas no tienen lugar en la República. Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar”.

La loi interdisant les thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité !
Soyons-en fiers, ces pratiques indignes n'ont pas leur place en République. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2022

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

Como decíamos más arriba, laproposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasó a continuación al Senado para continuar su tramitación. Allí salió adelante con 305 votos a favor y 28 en contra, todos ellos de la derecha de Los Republicanos. Tras un acuerdo entre diputados y senadores, se introdujo una enmienda al texto que prevé que no serán objeto de delito los discursos «que inviten solamente a la prudencia y a la reflexión» a una persona que se esté planteando un proceso de reasignación. El texto reformado fue aprobado por unanimidad en la cámara baja el pasado 25 de enero y, aunque existían dudas al respecto, entrará en vigor antes del fin del actual periodo legislativo en febrero. Concretamente, 14 días después de que lo ratifique con su firma el presidente Emmanuel Macron. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Los profesionales de la medicina que sean declarados culpables de realizar terapias de conversión en Francia podrían verse privados de su licencia médica durante diez años.

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Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre, por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unen al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Buenas noticias desde Francia: tras dos años de interminable tramitación, la ley sobre bioética ha entrado finalmente en vigor. El texto, que abre a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras el acceso a las técnicas de reproducción asistida, ha salido adelante en la Asamblea Nacional después de que el Senado, con mayoría de derecha, lo rechazara. La nueva ley también aborda la discriminación de los hombres gais y bisexuales a la hora de donar sangre. La medida era una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo estaba permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además tenían que acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trataba de una prohibición total, que afectaba tanto a clínicas públicas como privadas, y que obligaba a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que deseara ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permitiera el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantenía la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso la obligación de acreditar la infertilidad como condición para que la Seguridad Social asumiera los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras habrían quedado, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los pudieran costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado. Por falta de consenso, la cámara alta retiró del proyecto de ley sobre bioética los artículos referidos a la apertura de la reproducción asistida, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. La medida regresó entonces a la Asamblea Nacional para un último intento de resolución.

El pasado 29 de junio, finalmente, la cámara baja aprobó un texto definitivo que entró en vigor el pasado 3 de agosto después de que el Consejo Constitucional rechazara sendos recursos presentados por los grupos de LR y UDI (Unión de Demócratas e Independientes, de centroderecha). La ya ley recoge de nuevo la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras, financiada por la sanidad pública. Para obtener el derecho a la filiación, las parejas de mujeres tendrán que firmar ante notario, antes del nacimiento, el reconocimiento conjunto del hijo.

Bajo la nueva regulación, además, se permitirá la congelación de los gametos sin causa médica; hasta ahora, solo se permitía en casos excepcionales como los tratamientos oncológicos que pudieran producir infertilidad. La gestación subrogada sigue estando prohibida en Francia, pero las autoridades reconocerán la filiación del progenitor biológico de los hijos engendrados por este procedimiento en el extranjero. El otro miembro de la pareja tendrá que iniciar un proceso de adopción.

Otra importante novedad de la ley sobre bioética es la modificación de los criterios para donar sangre, que hasta ahora exigían un periodo de abstinencia de cuatro meses a los hombres que tienen sexo con hombres. La ley remite la reforma al Gobierno, pero establece que no se podrá incurrir en ninguna discriminación basada en «el sexo de las parejas con las cuales los donantes hayan mantenido relaciones sexuales» que no esté «justificada por la necesidad de proteger al donante o al receptor».

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

General Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Discriminación, Donación de sangre, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Senado (Francia), UDI (Francia)

La tramitación de la reforma de la legislación sobre reproducción asistida en el Parlamento francés se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar. El Senado, con mayoría de derecha, ha rechazado en segunda lectura el texto aprobado por la Asamblea Nacional en julio del año pasado, que abría los tratamientos y su financiación a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. El «no» de los senadores ha sumido a los colectivos LGTBI en la desesperación. La medida, una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande, regresará a la cámara baja para someterse a un último intento de aprobación.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado, donde presagiábamos que la tramitación no sería fácil.

Así ha sido. Tras un debate marcado en ocasiones por la confusión, la mayoría de derecha de la cámara alta ha aprobado un proyecto de ley de bioética que excluye el artículo referido a la apertura de la reproducción asistida, su medida más emblemática, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. Los diputados de La República en Marcha de Macron y los partidos de izquierda se han negado a apoyar un texto que salió adelante con los únicos votos de la derecha y el centroderecha. El presidente del Senado Gérard Larcher, de Los Republicanos, ha lamentado que no se alcanzara un consenso. Los socialistas, por su parte, apuntan a las ambiciones presidenciales de Bruno Retailleau (LR), opuesto a la medida, como causa del fracaso.

La esperada reforma regresará ahora de nuevo a la Asamblea Nacional para un último intento de aprobación. Los colectivos LGTBI, sumidos en la desesperación por los problemas para sacar adelante el texto, han tachado el rechazo del Senado de «lamentable», «innoble» y «lección magistral de patriarcado». El movimiento homófobo Manif pour Tous, de recuerdo infame por su papel en la violenta reacción al matrimonio igualitario, ha mostrado su satisfacción.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Bruno Retailleau, Discriminación, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Gérard Larcher, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Senado (Francia)

El debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida continúa su tramitación por el Parlamento francés. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado mes de octubre, el proyecto de ley sobre bioética del Gobierno de Édouard Philippe se ha sometido al escrutinio del Senado. La mayoría de centroderecha de la cámara alta ha impuesto que la sanidad pública solo financie los tratamientos de reproducción asistida en los casos de infertilidad acreditada médicamente. Una provisión que excluye a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja, que con el texto actual tendrían que costearse el proceso. La medida regresará en las próximas semanas a la Asamblea, que tendrá la última palabra.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación cambiará previsiblemente durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida por 359 votos a favor frente a 114 en contra y 72 abstenciones. El apoyo cruzó líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos, el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación.

La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida el pasado miércoles. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear. El texto modificado ha obtenido 160 votos a favor y 116 en contra. Tras la votación del resto de artículos del proyecto de ley sobre bioética, la norma volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que en esta ocasión los homófobos, que también se están movilizando, no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

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Ya es oficial: tras la votación de la Cámara Alta del país galo, el que fuera ministro de Cultura y de la Francofonía (1993-95) y posteriormente de Justicia (1995-97) bajo la presidencia del derechista Jacques Chirac, ha sido nombrado Defensor del Pueblo. Propuesta por el presidente François Hollande, la candidatura de Toubon ha salido adelante por 48 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones. Parte de la izquierda, incluso en las filas socialistas (el partido que apoya al gobierno), ha cuestionado la idoneidad de Toubon para el cargo debido a sus históricas posiciones en contra de la despenalización de la homosexualidad, de la pena de muerte, de la ley de acoso sexual o de las parejas de hecho, entre otras.

El propio interesado se defiende alegando que “han pasado 20 años, y no tengo ninguna dificultad para reconocer que la igualdad entre todos parece un desarrollo positivo en nuestra sociedad y en nuestra ley”. Sin embargo, esta supuesta declaración progresista de intenciones no borra el homófobo historial de Jacques Toubon. Especialmente, porque la trascendencia simbólica de su nuevo cargo parece contraria con sus tradicionales posturas reaccionarias en temas como la pena de muerte o la igualdad legal y social del colectivo LGTB. A pesar de sus marcadas posiciones en contra de los derechos humanos en el pasado, sorprende que Hollande premie a Toubon con su nombramiento como Defensor del Pueblo de Francia.

En cualquier caso, Toubon se ha comprometido a mantener el Comité de entente LGTB, creado en 2011 por su antecesor Dominique Baudis, que falleció el pasado mes de abril. “He leído todo lo que ha sido hecho por Dominique Baudis al respecto y voy a seguir el camino tomado por él sobre este tema”, aseguraba Toubon.

El diputado socialista Alexis Bachelay escribía en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Jacques Toubon, ¿se propone como un defensor? ¡Insto a mis colegas de la Comisión de Derecho a rechazar esta propuesta!”. Además del pronunciamiento público de este y de otros diputados socialistas, las juventudes del partido de Hollande también han cuestionado la capacidad y la idoneidad de Toubon para el cargo. “En un momento en el que estalla la homofobia, en el que el discurso racista está completamente desinhibido en Francia, y en el que la República necesita ser reafirmada, las Juventudes Socialistas quieren que la candidatura propuesta sea revisada”. Por su parte, desde la Inter-LGBT se preguntaban “¿cómo, mientras que los ataques contra las personas LGBT se multiplican y ganan terreno, el Presidente de la República puede juzgar apropiado encomendar las claves de esta institución a un enemigo de la igualdad de derechos?”.

En definitiva, nuevo desaire de Hollande al colectivo LGTB después de la negativa de su gobierno a poner punto final a la prohibición a las mujeres lesbianas de acceder a la reproducción asistida pese a que formaba parte del programa electoral con el que los socialistas ganaron las elecciones legislativas de 2012.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Alexis Bachelay, Defensor del Pueblo (Francia), Discriminación, Dominique Baudis, Francia, François Hollande, Inter-LGBT, Jacques Chirac, Jacques Toubon, Partido Socialista francés, Senado (Francia)