La Corte Suprema de la India ha enviado un requerimiento al Gobierno federal en el marco de las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la ley que criminaliza las relaciones homosexuales. El alto tribunal exige al Ejecutivo que clarifique su postura sobre este asunto, que hasta ahora había intentado sortear. Cuando conozca la opinión del Gobierno, la Corte Suprema emitirá un fallo definitivo, que revertirá o confirmará su propia sentencia de 2013. Fue en aquel año cuando anuló la declaración de inconstitucionalidad que había emitido antes otro tribunal, reinstaurando así la persecución legal de las personas LGTB que dura hasta ahora.

El 11 de diciembre de 2013 la Corte Suprema de la India dictaminaba en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi como consecuencia de una demanda planteada por Naz Foundation India. Aquella decisión de 2009, que había sido considerada en su momento histórica, anulaba la vigencia de la sección 377, heredada de la época colonial, y que declaraba ilegal cualquier acto considerado «contra natura». La Corte Suprema, sin embargo, consideró que el Alto Tribunal de Delhi se había extralimitado en sus funciones, al decidir sobre una cuestión que correspondía al poder legislativo.

La decisión de la Corte Suprema causó, de hecho, una profunda sorpresa. El fallo de 2009 del Alto Tribunal de Delhi, que consideraba que penalizar actos sexuales consentidos entre adultos viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india, se creía difícilmente reversible, pese a haber sido recurrido y contar con la firme oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico. El propio Gobierno indio de aquel momento pidió días después a la Corte Suprema que reconsiderara su sorprendente decisión. No lo hizo.

Las relaciones homosexuales volvieron así a estar castigadas con penas de hasta diez años de prisión. Y aunque es cierto que las penas más duras apenas se aplicaban ya y que la aceptación social de la homosexualidad ha ganado posiciones en los últimos años (de hecho se celebran orgullos reivindicativos en diversas ciudades), la ley india sigue pesando sobre una losa sobre la población LGTB de ese país. No está de más recordar, por ejemplo, que en 2014 hubo más de 600 detenidos, cifra que como mínimo se duplicó al año siguiente.

Durante todo este tiempo, no han dejado de sucederse las peticiones a la Corte Suprema para que reconsiderase la decisión, pero no fue hasta enero de este año cuando por fin el más alto tribunal del país accedió a revisarla, en respuesta a una petición de amparo formulada por cinco destacados miembros de la comunidad LGTB india. Los peticionarios argumentaron que la vigencia de la sección 377 les hace vivir en un estado de temor continuo. Un primer panel de tres jueces de la Corte Suprema les dio la razón, admitiendo la primacía del carácter consensual de las relaciones entre personas del mismo sexo sobre su supuesta naturaleza «contra natura».

Pero antes de emitir una sentencia definitiva, el alto tribunal quiere recabar también la posición del Gobierno, que hasta ahora ha intentado esquivar la cuestión. Después de que este martes se registraran seis nuevas peticiones por la derogación de la sección 377, los jueces han decidido darle de plazo a la Administración federal hasta el mes de julio para que clarifique su postura. Los activistas creen que, en la práctica, la Corte Suprema le traslada la decisión al poder ejecutivo y califican el movimiento de «punto de inflexión». «El Gobierno tendrá que decidir si esta ley colonial debería seguir en pie en un país que tiene su propia Constitución que protege los derechos fundamentales de sus ciudadanos», ha declarado Ashok Row Kavi, de la organización LGTB The Humsafar Trust y uno de los peticionarios.

Conviene precisar que por el momento la sección 377 sigue vigente: la Corte Suprema se ha limitado a aceptar una reconsideración de la decisión que tomó hace cuatro años. Es cierto que la argumentación de los tres jueces que inicialmente han valorado la cuestión resulta favorable a los peticionarios, pero habrá que esperar a conocer la posición del Gobierno y su influencia en la decisión final ampliada. Los activistas LGTB prefieren mantener la cautela.

El respeto a la intimidad, un aspecto que también juega a favor de los activistas

Se da la circunstancia de que en agosto del año pasado la Corte Suprema de la India emitió una resolución sobre el derecho a la intimidad que también favorecería la legalización de las relaciones homosexuales. El alto tribunal determinó entonces que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus «componentes esenciales». En el texto del dictamen se explicitaba que «la invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil» y se reconocía «la dignidad de la vida privada de las personas LGTB».

Aquel dictamen fue elaborado por un panel de nueve jueces y claramente comprometía la continuidad de la sección 377 tal y como se conoce hasta el momento. Si la Corte Suprema mantiene ahora el mismo criterio, por fin podremos decir que las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en el segundo país más poblado de la Tierra.

LGTBfobia de Estado en La India

El artículo 377 del Código Penal de la India castiga las relaciones sexuales “contra natura” con hasta 10 años de prisión. A finales de 2013, la Corte Suprema decidió recriminalizar la homosexualidad, dejando sin efecto la histórica sentencia sancionada por el Alto Tribunal de Delhi en 2009 (en la que declaraba “inconstitucional” la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo). En los últimos años,mos hemos hecho eco del aumento exponencial de la violencia contra personas LGTB en la India, a raíz de la ilegalización de las relaciones homosexuales.

Las informaciones que nos llegan positivas en clave LGTB de la India son muy escasas. A principios de este mismo año nos hacíamos eco de la apertura del primer colegio para alumnos transexuales en riesgo de exclusión social. Solo unos días después, sin embargo, recogíamos la historia de un joven de 20 años cuyos padres trataron de organizarle una “violación correctiva” después de salir del armario como gay. Los progenitores llegaron a contratar a unos matones para que le agredieran al saber que mantenía una relación con otro chico con el que convivía.

Por otra parte, hace unos meses publicábamos que las autoridades de la India impedían la entrada al país a Victoria Kolakowski, la primera jueza trans de los Estados Unidos. Semanas atrás, prohibían una película por “glorificar” las relaciones homosexuales. La Junta Central de Certificación Cinematográfica de la India (CBFC) se negaba a certificar ‘Ka Bodyscapes’ para su proyección por incluir “escenas gais sensibles”.

Como ocurre en muchos otros países en los que existe homofobia de Estado, los grupos homófobos en la India (incluidos los policiales) se creen en el derecho de realizar impunemente cualquier acción contra las personas sexualmente diversas. No es necesario que las víctimas sean realmente homosexuales (lo que en ningún caso les eximiría de su responsabilidad criminal), con que ‘lo parezcan’ es suficiente.

En 2014, un año después de la recriminalización de la homosexualidad en la India, el activismo LGTB denunciaba un repunte de la violencia homófoba. Y a principios del año pasado recogíamos que ese mismo año 2014 se realizaron un mínimo de 600 detenciones a personas que habían sido acusadas de practicar la homosexualidad. Una cifra que en 2015 se elevaba a más de 1.300 personas, incluyendo 207 adolescentes. Una cifra, no obstante, que parece poco realista si tenemos en cuenta que desconocemos el alcance de la corrupción policial y la cantidad de afectados por extorsiones económicas a cambio de evitar el arresto o el procesamiento judicial.

En octubre de 2015 dábamos cuenta de más casos de extorsión por ser o “parecer” homosexual por parte de miembros de la policía, quienes, según constatan los activistas LGTB “con frecuencia visitan los puntos donde los gais se encuentran y les extorsionan pidiéndoles dinero”. Por otra parte, la estigmatización y los prejuicios provocan todo tipo de injusticias. A principios de 2016 nos hacíamos eco del intento de suicidio de un adolescente de quince años, quemándose vivo, tras ser acosado por ser gay.

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La resolución que la Corte Suprema de la India ha emitido sobre la intimidad favorece la legalización de las relaciones homosexuales en este país asiático. El tribunal indio ha determinado que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus “componentes esenciales”. En el texto se explicita que “la invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil” y reconoce “la dignidad de la vida privada de las personas LGTB”. El activismo y la comunidad LGTB esperan que este dictamen de la Corte Suprema abra la puerta a la definitiva despenalización de las relaciones homosexuales, todavía consideradas “contra natura” por la sección 377 del Código Penal.

El pasado 3 de agosto recogimos que la Corte Suprema de la India debatía sobre si la privacidad es un derecho fundamental y, finalmente, ha decidido que sí lo es. Como declaró entonces Dhananjaya Yashwant Chandrachud, uno de los jueces que componen el panel de 9 magistrados que ha elaborado el dictamen, la resolución de la Corte Suprema que ampara constitucionalmente el derecho a la privacidad compromete la sentencia del mismo tribunal que volvió a criminalizar la homosexualidad en la India.

Para la Corte Suprema, los “actos de discriminación hostil” hacia el colectivo LGTB “son constitucionalmente inadmisibles”. Sin embargo, “dado que la impugnación de la sección 377 está pendiente de consideración ante un Tribunal más amplio de esta Corte, acordamos que la validez constitucional fuera decidida en un procedimiento apropiado”. Con todo, parece muy probable que el sentido del dictamen sobre la intimidad que acabamos de conocer, favorable a despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, marcará el camino hacia la legalización.

“La invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil”, asegura el tribunal. Y prosigue: “La razón por la cual tales actos de discriminación hostil son constitucionalmente inadmisibles es debido al efecto escalofriante que tienen sobre el ejercicio del derecho fundamental”. Asimismo, la Corte Suprema argumenta que “el efecto escalofriante sobre el ejercicio del derecho plantea un grave peligro para el desarrollo sin obstáculos de la orientación sexual, como elemento de privacidad y dignidad. El efecto escalofriante se debe al peligro de que un ser humano sea sometido a oprobio social o desaprobación, como se refleja en el castigo del delito”.

El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, pues no apreciaba vulneración constitucional en la redacción de la sección 377 del Código Penal de la India, que castiga las relaciones homosexuales, señalando que únicamente correspondía al poder legislativo derogarlo o no. Por consiguiente, las relaciones homosexuales fueron de nuevo penalizadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión fuera revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas era Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi. Recordemos que solo en 2015 más de 1.300 personas fueron detenidas en la India bajo la acusación de practicar la homosexualidad, incluyendo 207 adolescentes.

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La Corte Suprema de la India debate actualmente sobre si la privacidad es un derecho constitucional, en revisión de dos antiguas sentencias del alto tribunal que negaban esa posibilidad. Uno de los jueces que componen el panel de 9 magistrados encargados de dilucidad el asunto, Dhananjaya Yashwant Chandrachud, ha declarado que, si la Corte Suprema decide finalmente el amparo constitucional al derecho a la privacidad, la sentencia del mismo tribunal que volvió a criminalizar la homosexualidad en el gigante asiático podría verse comprometida.

El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, pues no apreciaba vulneración constitucional en la redacción de la sección 377 del Código Penal de la India, que castiga las relaciones homosexuales, señalando que únicamente correspondía al poder legislativo derogarlo o no. Por consiguiente, las relaciones homosexuales fueron de nuevo penalizadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión fuera revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas era Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi.

Con la curative petition aún pendiente de resolver, un panel de nueve jueces de la Corte Suprema está dilucidando sobre si la privacidad debe ser considerada un derecho constitucional, una cuestión de gran calado que afecta a asuntos como la intromisión gubernamental en redes de comunicación privadas, o en la cesión de datos personales a terceros. Tanto en 1954 como en 1962, la Corte Suprema, en dos casos diferentes, dictaminó en contra de otorgar rango constitucional al derecho a la privacidad, sentencias largamente utilizadas por la Fiscalía para negar este amparo a los ciudadanos de la India.

Con el dictamen aún pendiente, el juez Dhananjaya Yashwant Chandrachud, miembro del panel que tendrá que dirimir la cuestión, ha efectuado unas sorprendentes declaraciones. Según el magistrado, “el matrimonio y la procreación son facetas de la privacidad… la orientación sexual también trata sobre la privacidad. Si decidimos que hay un derecho fundamental a la privacidad, nuestro fallo en el caso de la Fundación Naz se vuelve vulnerable”, refiriéndose a la sentencia que volvió a criminalizar la homosexualidad. Y aún reafirmaba que “si la privacidad trata sobre el derecho de hacer una elección, ¿en qué áreas?… familia, orientación sexual, identidad de género, supervisión, ¿en todo? En caso afirmativo (es decir, si el derecho a la privacidad es un derecho fundamental), entonces la sentencia en el caso de la Naz Foundation se derrumba”.

Efectivamente, el panel de cinco jueces que deben dictaminar sobre la curative petition está a la espera del dictamen acerca del derecho a la privacidad. De estimarse su rango constitucional, muy bien pudiera dar un fallo favorable al recurso y derogar definitivamente la penalización de la homosexualidad en la India. Sin embargo, el juez Chandrachud también ha advertido de que sería “extraordinariamente peligroso” hacer un catálogo de todo aquello que se puede considerar privacidad. Por ello, algunos han entendido sus declaraciones como el adelanto de un fallo desfavorable, una manera de indicar que un dictamen que amparase constitucionalmente la privacidad podría hacer que “incluso la homosexualidad” se viera protegida, y así justificar una decisión de la Corte Suprema que podría ser muy controvertida por sus implicaciones en otros asuntos. Solo cabe esperar a la resolución definitiva del asunto.

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Instantánea del Orgullo de Bombay, tomada por la activista animalista @PoorvaJo: si Dios odia a los gais ¿por qué somos tan monos?

Cerca de diez mil manifestantes se reunieron el sábado en el Queer Azaadi Mumbai en su novena edición. Un evento que este año celebra la entrada a trámite del recurso judicial que podría eliminar la consideración como ciminales de las personas LGTB en el Código Penal.

Miles de personas, muchas de ellas heterosexuales que quisieron acompañar a sus amigos y amigas LGTB o que simplemente se manifestaron por lo que consideran justo, marcharon el sábado por la calles de Bombay en su 9º Marcha del Orgullo, que transcurrió con absoluta normalidad. El evento adquiría este año una significación especial, al haber decidido la Corte Suprema de la India admitir a trámite el último recurso posible en contra de la sentencia que reinstauró la penalización de la homosexualidad en el país asiático. Un panel de cinco jueces escuchará en los próximos días los argumentos de varios grupos de defensa de los derechos LGTB y decidirá sobre la derogación de la provisión homófoba.

La comunidad LGTB de La India ha celebrado su noveno Queer Azaadi anual en la ciudad de Mumbai con una grandísima posibilidad en el horizonte: asistir a la eliminación de la Sección 377 de su Código Penal, por el cual las personas homo, bi y transexuales se enfrentan a penas que ascienden hasta los diez años de cárcel.

Organizado por el colectivo Queer Azaadi Mumbai, la marcha reunió a unos 7.000 participantes, entre los que se encontraban veteranos activistas LGTB, como Ashok Row Kavi; personas conocidas, como los actores Manoj Bajpai y Rajkummar Rao, protagonistas de Aligarh, película india que recrea la historia real de un profesor universitario que fue despedido debido a su orientación sexual, o Manvendra Singh Gohil, hasta la fecha el único príncipe indio abiertamente gay, y sobre todo, y ello fue muy destacado por asistentes y medios de comunicación (como The Times of India), numerosas parejas heterosexuales y familias que decidieron sumarse a un evento que este año tenía un cariz especialmente reivindicativo.

Por esta razón, el Queer Azaadi Mumbai ha recibido más apoyo de la comunidad heterosexual que nunca, un impulso que ha venido materializado por la incorporación de varios rostros populares a los eventos de sensibilización y por la marcha de varios grupos de progenitores en favor de los derechos igualitarios de sus hijos.

A lo largo de la marcha, que ha congregado a diez mil asistentes según la organización, los manifestantes lanzaron proclamas acompañadas de tambores, y llevaron a cabo bailes y cánticos para amenizar la cita, que discurrió desde el parque August Kranti Maidan hasta la Opera House, para volver a su punto inicial por el Puente Kennedy.

La multitud tenía un objetivo principal durante toda la cita: protestar contra el artículo 377 del Código Penal, algo que este año se ha reclamado con mucha más esperanza al estar en la mano del Tribunal Supremo su eliminación definitiva. Al evento acudieron numerosas familias, integrantes de diversas ONG y miembros de la sociedad civil que portaron pancartas, elaborados trajes y maquillajes inspirados por el folclore y ta tradición religiosa india. A su vez, se contabilizó un significativo número de participantes de otras ciudades y de países extranjeros, que tras la marcha se unieron al acto simbólico de la organización de liberación de globos con los colores arcoíris.

Tras nueve años de conmemoración, la marcha Queer Azaadi Mumbai ha visto cómo las cerca de 500 personas que participaron en la primera edición, han ascendido hasta rozar la decena de miles, en una ciudad en la que viven 11,9 millones de personas. Desde de 2011 el Queer Azadi también ofrece durante su celebración un programa de actividades para que la ciudadanía se acerque a la comunidad LGTB entre los que destacan proyecciones de películas, obras de teatro o espectáculos callejeros. Todo lo que sea necesario para hacer valer sus derechos humanos y promover la igualdad en todos los sectores de la sociedad.

Como informamos hace pocos días, la Corte Suprema de la India ha decidido admitir  a trámite el último recurso posible en contra de la sentencia que reinstauró la penalización de la homosexualidad en el país asiático. Desde que el Tribunal Supremo de La India aprobara la reinserción en el Código Penal de las relaciones entre personas del mismo sexo en 2013, numerosas iniciativas locales e internacionales han denunciado esta flagrante merma de los derechos y libertades del colectivo. El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, señalando que corresponde al poder legislativo derogar la sección 377, que tras la sentencia quedó de nuevo en vigor. Por consiguiente, las relaciones homosexuales actualmente son penadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión sea revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas es Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi.

En la petición solicitaron una audiencia para poder presentar sus argumentos contra una sentencia en la que encuentran graves errores de forma y fondo, como el no haber tenido en cuenta las alegaciones de las asociaciones LGTB, lo que supone una violación de sus derechos fundamentales, así como la ignorancia de los cambios legales que se habían producido en aplicación de la primera sentencia del Alto Tribunal de Delhi. También se criticaba que la sentencia diga que una parte minúscula de la población, en estimación de la Corte, no puede reclamar derechos fundamentales, lo cual según los recurrentes vulnera el articulado de la Constitución india que protege a las minorías. La sentencia, en definitiva, reflejaría un problema de sesgo en contra de los derechos de las personas LGTB.

Cerca de dos años después, la Corte Suprema ha decidido admitir el recurso. La decisión devuelve la esperanza a la comunidad LGTB india. Máxime después de que la cámara baja del país rechazara el pasado mes de diciembre una proposición de ley para despenalizar las relaciones homosexuales, lo que da una idea de la dificultad de la vía legislativa en un parlamento bajo el dominio del conservador Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party).

Os dejamos con uno de los vídeos del evento difundidos en YouTube (este es de Satyen K. Bordoloi):

Fuente Dosmanzanas/Chueca.com

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Noticia esperanzadora desde la India. La Corte Suprema ha admitido a trámite el último recurso posible en contra de la sentencia que reinstauró la penalización de la homosexualidad en el país asiático. Un panel de cinco jueces escuchará los argumentos de varios grupos de defensa de los derechos LGTB y decidirá sobre la derogación de la provisión homófoba.

El Tribunal Supremo de la India decididió el pasado día 2 admitir el recurso de amparo que eliminar la Sección 377 de su Código Penal, por la cual todas las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales del país son considerados como ”criminales” y penados por ello.

Desde que el Tribunal Supremo de La India aprobara la reinserción en el Código Penal de las relaciones entre personas del mismo sexo en 2013, numerosas iniciativas locales e internacionales han denunciado esta flagrante merma de los derechos y libertades del colectivo. El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, señalando que corresponde al poder legislativo derogar la sección 377, que tras la sentencia quedó de nuevo en vigor. Por consiguiente, las relaciones homosexuales actualmente son penadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión sea revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas es Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi.

Hoy conocemos que la ONG Naz Foundation y otros agentes sociales han visto prosperar su recurso de amparo ante el Supremo, que mañana decidirá si reconsidera su decisión y elimina la penalización de las relaciones homosexuales.

Las entidades solicitantes han alegado que existe un error en la sentencia dictada por la Corte Suprema en diciembre de 2013, por la cual, su decisión está basada en una ley antigua y derogada por el Tribunal Superior de Delhi.

Tal y como recogen medios como firstpost.com:

El juicio fue convocado el 27 de marzo de 2012, pero el veredicto no fue pronunciado hasta veintiún meses después. Durante este perído tuvieron lugar muchos cambios, entre los que se incluye la modificación de leyes, que no han sido consideradas por la Corte que dictó la resolución.”

En la petición solicitaron una audiencia para poder presentar sus argumentos contra una sentencia en la que encuentran graves errores de forma y fondo, como el no haber tenido en cuenta las alegaciones que presentaron las asociaciones LGTB, lo que supone una violación de sus derechos fundamentales, así como la ignorancia de los cambios legales que se habían producido en aplicación de la primera sentencia del Alto Tribunal de Delhi. También se criticaba que la sentencia diga que una parte minúscula de la población, en estimación de la Corte, no puede reclamar derechos fundamentales, lo cual según los recurrentes vulnera el articulado de la Constitución india que protege a las minorías. La sentencia, en definitiva, reflejaría un problema de sesgo en contra de los derechos de las personas LGTB.

El presidente de la Corte Suprema respondió que estudiaría detalladamente la solicitud y los informes presentados e informaría sobre su admisión. Cerca de dos años después, la decisión ha sido favorable, con lo que los solicitantes podrán presentar sus argumentos ante un panel de cinco jueces. La decisión devuelve la esperanza a la comunidad LGTB india. Máxime después de que la cámara baja del país rechazara el pasado mes de diciembre una proposición de ley para despenalizar las relaciones homosexuales, lo que da una idea de la dificultad de la vía legislativa en un parlamento bajo el dominio del conservador Partido Popular Indio (BJC).

En la audiencia preliminar del pasado martes sobre la curative petition, declararon Grover y Kapil Sibal a favor de la derogación de la sección 377. El primero recordó el clima de estigmatización y chantaje que se ha creado en torno a la comunidad LGTB tras la reinstauración de la provisión homófoba, mientras que Sibal apeló al respeto a la privacidad que queda violado por la misma. En la parte contraria a la modificación de la situación actual, se personaron una alianza de iglesias apostólicas y una organización islámica.

Habrá que esperar todavía para ver si el recurso prospera. De momento, el periódico The Times of India valora como precedente positivo que el ministro de Finanzas Arun Jaitley, del gobernante BJC, instara el pasado mes de noviembre a la Corte Suprema a reconsiderar la prohibición de las relaciones homosexuales. Estaremos pendientes de los futuros acontecimientos.

Los grupos de activismo también han declarado que en los últimos 4 años miles de personas de la comunidad LGTB se han hecho visibles en La India, por lo que tras la despenalización y posterior reinserción de la Sección 377 sus vidas ahora están amenazadas por un potencial procesamiento judicial.

Como defiende su solicitud, criminalizar las relaciones homosexuales viola los derechos fundamentales del colectivo, y mucho más si existe un régimen sancionador que considera la cadena perpetua para las personas ”reincidentes”.

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