La delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

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El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

• que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
• que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
• que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
• que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
• que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
• que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
• que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
• que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
• que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
• anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
• pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
• pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

• por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
• Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
• Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
• Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

• Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
• Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

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Los miembros del Parlamento Europeo escogieron el martes pasado, gracias al acuerdo entre conservadores y liberales, al italiano Antonio Tajani como presidente de la cámara. Este exportavoz del primer Gobierno de Berlusconi tiene un historial contrario a los derechos LGTB, como ha recordado ILGA-Europa.

La batalla entre populares y socialistas por el control de la presidencia de la Eurocámara se ha saldado con la victoria de los primeros. Los dos grupos mayoritarios habían pactado, tras las elecciones de 2014, repartirse este cargo durante la legislatura actual. Pero los socialdemócratas de S&D rompieron este acuerdo al constatar que, si cedían la presidencia del Parlamento, las tres instituciones principales de la Unión (Comisión, Consejo y Parlamento) quedarían en manos de los conservadores. A pesar de esta ruptura, el PPE conseguía su objetivo este martes gracias al apoyo de los liberales de ALDE.

El elegido, tras cuatro rondas de voto, ha sido el italiano Antonio Tajani. Miembro fundador de Forza Italia y exportavoz del primer Gobierno de Silvio Berlusconi, Tajani arrastra un historial hostil hacia la igualdad LGTB, tal y como recuerda ILGA-Europa en un comunicado. Por ejemplo en 1996, el eurodiputado denigraba a las familias homoparentales al calificarlas de “pseudofamilias” y afirmar que un niño criado por una pareja del mismo sexo padecerá de “serios problemas psicológicos”.

De cara a las elecciones europeas de 2014, el entonces candidato del EPP firmó un compromiso de varios puntos redactado por la fundación Novae Terrae, con el que se comprometía a defender una visión excluyente de la familia y a oponerse a la educación en la diversidad. Tajani también participó en la multitudinaria manifestación en Roma contra el proyecto de ley de uniones civiles en enero del año pasado.

ILGA-Europa ha analizado a los candidatos a presidir la Eurocámara por sus votos parlamentarios en materia LGTB y ha situado al popular en la última posición junto al rumano Laurențiu Rebega. Tajani ha votado en contra del reconocimiento mutuo de los matrimonios y las uniones civiles entre personas del mismo sexo entre los Estados miembros, así como de incluir la orientación sexual y la identidad de género en la normativa europea antidiscriminación y de prestar apoyo específico a los refugiados LGTB. La organización ha lamentado el apoyo prestado a Tajani por los liberales, un grupo generalmente favorable a la equiparación de derechos.

El perfil del nuevo presidente del Parlamento Europeo, por tanto, hace presagiar que no promoverá desde su posición gestos hacia el reconocimiento y la promoción de la igualdad LGTB. En este sentido, su elección es un retroceso con respecto al mandato de su predecesor, el alemán Martin Schulz. El posible rival socialdemócrata de Angela Merkel en las elecciones del próximo septiembre se mostraba partidario en 2014 de restringir la ayuda al desarrollo a los países que aprobaran leyes homófobas.

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La UE aprueba el informe Lunacek sobre derechos LGTB con los votos del PP español, excepto Mayor Oreja y Vidal-Quadras

Celebramos la aprobación del Informe Lunacek contra la discriminación sexual y de género en el Parlamento Europeo

Medidas por la igualdad en la educación, la atención sanitaria, el acceso a bienes y servicios y acciones específicas en favor de las personas trans e intersexuales. Estas son algunas de las medidas que contempla el Informe Lunacek, que fue aprobado ayer por el Parlamento Europeo con los votos del PP Europeo (11 a favor, 4 en contra, entre ellos los de Mayor Oreja y Vidal-Quadras y 2 abstenciones).

El informe Lunacek ha sido aprobado esta mañana con 394 votos a favor y 176 votos en contra en el Parlamento Europeo. Este informe hace una recomendación no vinculante a la UE para que desarrolle una hoja de ruta con medidas contra la homofobia, bifobia y transfobia, siguiendo la misma línea que las que se establecen para combatir discriminaciones por razón de género, discapacidad o etnia.

El informe insta a una estrategia por la igualdad en campos como el empleo, la educación, la salud, el libre movimiento, los crímenes de odio o las relaciones internacionales.

El Parlamento Europeo ha sufrido una fuerte presión por parte de grupos extremistas y conservadores con argumentos falsos respecto al informe, que si bien es una buena noticia, está lejos de promover una igualdad legal o real en los países que componen la Unión Europea. Desde la FELGTB se ha trabajado para dar a conocer este informe y pedir la colaboración ciudadana para que las y los representantes del Parlamento Europeo vieran el apoyo de la ciudadanía a medidas que impulsen la igualdad.

Gabriel Aranda, coordinador del Área Internacional de la Federación, ha remarcado que “es intolerable que haya representantes españoles en el Parlamento Europeo incapaces de establecer un marco común contra la discriminación. Vivir libre de discriminación o amenazas es un derecho fundamental básico que eurodiputados como Mayor Oreja, Vidal Quadras y otros del PP han querido negar a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Este 2014 lo dedicamos precisamente a hacer pedagogía al respecto: los derechos LGTB son Derechos Humanos”.

“La aprobación del informe Lunacek es una buena noticia porque da un mínimo de seguridad jurídica a las personas LGTB en la Unión Europea, pero la igualdad es un camino aún largo. Trabajamos para que el Gobierno abra los ojos y entienda que es necesario promover en España una Ley de Igualdad de Trato que profundice esa lucha contra la discriminación también por motivo de orientación sexual e identidad de género”, ha recordado Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB

Más sobre el informe:

El informe, del que ha sido ponente la eurodiputada verde austriaca (y copresidenta del Intergrupo LGBT del Parlamento Europeo) Ulrike Lunacek, condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y “deplora profundamente” que los derechos fundamentales de las personas LGTBI no se respeten siempre en la Unión Europea. Además pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las agencias comunitarias que trabajen juntos por una hoja de ruta similar a las que ya cuenta la Unión para combatir la discriminación por motivos de género, discapacidad o etnia.

“El estudio sobre las personas LGBT publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales en 2013 indica que un 47 % de las personas LGBT fue objeto de discriminación o acoso en el último año, dándose los índices más elevados de discriminación entre las lesbianas (55 %), los jóvenes (57 %) y las personas LGBT más pobres (52 %); un 26 % fue objeto de agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad de género (un 35 % entre las personas trans); únicamente un 10 % se sintió con suficiente seguridad para denunciar la discriminación a la policía, y solo un 22 % denunció casos de violencia o acoso; un 32 % fue objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, en el ámbito educativo o en el acceso a la atención sanitaria, los bienes o los servicios; y un 20 % fue objeto de discriminación en el empleo o el trabajo (un 29 % entre las personas trans)”, asegura el informe.

El texto menciona las áreas en las que debe incidir la hoja de ruta, siempre respetando las competencias de los Estados miembros. En materia de familias y libre circulación, por ejemplo, establece que la Comisión debe elaborar directrices para garantizar la aplicación a las personas LGTBI de las directivas sobre el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, “con el fin de asegurar el respeto de todas las formas de familia legalmente reconocidas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros”. En materia de juventud y educación, se hace un llamamiento a la Comisión para que promueva la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en todos sus programas específicos.

En materia de transexualidad, el texto reclama a los estados miembros que establezcan o revisen los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género con el fin de respetar el derecho a la dignidad y la integridad física de las personas transexuales. También pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que sigan trabajando para suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento. En materia de incitación al odio, el texto pide que el marco actual de la Unión Europea sobre la “lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal” sea reformulado para incluir otras formas de delitos motivados por prejuicios e incitación al odio, entre ellos por razón de orientación sexual e identidad de género.

Aunque el “informe Lunacek” establece solo recomendaciones y no se trata de una directiva de obligado cumplimiento, su aprobación supone un hito importante en la lucha por los derechos LGTB en Europa y una derrota importante para los grupos ultraconservadores que en las últimas semanas se habían movilizado muy activamente para impedirla. “No podemos seguir tolerando la homofobia en Europa. Tantos de nosotros, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales hemos vivido con miedo demasiado tiempo. Miedo a darnos la mano por la calle, miedo a que nos insultaran, miedo a que nos echaran de nuestras casas, colegios o trabajos. Mi informe deja claro que la Unión Europea debe actuar para que nosotros también podamos disfrutar de los derechos garantizados a todos los ciudadanos”, ha declarado al respecto su autora, Ulrike Lunacek.

“La Comisión debe proponer una refundición de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, de forma que se incluyan otras formas de delitos motivados por prejuicios y de incitación al odio, entre otros, por motivos de orientación sexual e identidad de género”, incluye también.

 El voto español:

Por lo que se refiere al sentido del voto de los eurodiputados españoles, los eurodiputados de Aralar (Verdes/Alianza Libre Europea), Convergència Democràtica De Catalunya (ALDE), IU (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), Iniciativa per Catalunya Verds (Verdes/Alianza Libre Europea) , PSOE (S&D), PNV (ALDE), Unió Democràtica de Catalunya (Grupo Popular Europeo) y UPyD (no integrada en ningún grupo) votaron a favor.

 Por lo que se refiere a los 24 eurodiputados populares, cabe felicitarse de que diez de ellos decidieran votar a favor. Son Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Salvador Garriga, Esther Herranz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Francisco José Millán, Eva Ortiz y Pablo Zalba. Votaron en contra cuatro: Cristina Gutiérrez-Cortines, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, Aleix Vidal-Quadras (si bien este eurodiputado ya no pertenece al PP). Se abstuvieron dos: Carmen Fraga y Luis de Grandes. Ocho eurodiputados populares no votaron (tampoco lo hicieron tres socialistas).

 Por una vez, y nos congratulamos por ello, el PP español ha votado en un sentido más progresista que la media de su grupo: 10 han votado a favor, 4 en contra, 2 se han abstenido y 8 no han votado, mientras que de los 274 eurodiputados del Grupo Popular Europeo 69 han votado a favor, 130 en contra, 25 se han abstenido y 50 no han votado.

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Cuenta Dosmanzanas que el pleno de Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves una resolución de condena a lo que ha catalogado como “esfuerzos por criminalizar” a las personas LGTBI en Uganda, Nigeria, Rusia e India, en referencia a las leyes de carácter homófobo que han sido aprobadas recientemente en los tres primeros países y a la sentencia del Tribunal Supremo de India que invalida una sentencia previa de un tribunal de rango inferior que declaró inconstitucional la criminalización de las relaciones homosexuales.

La resolución fue adoptada de común acuerdo entre los principales grupos tras alcanzarse una propuesta unificada que sustituía a las presentadas por separado por varios grupos: socialistas y demócratas europeos (S&D), liberales (ALDE), Verdes-Alianza Libre Europea (Verdes/ALE), conservadores (ECR) e Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL). Tras la exposición de antecedentes y considerandos (puedes leer la resolución completa en castellano pinchando aquí) el Parlamento Europeo “condena en los términos más enérgicos estas graves amenazas a los derechos universales a la vida, a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la intimidad y a la libertad de expresión y reunión, así como todas las discriminaciones y limitaciones legales contra las personas LGBTI y cualquier persona que defienda sus derechos humanos”. La Eurocámara también destaca en su resolución que “la igualdad del colectivo LGBTI forma parte indiscutiblemente de los derechos humanos fundamentales”.

El Parlamento Europeo “condena firmemente la aprobación de leyes cada vez más represivas contra las personas LGBTI; reitera que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que quedan dentro del derecho individual a la privacidad, tal como garantizan el Derecho internacional y las constituciones nacionales” y pide a los 78 países que siguen castigando las relaciones homosexuales que pongan fin a la criminalización de los actos consentidos entre adultos del mismo sexo.

Ya en concreto, el pleno del Parlamento Europeo pide al presidente de Uganda “que no firme el proyecto de ley contra la homosexualidad y que revoque la sección 145 del Código Penal ugandés” (se da la circunstancia de que el presidente Yoweri Museveni ha mostrado ya su oposición a la ley, sin por ello dejar de considerar la homosexualidad una “anormalidad”), condena firmemente “la aprobación y la firma del proyecto de ley (de prohibición) del matrimonio homosexual en Nigeria [aunque la nueva ley nigeriana, conviene precisar, castiga cualquier actividad relacionada con la realidad homosexual]” y pide a su presidente “que derogue esta ley, junto con las secciones 214 y 217 del Código Penal nigeriano” y manifiesta “su preocupación por las consecuencias negativas de la ley que prohíbe la propaganda de ‘relaciones sexuales no tradicionales’ en Rusia, que aumenta el nivel de discriminación y de violencia contra las personas LGBTI”, pidiendo a las autoridades rusas que revoquen la ley.

La resolución también “aplaude” la iniciativa del Gobierno indio de solicitar al Tribunal Supremo de ese país que revise la sentencia que volvió a dejar vigente la norma que criminaliza las relaciones homosexuales en ese país y pide expresamente al Parlamento indio que si no es así la revoque.

El Parlamento Europeo pide también a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros de la Unión que expresen “su oposición más enérgica a las tres leyes en cuestión”, y dejen claro que “estas tendrán repercusiones importantes para las relaciones bilaterales de estos países con la UE y sus Estados miembros”.

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