Comentarios desactivados en Denuncian a unos padres por enterrar a su hija trans con su nombre anterior a la transición de género
La asociación Euforia estima como posible delito de odio la decisión de la familia de sepultar a la joven con su ‘deadname‘ en el cementerio alicantino de Aspe
La asociación Euforia Familias Trans Aliadas ha llevado a los tribunales como presunto delito de odio el caso de Daniela, una joven transexual de 23 años que se suicidó en abril de 2022, cuyos padres decidieron enterrar en el cementerio alicantino de Aspe con su nombre anterior a la reasignación de género. Sus amigas defienden que la obligaban a someterse a terapias de conversión e incluso que la internaron en dos ocasiones en un centro psiquiátrico.
Según ha informado la televisión autonómica À Punt y ha adelantado El Salto Diario, la citada entidad ha interpuesto una denuncia contra la familia de Daniela ante la Fiscalía de los Delitos de Odio de Alicante por utilizar una foto y su nombre previo a la transición en su lápida, ubicada en el panteón familiar. «Nunca aceptaron que era una mujer trans», lamentan.
La asociación defiende que Daniela había modificado el nombre en el Registro Civil al no sentirse identificada con este ‘deadname‘. De acuerdo con la información desvelada por sus amigas, nació en Chile y a los dos años fue adoptada por una familia española que vivía en Cantabria. Con once años comenzó a cuestionar su orientación sexual hasta llegar a identificarse como mujer trans, algo que sus padres «no aceptaron en ningún momento».
En 2017, según sostienen las denunciantes, comenzó el tratamiento especializado, situación que la enfrentó con sus padres hasta el punto de que estos perdieron su tutela y pasó unos meses en un centro de menores tutelada por la Administración pública. Cuando cumplió 18 años, comenzó una nueva vida en Madrid, donde consiguió un trabajo y solicitó el cambio de nombre en el registro. Un año después, se suicidó y fue enterrada con su necrónimo en el panteón familiar ubicado en Aspe, Alicante.
En este punto, la asociación Euforia decidió presentar una denuncia por presunto delito de odio después de que la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana les instara a pedir responsabilidades al Ayuntamiento correspondiente. En el escrito, desglosan las posibles infracciones de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de LGTBI de la Comunidad Valenciana, por «realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar».
Asimismo, alude al supuesto quebranto de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, popularmente asociada como Ley Zerolo, que estipula como grave actos discriminatorios; además de la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales que marca que los consistorios están obligados a enterrar en sus camposantos «sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras».
«Entendemos que estos hechos son un delito de odio e injurias a un colectivo protegido y por eso esperamos que la denuncia se tramite, la admita el Ministerio Fiscal y se ejerzan acciones legales contra los padres de Daniela», argumenta el abogado de la asociación Euforia, Saúl Castro, a À Punt.
Comentarios desactivados en La Fiscalía denuncia a la ‘coach’ Elena Lorenzo por ofrecer tratamiento contra un supuesto TOC homosexual
La sección de ciberodio de Madrid lleva a la polémica profesional ante el juez a instancias de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión
Juan José Mateo
Madrid – 13 abr 2023
La sección de ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid ha interpuesto una denuncia contra la coach Elena Lorenzo por la web en la que ofrece tratar un supuesto trastorno de orden compulsivo (TOC) homosexual, según documentación a la que accedió EL PAÍS. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número seis de Madrid, y se han incoado diligencias previas, lo que abrirá un nuevo capítulo en la polémica trayectoria de una profesional que lleva en el ojo del huracán desde 2019.
“Lo que denunciamos es que a nuestro juicio comete intrusismo profesional, publicidad fraudulenta, asociación ilícita y delito de odio, pues dice que puede diagnosticar una enfermedad (que no existe) y tratarla a través del coaching profesional”, explica Saúl Castro, abogado y presidente de esta asociación. “Eso son competencias que exclusivamente podrían ejercitar psicólogos o psiquiatras”, opina. Y recalca: “El TOC homosexual no es una enfermedad diagnosticable”.
Este periódico solicitó la versión de Lorenzo, sin obtener respuesta ni tampoco indicaciones sobre quién la representa legalmente.
En la web donde se ofrecen sus servicios define el supuesto TOC homosexual como “un problema” que puede nacer “de alguna herida afectiva”. “Es un trastorno obsesivo que se da con frecuencia entre hombres heterosexuales”, se abunda. “Muchas veces se diagnostica incorrectamente como una homosexualidad “reprimida”, lo que provoca más ansiedad en las personas que lo sufren”, se añade. “Otras veces se interpreta erróneamente como una parte inicial del proceso de salida del armario”, se continúa. Y se plantea una terapia para “vencer los miedos y reducir la ansiedad y, con ella, las obsesiones y compulsiones”.
A raíz de la denuncia de la Fiscalía, un juez decidirá si estudia si expresiones como esa atentan, o no, contra los derechos del colectivo LGTBI. Esto es lo que se lee en la denuncia.
“Los denunciados [Lorenzo y su marido] ofrecen información falsa”, argumenta la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. “Se presentan a sí mismos como expertos en acompañamiento a personas con sentimientos homosexuales no deseados, a pesar de que esta formación no es oficial, ni está homologada ni reconocida por ningún organismo”, siguen los denunciantes. “Ofrecen servicios para tratar una supuesta modalidad de Trastorno Obsesivo Compulsivo (‘TOC’), a saber, el “TOC Homosexual”, a través del coaching de identidad”, se añaden. “La propia promoción de estos servicios ya constituiría en sí misma la promoción y fomento público directo de discriminación contra un grupo por motivos de orientación sexual”.
Nuevo expediente sancionador
Mientras la justicia decide si inicia la vía penal, la Administración madrileña ha empezado a incoar de nuevo un expediente sancionador contra Lorenzo. En noviembre, un defecto de forma en el expediente abierto para sancionar con 20.001 euros por falta “muy grave” el curso Camino a la heterosexualidad, de la misma coach, llevó a la Comunidad de Madrid a archivar sus actuaciones y comenzar desde cero la investigación de un caso de presunta “promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad”.
¿Qué ocurrió? Que la Comisión Preparatoria del Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso indicó que “cabe apreciar un vicio de procedimiento causante de indefensión, lo que podría dar lugar a la anulación de la resolución sancionadora”, ya que se permitió indebidamente la personación de asociaciones que así han conocido todos los detalles del caso, y pudieron alegar en el mismo. Apunta la comisión que “dado que aún no ha prescrito la infracción, por su carácter de muy grave, parece razonable dictar resolución de archivo e incoar un nuevo procedimiento”. Y, tras tres años de instrucción, todo ha empezado de nuevo desde cero.
Las propuestas de legislación del Reino Unido empeoraron este año cuando se anunció que la prohibición solo cubriría la orientación sexual y no la identidad de género. Por otro lado, Escocia se ha separado de la postura arcaica de los Tories, produciendo su propio informe de un grupo asesor de expertos del gobierno. El informe integral fue bien recibido por la comunidad LGBTQ+, centró a los sobrevivientes en todas las áreas y estableció principios clave para legislar en contra de la terapia de conversión.
Estos incluyeron una prohibición futura que debe cubrir cualquier tratamiento, práctica o esfuerzo que tenga como objetivo cambiar, suprimir o eliminar la orientación sexual, la expresión de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, y brindar orientación específica sobre las experiencias de las personas de color LGBTQ+. – y sobrevivientes de grupos religiosos étnicos minoritarios.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Comentarios desactivados en El Gobierno andaluz deja expirar el plazo para resolver la primera infracción de la ley en defensa de las personas LGTBI
Rocío Ruiz, Domínguez, consejera de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación en funciones (Ciudadanos)
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales incoa un nuevo expediente sancionador contra una psicóloga de Sevilla por unos tweets presuntamente contrarios a la autodeterminación de género después de caducar el que había iniciado en enero
Javier Ramajo
La resolución del primer y único procedimiento sancionador abierto en virtud de la ley andaluza que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares tendrá que esperar. La Junta de Andalucía se ha visto obligada a reiniciar el expediente contra una psicóloga de Sevilla que fue denunciada el verano pasado por la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión por posicionarse “en contra de las terapias afirmativas a las personas trans” y por promocionar “que a las personas trans se les trate psicológicamente mediante la aceptación del género que les es impuesto socialmente sobre la base del sexo atribuido al nacer”.
La ley andaluza, en vigor desde febrero de 2018 tras ser aprobada por el Parlamento andaluz a finales de 2017, no establece un plazo específico para ejecutar los expedientes que se puedan abrir a raíz de presuntas infracciones por lo que, en este caso, se aplicaron los plazos genéricos previstos en Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dice que “cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”. El 31 de enero se acordó el inicio del procedimiento sancionador, como informó eldiario.es Andalucía, y se abrió plazo de alegaciones, que fue ampliado a solicitud de la denunciada.
Ya en marzo se solicitaron informes técnicos a los Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía Oriental y Occidental. En abril, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó nuevo escrito con otros tweets y publicaciones de la denunciada “con el objeto de mostrar la defensa que la misma hace de las terapias de conversión”. Se presentaron más alegaciones por todas las partes y, “habiendo sobrepasado el plazo máximo”, la Junta informó en mayo de que se resolvía “declarar la caducidad del expediente sancionador” y ordenar “el archivo de las actuaciones”.
Expediente caducado y reiniciado
Dice la ley que las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años por lo que, en una comunicación inmediatamente posterior, la Junta informaba de la incoación de un nuevo procedimiento sancionador a la psicóloga de Sevilla por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada muy grave en el artículo 62.e) de la Ley 8/2017 “por promover, difundir o ejecutar por cualquier medio cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o cisexual”, dando de nuevo plazo a las partes para presentar sus alegaciones para incorporar a todo lo actuado.
Según explica a elDiario.es Andalucía el abogado y presidente de la Asociación Española contras las Terapias de Conversión ‘No es terapia’,Saúl Castro, “la Junta no ha tenido la diligencia suficiente” para tramitar el asunto en esos tres meses y, más allá de las alegaciones presentadas por las partes, “apenas han practicado diligencias de instrucción” en ese sentido, por lo que el expediente ha tenido que ser reiniciado. En ese tiempo es “imposible” hacer todas las cuestiones que se prevén en un procedimiento sancionador que, además, “no es sencillo” dado el asunto del que trata, comenta en todo caso.
Castro critica que la Junta no ha ido dando traslado de los avances del expediente y que ha sido a instancias de los denunciantes cuando han podido conocer en qué punto se iba encontrando el proceso. “Las leyes de este tipo se suelen desarrollar con reglamentos y luego, para dar cumplimiento a lo dispuesto, se tienen que aprobar protocolos y demás. Pero eso no es óbice para que el reglamento sancionador se aplique desde la entrada en vigor”, explica en relación a que solo haya habido un expediente abierto en cuatro años en la materia.
Posible infracción grave
La Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Consejería de Igualdad de la Junta ya señaló que los hechos denunciados pueden constituir una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62 e) de la mencionada Ley 8/2017: “promover, difundir o ejecutar por cualquier medio cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o cisexual”.
A la psicóloga a la que se le propone de nuevo la sanción se le podría imponer una multa de entre 60.001 y 120.000 euros, y alguna sanción accesoria como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, contratar con la Junta o inhabilitarla para la prestación de servicios públicos por un periodo de tres a cinco años, e incluso el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta cinco años. Los mensajes que se lanzaron con la apertura de este primer procedimiento es “que el colectivo LGTBI sepa que no está solo” y “que las leyes están para cumplirlas”, dijo la Junta.
ATA-Sylvia Rivera denunció el caso el 5 de julio de 2021 a través de la agencia Europa Press, indicando que la psicóloga había hecho público en una red social que “estaba realizando con éxito terapias de, presuntamente, reversión para que sus pacientes superaran el malestar psicológico que les producía su género”. La denunciada escribió exactamente, según ha comprobado este medio: “Para aquellos misóginos q se preocupan por mis pacientes xq soy crítica con la identidad de género, decirles q mis pacientes están progresando xq precisamente les ayudo a deshacerse del malestar psicológico producido x el género, construcción cultural q subordina a las mujeres”.
Según alegó la psicóloga en conversación con este periódico, las asociaciones denunciantes “están en desacuerdo con que los estereotipos de género se erradiquen, que es una de las bases de la lucha feminista. No estoy sola. Yo trabajo con mujeres víctimas del patriarcado, por ejemplo mujeres que han sufrido violencia obstétrica, depresión posparto porque no han tenido apoyo en sus embarazos. También trabajo con mujeres que sufren maltrato psicológico. Todo eso no dejan de ser consecuencias del sistema patriarcal que utiliza el género como herramienta para oprimir a las mujeres. Por eso yo digo que mis mujeres mejoran cuando yo desmonto los estereotipos de género”, comentó, resaltando que “eso es lo que les duele a esas asociaciones, porque yo soy feminista”.
Deconstruir los estereotipos de género
ATA-Sylvia Rivera había argumentado que las terapias de reversión son “contrarias” a las directrices declaradas en 2009 por la American Psychological Assotiation (APA) y asumidas en 2017 en España por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, que afirman como “inadmisible” que los profesionales de la salud mental “indiquen, insten o hagan creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación o identidad sexual”. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión incluyó en su amplia denuncia capturas de los tuits publicados entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2021, si bien resaltaba que la denunciada había “publicado en repetidas ocasiones tweets tránsfobos y contrarios a la autodeterminación del género, así como rechazando los tratamientos médicos afirmativos del género, especialmente los quirúrgicos. Es decir, defendiendo que la terapia para las personas trans y no binarias no debe ser afirmativa, sino que tiene que centrarse en obligarles a aceptar su cuerpo y a deconstruir los estereotipos de género”.
El artículo 3 o) de la citada Ley 8/2017, según argumentó ATA en su denuncia, define la terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género como “todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona”. “La denunciada no reconoce ni respeta la identidad de género, y presenta un planteamiento alejado de la violencia y discriminación que sufren las personas trans, animándolas a ignorar su autopercepción y su identidad, con una visión contraria a los estándares científicos, así como a las normas internacionales de derechos humanos y a los consensos psicológicos actuales”, señaló ATA en su denuncia.
Las asociaciones, cuyas denuncias fueron acumuladas, expusieron que “en sus publicaciones la denunciada expone argumentos contrarios a la ciencia y a los consensos científicos sobre el origen de la identidad de género y la práctica psicológica recomendada con personas trans y no binarias, defendiendo que la terapia para las personas trans y no binarias no debe ser afirmativa, sino que tiene que centrarse en obligarles a aceptar su cuerpo y a deconstruir los estereotipos de género”.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Comentarios desactivados en Saúl Castro: “A pesar de las carambolas para ocultar su LGTBIfobia, la Iglesia oficial nos sigue percibiendo como identidades inmorales”
“Las personas trans, categorizadas aún como ‘enfermas’ en la OMS, tiene el doble de probabilidades de ser sometidas a ‘terapias de conversión’ que las personas cis. La personas homosexuales hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años”
“A pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables”
“En el proceso de documentación que he llevado a cabo sobre las ‘terapias de conversión’ he encontrado casos de desnudez grupal forzada, castidad forzada por periodos de hasta 270 días, prácticas aversivas, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos… en España, estos grupos remiten a las víctimas que ‘no avanzan’ a psiquiatras que les prescriben medicamentos inhibidores del deseo sexual. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. Además, Obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”
“Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios”
“La Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. El problema de esta Ley es que hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas práctica. Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, tres resoluciones. Dos de 2020 y una de 2021”
“Desde No Es Terapia exigimos al Congreso una modificación del Código Penal que criminalice las terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdicciones, entre las que se incluye Francia, Malta o Alemania”
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución“. Saúl Castro es abogado y fundador de NoesTerapia, asociación que lucha contra estas terapias, que el Gobierno pretende ilegalizar con su ley del ‘No es no’.
“Además, Obispos como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”, asegura en esta entrevista.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
– Pues desgraciadamente, en muchas partes del mundo e, incluso en España, la respuesta es sí. No hemos de olvidar que parte de nuestra comunidad sigue estando patologizada, no sólo en el acceso al reconocimiento de su identidad de género, sino también en las clasificaciones de enfermedades mentales. Tanto es así que el CIE-11 de la OMS, adoptado en 2019, sigue considerando a las personas trans como personas con “condiciones relacionadas con la salud sexual”, por lo que sólo se ha producido su despsicopatologización, pero no dejan de estar categorizadas como personas “enfermas”. De hecho, la fiscalización y policía institucional que se hace de las identidades trans es lo que determina que, estadísticamente, estas tenga un doble de probabilidades de ser sometidas a “terapias de conversión” que las personas cis, dado que tienen que ser propios profesionales de la salud quienes certifiquen y validen su identidad, lo que abre espacios para que los perpetradores de estos abusos actúen con mayor impunidad.
Con respecto a la orientación sexual, hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años, ya que con la modificación del CIE-11 se eliminó la patologización de la “homosexualidad egodistónica”, que era aquella dolencia consistente en el rechazo a la orientación sexual propia y el deseo de modificarla, y que empleaban muchos profesionales para tratar médicamente a “homosexuales que querían dejar de serlo”.
Y bueno… en relación con el pecado, pues no se ha avanzado mucho realmente. El Catecismo de la Iglesia indica en sus párrafo 2357-59 que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad” debido a que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso”. Tal como señala la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986, “la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral”. Por tanto, a pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables.
– En el libro desentrañas las terapias de conversión. ¿En qué consisten? ¿Qué prácticas son las más aberrantes?
– No existe una definición estandarizada y común de las “terapias de conversión” ni a nivel internacional ni nacional. Desde la Asociación, y a nivel personal, las definimos poniendo en el centro su finalidad, es decir, el hecho de que todas las “terapias de conversión” se caracterizan por el objetivo común de querer modificar o anular la identidad y/o expresión de género de las personas contra las que se dirigen, así como su orientación sexual, para «acomodarlas» a los cánones cisheteronormativos imperantes en nuestras sociedades. Tal como afirma el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU, “todas las “terapias de conversión” comparten la premisa de que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser extirpadas —expulsadas, curadas o rehabilitadas—, como si fueran algo ajeno a la persona, lo que constituye una visión sumamente inhumana de la existencia”.
En el proceso de documentación que he llevado a cabo, he encontrado casos de desnudez grupal forzada, la castidad forzada por periodos de hasta 270 días, realización de ejercicios “biodinámicos” –consistentes en dar golpes y gritos para liberar energía–, prácticas aversivas –como ponerse una goma elástica en la muñeca y golpearse con ella cuando se sentía deseo sexual–, rezo continuado y del rosario en los momentos de mayor deseo sexual, empleo de técnicas de reprocesamiento traumático como el EMDR–ya que parten que la diversidad sexual y de género es fruto de traumas que hay que sanar–, abrazo-terapia, logopedia, terapia hablada, estudio de textos acientíficos sobre la orientación sexual y la posibilidad de modificarla, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos, así como control diario a través de aplicaciones de mensajería y telefonía como Telegram.
Hay que destacar que el funcionamiento de estos grupos se centra en separar a las víctimas de sus círculos familiares y de amistad, para que dependan emocional y socialmente de los grupos de “itinerantes” y de la propia organización. Les asignan grupos de compañeros, orientadores o supervisores, que les monitorean diariamente, obligándoles a escribir tres veces al día por los chats y exigiéndoles que contacten inmediatamente al grupo cuando tengan deseos sexuales no heterosexuales. También les requieren que asistan a quedadas semanales en las que practican deporte, van a bares o al cine, con el objetivo de afianzar relaciones de “masculinidad sana”. Al integrarles de una forma tan completa en estos grupos, las víctimas cortan lazos con el resto de círculos y los perpetradores se aprovechan de ello para mantener un control leonino sobre ellas, así como para chantajearlas con el ostracismo en el caso de que no progresen adecuadamente.
Finalmente, en España, estos grupos también remiten a aquellas víctimas que “no avanzan en su recuperación de la cisheterosexualidad” a psiquiatras con los que colaboran. Estos, tras realizarles una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les diagnostican el origen de su homosexualidad, bisexualidad o identidad de género no cis, y les prescriben medicamentos para otras dolencias –generalmente para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia–, entre cuyos efectos secundarios se encuentra la reducción o eliminación de la lívido. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente.
– ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas prácticas?
– La Iglesia tiene una doble responsabilidad que, desgraciadamente, está ignorando de forma deliberada. En España, los principales perpetradores de “terapias de conversión” son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. En concreto, estos grupos se llaman “Es Posible la Esperanza” y “Verdad y Libertad”, operando en distintas regiones de España y con muchas sedes organizadas jerárquica y estructuralmente.
Por un lado “Es Posible la Esperanza” o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez – capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los Obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral” para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.
No sólo eso, sino que diferentes personalidades de la Iglesia, obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge–en connivencia con seglares al frente de los diferentes COF –como José María Gea Rosat, Federico Mulet Valle, Isabel Lacruz Silvestre o Marisa Vendrell Sahuquillo– han promocionado los itinerarios ofrecidos por EPE, “acompañado” a personas en su proceso de maduración de la masculinidad/feminidad, captado a potenciales itinerantes y participado en las convivencias periódicas que se hacían en esta asociación, así como fungido como orientadores y miembros de los grupos de apoyo.
Por otro lado, está el caso de Verdad y Libertad (VyL), que es quizás todavía más sangrante. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020. En diciembre de dicho año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de 6 o 5 obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà, Arturo Pablo Ros Murgadas o Francisco Javier Martínez Fernández– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.
En abril de 2021, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española abordó este tema y el informe, limitándose a destacar que VyL no es una organización reconocida por la Iglesia y a animar a “quien se considere afectado o víctima que denuncie por la vía civil, porque desde el punto de vista canónico no se puede frenar lo que hacen”. Es decir, al igual que en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia, esta institución se ha desmarcado sin cesar a ningún miembro del clero ni publicar los informes y las investigaciones llevadas a cabo.
Junto a estos miembros de la Iglesia, operan otros sacerdotes de diferentes diócesis y parroquias como la Parroquia de San Mateo Apóstol, la de San Leandro Obispo, la de San Carlos Borromeo de Ontinyent, la de la Sagrada Familia de Torrent, la de la parroquia de S. Pío X de Algemesí o la de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla. No sólo eso, sino que en VyL, para poder acceder a los grupos e iniciar el itinerario de 270 de castidad, Miguel Ángel obligaba a los futuros itinerantes a asistir durante 6 u 8 semanas a sesiones de “terapia psicológica” con Lourdes Illán Ortega o con Juan Mayo, quienes hacían un test para evaluar la herida de los pacientes y trabajaban fichas, por un “módico” precio de 60 euros/sesión.
Así mismo, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultra-conservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de estas víctimas, prescriben fármacos, previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros/sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
– El Gobierno está a punto de aprobar la ley que prohibirá las terapias de conversión.
– Bueno, realmente la Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. Lo que ha sucedido es que el Consejo de Ministros a aprobado el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI y ha acordado registrarlo como Proyecto de Ley ante el Congreso, comenzándose ahora el procedimiento de tramitación parlamentaria y pudiendo modificarse el texto mediante enmiendas.
Con respecto a la ley, el problema es que replica un modelo desfasado, inútil e inefectivo, ya que impone un prohibición genérica de “practicar terapias de conversión” y establece un régimen sancionador en el que se pena con multa a quienes las practiquen o las promuevan. Este régimen no es nuevo, sino que, en la actualidad, 8 Comunidades Autónomas –la Comunidad de Madrid,Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Región de Cantabria, Canarias, La Rioja y Castilla La Mancha– ya tienen un sistema sancionador. Sin embargo, en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de “terapias de conversión”, a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años. Esto se debe a varios factores:
Por un lado, hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas prácticas, que deriva de una imposibilidad competencial de ordenar la práctica de diligencias de investigación para esclarecer hechos, como la práctica de “terapias”, que no trascienden a la esfera pública, se lleva a cabo en locales privados de la Iglesia y se capta a las víctimas por redes de contactos y clientelares. Ello se debe a que, para la intervención de comunicaciones, entrada y registro de instalaciones; así como incautación de diferentes materiales, es necesaria la intervención judicial.
Paralelamente, los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, sin reconocer ningún derecho a las víctimas o a la sociedad civil más allá de conocer la decisión de sobre la iniciación del procedimiento o el archivo de las denuncias. Ello impide que las víctimas o la ciudadanía pueda participar efectivamente en la investigación de estos abusos, y abre la mano a que los órganos competentes no actúen con el celo necesario, limitando las posibilidades de que rindan cuentas por su inacción. Por ejemplo, el único caso de “terapias de conversión” que fue sancionado, en septiembre de 2019, fue anulado por el 13 de julio de 2021, por la sentencia núm. 898/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indicaba que la Comunidad de Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento vulnerando los derechos de la sancionada, actuando de forma fraudulenta.
Análogamente, el 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social acordó no iniciar un procedimiento sancionador, tras 31 meses de espera, contra el Obispado de Alcalá alegando que sólo disponía de pruebas obtenidas sin el consentimiento de los infractores. A la sociedad civil, nos notificaron esta decisión en mayo de 2022, cuando ya habían prescrito las infracciones. Este hecho, deja entrever que el modelo de tutela administrativa de estos abusos se queda absolutamente corto ya que las autoridades competentes no tienen facultades para ordenar la práctica de diligencias de investigación necesarias, para las que sería necesario contar con la intervención de un órgano judicial.
Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad” así como contra una coach madrileña que ofrece un curso online titulado “Camino a la heterosexualidad”; Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad”. Así mismo, ni el Govern de la Comunidad Valenciana ni la Junta de Andalucía han actuado contra la asociación Verdad y Libertad, a pesar de que se han denunciado estos hechos.
En segundo lugar, las sanciones que llevan aparejadas las infracciones de terapias de conversión no son eficaces ni disuasivas para los perpetradores. En el caso de Elena Lorenzo de septiembre de 2019, esta “coach de identidad” que diagnostica Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual y promete curarlo a través de su web profesional, esta señora fue sancionada con una multa de 20.001 euros –anulada posteriormente. La cuantía de esta multa fue recaudada en menos de dos semanas a través de una campaña de crowdfunding orquestada por Hazte Oir. Elena Lorenzo nunca cesó, y continúa a día de hoy, ofreciendo estos servicios previo pago de 80 euros/sesión.
Por tanto, el empleo de sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil.
En tercer lugar, el contexto criminológico en el que se producen y perpetran las “terapias de conversión” en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido sometidas. Diversos estudios, como el titulado “Conversion Therapy and LGBT Youth” y publicado por el Williams Institute, indica que más de la mitad de las víctimas de “terapias de conversión” las sufren durante su minoría de edad.
Paralelamente, el estudio “The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief”, de la LGBT Foundation, señala que sólo una de cuatro víctimas se somete a terapias de conversión sin coacciones de su entorno y que, entre las restantes, un 22% asiste por presión familiar, un 11% por recomendación de su comunidad/líderes religiosos y hasta un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores. Este contexto victimológico determina que las víctimas no tengan posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades administrativas y sufrir un procedimiento que las revictimice y las aísle de sus entonos.
Finalmente, los tipos penales existentes –estafa, intrusismo profesional, delitos contra los consumidores o el delito de lesiones– no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas y sólo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las ‘terapias de conversión’ en sí. Es decir, su objetivo tendente a la eliminación y represión de la identidad y de la diversidad sexual y de género.
Es por todo esto que desde No Es Terapia exigimos ahora a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que modifiquen el Código Penal, creando un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdiccionesentre las que se incluye Francia, Malta, Alemania, Canadá, Nueva Zelandia, Ecuador o diferentes Estados Mexicanos.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Comentarios desactivados en Saúl Castro: “No somos enfermos ni pecadores, nuestra identidad es válida”
El abogado denuncia en el libro las terapias de conversión apoyadas por algunos obispos
En el libro ‘No es terapia’, cita modelos concretos que, por ejemplo, invitan a seguir 270 días de castidad absoluta, en los que a través de un canal de mensajería instantánea de móvil se hace un seguimiento y se cuenta a diario si se tiene ganas de masturbarse o deseos de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.
“En estos tres años de investigación hemos identificado a 71 perpetradores y las víctimas con las que he contactado me han comunicado que en los grupos y convivencias había entre 200 y 400 personas, muchas de ellas menores de edad”, sostiene. el presidente de la Asociación Española contras las Terapias de Conversión
| RD/EFE
“Ni enfermos ni pecadores” es el primer libro de Saúl Castro, una obra en la que plasma “muchos de los dogmas y mentiras” de las terapias de conversión para homosexuales y en la que denuncia unas técnicas “absolutamente inefectivas” y que pueden llevar a cuadros ansioso depresivos e incluso al suicidio.
Abogado y presidente de la Asociación Española contras las Terapias de Conversión ‘No es terapia’, Castro resume los resultados de un trabajo que empezó hablando con periodistas y víctimas e indagando en las web de los promotores de estas terapias -a los que denomina “perpetradores“- para conocer su configuración y sus mensajes.
— Iván Ortega Rodríguez (@IvanOrtegaRod) June 16, 2022
“Con el titulo del libro -de Ediciones B- quería transmitir que muchos de los dogmas y mentiras en los que se basan los perpetradores y promotores de terapias para justificar la posibilidad de someter a las personas LGTBI+ a estos abusos no son válidos; nosotros somos naturales, nuestra identidad es válida, no somos ni enfermos ni pecadores“, resalta.
Basadas en la desinformación
Cuenta Castro que las terapias de conversión “se basan en la desinformación” y siguen un mismo hilo conductor: “El que dice que la homosexualidad o la bisexualidad derivan de una mala o incorrecta maduración de la masculinidad y feminidad a lo largo de la infancia” y que “esas heridas pueden ser revertidas para recuperar la identidad natural”.
Partiendo de esa premisa, se han creado diversas asociaciones y hay personas que “ofrecen servicios”, como el coaching, con “distintos itinerarios para reparar esta identidad”, y explica que suele haber mucha “terapia hablada” para identificar las supuestas causas de la homosexualidad, con estereotipos como haber tenido una madre sobreprotectora, un padre distante, o haber sido víctima de abusos o acoso escolar.
Una víctima de las homófobas terapias de conversión alerta del peligro: “Es una destrucción total de ti mismo, te planteas el suicidio” https://t.co/utd2ckPhP3
Y tras esa terapia hablada llega “la retrospectiva”, aplicando técnicas “que no están validadas” y con las que “los perpetradores” pretende tratar la orientación sexual, pero son “absolutamente inefectivas”.
270 días de castidad absoluta
Cita modelos concretos de terapias que, por ejemplo, invitan a seguir 270 días de castidad absoluta, en los que a través de un canal de mensajería instantánea de móvil se hace un seguimiento y se cuenta a diario si se tiene ganas de masturbarse o deseos de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.
También hay reuniones físicas, en las que los asistentes se desnudan “para desexualizar” el cuerpo de personas del mismo género. O ejercicios que incluyen acudir con hachas al bosque para golpear árboles, mientras los participantes gritan el nombre de las personas “que les han producido la herida”.
Y si estas técnicas no funcionan, se les deriva a psicólogos o psiquiatras y estos últimos les prescriben medicación con el fin último, dice el autor, de castrarles químicamente.
Entre 200 y 400 personas
La incidencia en España es difícil de cuantificar, por “el propio contexto e idosincrasia de esta práctica, que es absolutamente secreta“. En estos tres años de investigación hemos identificado a 71 perpetradores y las víctimas con las que he contactado me han comunicado que en los grupos y convivencias había entre 200 y 400 personas, muchas de ellas menores de edad”, sostiene.
Las ‘terapias’ de ‘conversión’ sexual, a pesar de estar prohibidas en ocho comunidades autónomas, siguen muy extendidas en nuestro país. https://t.co/zXsRpDljjB
Castro alerta de los riesgos de estas terapias, como el aumento de cuadros ansiosos depresivos, auto-odio, refuerzo de la homofobia interiorizada, reducción de los lazos sociales y de las relaciones familiares, imposibilidad de establecer conexiones románticas o afectivas, aumento de la inseguridad, autolesiones y suicido.
“Al final las personas que salen de ahí salen muy dañadas porque no solo sienten que han perdido el tiempo y sus recursos, sino que ven que no se les ha dotado de herramientas para quererse a sí mismas”, asegura Castro.
“Dentro de estas agrupaciones, que no están reconocidas por la Iglesia, sí es cierto que hay obispos, personas con mucho poder dentro del clero que sí las validan y han hecho de intermediarios para intentar expandirlas”, asegura Castro. No obstante, el autor reconoce que dentro de la Iglesia también hay asociaciones que “luchan por la diversidad y por dar acogida a personas LGTBIQ+, que tienen espiritualidad y creen en Dios“.
A su juicio, la futura ley trans, que prohíbe estas prácticas, “no servirá para nada” porque “no las criminaliza”.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
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