Saúl Castro: “A pesar de las carambolas para ocultar su LGTBIfobia, la Iglesia oficial nos sigue percibiendo como identidades inmorales”
Ampliamos con esta entrevista la noticia que ya publicamos hace unos días y en la que podéis ver de nuevo los vídeos.
“Las personas trans, categorizadas aún como ‘enfermas’ en la OMS, tiene el doble de probabilidades de ser sometidas a ‘terapias de conversión’ que las personas cis. La personas homosexuales hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años”
“A pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables”
“En el proceso de documentación que he llevado a cabo sobre las ‘terapias de conversión’ he encontrado casos de desnudez grupal forzada, castidad forzada por periodos de hasta 270 días, prácticas aversivas, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos… en España, estos grupos remiten a las víctimas que ‘no avanzan’ a psiquiatras que les prescriben medicamentos inhibidores del deseo sexual. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. Además, Obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”
“Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios”
“La Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. El problema de esta Ley es que hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas práctica. Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, tres resoluciones. Dos de 2020 y una de 2021”
“Desde No Es Terapia exigimos al Congreso una modificación del Código Penal que criminalice las terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdicciones, entre las que se incluye Francia, Malta o Alemania”
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución“. Saúl Castro es abogado y fundador de NoesTerapia, asociación que lucha contra estas terapias, que el Gobierno pretende ilegalizar con su ley del ‘No es no’.
“Además, Obispos como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”, asegura en esta entrevista.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
Te lo explica todo en su libro .https://t.co/aHdcTseHmQ pic.twitter.com/SXD6KqQlVw
— Castilla-La Mancha Media (@CMM_es) June 28, 2022
do así?
– Pues desgraciadamente, en muchas partes del mundo e, incluso en España, la respuesta es sí. No hemos de olvidar que parte de nuestra comunidad sigue estando patologizada, no sólo en el acceso al reconocimiento de su identidad de género, sino también en las clasificaciones de enfermedades mentales. Tanto es así que el CIE-11 de la OMS, adoptado en 2019, sigue considerando a las personas trans como personas con “condiciones relacionadas con la salud sexual”, por lo que sólo se ha producido su despsicopatologización, pero no dejan de estar categorizadas como personas “enfermas”. De hecho, la fiscalización y policía institucional que se hace de las identidades trans es lo que determina que, estadísticamente, estas tenga un doble de probabilidades de ser sometidas a “terapias de conversión” que las personas cis, dado que tienen que ser propios profesionales de la salud quienes certifiquen y validen su identidad, lo que abre espacios para que los perpetradores de estos abusos actúen con mayor impunidad.
Con respecto a la orientación sexual, hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años, ya que con la modificación del CIE-11 se eliminó la patologización de la “homosexualidad egodistónica”, que era aquella dolencia consistente en el rechazo a la orientación sexual propia y el deseo de modificarla, y que empleaban muchos profesionales para tratar médicamente a “homosexuales que querían dejar de serlo”.
Y bueno… en relación con el pecado, pues no se ha avanzado mucho realmente. El Catecismo de la Iglesia indica en sus párrafo 2357-59 que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad” debido a que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso”. Tal como señala la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986, “la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral”. Por tanto, a pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables.
– No existe una definición estandarizada y común de las “terapias de conversión” ni a nivel internacional ni nacional. Desde la Asociación, y a nivel personal, las definimos poniendo en el centro su finalidad, es decir, el hecho de que todas las “terapias de conversión” se caracterizan por el objetivo común de querer modificar o anular la identidad y/o expresión de género de las personas contra las que se dirigen, así como su orientación sexual, para «acomodarlas» a los cánones cisheteronormativos imperantes en nuestras sociedades. Tal como afirma el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU, “todas las “terapias de conversión” comparten la premisa de que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser extirpadas —expulsadas, curadas o rehabilitadas—, como si fueran algo ajeno a la persona, lo que constituye una visión sumamente inhumana de la existencia”.
En el proceso de documentación que he llevado a cabo, he encontrado casos de desnudez grupal forzada, la castidad forzada por periodos de hasta 270 días, realización de ejercicios “biodinámicos” –consistentes en dar golpes y gritos para liberar energía–, prácticas aversivas –como ponerse una goma elástica en la muñeca y golpearse con ella cuando se sentía deseo sexual–, rezo continuado y del rosario en los momentos de mayor deseo sexual, empleo de técnicas de reprocesamiento traumático como el EMDR–ya que parten que la diversidad sexual y de género es fruto de traumas que hay que sanar–, abrazo-terapia, logopedia, terapia hablada, estudio de textos acientíficos sobre la orientación sexual y la posibilidad de modificarla, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos, así como control diario a través de aplicaciones de mensajería y telefonía como Telegram.
Hay que destacar que el funcionamiento de estos grupos se centra en separar a las víctimas de sus círculos familiares y de amistad, para que dependan emocional y socialmente de los grupos de “itinerantes” y de la propia organización. Les asignan grupos de compañeros, orientadores o supervisores, que les monitorean diariamente, obligándoles a escribir tres veces al día por los chats y exigiéndoles que contacten inmediatamente al grupo cuando tengan deseos sexuales no heterosexuales. También les requieren que asistan a quedadas semanales en las que practican deporte, van a bares o al cine, con el objetivo de afianzar relaciones de “masculinidad sana”. Al integrarles de una forma tan completa en estos grupos, las víctimas cortan lazos con el resto de círculos y los perpetradores se aprovechan de ello para mantener un control leonino sobre ellas, así como para chantajearlas con el ostracismo en el caso de que no progresen adecuadamente.
Finalmente, en España, estos grupos también remiten a aquellas víctimas que “no avanzan en su recuperación de la cisheterosexualidad” a psiquiatras con los que colaboran. Estos, tras realizarles una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les diagnostican el origen de su homosexualidad, bisexualidad o identidad de género no cis, y les prescriben medicamentos para otras dolencias –generalmente para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia–, entre cuyos efectos secundarios se encuentra la reducción o eliminación de la lívido. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente.
– ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas prácticas?
– La Iglesia tiene una doble responsabilidad que, desgraciadamente, está ignorando de forma deliberada. En España, los principales perpetradores de “terapias de conversión” son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. En concreto, estos grupos se llaman “Es Posible la Esperanza” y “Verdad y Libertad”, operando en distintas regiones de España y con muchas sedes organizadas jerárquica y estructuralmente.
Por un lado “Es Posible la Esperanza” o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez – capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los Obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral” para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.
No sólo eso, sino que diferentes personalidades de la Iglesia, obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge–en connivencia con seglares al frente de los diferentes COF –como José María Gea Rosat, Federico Mulet Valle, Isabel Lacruz Silvestre o Marisa Vendrell Sahuquillo– han promocionado los itinerarios ofrecidos por EPE, “acompañado” a personas en su proceso de maduración de la masculinidad/feminidad, captado a potenciales itinerantes y participado en las convivencias periódicas que se hacían en esta asociación, así como fungido como orientadores y miembros de los grupos de apoyo.
Por otro lado, está el caso de Verdad y Libertad (VyL), que es quizás todavía más sangrante. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020. En diciembre de dicho año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de 6 o 5 obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà, Arturo Pablo Ros Murgadas o Francisco Javier Martínez Fernández– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.
En abril de 2021, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española abordó este tema y el informe, limitándose a destacar que VyL no es una organización reconocida por la Iglesia y a animar a “quien se considere afectado o víctima que denuncie por la vía civil, porque desde el punto de vista canónico no se puede frenar lo que hacen”. Es decir, al igual que en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia, esta institución se ha desmarcado sin cesar a ningún miembro del clero ni publicar los informes y las investigaciones llevadas a cabo.
Junto a estos miembros de la Iglesia, operan otros sacerdotes de diferentes diócesis y parroquias como la Parroquia de San Mateo Apóstol, la de San Leandro Obispo, la de San Carlos Borromeo de Ontinyent, la de la Sagrada Familia de Torrent, la de la parroquia de S. Pío X de Algemesí o la de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla. No sólo eso, sino que en VyL, para poder acceder a los grupos e iniciar el itinerario de 270 de castidad, Miguel Ángel obligaba a los futuros itinerantes a asistir durante 6 u 8 semanas a sesiones de “terapia psicológica” con Lourdes Illán Ortega o con Juan Mayo, quienes hacían un test para evaluar la herida de los pacientes y trabajaban fichas, por un “módico” precio de 60 euros/sesión.
Así mismo, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultra-conservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de estas víctimas, prescriben fármacos, previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros/sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
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– El Gobierno está a punto de aprobar la ley que prohibirá las terapias de conversión.
– Bueno, realmente la Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. Lo que ha sucedido es que el Consejo de Ministros a aprobado el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI y ha acordado registrarlo como Proyecto de Ley ante el Congreso, comenzándose ahora el procedimiento de tramitación parlamentaria y pudiendo modificarse el texto mediante enmiendas.
Con respecto a la ley, el problema es que replica un modelo desfasado, inútil e inefectivo, ya que impone un prohibición genérica de “practicar terapias de conversión” y establece un régimen sancionador en el que se pena con multa a quienes las practiquen o las promuevan. Este régimen no es nuevo, sino que, en la actualidad, 8 Comunidades Autónomas –la Comunidad de Madrid,Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Región de Cantabria, Canarias, La Rioja y Castilla La Mancha– ya tienen un sistema sancionador. Sin embargo, en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de “terapias de conversión”, a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años. Esto se debe a varios factores:
Por un lado, hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas prácticas, que deriva de una imposibilidad competencial de ordenar la práctica de diligencias de investigación para esclarecer hechos, como la práctica de “terapias”, que no trascienden a la esfera pública, se lleva a cabo en locales privados de la Iglesia y se capta a las víctimas por redes de contactos y clientelares. Ello se debe a que, para la intervención de comunicaciones, entrada y registro de instalaciones; así como incautación de diferentes materiales, es necesaria la intervención judicial.
Paralelamente, los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, sin reconocer ningún derecho a las víctimas o a la sociedad civil más allá de conocer la decisión de sobre la iniciación del procedimiento o el archivo de las denuncias. Ello impide que las víctimas o la ciudadanía pueda participar efectivamente en la investigación de estos abusos, y abre la mano a que los órganos competentes no actúen con el celo necesario, limitando las posibilidades de que rindan cuentas por su inacción. Por ejemplo, el único caso de “terapias de conversión” que fue sancionado, en septiembre de 2019, fue anulado por el 13 de julio de 2021, por la sentencia núm. 898/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indicaba que la Comunidad de Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento vulnerando los derechos de la sancionada, actuando de forma fraudulenta.
Análogamente, el 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social acordó no iniciar un procedimiento sancionador, tras 31 meses de espera, contra el Obispado de Alcalá alegando que sólo disponía de pruebas obtenidas sin el consentimiento de los infractores. A la sociedad civil, nos notificaron esta decisión en mayo de 2022, cuando ya habían prescrito las infracciones. Este hecho, deja entrever que el modelo de tutela administrativa de estos abusos se queda absolutamente corto ya que las autoridades competentes no tienen facultades para ordenar la práctica de diligencias de investigación necesarias, para las que sería necesario contar con la intervención de un órgano judicial.
Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad” así como contra una coach madrileña que ofrece un curso online titulado “Camino a la heterosexualidad”; Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad”. Así mismo, ni el Govern de la Comunidad Valenciana ni la Junta de Andalucía han actuado contra la asociación Verdad y Libertad, a pesar de que se han denunciado estos hechos.
En segundo lugar, las sanciones que llevan aparejadas las infracciones de terapias de conversión no son eficaces ni disuasivas para los perpetradores. En el caso de Elena Lorenzo de septiembre de 2019, esta “coach de identidad” que diagnostica Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual y promete curarlo a través de su web profesional, esta señora fue sancionada con una multa de 20.001 euros –anulada posteriormente. La cuantía de esta multa fue recaudada en menos de dos semanas a través de una campaña de crowdfunding orquestada por Hazte Oir. Elena Lorenzo nunca cesó, y continúa a día de hoy, ofreciendo estos servicios previo pago de 80 euros/sesión.
Por tanto, el empleo de sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil.
En tercer lugar, el contexto criminológico en el que se producen y perpetran las “terapias de conversión” en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido sometidas. Diversos estudios, como el titulado “Conversion Therapy and LGBT Youth” y publicado por el Williams Institute, indica que más de la mitad de las víctimas de “terapias de conversión” las sufren durante su minoría de edad.
Paralelamente, el estudio “The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief”, de la LGBT Foundation, señala que sólo una de cuatro víctimas se somete a terapias de conversión sin coacciones de su entorno y que, entre las restantes, un 22% asiste por presión familiar, un 11% por recomendación de su comunidad/líderes religiosos y hasta un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores. Este contexto victimológico determina que las víctimas no tengan posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades administrativas y sufrir un procedimiento que las revictimice y las aísle de sus entonos.
Finalmente, los tipos penales existentes –estafa, intrusismo profesional, delitos contra los consumidores o el delito de lesiones– no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas y sólo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las ‘terapias de conversión’ en sí. Es decir, su objetivo tendente a la eliminación y represión de la identidad y de la diversidad sexual y de género.
Es por todo esto que desde No Es Terapia exigimos ahora a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que modifiquen el Código Penal, creando un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdiccionesentre las que se incluye Francia, Malta, Alemania, Canadá, Nueva Zelandia, Ecuador o diferentes Estados Mexicanos.
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El pasado mes de mayo, Los obispos y las obispas de la Iglesia Anglicana de Gales celebraban que el Gobierno galés prohíba las “terapias” de conversión antiLGTBI. El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre, por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.
Sin embargo, hace unos días conocíamos que Boris Johnson cedía a la presión del lobby transexcluyente y dejará fuera de la prohibición de las «terapias» de conversión la identidad de género. Y más recientemente, el Consejo General del Poder Judicial español criticaba en su informe no preceptivo, la prohibición de las mal llamadas terapias, en el proyecto de la ley Trans española. A esto se sumaban las desafortunadas palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos de la extrema derecha, Díaz Ayuso quien no sancionará al obispo homófobo Reig Plá por las terapias para ‘curar’ la homosexualidad’.
La situación en otros países
Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Le siguió Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.
En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de Oregon, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo hemos aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.
Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».
Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y Juan Antonio Reig avalarían estas prácticas
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Fuente Religión Digital /Cristianops Gays
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