El Tribunal de Apelaciones de las Islas Caimán ha resuelto a favor del Gobierno insular y ha revertido la sentencia que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. De esta manera, en el territorio británico vuelve a estar vigente la legislación que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A su vez, el Tribunal de Apelaciones ha ordenado a las autoridades ejecutivas que creen una figura legal que otorgue derechos a las parejas del mismo sexo, aunque no fija un plazo determinado, sino que urge a que se realice con la mayor celeridad posible. De esta manera, las personas LGTB de las Islas Caimán ven cómo pierden un derecho que se les había reconocido.

El pasado mes de marzo, el Alto Tribunal de las Islas Caimán dictaminaba a favor de Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, que habían presentado una denuncia en abril de 2018 por habérseles denegado en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. El presidente del Alto Tribunal, el juez Anthony Smellie, resolvió que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo era contraria a la Constitución de las Islas Caimán.

El juez Smellie también ordenó en su sentencia que el Gobierno reformase el artículo de la Ley de Matrimonio que definía la institución como «la unión entre un hombre y una mujer» para que quedase calificado como «la unión de dos personas como cónyuges». Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la decisión del Alto Tribunal y presentó el correspondiente recurso en el mes de agosto.

Tras estudiar el recurso y dar audiencia a las partes, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto a favor del Gobierno y ha anulado la sentencia del Alto Tribunal, al considerar que la legislación sobre el matrimonio sí se ajustaba a la Constitución de las Islas Caimán. Sin embargo, también ha ordenado al Gobierno que otorgue a Chantelle Day y Vickie Bodden Bush los mismos derechos que a una pareja legalmente casada. Asimismo, insta a que se cree con la mayor celeridad una figura legal que otorgue a las parejas del mismo sexo derechos semejantes a los del matrimonio, como podría ser una ley de uniones civiles.

El Tribunal de Apelaciones también ha solicitado a las autoridades del Reino Unido que vigilen que el Gobierno caimanés articule la citada legislación y, en caso de no hacerlo, que legisle al respecto, al hacer constar que el Gobierno no había cumplido la orden dictada anteriormente por el Alto Tribunal. Sin embargo, no fija un plazo determinado para que intervengan las autoridades británicas.

El abogado de las demandantes, Ben Tonner, ha declarado que ambas están estudiando qué pasos van a seguir desde ahora, aunque «son conscientes de que la sección 26(3) de la Carta de Derechos les da el derecho de apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado sobre el asunto del matrimonio». Se trata de la más alta instancia de apelación para los ciudadanos del Reino Unido y de sus territorios.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017) y Bermudas (2018).
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• En febrero del 2020 entrará en vigor en Irlanda del Norte, después de que la Cámara de los Comunes aprobase una legislación que establecía que, de no formarse Gobierno en Irlanda del Norte antes del 21 de octubre, el ejecutivo británico debería aprobar de inmediato el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese territorio.

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de las Islas Caimán ha dictaminado que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo es inconstitucional. Asimismo, ha ordenado al Ejecutivo que modifique la Ley de Matrimonio para que lo defina como «la unión de dos personas como cónyuges». Aunque la orden es de obligado cumplimiento, la Fiscalía estima que el Gobierno deberá tomarse su tiempo para considerar la sentencia. Aun así, un nuevo territorio británico de ultramar se suma a la igualdad de derechos para las parejas LGTB.

La sentencia del Alto Tribunal es el resultado de la denuncia presentada en abril de 2018 por la caimanesa Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, a quienes se les denegó en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. Tras escuchar los argumentos de la defensa de las denunciantes y de la Fiscalía General, el presidente del Alto Tribunal, Anthony Smellie, ha resuelto que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo es contraria a la Constitución de las Islas Caimán. Y lo ha hecho con estas contundentes palabras:

Este Tribunal está obligado a no permitir que la violación de los derechos de las demandantes continúe sin una reparación. La Constitución, en su requisito obligatorio de que la ley sea sometida a conformidad, debe prevalecer. Las demandantes y su hija tienen derecho a que el Tribunal ponga fin de inmediato a las indignidades a las que han sido sometidas.

Lo cierto es que la nueva Constitución del archipiélago, aprobada en 2009, solo se refiere al matrimonio cuando estipula que se debe «respetar el derecho de todo hombre o mujer solteros a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto y formar una familia». Pero en realidad ni define el matrimonio ni lo prohíbe expresamente a las parejas del mismo sexo. La definición queda recogida en el artículo 2 de la Ley de Matrimonio, que lo describe como «la unión entre un hombre y una mujer».

El juez Smellie ha ordenado también que se reforme ese artículo para que el matrimonio quede definido como «la unión de dos personas como cónyuges». El Gobierno debe cumplir con ese dictamen, aunque parece que hay alguna reticencia por parte del fiscal General, Samuel Bulgin, quien a la salida del tribunal declaraba que «comprensiblemente, el Gobierno tendrá que tomarse un tiempo para considerarlo y pensar en cómo seguir adelante». Durante el juicio, Bulgin abogó por la creación de una ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, aun considerando que esa era labor del Legislativo.

Como antecedente, en las Islas Caimán eran reconocidos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países a efectos de consecución de un permiso de trabajo, mediante una sentencia del Tribunal de Apelaciones que adoptaba el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien la justicia caimanesa está sujeta.

Con esta sentencia, y en espera de que el Gobierno acate la orden del Tribunal, las Islas Caimán se suman a los territorios británicos de ultramar donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales. La situación actualmente está estancada, por falta de Gobierno, y la vía judicial ha quedado cerrada.

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La Corte de Apelaciones de Bermudas ha dictaminado en contra del recurso presentado por el Gobierno contra la resolución judicial que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La posibilidad de un nuevo recurso ha quedado agotada en el ámbito judicial estrictamente bermudeño, pero el Gobierno aún tiene 21 días para apelar al Consejo Privado del Reino Unido, cuyo comité judicial aún funciona como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Los activistas LGTB han solicitado al Gobierno que cese en su «insensatez» y dé por concluida su batalla judicial contra los derechos de las minorías sexuales.

Este 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha ratificado la decisión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucionales los artículos de la Ley de Uniones Civiles que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según aquella sentencia, esos artículos hacían prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulneraba la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, al Gobierno bermudeño solo le resta una última instancia judicial, el Consejo Privado del Reino Unido, una institución cuyo comité judicial aún continúa ejerciendo como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha denegado la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso su resolución durante los 21 días que tiene para decidir si recurre al Consejo Privado.

Los activistas LGTB se han felicitado por la resolución de la Corte de Apelaciones y han pedido al Gobierno que cese en sus intentos de seguir cercenando los derechos de las minorías sexuales. «Deténgase», exigían al Gobierno, «ya es hora de que esta insensatez se detenga y se permita que los bermudeños, todos los bermudeños, incluida la comunidad LGTB, se sientan como parte de una comunidad que los acepta con mucho gusto».

Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, resolvió que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Sin embargo, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. El Gobierno, persistió en su actitud y presentó recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente ha ratificado la decisión de la Corte Suprema y declarado incostitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

Fuente Dosmanzanas

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Malas noticias: con la firma del gobernador, John Rankin, la ley que deroga el matrimonio igualitario en Bermudas es ya una realidad. Medios LGTB anglosajones hacen ya referencia al “primer lugar del mundo” en el que se da este paso atrás. Y aunque esta afirmación es discutible (nos viene a la cabeza el triunfo en referéndum de la Proposición 8 en California en 2008), lo cierto es que el simbolismo de la noticia es indiscutible. Era esperada, en cualquier caso: hace ahora dos meses recogimos la aprobación de la medida por la Asamblea de Representantes de Bermudas.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de “cortocircuitar” a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que en lugar del matrimonio igualitario instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. Ahora el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, ha estampado su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Cabe señalar que de no haberlo hecho (opción que según los medios ha sido valorada por el Gobierno británico), John Rankin hubiese abierto una importante crisis política: Bermudas es un territorio británico de ultramar que goza de una autonomía casi plena. El Gobierno británico, a través del gobernador, dirige la política de seguridad y defensa, pero procura no inmiscuirse en cuestiones internas salvo en circunstancias excepcionales. Y con la decisión de no hacerlo, el Gobierno de Theresa May ha dejado claro que este tema no le parece de suficiente importancia.

A partir de ahora, las parejas del mismo sexo ya no podrán contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que hayan tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

Bermudas, un territorio profundamente conservador

Esta regresión de los derechos LGTB no es simo la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos. Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16).

Ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

Está por ver si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial, aunque no parece descabellado que acabe dando lugar a una nueva batalla legal. Como decíamos arriba, hay al menos un antecedente parecido: en 2008, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Meses más tarde, se aprobaba en referéndum una enmienda constitucional que restauraba expresamente la prohibición, a pesar de que unas 18.000 parejas se habían casado ya. En 2010 dicho referéndum fue considerado inconstitucional por un tribunal federal, pero hubo que esperar a 2013 para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos definitivamente validase la decisión. Las bodas volvían a California cinco años después.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

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Este 1 de febrero, la Asamblea de los Estados del Bailinazgo de Jersey ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una contundente mayoría de 43 votos a favor y tan solo 1 en contra. Se culmina así un proceso que se inició en 2015, cuando el Gobierno de la isla presentó ante la cámara su proyecto de ley de matrimonio igualitario. A falta de la obligatoria sanción real, se espera que la nueva normativa entre en vigor en el mes de mayo.

Jersey, que cuenta con unos 100.000 habitantes, es una de las conocidas también como islas Anglonormandas, vinculadas a la corona británica desde tiempos medievales (cuando el rey de Inglaterra y el duque de Normandía eran la misma persona) pero que formalmente no forman parte del Reino Unido. Por ello, los avances en derechos LGTB se han producido con una cierta demora con respecto a este. Por ejemplo, en el Estado británico se aprobaban las uniones civiles (civil partnership) en 2004, pero en Jersey una ley similar tuvo que esperar hasta 2009 para ver la luz y hasta mediados de 2011 para entrar en vigor.

Lo mismo ha ocurrido con el matrimonio igualitario. Mientras que era aprobado en Inglaterra, Gales y Escocia en el año 2014, las dependencias y territorios británicos debían legislar al respecto de manera independiente. El Gobierno de Jersey promovió una iniciativa legislativa en el año 2015, con la pretensión de que el trámite parlamentario hiciera posible el matrimonio entre personas del mismo sexo dos años después.

Sin embargo, se ha tenido que esperar hasta este 1 de febrero para que la Asamblea de los Estados (el parlamento unicameral de Jersey) aprobase finalmente la ley, aunque lo ha hecho con gran contundencia: 43 votos favorables contra un único voto desfavorable. Como es preceptivo, habrá que esperar a la sanción real para que la ley tome efectos, algo que se espera que ocurra en el próximo mes de mayo.

Un territorio europeo más en unirse a la igualdad de derechos de las parejas LGTB. ¡Enhorabuena, Jersey!

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

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El Consejo Legislativo de Santa Elena aprobó este martes un proyecto de ley para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Se trata de la décima dependencia británica que reconoce este derecho, y la primera que lo hace después de que la Asamblea de Bermudas diera marcha atrás y anulara la medida pocos meses después de entrar en vigor. Santa Elena era la única parte del territorio de ultramar que también comprende a Ascensión y Tristán de Acuña en la que el matrimonio era aún excluyente.

La andadura de la igualdad matrimonial en la isla atlántica de Santa Elena comenzó en abril de 2016. El Gobierno de este territorio británico anunciaba entonces una consulta pública sobre el asunto, que se extendió durante un mes y reveló una mayoría de 79 respuestas favorables frente a 66 en contra. El Consejo Ejecutivo decidió, por tanto, enviar la propuesta al Consejo Legislativo para su tramitación parlamentaria. Pero el proyecto de ley fracasó en su primer intento y fue retirado en diciembre del año pasado.

En enero de este año, una pareja de hombres solicitó una licencia de matrimonio en Santa Elena. El funcionario del registro civil remitió la petición a la Justicia después de que se presentaran alegaciones contra la misma tras su exposición pública. La audiencia del caso en el Tribunal Supremo estaba prevista para enero de 2018.

El pasado septiembre, el Consejo Legislativo se reunió para decidir si retomaba el asunto o lo dejaba en manos de la Justicia. Los diputados resolvieron lanzar una nueva consulta pública, cuyos resultados volvieron a ser favorables. El Gobierno remitió entonces el proyecto de ley de matrimonio igualitario al Parlamento, que lo aprobó este martes por una contundente mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra. Ahora solo resta el trámite de la sanción real para que entre en vigor.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto.

Con Santa Elena ya son 9 los territorios de ultramar británicos que han concedido los mismos derechos a las parejas del mismo sexo. Los restantes son las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, la base de Acrotiri y Dekhelia, Gibraltar, el Territorio Británico del Océano Índico, la isla Ascensión y Tristán de Acuña. Estos dos últimos, de hecho, conforman con la isla de Santa Elena el territorio de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. El matrimonio igualitario en Bermudas, vigente durante varios meses por decisión judicial, será reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes.

En cuanto a las dependencias de la Corona, Guernsey y la isla de Man cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Alderney, una dependencia a su vez del bailinazgo de Guernsey, el matrimonio igualitario es posible desde el pasado 13 de diciembre. La dependencia restante, Jersey, ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley al respecto.

En el propio Reino Unido en sí, existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, los conservadores protestantes de Irlanda del Norte siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo para ocasiones especiales acordado en los procesos de paz.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Acrotiri y Dekhelia, Alderney, Ascensión, Bermudas, Discriminación, Escocia, Gales, Gibraltar, Guernsey, Inglaterra, Irlanda del Norte, Isla de Man, Islas Pitcairn, Jersey, Matrimonio, Reino Unido, Santa Elena, Tristán de Acuña, Uniones Civiles

La Asamblea de Representantes de Bermudas ha aprobado un proyecto de ley que crea la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, y revierte la posibilidad, abierta por decisión judicial, de que se incluyan en la institución del matrimonio. La medida ha sido aprobada por 24 votos a favor y 10 en contra. Esta regresión de los derechos de las parejas LGTB es la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de este 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. La jueza consideró que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo ha sido, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. Esta nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

El diputado del Partido Laborista Progresista Lawrence Scott afirmó durante la deliberación en la Asamblea que “la comunidad LGBTQ obtiene los beneficios que ha estado pidiendo, mientras se mantiene la definición tradicional de matrimonio”, tras lo que explicaba que “hasta ahora, podían tener el nombre de matrimonio, pero sin los beneficios. Después de la aprobación del proyecto de ley, obtendrán los beneficios, pero no el nombre de matrimonio. Los beneficios son lo que realmente quieren”. Desde la oposición, el resumen es muy distinto. La diputada de One Bermuda Alliance Patricia Gordon-Pamplin ha considerado que “hemos dado algo a una comunidad tan solo para arrebatárselo”, a lo que añadía “no me parece que esté bien que tratemos a nuestros hermanos y hermanas de manera diferente en algo que es similar”.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Ignoramos si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política del Reino Unido es algo complicada, lo que hace que la extensión del matrimonio igualitario se encuentre con dificultades especiales en comparación con otros países.

En el Reino Unido estrictamente hablando, las legislaciones sobre el matrimonio igualitario están vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia, quedando tan solo Irlanda del Norte como el único reducto que se resiste a la igualdad en el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

En cuanto a las tres dependencias británicas, la Isla de Man aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en abril de este 2017, el Bailinazgo de Guernsey lo hizo en el mes de septiembre, y en el Bailinazgo de Jersey se espera una votación final al respecto, que podría tener lugar el próximo 30 de enero de 2018. Hay que señalar que el Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, sus propias dependencias, Alderney y Sark, donde no se aplicó el derecho al matrimonio igualitario. Sin embargo, Alderney aprobó el pasado mes de octubre una resolución favorable, que está a la espera de la convalidación por la jefatura del Estado.

De los catorce territorios británicos de ultramar, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en Gibraltar, las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la base de Acrotiri y Dekhelia. En el territorio formado por Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, solo es legal en las dos últimas. No está permitido en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Montserrat, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos. En las Islas Caimán, sin embargo, sí se reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo contraídos en otras circunscripciones.

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Las islas Bermudas se convierten en el séptimo territorio británico que permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. La magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció el viernes pasado a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. El fallo establece una interpretación incluyente con las personas LGTB de la ley sobre matrimonio vigente, que se deberá reformar.

En junio del año pasado, la población de Bermudas, territorio británico de ultramar situado frente a la costa este de los Estados Unidos, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya sea en forma de matrimonio o de unión civil. El reférendum, consultivo y no vinculante, no alcanzó sin embargo el quórum necesario para ser considerado válido.

El fracaso del plebiscito abría la puerta al Parlamento para aprobar a medio plazo una norma (posiblemente de uniones civiles) sin sombra de ilegalidad. Ese es el deseo, por ejemplo, del ex primer ministro sir John Swan, que en su momento llegó a votar en contra de despenalizar las relaciones homosexuales y que ahora se muestra convencido de las bondades del matrimonio igualitario. El actual primer ministro, Michael Dunkley, había comentado por su parte antes del referéndum que había que seguir la “la voluntad del pueblo”.

Pero paralelamente se había puesto en marcha también la vía judicial. La pareja formada por el bermudeño Winston Godwin y el canadiense Greg DeRoche presentó en julio del años pasado una demanda ante la Corte Suprema después de que el registro civil rechazara su solicitud para contraer matrimonio. La juez Charles-Etta Simmons escuchó las alegaciones en febrero de este año. Tres meses después ha llegado la sentencia.

Simmons considera que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas es incompatible con la de derechos humanos, ya que contiene una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, considera que los demandantes tienen derecho a contraer matrimonio y declara que la ley matrimonial debe interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tiene efectos inmediatos y establece recomendaciones para reformar la normativa, de manera que haga referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

La bermudeña es una sociedad especialmente conservadora. No despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y por ejemplo la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Sin embargo, pese a que la adopción homoparental es posible, no existía hasta ahora ningún reconocimiento jurídico de las relaciones entre personas del mismo sexo.

Bermudas se une ahora a Gibraltar, las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico y la base de Acrotiri y Dekhelia, que completan el grupo de los cuatro territorios de ultramar británicos en permitir el matrimonio igualitario. Las islas Malvinas lo han aprobado el pasado mes de abril. Otros ocho de estos territorios no lo permiten, o lo hacen solo parcialmente (como la Isla Ascensión, que forma parte del territorio de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña), mientras que dos de ellos, Montserrat y las Islas Turcas y Caicos, lo prohíben taxativamente en sus constituciones.

En cuanto a las tres dependencias británicas, la Isla de Man aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo el pasado mes de abril, el Bailinazgo de Guernsey lo hizo en el mes de septiembre, y el Bailinazgo de Jersey lo aprobará previsiblemente este verano.

En el Reino Unido estrictamente hablando, las legislaciones sobre el matrimonio igualitario están vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia, quedando tan solo Irlanda del Norte como el único reducto que se resiste a la igualdad en el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

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El matrimonio igualitario puede “conquistar” en los próximos meses el continente de hielo. El ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido va a actualizar la legislación en varios ámbitos en el Territorio Antártico Británico (BAT) y equipararla a la vigente en Inglaterra y Gales. La definición igualitaria del matrimonio, en vigor desde marzo de 2014, es parte de la normativa que se quiere adaptar.

La Antártida, en función del Sistema del Tratado Antártico, es un área desmilitarizada que no pertenece a ningún Estado. Sin embargo, siete países mantienen reclamaciones sobre partes de su superficie: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. El BAT tiene la consideración legal de territorio británico de ultramar (como Gibraltar).

La normativa local en la zona reclamada por Gran Bretaña en la Antártida no recoge el matrimonio igualitario aprobado en 2013 para Inglaterra y Gales. El ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido redactar una Ordenanza sobre Matrimonio con el objetivo expreso, entre otros, de “permitir que personas del mismo sexo se puedan casar en el Territorio”. La norma establecerá que la ley matrimonial vigente en Inglaterra será de aplicación en el BAT. A partir de su publicación el pasado 2 de agosto, se abre un plazo de dos meses de deliberación e introducción de enmiendas, tras los cuales entrará en vigor la modificación legal. Entre 200 y 250 residentes permanentes en las bases científicas del territorio podrán hacer uso de la medida.

Cuando el cambio legal salga adelante, el BAT se unirá a las islas Pitcairn, que ya reconocen el matrimonio igualitario. En la isla Ascensión (que forma parte del territorio de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña), la medida ya promulgada no entrará en vigor hasta que se apruebe también en Santa Elena. El resto de territorios carecen de igualdad matrimonial, o incluso la prohíben en sus constituciones, si bien Gibraltar y las islas Malvinas han expresado su intención de aprobarla.

Se desconoce el estatus legal del matrimonio igualitario en las zonas reclamadas por los otros países donde estos enlaces son posibles: Argentina, Francia, Noruega y Nueva Zelanda, aunque por el momento es el Reino Unido el único que ha dado un paso para reconocer explícitamente este derecho. Por el momento no se han celebrado bodas entre personas del mismo sexo en la Antártida.

El primer continente “LGTB-friendly”

La primera iniciativa que puso sobre la mesa la igualdad LGTB en el continente polar tuvo lugar el pasado mes de marzo. La organización Planting Peace, famosa por instaurar una “Casa de la Igualdad” con los colores del arco iris frente a la homófoba Iglesia Baptista de Westboro, transportó una bandera LGTB hasta la Antártida para promover el respeto a los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales que vivan en el continente o lo visiten.

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