Por Pilar Salazar

Ilustración: Florencia Capella

Esta semana se presentó en el Congreso de Guatemala un proyecto de ley para sancionar los crímenes por prejuicio. Establece penalizar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Es el segundo intento de reformar el artículo 202bis del Código Penal en un país donde en el año ya se contabilizan 18 crímenes de odio.

Esta vez la ruta estratégica es distinta y la iniciativa, presentada por les diputades Karina Paz, Sandra Morán y Carlos Barreda, “pretende tipificar la conducta de discriminación en cualquier ámbito de la vida de la comunidad LGBTIQ+, entiéndase lo laboral, educativo, salud, justicia, entre otros”.

Paz expresó que es importante impulsar esta reforma para que la comunidad LGBTIQ+ tenga un respaldo legal, pues aunque en la Constitución Política de la República se establezca el derecho al trabajo, la salud y la educación, en la realidad este sector de la población es discriminado. La diputada concluyó con un mensaje a la sociedad guatemalteca: “Que seamos un país más tolerante, incluyente, donde encontremos paz y podamos soñar con que todos gocemos de los mismos derechos”.

Marisa Batres, abogada feminista parte del colectivo Visibles, explicó a este medio la importancia de esta reforma para los derechos humanos:“esta reforma atiende a compromisos internacionales, porque nuestro Estado en el ejercicio de su soberanía forma parte de un sistema internacional de derechos humanos. Este sistema está conformado por varios comités que se han ido especializando en diferentes temáticas, a los que el Guatemala se ha adherido. Constantemente, Guatemala debe presentar sus avances, sin embargo, según el estudio de los Comités, se ha desprendido la necesidad de plasmar expresamente «la orientación e identidad sexual» como una forma de discriminación, ya que Guatemala ha demostrado que no ha garantizado efectivamente el derecho de igualdad y respeto por toda la población”.

Batres piensa que la población LGBTIQ+ no es protegida por el Estado, por ejemplo por los prejuicios de les funcionaries de las entidades estatales.

Allanamiento ilegal

En la madrugada del jueves fue allanado de manera ilegal el local de la “Asociación Somos”, una organización que tiene en su base comunitaria a hombres gays, representada por Marco Loarca, quien estuvo en la presentación de la iniciativa. Loarca contó a Presentes que le robaron un equipo informático y un portafolio que contenía documentos respaldatorios para el proyecto de ley como denuncias, cartas, recortes de periódicos y documentos legales de la asociación.

Henry España, de la Defensoría de la Diversidad Sexual, dijo que la Policía Nacional Civil, Udefegua (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala) y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para establecer lo sucedido.

Fuente Agencia Presentes

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Ramiro Duarte, (Izda) y Vidalia Molina Delgado (Dcha)

Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala

Vidalia Molina Delgado era una mujer trans de El Salvador, pero residía en Mazatenango desde hace ya varios años por desplazamiento forzado a raíz de la violencia en su país de origen. En la noche del viernes 11, desconocidos ingresaron a su negocio “Bar Mery” ubicado en la 2 avenida de la zona 1 de Mazatenango (a 160 kilómetros de la Ciudad de Guatemala) donde le acertaron disparos con arma de fuego en el rostro y torax, según dice el informe policial.

El sábado a las 5:30 am, Ramiro Duarte, un adolescente gay de 15 años (originario del barrio el Mitchal) que había sido secuestrado, fue encontrado muerto. Su cuerpo había sido acribillado con 8 balazos. Los vecinos dijeron que escucharon disparos de arma de fuego a las 11:35 pm del viernes, en la aldea Seneca Morales Izabal (a 308 km de la Ciudad de Guatemala). La misma noche en que asesinaron a Vidalia.

La Red Nacional de la Diversidad, Otrans Reinas de la Noche, Colectivo Visibles y la Oficina del procurador de los Derechos Humanos se manifestaron al respecto repudiando el hecho y exigieron una investigación para dar con los responsables de ambas muertes, perpetradas en menos de 24 horas.

Carlos Romero coordinador de la Red Nacional de la Diversidad Sexual dijo a este medio que hasta el día de hoy el “Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género”  ha registrado 15 asesinatos en Guatemala en lo que va del año de personas LGBT+

Mary*, una amiga de Vidalia, contó que ya había sufrido amenazas de extorsión. Y dice que ya existía una denuncia en el Ministerio Público por esto. Los restos de Vidalia fueron trasladados a su país de origen para ser inhumados.

Según cuenta Saskia Subary*, amiga de Ramiro, el joven había sido expulsado de la casa de sus padres, se había ido a vivir con su abuela y buscó trabajo para sobrevivir. Saskia resalta el miedo a ser libres de quienes viven en esa zona. “Acá nos vestimos de mujer a escondidas. Si lo hacemos libremente somos objeto de discriminación, de rechazo Morales es un lugar muy machista y vivimos con el miedo de que algo nos vaya a pasar”. Ramiro había participado este año en el evento “Miss gay luna roja” en el mismo departamento, como Maris Bell Brown.

El defensor de la diversidad sexual Henry España declaró a este medio que en el asesinato del adolescente, “se puede identificar la saña, ya que se utilizaron por 8 impactos de bala en el rostro, pero también por haber sido secuestrada la persona y luego dejada tirada. Por eso la PDH emitió un comunicado exigiendo al Ministerio Público una pronta investigación y que se identifique que los crímenes tienen un agravio de orientación sexual o identidad de género”.

El texto del comunicado expresó: “El @PDHgt condena la muerte violenta de 2 personas de la diversidad sexual, ocurridas en las últimas 24 horas en Izabal y Suchitepéquez. Expresa su solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos y la comunidad LGBTIQ+. Exige al @MPguatemala y @PNCdeGuatemala realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Rechaza todo tipo de hechos de violencia contra toda persona.”

El 4 de mayo del 2017, la diputada Sandra Morán, de la Bancada Convergencia, presentó una iniciativa de Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio (Iniciativa 5278), con el objetivo de que las personas vivan libres de discriminación por su religión, edad u orientación sexual e identidad de género. Pero dicha iniciativa no ha encontrado respuesta en el Congreso de la República.

*Los nombres de estas fuentes figuran con seudónimos para preservar su seguridad.

Fuente Agencia Presentes

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La iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que debate el Congreso guatemalteco supondría un gran retroceso en los derechos del colectivo LGTB+ y de las mujeres.

Las protestas de los activistas y la presión internacional han logrado retrasar el tercer debate parlamentario previo a su aprobación definitiva.

Amnistía Internacional denuncia que el Congreso de Guatemala está debatiendo una iniciativa de ley que pone en riesgo la vida de miles de niñas, mujeres y personas LGTBI.

Se trata de la 5272, una propuesta que fue presentada por un grupo de diputados conservadores encabezados por el presidente de la Comisión de la Mujer, Aníbal Rojas, y que es conocida como Iniciativa por la protección de la vida y la familia. 

Viniendo de la derecha y con ese título no podemos esperar nada bueno de una ley que, si fuera aprobada (y sobre el papel está a punto de hacerlo), impondría una definición de familia exclusivamente heterosexual, prohibiendo expresamente los matrimonios y el reconocimiento de uniones de hecho entre personas del mismo sexo.También formula el “derecho” a “no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género” y prohíbe promover programas relativos a la diversidad sexual y la “ideología de género” o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.

En la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. La 5272 pretende poner las cosas aún más difíciles y propone modificar el código penal para criminalizar los abortos espontáneos, imponiendo penas de prisión para mujeres que los han sufrido y para castigar a quienes “promuevan o faciliten medios para la realización del aborto”.

Aníbal Rojas, el principal impulsor de la 5272, es uno de esos diputados que basa su actividad política en decir que la familia y la vida no son negociables porque “el país tiene que recuperar sus valores cristianos”.

El rechazo ha sido mayoritario entre muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Para Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, se trata de un descabellado proyecto que amenaza lo que dice proteger: la vida y las familias. Luis Barrueto, de la organización LGTB+ Visibles, afirma que de aprobarse la iniciativa Guatemala volvería al siglo XVIII. Desde su asociación consideran, además, que la propuesta es una cortina de humo para desviar la atención del intento de aprobar otras medidas que otorgarían impunidad a los corruptos. Más o menos lo mismo que ha pasado en Rumanía.

La iniciativa 5272 ya ha superado los dos primeros debates parlamentarios y está a falta de un tercer y último debate para ser aprobada definitivamente artículo por artículo. El presidente, Jimmy Morales, también se ha manifestado a favor de que se apruebe, afirmando que “Guatemala y nuestro Gobierno cree en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer”

Este tercer debate se tenía que haber celebrado ya a principios de septiembre, aunque finalmente no fue así después de una manifestación de rechazo a la 5272 convocada en  las puertas del Congreso. Sandra Morán, una diputada feminista y que es de las pocas que se preocupa por los derechos LGTB+ en el país, agradeció a los presentes por su visibilidad y por luchar por sus derechos.

Morán se muestra optimista y afirmó que “puede que la 5272 ya no regrese, porque ganamos la batalla“. Sin embargo las asociaciones de mujeres, las organizaciones LGTB+ y otros activistas por los derechos humanos dicen que hay que seguir atentos y desde Amnistía Internacional piden que se continúe haciendo presión sobre el gobierno y los diputados guatemaltecos para que finalmente la iniciativa desaparezca de la agenda del Congreso.

Fuentes | Amnistía Internacional, Soy 502, vía EstoyBailando

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