El Congreso de Yucatán ha aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario.

El Estado sigue la estela de Sinaloa y Baja California, que también han avalado la unión entre parejas homosexuales este verano

El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario con 20 votos a favor y cinco en contra. Hace solo tres semanas que Baja California tomó la misma decisión y también este verano, a finales de junio, la unión entre parejas homosexuales fue aceptada en Sinaloa. Con estas tres nuevas resoluciones son ya 22 de los 32 Estados mexicanos los que reconocen este derecho.

En una larga sesión de más de cuatro horas, los diputados de Yucatán han votado a favor de modificar el artículo 94 de la Constitución del Estado para replantear los términos: en vez de algo exclusivo entre un hombre y una mujer,  la reforma aprobada define el matrimonio como «una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica, libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua» y abre la figura del concubinato a todas las parejas.

Yucatán se convierte en la última jurisdicción de México en adoptar una definición igualitaria del matrimonio (ya sea por vía puramente legislativa o por mandato judicial) tras Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Baja California, Puebla, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala y Sinaloa, esta última en junio de este mismo año. Los territorios mencionados albergan al 62% de la población del país

Con 20 votos a favor y 5 en contra, se aprueba matrimonio igualitario #LXIILegislatura #Yucatán pic.twitter.com/b5fgWIPRjo

— Congreso Yucatán (@CongresoYucatan) August 25, 2021

El camino hasta esta reforma no ha sido fácil en la península. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaró inconstitucional prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación. Eso dejaba la responsabilidad en los congresos estatales, que debían modificar su legislación, pero varios de ellos se han negado a corregir sus códigos. Ese fue el caso de Yucatán.

En 2019, en una votación secreta, el Congreso yucateco rechazó el matrimonio homosexual. Pero el colectivo PTFY presentó un amparo contra el Poder Legislativo estatal por ir en contra del mandato de la SCJN y esta obligó a los legisladores a repetir la votación, que finalmente se ha desarrollado este miércoles. La resolución ha sido en esta ocasión aprobada con una amplia mayoría.

No podemos olvidar que, en 2019, Ricky Martin y diversas personalidades exigían al gobierno de Yucatán para que aprobase el matrimonio igualitario.

En la misma sesión, los diputados han prohibido las llamadas terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual, y han aprobado que el delito de feminicidio no prescriba. En este mismo sentido, los congresistas han establecido que en caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja, la patria potestad de los hijos no sea para el agresor sino para los abuelos de los menores.

El matrimonio igualitario en México

En México, el matrimonio igualitario está en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Ciudad de México, de hecho, fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial. En los estados que no celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes deben presentar un recurso de amparo, un trámite que aumenta los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de que una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se han presentado dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conlleva una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas ha sido aprobada.

Con la entrada de Yucatán, Baja California y Sinaloa estos últimos tres meses, el mapa mexicano avanza en la igualdad, iniciada hace 11 años en Ciudad de México. Aunque todavía 10 Estados (Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) se resisten a reformar sus leyes. Las parejas homosexuales de estas entidades tienen que presentar un amparo para que los jueces aprueben la unión caso por caso, en vez de hacerlo con un trámite ante el Registro Civil.

Fuente Agencias/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Aline Sánchez de 41 años fue asesinada en su departamento en Mexicaltzingo, Estado de México (Edomex) el 19 de julio. A 400 kilómetros de ahí, en la ciudad de San Luis Potosí, Fabiola Rivera de 43 años fue asesinada en su estética la madrugada del 21 de julio

Aline Sánchez de 41 años fue asesinada en su departamento en Mexicaltzingo, Estado de México (Edomex) el 19 de julio. A 400 kilómetros de ahí, en la ciudad de San Luis Potosí, Fabiola Rivera de 43 años fue asesinada en su estética la madrugada del 21 de julio. Familiares, amistades y activistas tomaron las calles de cada ciudad y exigen justicia.

A seis días del transfeminicidio de Aline, su familia y activistas exigen que la Fiscalía inicie las investigaciones y apliquen el Protocolo Nacional para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, que entró en vigor en 2018. En San Luis Potosí reclaman que el transfeminicidio de Fabiola sea investigado bajo el mismo protocolo y que a las mujeres trans se las incluya en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por la saña con que les arrebataron la vida a Aline y Fabiola les activistas también exigen que las investigaciones se adhieran a la tipificación de crimen de odio por orientación sexual e identidad de género, causales que el Código Penal del Estado de México y San Luis Potosí contemplan en su artículo 241 y 144, respectivamente.

Los asesinatos de Aline y Fabiola se suman a una ola de violencia letal en México en donde otras seis mujeres trans fueron asesinadas en distintos estados del país en solo dos semanas. Para todas ellas se exige justicia.

La fiscalía del Edomex no investiga 

Aline

El 20 de julio, día siguiente en que Aline fue asesinada, el Congreso del Edomex aprobó las reformas que permiten a las personas trans rectificar su acta de nacimiento. Ese día las activistas se enteraron de su asesinato.

“Nos quedamos en shock. Es muy triste porque nuestra hermana Aline desde su trinchera siempre estuvo arropando esta lucha (ley de identidad). Me da coraje que le haya quitado la vida de esta manera, con tanta saña y violencia, tanta que hasta de un golpe mataron a una de sus perritas. Me da tristeza que no haya podido hacerse justicia jurídicamente porque se va con el nombre con que nunca se sintió identificada, pero eso no significa que las autoridades no deban aplicar el protocolo (mencionado anteriormente) porque esto fue un crimen de odio, un transfeminicidio y exigimos justicia”, contó en entrevista Tanya Vázquez, activista e integrante de Mujeres Trans Famosas Toluca.

La exigencia puntual que hace Vázquez también la reclama la familia de Aline, quienes comentan que luego de una semana la Fiscalía no ha recabado información ni ha hecho las debidas diligencias en el lugar donde fue asesinada Aline. Además, temen por su seguridad.

“Hasta el momento no hay detenidos. Nosotros no queremos entorpecer a la fiscalía pero no queremos que lo dejen al tiempo. Tememos por nuestra integridad porque somos una familia que se da la tarea de dar la cara y enfrentar este tipo de situaciones, tememos por eso y no queremos que quede impune”, explicó el hermano de Aline durante una rueda de prensa.

Presentes logró ponerse en contacto con la Fiscalía luego de varios intentos, al cuestionar el estatus de la investigación y el uso del protocolo sobre el asesinato de Aline, respondieron usando su deadname (el nombre que le asignaron al nacer) y agregaron sin dar más detalles: “estamos trabajando en ello”. A la fecha, ningún comunicado de prensa de la Fiscalía da cuenta de este crimen o del avance de la investigación.

“Este gobierno fallido no hace acciones para prevenir, erradicar, y sancionar este tipo de conductas derivadas del machismo que nos desvaloriza y ya basta. No nos vamos a quedar calladas, nuestras vidas valen, nuestras vidas también cuentan”, aseveró en entrevista.

Aline, “alegre y luchadora social” de Mexicaltzingo

San Mateo Mexicaltzingo es un municipio ubicado en el Estado de México, entidad que geográficamente rodea la capital del país. Sus habitantes lo nombran a secas Mexicaltzingo, que en náhuatl significa “lugar donde habitan los distinguidos mexicanos” y no es para menos, Aline le hizo honor a ese significado.

“A Aline la admiraban muchísimo en el municipio por todo lo que ella aportaba. Es un símbolo LGBT y trans dentro de Mexicaltzingo porque fue una de las primeras personas en dar a conocerse sin miedo y su hermano y su familia siempre la defendían”, comentó a Presentes una fuente que prefiere el anonimato.

Esta misma percepción la tiene un amigo de Aline quien dijo a Presentes: “no hay quien no sepa quién es Aline y lo que hizo por la comunidad LGBT y personas con problemas de adicción, ella es una luchadora social incansable, su sueño era abrir un grupo AA (alcohólicos anónimos) especialmente para personas de la diversidad. Además pa’ todos lados contagiaba con su alegría, era (una) gran imitadora de Ninel Conde… su canción favorita era la del bombón asesino”.

La tarde del 21 de julio fue despedida por su familia, amistades, activistas y cientos de personas que la conocieron de ese y municipios aledaños a Mexicaltzingo. Durante el recorrido familiares y mujeres trans cargaron su ataúd, ondearon banderas del arcoíris, se escuchó su canción favorita, música de mariachi y gritaron “¡justicia para Aline!”.

La fiscalía revictimiza a Fabiola. La prensa habla de “crimen pasional”

Fabiola

El día que fue despedida Aline, en la ciudad de San Luis Potosí, al centronorte del país, Fabiola Rivera fue asesinada en su estética, tenía 41 años y, de acuerdo a reportes de la Fiscalía, su cuerpo presentaba heridas de arma blanca. En su comunicación la autoridad se refirió a Fabiola en masculino, después como “persona que se identificaba con identidad de género femenino ante el registro civil”. Pese a tener su rectificación de acta, nunca se refirieron a Fabiola como mujer.

Martín Ortiz, amigo de Fabiola se enteró del asesinado de su amiga tras ver un video de un medio local que tildó el asesinado como un “crimen pasional”. 

“Fue muy impactante. La había visto apenas el domingo en el bar celebrando su cumpleaños. Ella disfrutaba mucho lo que hacía, su independencia y su muerte fue agresiva, fue un crimen de odio, de transfobia, no es un hecho aislado porque ser mujer en este país es algo que te pone ya en peligro, y ahora ser mujer trans todavía lleva más cargas simbólicas de discrimianción, de muchas ofensas, de pérdida de oportunidades. La sociedad potosina (de San Luis Potosí) piensa que las mujeres trans son un chiste, las despersonalizan, le quita este sentido humano. Esta ola de violencia por odio, transfobia, impacta porque no somos una ciudad tan grande para que haya este número de casos tan seguidos, por eso nos consterna y nos preocupa y darle el tratamiento de crimen pasional es quitarle el sentido de víctima a Fabiola”, comentó Martín en entrevista con Presentes.

Así como él, los activismos de San Luis Potosí también reclamaron la violencia simbólica que ejerció la Fiscalía y la prensa al no respetar la identidad de género de Fabiola y exigieron que se investigue y se aplique la agravante de crimen de odio.

“Es momento de nosotrans, de que el miedo lo tengan los agresores, que el miedo lo tenga el Estado y nunca más nosotras”, comentó Vanessa Hernández, activista trans.

Exigen justicia y no más transfobia

Tras el tratamiento de la Fiscalía, distintos colectivos LGBT organizaron una manifestación el viernes 23 de julio. A la marcha asistieron cerca de 200 personas entre familiares, amistades, conocides, activistas y mujeres trans de esa ciudad.

Durante la manifestación las dos consignas principales fueron “¡justicia para Fabiola!” y “¡no más transfobia!”. La marcha tuvo como destino final la Fiscalía General de San Luis Potosí donde les manifestantes entraron a las instalaciones, exigieron la salida del fiscal y en las escaleras montaron un memorial con veladoras, banderas trans y fotografías de Fabiola.

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Activistas exigen condenar crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+ en San Luis Potosí tras el asesinato de dos personas.

Un joven de casi 18 años y Jesús Torres, un hombre travesti, fueron encontrados sin vida en San Luis Potosí, de acuerdo con el diario Pulso San Luis Potosí. Ambos fueron localizados este fin de semana. El primero en la Colonia Industrial y Jesús Torres en una zanja en Ciudad Valles.

Aunque San Luis Potosí es uno de los 12 estados de la República Mexicana donde están tipificados los crímenes de odio, la Fiscalía no ha levantado ningún protocolo para investigar los dos asesinatos.

San Luis Potosí es uno de los 12 estados que sí tipifican los crímenes de odio en su legislación. Sin embargo, la violencia hacia la comunidad LGBT+ ha ido a la alza.

Todo indica que fueron crímenes de odio

Al respecto, el presidente de la asociación Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, Andrés Costilla Castro, pidió que estos crímenes de odio no quedaran impunes. Asimismo, indicó al medio Quadratín San Luis Potosí que lamenta que la ley no esté contemplando un tipo penal específico para castigar estos asesinatos.

«Las circunstancias que mostraron indican que puede ser un crimen de odio. En este caso, hubo daños, golpes, hay que saber si hubo signos de violación. Y saber que si es un crimen de odio, que si bien no está tipificado, implicaría que hubiera una investigación más seria».

Es por ello que pidió a la Fiscalía General del Estado contar con un protocolo de crímenes de odio para realizar las investigaciones pertinentes. También pidió a las corporaciones municipales y a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que busquen prevenir la incidencia de delitos contra la comunidad LGBT+. Según Costilla Castro, este incremento en la violencia hacia el colectivo LGBT+ podría ser una respuesta LGBTfóbica a la aprobación del matrimonio igualitario y cambio de identidad de género en el estado. (Esta fue la reacción de grupos católicos al matrimonio igualitario en San Luis Potosí).

Sobre los crímenes de odio en San Luis Potosí, Costilla Castro recordó el cometido contra un médico homosexual hace dos años, donde la víctima fue calcinada. Otro caso fue el de las mujeres trans asesinadas sobre la carretera 57. Y tampoco hay que olvidar la alerta emitida entre 2015 y 2016 por la Procuraduría General del Estado. En esta, se avisaba sobre la existencia de un grupo de personas que subía personas LGBT+ a sus vehículos para violentarlas.

Es urgente que la Fiscalía y todas las instancias de seguridad en San Luis Potosí tomen cartas en el asunto, empezando por establecer los protocolos necesarios para prevenir los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+. Especialmente considerando que, de los 32 estados de México, San Luis Potosí es uno de los 12 donde sí están tipificados los crímenes de odio.

Con información de Pulso San Luis Potosí y Quadratín San Luis Potosí, vía Soy Homosensual

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Un grupo de activistas que defienden los derechos de las personas LGBT en San Luis Potosí decidió presentar una denuncia en contra del arzobispo Jesús Carlos Cabrero y del vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Priego Rivera, por sus discursos y comentarios de odio en contra de las personas de la diversidad sexual y los matrimonios igualitarios.

Los activistas informaron que la denuncia será presentada ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pues tras la aprobación del matrimonio igualitario en San Luis Potosí  ambos líderes religiosos emitieron comentarios que pueden representar invitaciones y justificaciones al odio y la discriminación hacia las personas LGBT.

“El arzobispo sigue con sus dichos homofóbicos y estos casos se han visto en otras partes, de que cuando la iglesia se manifiesta en contra, empieza a haber una serie de actos, amenazas que después se pueden traducir hasta violencia, y no queremos llegar a esos extremos”, explicó Paul Ibarra, integrante de la organización civil Red de Diversificadores Sociales.

También dijo: “La Secretaría de Gobernación tiene que establecer medidas para que las personas sean sancionadas por estos actos. Puedes ser muy ministro de culto, pero tienes una obligación constitucional que cumplir y si no lo haces, debes tener alguna sanción”.

Luego de que el pasado 16 de mayo el Congreso de San Luis Potosí aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, Jesús Carlos Cabrero emitió un comunicado en el que señaló que una ley aprobada en el congreso no significa que sea positiva o “moralmente buena”; además, insistió en que “una ley no puede destruir lo que es esencial. Desde los más remotos años, el matrimonio se entendió que se hacía efectivo entre dos partes opuestas, pero complementarias: hombre y mujer. Nunca, hasta hace muy pocos años, no entendemos por qué, esta milenaria institución jurídicamente se atacó y terminó por quererla destruir”, señaló el prelado en su comunicado.

San Luis Potosí a 16 de mayo de 2019
Comunicado urgente pic.twitter.com/KnKNC4OvAr

— Arquidiocesis SLP (@ArquidiocesiSLP) 19 de mayo de 2019

Sobre estas palabras, Paul Ibarra dijo que los líderes religiosos veces olvidan que también están sujetos a la ley y respetar los derechos de todas las personas, por eso señaló que es importante presentar una denuncia ante la Secretaria de Gobernación.

Con información de El Pulso de San Luis y Quadratín.

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Este 24 de abril la Comisión de Justicia del Congreso de San Luis Potosí votó por mayoría en contra de la iniciativa destinada a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las bancadas del PRI, Partido Verde y PAN fueron quienes se opusieron a la reforma de diversos artículos del Código Civil y Familiar el Estado para posibilitar estas uniones.

Los diputados y diputadas que votaron en contra fueron Sonia Mendoza, María del Rosario Sánchez, Edgardo Hernández y Rubén Guajardo. Mientras que las diputadas Paola Arreola Rojas y Marité Hernández se posicionaron a favor.

Los opositores recurrieron a argumentos basados en encuestas y en el supuesto derecho divino; asimismo, indicaron que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, dichas posturas no son vinculatorias con las entidades federativas debido a su autonomía.

La iniciativa del matrimonio igualitario en la Comisión de Justicia del @CongresoEdoSLP fue rechazada.

En contra: @RubenGuajardoB, @charolizate, @SoniaMendozaSLP y Edgardo Hernández.
A favor: @marite_correa y Paola Arreola.
Ausente: @bettybenavente.

🔗 https://t.co/xNwsV5Cw3J pic.twitter.com/b3OCC1HUjD

— Alex Orué 🏳️‍🌈 (@Alex_Orue) 24 de abril de 2019

El fallo final señala que no se puede redefinir el matrimonio, ya que es “la génesis de la humanidad”, además argumenta que en el derecho romano el matrimonio es definido como la unión entre un hombre y una mujer.

Por su parte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí dijo estar en contra de la decisión del congreso, pues que para las parejas del mismo sexo representa la posibilidad de que diversos derechos les sean reconocidos con el acceso al matrimonio.

“La postura nuestra es muy clara, totalmente a favor, y el llamado también es muy respetuoso desde luego a las y los legisladores a que pugnen por la mejor decisión que este apegada y acorde a los Derechos Humanos”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, enfatizó: “A nosotros nos entristece mucho esta decisión”.

La diputada de morena Alejandra Valdés Martínez, quien fue la encargada de presentar esta iniciativa, explicó que el dictamen será enviado a la Comisión de Derechos Humanos, la cual es integrada mayoritariamente por diputados de su partido, por lo que existe una posibilidad de que sea aprobada.

Nuestros derechos quedaron en manos de esos dos FASCISTAS, Edgardo Hernández y Sonia Mendoza.

Lxs heterosexuales jamás van a vivir la opresión que vivimos las personas LGBTIQ y aún así tienen la audacia de decidir por nosotrxs. https://t.co/JteOrdQyuk

— Amanda Gris (@MeninoLambrini) 24 de abril de 2019

Fuente Desastre.mx

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Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

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Insultar al colectivo LGTB no sale gratis en México. Quizá debió pensar lo contrario Arturo Arriaga Macías, candidato a gobernador en San Luis Potosí por el Partido de Encuentro Social (PES), quien presumiría de conseguir rédito político al comparar narcotráfico con homosexualidad, en un país donde los cárteles de la droga tienen sometida a una buena parte de la población y extorsionados a policías y políticos.

En México, el político Arturo Arriaga Macías  ha comparado el ser gay o lesbiana con el narcotráfico, la lacra social de la drogadicción y la violencia, en una entrevista en el diario El Pulso de San Luis Potosí.

“Vamos a la Zona Media (una de las cuatro zonas del estado), olvidada, donde no ha habido trabajo, el gobierno la ha dejado olvidada, y eso provoca desempleo e inseguridad, donde la drogadicción, el pandillerismo, la homosexualidad, la violencia, el narcotráfico, se han apoderado”, afirmó Arriaga Macías, candidato a gobernar San Luis Potosí por el Partido Encuentro Social (PES).

Además, alzó la voz a favor de la familia tradicional, y puntualizó que que la homosexualidad, el aborto y el embarazo de mujeres solteras son situaciones que rompen con este modelo. “No estamos en contra de los homosexuales, no los condenamos, para nada, son parte de la sociedad”, y lo arregló añadiendo que “cuando hablo de la homosexualidad, como puedo hablar del aborto, de las madres solteras, es que son una ramificación, nosotros creemos en la familia, todo lo demás rompe la familia”.

El ombudsman Jorge Vega Arroyo dijo no compartir las expresiones del candidato a la gubernatura del Partido Encuentro Social (PES), Arturo Arriaga Macías, quien considera a los homosexuales como una amenaza a la familia.

Vega Arroyo aclaró que si bien declaraba al respecto, sus declaraciones no buscaban abonar en “una discusión y un debate que pueda ser propio de campañas políticas”. Sentenció que la Carta Magna establece que no deben existir señalamientos discriminatorios contra las personas por su color de piel, su origen étnico o por sus preferencias sexuales. Aunando a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la conformación de “familia moderna”, como no sólo la integrada por papá, mamá e hijos. Enfatizó que los temas referidos no deben ser motivo de confrontación o rispidez entre la sociedad, ya que las elecciones son una fiesta cívica, consideró. Puntualizó que si alguna autoridad realiza pronunciamientos como el del candidato, la CEDH sí se pronunciaría en contra de manera formal.

Aparte, la Red de Diversificadores Sociales lamentó las declaraciones del aspirante a gobernador y calificó como un “autogol” los comentarios vertidos. El presidente de la ONG Red de Diversificadores Sociales, Paul Ibarra Collazo, sugirió al candidato leer las legislaciones local y federal sobre la inclusión de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersexual (LGBTTTI). El activista por los derechos de las gays adelantó que enviará una carta al Comité Directivo Estatal del PES para que tome cartas en el asunto “a fin de que prepare mejor a sus candidatos”.

General, Homofobia/ Transfobia. Arturo Arriaga Macías, Hugo Eric Flores, México, Ombudsman. Jorge Vega Arroyo, Partido Encuentro Social (PES), Paul Ibarra Collazo, Red de Diversificadores Sociales, San Luis Potosí

Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 150 y 330 del Código Civil del estado mexicano de Baja California Sur que contemplaban la unión entre hombre y mujer como único supuesto de matrimonio.

La exclusión del colectivo homosexual llevó el pasado 8 de agosto a la reivindicación de derechos por parte de un grupo de 18 personas. 14 mujeres y 4 hombres pidieron al Congreso del Estado y al gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, la modificación de los nombrados artículos.

Nolzuly Almodóvar García, que lideró este grupo de 18 personas, cuenta que las parejas que apoyaron y solicitaron el amparo colectivo indirecto exigido a las autoridades, pueden ahora contraer matrimonio con sus parejas en plenitud de derechos. Además, Nolzuly, la representante del primer colectivo LGTB que logra sacar adelante un amparo en la región de Baja California Sur anima al resto de la población a unirse a la legitimidad de su causa y a la lucha por sus derechos.

El próximo 27 de noviembre se interpondrá un nuevo amparo colectivo, así como un recurso de revisión del primer juicio, con la intención de eliminar la anulación de derechos del colectivo LGTB de manera permanente.

Se deja de lado así el supuesto reconocido en el artículo 150 que precisa que “el matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, con el propósito expreso de integrar una familia mediante la cohabitación doméstica y sexual, el respeto y la protección recíproca, así como la eventual perpetuación de la especie”. También se abandona el artículo 330 que enunciaba que “el concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer, libres de impedimentos de parentesco y ligamen matrimonial”.

Otros estados mexicanos interpusieron ya amparos, entre ellos, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Tabacos y San Luis Potosí. Además, el Distrito Federal permite desde el año 2010 la celebración de matrimonios igualitarios, con más de seis mil de ellos en los registros de Ciudad de México entre 2010 y 2013.

Fuente Cáscara amarga

General, Historia LGTBI Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Matrimonio igualitario, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tabacos

Jóvenes durante “Marcha del Orgullo Gay” en el DF, única entidad de México donde existe la figura de Matrimonio Igualitario.

El Matrimonio Igualitario sigue avanzando en territorio mexicano, gracias al instrumento del amparo. Esta vez una pareja gay de San Luis Potosí se convertirán en esposos.

Gracias al amparo 391/2014-III, otorgado por el juzgado sexto de distrito de San Luis Potosí, Jonathan Llanas y Gadiel Martínez podrán unirse en matrimonio, convirtiéndose en la segunda pareja homosexual que lo hace en ese estado mexicano, según informó la organización LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans) Red Diversificadores Sociales.

El primer caso de matrimonio gay en San Luis Potosí, se dio gracias al amparo correspondiente a la sentencia 459/2014 del primer juzgado de distrito, emitido en junio pasado.

Fue después de varios meses de litigio que Llanas y Martínez obtuvieron el amparo, según indicó Red Diversificadores Sociales en un comunicado. La pareja acudió en marzo pasado al Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual para solicitar su unión, sin embargo tras los tramites administrativos, fueron rechazados por el Registro Civil.

Tras la negativa, decidieron interponer un amparo con el apoyo de Red Diversificadores Sociales y la asesoría legal de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos.

El amparo obtenido considera inconstitucional el Artículo 15 del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, que excluye de manera implícita a las parejas homosexuales del derecho a casarse, con lo que se viola lo establecido en la Constitución Mexicana, respecto a la discriminación.

La Red Diversificadores Sociales, en conjunto con la Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP y el Centro “Samuel Ruiz” de Derechos Humanos AC, anunciaron la interposición de más amparos de esta naturaleza.

Trasciende que tribunales de otros estados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sentenciado que prohibir las uniones civiles entre personas del mismo sexo es “inconstitucional” y se trata de franca discriminación contra la población LGBT.

Fuente: SDP Noticias (Con información de Pulso y Milenio), vía SentidoG

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