El Senado estadounidense ha nombrado para el cargo de “Embajador General Para la Libertad Religiosa en el Mundo” a Sam Brownback, un político conservador conocido por sus posturas LGTBfóbicas y antiabortistas.

El Senado de EEUU acaba de nombrar a Sam Brownback, el actual gobernador de Kansas, como “Embajador General para la libertad religiosa en el mundo”. La persona que ostenta este cargo, creado hace 20 años por una ley que el propio Brownback contribuyó a que se aprobara, tiene como misión “combatir la persecución que sufren las personas de distintas religiones alrededor del mundo”. Entre otras cosas, es el encargado, por ejemplo, de asegurar que se respeta la libertad religiosa en los países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales.

Brownback es ex-senador y también lleva un tiempo siendo gobernador del estado de Kansas, al que algunos ya llaman Brownbackistan. Su principal exitazo, que le ha llevado a ser uno de los gobernadores estatales menos queridos, ha sido revitalizar la economía estatal a base de recortes (o más bien verdaderos hachazos). Ha limitado la inversión pública en prácticamente todo, e incluso se ha negado a aceptar fondos federales para financiar algunas partidas como la de sanidad. Él, por otro lado, vende una cierta recuperación económica tras su gestión como un éxito, aunque otros estados que limitan con el suyo han visto como la economía mejoraba igual sin tener que sufrir su administración.

Nuestro amigo Sam el gobernador se convirtió al catolicismo (de hecho es el primer católico que ocupa el cargo) y en general defiende con el entusiasmo del fanático neoconverso todas sus posturas más retrógradas. Precisamente su línea antiabortista y LGTBfóbica es lo que tiene a la caverna aplaudiendo el nombramiento de un católico pro-vida y pro-familia. En realidad, la única cosa buena que podemos decir de este señor es que en general, salvo casos muy concretos, no está a favor de la pena de muerte porque considera que es contraria a su discurso pro-vida.

La LGTBfobia de Brownback no es ningún secreto y viene de lejos. Considera la homosexualidad una inmoralidad contraria a la doctrina católica a y la ley natural, sin aditivos ni colorantes. Se ha opuesto sistemáticamente a cualquier ley que supusiera un avance para el colectivo LGTB+ y está en contra tanto de las uniones civiles para parejas del mismo sexo como del matrimonio igualitario, del derecho a la identidad de género, de las leyes federales contra los crímenes de odio. A ojos de la mayoría de líderes religiosos esa lista de “convicciones” ha supuesto un enorme mérito para acabar ocupando este cargo. Brownback, además, fue un firme defensor del “Don’t ask, don’t tell” y trabajó activamente con grupos homófobos para intentar prohibir el matrimonio igualitario a nivel federal.

Su nombramiento se realizó después de una votación especialmente ajustada, en la que ganó por 50 votos a favor frente a 49 en contra, y en la que fue definitivo el voto a favor del vicepresidente (y compañero en la LGTBfobia) Mike Pence.

Once again: Gov. Brownback is about to become an international ambassador for “religious freedom”. He has refused to condemn anti-#LGBTQ laws, including those with death penalty sentences. “Concerning” is an understatement. pic.twitter.com/TOlHUpF6eb

— Lambda Legal (@LambdaLegal) 24 de enero de 2018

Poco antes de ser elegido grupos LGTB+ como Lambda Legal, que ven en esta elección un intento de internacionalizar la política poco nada LGTBfriendly de Trump y Pence, recordaban lo poco apropiado de una persona como él para el cargo, como dicen en este tuit: “El Gobernador Brownback está a punto de convertirse en embajador internacional de la “libertad religiosa”. Se ha negado a condenar las leyes anti-#LGBTQ, incluso las que suponen una condena de pena de muerte. ‘Preocupante’ es decir poco”.

Durante la sesión de nombramiento Tim Kaine, un senador demócrata, quiso saber sobre su decisión de derogar las leyes que protegían a los empleados LGTB+ contratados por el estado de Kansas contra posibles discriminaciones, y también le señaló que había personas LGTB que eran perseguidas por su identidad y orientación en muchos de esos países en los que Brownback defenderá la libertad religiosa.

En concreto, la pregunta que le hizo al que ya es embajador fue “¿Existe alguna circunstancia en virtud de la cual penalizar, encarcelar o ejecutar a personas basándose en su condición de LGBT podría considerarse aceptable porque alguien afirma que están motivadas por motivos religiosos para hacerlo?”

Y no podemos hacer más que aplaudir con las orejas, porque ya sabéis que parte de la tontuna en la que basan la LGTBfobia católica es que dicen estar en contra de cualquier discriminación injusta de las personas LGTB+ (sin dejar claro jamás cuáles son las justas) mientras siguen oponiendose, por ejemplo, a la despenalización de la homosexualidad en todos los países donde exista ese debate.

Todos los senadores demócratas votaron en contra de su nombramiento y varios de ellos no dudaron en justificar su rechazo en base a su historial de discriminación LGTBfóbica. Además recordaron que Brownback tampoco ha sido especialmente tolerante con personas de otras religiones.

Sam Brownback has a history of discrimination against our country’s LGBT and Muslim communities. That is troubling for someone who is supposed to fight for religious freedom across the globe. I voted against this terrible nomination. https://t.co/IltmRxFwxX

— Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) 25 de enero de 2018

“Sam Brownback tiene un historial de discriminación contra las comunidades LGTB y musulmana en nuestro país. Es algo preocupante para una persona que se supone ha de luchar por la libertad religiosa por todo el planeta. He votado en contra de esta terrible nominación.“

De hecho hay muchos en Estados Unidos que dicen que el nuevo embajador lo va a tener difícil, por decirlo suavemente, para presentarse a defender la libertad religiosa en países como Siria cuando la administración de Trump sigue obsesionada con evitar la entrada de personas de muchos países basándose únicamente en que ellos consideran que son musulmanes.

Fuente | The Washington Post, vía EstoyBailando

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Ampliamos la noticia que yer mismo pubicábamos: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército.

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Un político abiertamente anti-LGTB, embajador para la libertad religiosa

Otro de los políticos más abiertamente LGTB de los Estados Unidos es el gobernador de Kansas, el republicano Sam Brownback, que durante sus años de congresista en Washington (primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado) votó siempre en contra de cualquier medida en favor de los derechos LGTBI. En 2003 fue uno de los impulsores de una propuesta de enmienda para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución de los Estados Unidos (que no llegó a materializarse), mientras que en 2015, siendo ya gobernador de Kansas, emitió una orden ejecutiva retirando la protección contra la discriminación a los trabajadores LGTB implementada ocho años antes por Kathleen Sebelius, entonces gobernadora demócrata.

Pues bien, Sam Brownback ha sido nominado por Donald Trump como nuevo embajador del Departamento de Estado para la libertad religiosa, un cargo creado en 1998 y cuya función es la de  velar por la “libertad religiosa” en el mundo (aún debe ser ratificado por el Senado, pero nadie espera que en este caso haya sorpresas). Por mucho que su nominación sea vista por muchos como una forma de dar continuidad a la carrera política de Brownback (uno de los gobernadores con menor popularidad del país), el hecho de que una persona con un perfil tan marcadamente LGTBfobo sea considerada la más idónea para este puesto muestra que para la administración Trump “libertad religiosa” y oposición a los derechos LGTB van de la mano.

Rumores de una próxima orden ejecutiva anti-LGTB

Si a estas decisiones y al historial de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas), unimos el reciente (y sorpresivo) anuncio en Twitter de que las personas transexuales tendrán vetado el acceso al Ejército estadounidense, no es de extrañar que de nuevo se hayan reavivado los rumores de que Donald Trump podría emitir en breve la tan temida orden ejecutiva para revertir, en nombre de la “libertad religiosa”, la prohibición decidida por Barack Obama en 2014 de que aquellas empresas y negocios que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminen a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género.

A finales de enero, de hecho, numerosos medios recogieron la existencia de un borrador en ese sentido, aunque finalmente la Casa Blanca emitió un comunicado desmintiendo que en ese momento estuviese en la agenda de Trump la anulación de la orden de Obama. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron entonces que la hija y el yerno de Donald Trump fueron los responsables de que el presidente no firmara la orden ejecutiva contra el colectivo LGTB. Semanas después, Donald Trump sí que emitió una orden ejecutiva sobre “libertad religiosa”, pero menos polémica de los previsto. Su objetivo no era otro que facilitar a los grupos religiosos intervenir en política sin perder por ello sus ventajes fiscales, pero dejaba fuera los aspectos relacionados con los derechos LGTB. Sin embargo, los recientes acontecimientos y el anuncio por parte de Tony Perkins, presidente del ultraconservador y LGTBfobo Family Research Council, de que Trump podría haber decidido rescatar la orden y firmarla en próximos días ha disparado de nuevo las alarmas. Veremos qué sucede.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Carolina del Norte frena las iniciativas legales contra la transfobia 

Legisladores republicanos del estado de Carolina del Norte han aprobado un proyecto de ley que impide que gobiernos locales y municipales aprueben sus propias normas contra la discriminación.

El proyecto de ley fue, además, aprobado de urgencia por las cámaras estatales, en un proceso muy criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. Sus efectos tendrán lugar el próximo 1 de abril.

La iniciativa, firmada por el gobernador Pat McCrory, ha sido un duro golpe para el movimiento LGBT después del éxito conseguido con las últimas protecciones legales para evitar la discriminación en las ciudades de todo el país.

La Asamblea General, controlada por los republicanos, actuó después de que los líderes municipales de la ciudad de Charlotte aprobaran el mes pasado una medida que permite que las personas transexuales puedan utilizar sin ningún obstáculo los aseos públicos acordes con su identidad de género. McCrory, que fue alcalde de Charlotte durante 14 años, ha criticado la ordenanza local. Aunque 12 demócratas se unieron a los republicanos presentes contra el proyecto de ley, posteriormente todos los demócratas en el Senado salieron del recinto durante el debate en señal de protesta. Los restantes republicanos en la cámara alta respaldaron la iniciativa transfóbica de forma unánime. “Elegimos no participar en esta farsa“, afirmó Dan Blue de Raleigh, líder de la minoría en el Senado. Phil Berger de Eden, líder de la cámara alta, dijo que no recordaba haber visto un acto así por parte de algunos legisladores antes de una votación, lo que consideró una “violación grave de su obligación hacia los ciudadanos que votaron para elegirlos”.

Como decimos, el detonante fue el proyecto de ley aprobado en la localidad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Y esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para derogar la normativa de Charlotte, a semejanza de lo que ocurrió en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa.

Pero lo que no hubo en Carolina del Norte fue un debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, sino dos sesiones vertiginosas llevadas a cabo el pasado miércoles en la Cámara de Representantes y el Senado estatal. En este último, los senadores estatales del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario, por lo que el proyecto de ley fue enviado al gobernador McCroy para su promulgación.

Enarbolando una vez más el fantasma (inventado) del “depredador sexual disfrazado de mujer”, el gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”, y esa es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

Activistas por los derechos de la diversidad sexual han impugnado la nueva ley de Carolina del Norte, al iniciar una demanda federal el lunes en la que califican la ley de discriminatoria y da al colectivo LGTB un “tratamiento desfavorable”.

Para la ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, se trata de la ley más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB, pues los legisladores de Carolina del Norte “en lugar de ampliar las leyes antidiscriminatorias para proteger a todos los ciudadanos de Carolina del Norte, malgastan más de 42.000 dólares en un proyecto de ley extremista, que deshace todas las leyes antidiscriminatorias locales y excluye específicamente a los homosexuales y las personas transgénero de cualquier protección legal”.

ACLU también denuncia que se ponen en peligro los más de 4.500 millones de dólares de fondos federales que Carolina del Norte recibe para subvencionar centros escolares, y que están condicionados a que en los mismos no exista discriminación por razón, entre otras, de la orientación sexual o identidad de género. También han expresado su repulsa a la ley promulgada por el gobernador la Liga de Municipios de Carolina del Norte y empresas como Red Hat, Dow Chemical, Apple, Siemens, Microsoft,y AT&T.

El fiscal general de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, ha comunicado por su parte que no defenderá ante los tribunales la constitucionalidad de la ley LGTBfoba si esta es denunciada.

Agencias/Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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Este martes 25 de noviembre se han emitido dos nuevas sentencias favorables al matrimonio igualitario desde dos tribunales federales de los Estados Unidos. Ambas han quedado en suspenso en espera de recurso, pues coinciden en pertenecer a jurisdicciones cuya Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Mississippi, el juez federal ha dictado un mandato cautelar que declara inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación estatal. En Arkansas, una juez federal ha dictaminado que las leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, la sentencia se une a la ya existente de un juez local, que aún está suspendida mientras la Corte Suprema de Arkansas decide sobre su apelación.

El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato cautelar, dirigido a todos los funcionarios del estado de Mississippi, en el que ordena que dejen de aplicar las leyes o enmiendas constitucionales que impidan el acceso al matrimonio y sus beneficios a las parejas del mismo sexo. El mandato, sin embargo, queda en suspenso durante 14 días, para que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puedan dictar bien una suspensión permanente de la sentencia mientras se decide su apelación o bien su aplicación inmediata.

En el mandato del juez Reeves se establece que “el tribunal concluye que la prohibición de su matrimonio en Mississippi priva a las parejas del mismo sexo y a sus hijos de igual dignidad ante la ley. Los ciudadanos gais y lesbianas no pueden ser sometidos a una ciudadanía de segunda clase. La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo de Mississippi viola las cláusulas de igual protección y debido proceso de la Decimocuarta Enmienda”.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, y el fiscal general de ese estado, Jim Hood, han presentado este mismo miércoles un recurso contra la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y una solicitud de suspensión permanente mientras se resuelve la apelación, por lo que queda en manos de dicha Corte de Apelaciones el acceder o no a esta solicitud de suspensión. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito debe resolver también en los casos de Texas, con sentencia favorable al matrimonio igualitario, y de Luisiana, con sentencia desfavorable, cuya audiencia de presentación de argumentos orales está programada para el próximo 9 de enero de 2015. Lo más probable es que a este mismo calendario se sume la apelación de Mississippi.

Nueva sentencia favorable en Arkansas

La juez federal Kristine G. Baker ha resuelto que tanto la legislación como las enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se decida sobre su posible recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, o hasta que haya transcurrido el plazo establecido legalmente para la presentación de la apelación sin que esta se haya formulado, en cuyo caso la sentencia tendrá efectos inmediatos.

La novedad del dictamen de la juez Baker es el motivo por el que fundamenta que se viola la Decimocuarta Enmienda. En este caso no es por discriminación por razón de orientación sexual, que ha rechazado en su fallo, sino porque “se impide a las parejas del mismo sexo el ejercicio de su derecho fundamental a contraer matrimonio en Arkansas, al no reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo válidos de otros estados, y por discriminar por razón de género”. Es decir, se discrimina en razón del sexo de la persona elegida para contraer matrimonio.

Los expertos se felicitan de esta argumentación, pues la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, al que pertenece Arkansas, ya ha fallado en otros casos que la orientación sexual no es un rango especialmente protegido, mientras que el género (o sexo) alcanza el más alto escrutinio de protección. La juez también ha considerado las resoluciones sobre el matrimonio igualitario formuladas por las distintas Cortes de Apelaciones, y resuelve que “este tribunal considera que el razonamiento del Sexto Circuito no es tan convincente sobre este asunto como los del Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo Circuitos”. Recordemos que la resolución de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha sido hasta ahora la única desfavorable al matrimonio igualitario.

Hasta el momento no se tiene constancia de que se haya presentado recurso contra la sentencia de la juez Baker por parte de la administración de Arkansas, aunque la Fiscalía General ya recurrió en su día la sentencia de un tribunal local favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Según declaró en aquellos momentos, el fiscal Dustin McDaniel se confesaba favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, pero se sentía obligado a defender la legislación del estado.

El recurso de esa sentencia del tribunal local debe ser resuelto por la Corte Suprema de Arkansas. La audiencia de presentación de argumentos orales tuvo lugar el pasado jueves 20 de noviembre, sin que se sepa la fecha en que el alto tribunal comunicará su fallo.

Continúa la insumisión del estado de Kansas

En Kansas ya ha habido una sentencia favorable al matrimonio igualitario de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia. Pero la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos cuyos secretarios aparecían como parte en la sentencia del juez federal. Sin embargo, muchas de las secretarías han entendido que el fallo del tribunal federal implica a todo el estado, y son 25 los condados donde se facilitan estas licencias de matrimonio, entre ellos los más populosos.

Por otra parte, el ultraconservador gobernador de Kansas, Sam Brownback, en un acto que se puede considerar como de insumisión a la autoridad federal, ha ordenado a las agencias y administraciones estatales que no reconozcan estos matrimonios hasta que se resuelva la apelación de la sentencia, a pesar de que el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya denegado su suspensión. Esta falta de reconocimiento por la administración estatal implica la pérdida de múltiples derechos, como el de cambiar los apellidos en las licencias de conducir tras el matrimonio, el acceso a las exenciones de impuestos establecidas para las parejas casadas o no poder incluir al cónyuge en los seguros sanitarios.

Los abogados de las parejas demandantes han solicitado al tribunal federal que enmiende su sentencia para obligar a todas las agencias y administraciones del estado a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y que se les apliquen todos los beneficios establecidos por la ley.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

El matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas y comprende a más del 64 % de sus ciudadanos. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y Misuri (8º Circuito), a los que se suman ahora Mississippi (5º Circuito) y Arkansas (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). Recordamos que en Arkansas, la Corte Suprema estatal también debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 15 jurisdicciones tribales.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

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