Histórico pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia al considerar que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores violan los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por seis votos contra uno (este último de un juez ruso), el alto tribunal europeo considera que este tipo de leyes atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. 

En noviembre de 2013 informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había decidido iniciar el procedimiento contra las leyes homófobas de tres regiones rusas, todas ella previas a la ley federal contra la “propaganda homosexual” aprobada por el Parlamento ruso en junio de 2013. En concreto, Ryazan, Arkhangelsk y San Petersburgo fueron las tres primeras regiones rusas en aprobar leyes que impiden informar positivamente de homosexualidad en cualquier ámbito al que tengan acceso menores. Ello supone que ni marchas del Orgullo ni cualquier otro tipo de manifestaciones públicas, ni programas contra el acoso escolar, ni información sobre salud sexual, ni cualquier cuestión que un juez considere susceptible de ser entendida como “propaganda homosexual” pueden tener lugar. En definitiva, un instrumento para que la homosexualidad quede reducida a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad, y estrangular el activismo LGTB.

Fueron esas leyes las que dieron lugar al inicio del procedimiento, a raíz de las denuncias de tres activistas LGTB rusos: Nikolai Bayev, Aleksei Kiselev (al que por cierto España concedió asilo en 2013) y Nikolai Alekseev (el más conocido mediáticamente). Activistas que durante los años previos violaron intencionadamente las leyes para así conseguir agotar las sucesivas instancias de la justicia rusa y acabar ante la justicia europea. En concreto, lo hicieron manifestándose delante de una bibioteca pública en Arkhangelsk, de un instituto de Educación Secundaria en Ryazan y de un edificio administrativo en San Petersburgo, mostrando pancartas con textos como “Rusia ocupa el primer lugar del mundo en sucidios de adolescentes. Entre ellos, una gran proporción son homosexuales” o “Los niños tienen el derecho de saber, en virtud del artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño. Los grandes hombres pueden ser gais. La homosexualidad es normal”.

Tres años y medio después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado la razón, tras evaluar de forma conjunta las diferentes legislaciones aprobadas en Rusia sobre la materia, que culminaron finalmente con la ley estatal. En concreto, el alto tribunal considera que estas leyes violan el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión, así como el artículo 14, referido al principio de no discriminación.

Violación del artículo 10

Por lo que se refiere al artículo 10 (libertad de expresión), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los argumentos de Rusia, basados en que la necesidad de regular el debate público sobre la realidad LGTB tiene como fin legítimo proteger la moralidad, no son aplicables en este caso, al entender que están basados en una concepción sesgada por parte de una mayoría (la heterosexual) contra una minoría (la homosexual). Según el alto tribunal, ello atenta contra el consenso europeo sobre los derechos de las personas a reconocerse como gais, lesbianas, transexuales o bisexuales así como a disfrutar de sus correspondientes derechos y libertades.

El alto tribunal tampoco acepta otro argumento de Rusia: la necesidad de proteger la salud. De hecho, considera incluso contraproducente para la salud pública la imposibilidad de informar sobre riesgos asociados a determinadas prácticas sexuales así como los métodos de prevención.

Por lo que se refiere a la preocupación de que los menores puedan “convertirse” en homosexuales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha sido incapaz de demostrar, en contra de la evidencia científica disponible, que sea posible modificar la orientación sexual de una persona en base a la información externa que recibe. El alto tribunal tampoco considera que los mensajes por los cuales los demandantes fueron condenados atentasen contra los derechos de los menores ni fueran sexualmente explícitos o agresivos. De hecho, estima positivo para la cohesión social que los menores sean expuestos a “ideas de diversidad, igualdad y tolerancia”.

El alto tribunal, por último, considera que las definiciones y disposiciones de la legislación rusa son vagas y en la práctica dan lugar a un margen potencialmente “ilimitado” de aplicación. Citan, por ejemplo, el hecho de que una de las manifestaciones por las cuales los demandantes fueron condenados tuviera lugar frente a un edificio administrativo de San Petersburgo, un lugar que bajo ningún concepto puede considerarse específicamente destinado a su uso por menores.

Violación del artículo 14

Más sencilla es la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo referido al artículo 14, al considerar que el hecho de que la legislación rusa de forma expresa considere que las relaciones entre personas del mismo sexo son de naturaleza inferior a las de las relaciones heterosexuales supone una clara y evidente violación del principio de no discriminación.

Condena

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, considera la legislación rusa sobre la materia contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y condena al Estado ruso a pagar  8.000 euros a Nikolai Bayev, 15.000 euros a Nikolai Kiselev y 20.000 euros a Nikolai Alekseev, además de las correspondientes costas.

“El mensaje de Estrasburgo es alto y claro. Las personas LGTBI merecen igualdad, no son una amenaza y no pueden ser obligadas a esconderse. Estas leyes discriminatorias perpetúan el prejuicio, y de hecho han sido dañinas para el interés público”, se ha felicitado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, en un comunicado emitido nada más conocerse la sentencia. “Esperamos que esta importante sentencia atraiga la atención internacional. Es una decisión vital, y no solo para los activistas LGTBI y de derechos humanos que trabajan en Rusia. Envía un mensaje poderoso a activistas de otros países que están combatiendo propuestas legislativas igual de restrictivas”, ha añadido.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante para Rusia, cuya justicia deberá tenerla en cuenta en cualquier procedimiento abierto por la infracción de la legislación homófoba si no quiere acabar enfrentandose a nuevas condenas. ILGA Europa ya ha pedido a las autoridades rusas que, a la luz de las argumentaciones contenidas en el fallo, procedan a su reforma. Veremos sí es así.

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La Corte Constitucional de la Federación Rusa ha dictaminado que las leyes que prohíben la llamada “propaganda homosexual” no violan la Constitución rusa y se ajustan a derecho. Aunque la sentencia era esperable, dado el dictamen del mismo signo aprobado el mismo tribunal el pasado mes de diciembre respecto a las legislación de San Petersburgo, la decisión de la Corte Constitucional deja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como única esperanza de que la normativa homófoba pueda ser derogada.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por los activistas Nikolai Alexeev, Dimitri Isakov y Yarosvlav Yevtushenko. Los tres arguían que la ley aprobada el pasado 2013 por el Parlamento ruso, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores, socaba los derechos fundamentales de los ciudadanos LGTB rusos recogidos en su Constitución.

Desde su aprobación, la normativa ha servido para acallar cualquier reivindicación de los derechos de las personas LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También se han repetido los despidos de funcionarios que declaran abiertamente su orientación sexual o los cierres de los medios de comunicación que respaldan sus reivindicaciones.

Sin embargo, como ya hizo en diciembre de 2013 cuando dictaminó sobre las leyes homófobas de San Petersburgo, la Corte Constitucional de la Federación Rusa ha estimado, mediante sentencia fechada el pasado 25 de septiembre, que la normativa que permite tan evidente discriminación se ajusta a la Constitución rusa y es por lo tanto plenamente legítima.

Para acabar con la vigencia de esta legislación tan solo resta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en noviembre de 2013 inició el procedimiento contra las leyes homófobas de Arkhangelsk, Ryazan y San Petersburgo, a raíz de cuatro denuncias efectuadas por activistas LGTB rusos. Esta admisión a trámite y la existencia de la ley de ámbito federal ocasionó que las autoridades de Arkhangelsk y San Petersburgo derogaran sus normativas locales. Los activistas LGTB estiman que la derogación de cualquiera de las leyes regionales por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría ocasionar la derogación incluso de la ley federal.

Funte Dosmanzanas

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La Asamblea Legislativa de la ciudad de San Petersburgo ha derogado su ley local contra la llamada “propaganda homosexual”, una de las primeras en aprobarse antes de que se promulgara la ley de ámbito federal.  La existencia de esta última es el motivo aducido por los promotores de la derogación. Sin embargo, los activistas LGTB sospechan que la razón es el temor de que fuera revocada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde está denunciada, y que esa revocación arrastrase a la ley federal.

A principios de 2012, la Asamblea Legislativa de San Petersburgo aprobaba una ley que prohibía la propaganda de relaciones no tradicionales ante menores, aprobación que era sancionada apenas unos días después por el gobernador Georgiy Poltavchenko. En la práctica, la nueva ley impedía que se pudiera emitir cualquier información que pudiera alcanzar a menores que no fuera recriminatoria sobre la realidad LGTB. Impedía, por ejemplo, que se pudiera luchar contra el acoso homofóbico en las escuelas o los crímenes de odio; también evitaba la celebración de las festividades del Orgullo o cualquier reunión o manifestación semejante. Los infractores de la norma de San Petersburgo se enfrentaban a sanciones que podían llegar, en el caso de organizaciones, hasta el medio millón de rublos (unos 12.500 euros).

De hecho, apenas unos meses después de su promulgación se producía la primera sanción. El activista Nikolai Alekseev fue multado con 5.000 rublos por desplegar una pancarta ante el ayuntamiento de San Petersburgo en la que se podía leer “la homosexualidad no es una perversión”. En julio del mismo año se prohibía la celebración de la Marcha del Orgullo en aplicación de la nueva ley.

La normativa de San Petersburgo era la cuarta de este tipo aprobada en territorio ruso, tras las de Ryazan, Kostroma y Arkhangelsk. En total, diez regiones aprobaron leyes semejantes antes de la promulgación de la ley federal, aunque alguna, como Arkhangelsk, la derogaba posteriormente aduciendo solapamiento con esta última. Curiosamente, esta derogación coincidió en el tiempo con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 5 de noviembre de 2013 de iniciar procedimiento contra las leyes de Ryazan, Arkhangelsk y San Petersburgo, tras las denuncias efectuadas por diversos activistas LGTB.

San Petersburgo ha caído. El Gobierno local ha anunciado que deroga la Ley de Propaganda Gay. Lo han anunciado a bombo y platillo como si quisieran proyectar una imagen internacional de tolerancia y aperturismo pero los activistas que defienden los derechos homosexuales sospechan que los legisladores no quieren ser ‘humillados’ por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La segunda ciudad más grande de Rusia fue una de las primeras en introducir la draconiana Ley Anti-gay en el año 2012, después de prohibir expresamente el Orgullo Gay durante 100 años. Una decisión que tuvo una respuesta negativa por parte de la comunidad internacional pero que no impidió que la encubierta ‘aniquilación gay’ se extendiera por la nación como una mancha de chapapote. Había que buscar una cabeza de turco a todos los problemas que asolan al país y los homosexuales son un blanco fácil.

Los legisladores en la asamblea local de la ciudad decidieron que ya no había necesidad de una ley local ya que ahora que existe la prohibición federal. Es decir, se trata de un simple trámite que anula una ley menor porque hay una norma superior que sigue estando muy vigente. El propio Vitaly Milonov, alma mater de la homofóbica legislación en San Petersburgo, ha asegurado que la noticia le ha defraudado y que seguirá luchando contra la “propaganda gay” y criminalizando a la comunidad LGBT. De esta forma, los legisladores homófobos rusos intentan frenar la derogación de la Ley de Propaganda Gay Federal

Según Nikolai Alekseev, es precisamente la proximidad de una posible sentencia derogatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la que ha empujado a la Asamblea Legislativa de San Petersburgo a revocar su ley homófoba local. Según el activista, que confía en un dictamen favorable, una victoria en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las leyes regionales denunciadas podría conducir a la derogación de la propia ley federal, aunque los casos lleven un procedimiento separado. Por su parte, Milonov declaraba su intención de seguir luchando contra la llamada “propaganda homosexual” y por conseguir que se criminalicen los “actos homosexuales”.

Por su parte, el abogado y activista gay, Nikolai Alekseev, ha sugerido que Milonov está ‘asustado’ porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos presionará para que se anule: ‘Si los activistas de los derechos de los homosexuales ganan el caso en la corte será una victoria legal muy potente. ‘Milonov obviamente asustado y decidió anticiparse al humillante veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos’.

Las leyes regionales y federales son autónomas en Rusia pero la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría conducir a la derogación de la otra.

Desde 2005, a Nikolay Alexeyev se le conoce como el fundador y principal organizador del Orgullo de Moscú, que está oficialmente prohibida año tras año por las autoridades de la ciudad. Junto a los activistas de la asociación de Derechos Humanos LGBT, GayRussia.Ru, trató de organizar un gran número de acciones públicas en defensa de los derechos de las minorías sexuales en Rusia.

El 21 octubre 2010, Nikolay Alexeyev, ganó el primer caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre violaciones de derechos humanos LGBT en Rusia. El tribunal, con sede en Estrasburgo, dictaminó por unanimidad que mediante la prohibición de tres Prides de Moscú en 2006, 2007 y 2008, Rusia violaba tres artículos de la Convención Europea. En enero de 2011, el Gobierno de Rusia pidió a la Corte remitir el caso para su reconsideración ante la Gran Sala. El 11 de abril de 2011 cinco jueces del Tribunal Europeo desestimaron el recurso de Rusia y el veredicto sobre la ilegalidad de la prohibición de Moscú orgullo entró en vigor el mismo día.

Fuente Dosmanzanas y  Ragap

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