Por una mayoría de 5 votos favorables a 4, el plantel de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede excluir a las parejas del mismo sexo. El espíritu de la sentencia puede resumirse en su resolución final, en la que los magistrados favorables estiman que las parejas demandantes reclamaban “igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho”. Contra esta argumentación, la minoría disidente alude a argumentos caducos como el relacionar matrimonio y procreación o el socavamiento de la libertad religiosa.

Las previsiones más optimistas se han visto cumplidas y la más alta instancia judicial de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, intérprete máximo de la Constitución, ha dictaminado que las parejas del mismo sexo de todo el país tienen el derecho constitucional a contraer matrimonio, sea cual sea el estado en el que residan. Así, el matrimonio igualitario alcanza a todos aquellos estados donde las leyes que lo prohibían aún estaban vigentes o pendientes de resolución judicial definitiva: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Texas, Misuri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio y Michigan. La sentencia también afectará a otros territorios vinculados a las decisiones del Tribunal Supremo, como Puerto Rico.

Los nueve jueces del Tribunal Supremo debían discernir si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde era legal. Afectaban a sentencias de los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que finalmente fue aceptado por el Tribunal Supremo para su consideración a principios de año. El caso hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción.  Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El ponente de la sentencia ha sido el juez Anthony Kennedy (el mismo del fundamental y precursor caso Windsor), a quien se han unido con su voto favorable los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El juez Kennedy establece que el matrimonio es un derecho fundamental, y que “la identificación y protección de los derechos fundamentales es una parte perdurable de la obligación judicial de interpretar la Constitución”. Prohibir ese derecho fundamental a un grupo determinado de ciudadanos vulnera la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara el derecho al debido proceso y la igual protección ante la ley: ”Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a una ley que limite los privilegios o exenciones de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún tribunal de cualquiera de los estados podrá privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni podrá denegar a una persona dentro de su jurisdicción la igual protección ante las leyes. Si los estados permiten que las personas se casen con otras personas del sexo opuesto de su elección, deben permitir que las personas hagan la misma elección con cónyuges del mismo sexo”.

Discriminación histórica

No obstante, algunos esperaban que los fundamentos del fallo hicieran referencia a la orientación sexual como merecedora del más alto escrutinio, el mismo que merecen el sexo, la raza o el origen étnico. Eso hubiera significado que ninguna ley, mandato u ordenanza podría discriminar, ni siquiera por omisión, a los ciudadanos de los Estados Unidos en base a su orientación sexual. Sin embargo, la sentencia únicamente se ha ceñido al derecho al matrimonio y a la vulneración de la igual protección ante la ley en ese ámbito.

Aunque el dictamen contiene un detalle que no se ha pasado por alto: el juez Kennedy califica la orientación sexual de gais, lesbianas y bisexuales como “de naturaleza inmutable”, incidiendo más tarde en que “los psiquiatras y otros expertos han reconocido que la orientación sexual es una expresión normal de la sexualidad humana y es inmutable”. Esta calificación da fin a cualquier debate jurídico sobre la elección arbitraria de la orientación sexual y abre la puerta a que en futuros casos se le estipule el más alto escrutinio, pues la cuestión de la “naturaleza inmutable” ha sido fundamental para que le fuera reconocido al sexo o a la raza. A nadie se le escapa tampoco la relevancia que podrá tener en la lucha contra las terribles “terapias reparadoras”.

Pero el factor principal para designar a un grupo como merecedor del más alto escrutinio es el hecho de que haya sido históricamente discriminado. El juez Kennedy lo establece sin duda alguna: ”Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación”. La repercusión que este argumento pueda tener en futuras sentencias, de este u otro tribunal, es indudable.

Finalmente, la sentencia se fundamenta en el derecho a la igual dignidad de todos los ciudadanos, sin excepción, y en la decisión de no excluir a ninguna persona de un derecho fundamental, la institución del matrimonio, que no hace sino engrandecerse al poder acoger a todos los ciudadanos:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Votos discrepantes

Los votos contrarios a la sentencia han partido de los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo), Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, como la mayoría de los expertos había previsto. Han presentado sus argumentos en cuatro opiniones de disenso, que ocupan dos tercios de los 103 folios que componen la sentencia.

La más profusa, elaborada por el juez Roberts, ha sido firmada también por Scalia y Thomas, e incide en viejos argumentos como el de relacionar matrimonio con procreación: “el matrimonio es una solución socialmente organizada para el problema de lograr que las personas permanezcan unidas y cuiden a sus hijos, pues el mero deseo de tener hijos y el sexo que hace posible que haya niños, no lo resuelve”. No sabemos si ese criterio es aplicable a las parejas heterosexuales que no puedan o no quieran procrear.

También echa mano el juez Roberts de la definición del matrimonio que ofrece la primera edición del diccionario Webster, como argumento de  peso: “la unión legal de por vida entre un hombre y una mujer”. Al parecer, al Webster aún no había llegado el divorcio. Pero su argumento fundamental es que no se trata de una cuestión de índole constitucional, sino de una decisión que debería poder tomar el pueblo mediante votación, aunque suponga la discriminación de parte de la ciudadanía. Así lo evidencia en su sorprendente conclusión final: “Si se encuentra usted entre los muchos estadounidenses, cualquiera que sea su orientación sexual, que están a favor de la expansión de los matrimonios del mismo sexo, por supuesto que celebrará la decisión de hoy. Celebrará el logro de una meta deseada. Celebrará la oportunidad de una nueva expresión del compromiso con su pareja. Celebrerá la disponibilidad de nuevos beneficios. Pero no celebrará la Constitución. No tenía nada que ver con eso”.

El juez Scalia llega tan lejos como para negar que el propio tribunal al que pertenece pueda dictar resolución alguna: “Un sistema de gobierno que subordina a las personas a un comité de nueve magistrados no electos no merece llamarse una democracia”, una clara referencia a que la mayoría de las legislaciones contra el matrimonio igualitario habían sido convalidadas mediante referéndum. Scalia asevera que no es un intolerante mientras califica a sus colegas firmantes de la sentencia favorable de “narcisistas pretenciosos”.

El juez Clarence Thomas considera que la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo debería haberse limitado a una cuestión política, no judicial. También teme que la decisión mayoritaria socave la libertad religiosa. Aunque lo más sorprendente es que el siguiente argumento provenga del único miembro afroamericano del alto tribunal: “El corolario de este principio es que la dignidad humana no puede ser socavada por el gobierno. Los esclavos no perdieron su dignidad (más de lo que pierden su humanidad) porque el gobierno permitiera que fueran esclavizados. Los detenidos en campos de internamiento no perdieron su dignidad  porque el gobierno les confinara allí. Y a quienes les niegan beneficios gubernamentales ciertamente no pierden su dignidad porque el gobierno se los niegue. El gobierno no puede conceder la dignidad, y no la puede quitar”.

Finalmente, el juez Samuel Alito se muestra muy preocupado por que los partidarios de los derechos LGTB utilicen los argumentos de la mayoría del tribunal respecto a la discriminación histórica del colectivo para vilipendiar a quienes quieran discriminarles: “Serán utilizados para vilipendiar a los estadounidenses que no estén dispuestos a asentir a la nueva ortodoxia. En sus fundamentos, la mayoría del tribunal compara las leyes tradicionales de matrimonio a las leyes que negaban la igualdad de trato para los afroamericanos y las mujeres. Las implicaciones de esta analogía serán explotadas por aquellos que están decididos a acabar con todo vestigio de disidencia”.

Fuente Dosmanzanas

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Los nueve miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han escuchado este martes 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Como es habitual en estos casos, los analistas han examinado con lupa todas y cada una de las preguntas que los magistrados han hecho a las partes. No parece haber sorpresas: el juez que según las previsiones inclinará la balanza hacia uno u otro lado, Anthony Kennedy, ha hecho observaciones comprometidas para las dos partes. También lo ha hecho John Roberts, a priori alineado con los conservadores. El proceso, como hemos señalado en entradas anteriores, puede significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el país o la regresión hacia una situación de profunda desigualdad jurídica en función del estado en el que se viva.

El Tribunal Supremo anunciaba en enero que en este primer semestre de 2015 revisaría el fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2014 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee.  En los dos primeros casos, las sentencias se referían a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, sin embargo, falló en sentido contrario, al considerar que la decisión o no de autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales (en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos), como sí han considerado el resto de circuitos que se han pronunciado hasta el momento  (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) y casi todos los jueces federales que han fallado ya sobre el asunto.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

A priori: resultado muy ajustado (5-4 a favor, 5-4 en contra…)

¿Cuál es el equilibrio de poder, en este caso? La mejor referencia es la de junio de 2013, cuando el Tribunal Supremo, por 5 votos contra 4, consideró que la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En aquella ocasión fallaron a favor los cuatro jueces considerados de perfil liberal (Stephen Breyer, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor) y Anthony Kennedy, cuyo voto resultó decisivo y que fue, de hecho, el ponente de la sentencia. En contra fallaron los cuatro jueces de perfil más conservador (Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y el actual presidente del Supremo, John Roberts).

Tras los argumentos orales… ¿Dos posibles votos oscilantes?

Pero, ¿qué ha pasado este martes? Sin entrar en mucho detalle, los analistas señalan que, a tenor de las preguntas que han hecho a las partes, la clave estará en dos jueces: el propio Anthony Kennedy, cuyo voto podría volver a ser el decisivo, y John Roberts, que hace dos años prefirió inclinarse en contra de los intereses de los matrimonios del mismo sexo. Ambos han hecho preguntas incómodas para los dos partes.

Anthony Kennedy ha provocado cierta inquietud en los partidarios del matrimonio igualitario al considerar, al dirigirse a Mary Bonauto, abogada de las parejas, que el matrimonio ha sido entendido durante “milenios” como una unión entre un hombre y una mujer. “Es difícil para el Tribunal llegar y decir ahora: ‘bueno, nosotros lo sabemos mejor’”. Kennedy, sin embargo, también se mostraba inquisitivo con John Bursch, que representaba a los estados que prohíben el matrimonio igualitario, al que le pedía explicar por qué el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan casarse pone en peligro el matrimonio tradicional. También se ha mostrado preocupado por cómo la prohibición del matrimonio igualitario afecta a los hijos de parejas homosexuales. Kennedy ha afirmado además que “el propósito fundamental del matrimonio es dignificar a las parejas, algo que se niega a las parejas del mismo sexo”.

John Roberts, por su parte, ha mostrado también su preocupación por lo que ha considerado un cambio profundo de la institución del matrimonio, pero por otro lado ha pedido explicaciones a los contrarios al matrimonio igualitario. “Si Sue ama a Joe y Tom ama a Joe, y Sue puede casarse con él pero Tom no… ¿Por qué no estamos hablando de una situación de discriminación sexual?”, se ha preguntado.

Más previsibles han sido las manifestaciones del resto de magistrados, tanto de los más conservadores como de los más liberales. Entre estos últimos han destacado algunos comentarios de Ruth Ginsburg, uno de los votos seguros a favor del matrimonio igualitario, que ha destacado que ya en el pasado la definición de matrimonio ha cambiado, pasando de ser una institución en la que había una parte dominante y otra subordinada a ser una institución igualitaria entre las partes.

En definitiva, nada está claro. El resultado podría ser un 5-4 a favor de la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio igualitario (sería el resultado más coherente con el de hace dos años sobre la DOMA), un 5-4 en contra, o incluso un 6-3 a favor, en caso de que Kennedy mantenga argumentaciones alineadas con la sentencia que él mismo redactó en 2013 y Roberts decida dar la sorpresa.

La solución, a finales de junio…

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Anthony Kennedy, Anthony M. Kennedy, Antonin Scalia, Cincinnati, Clarence Thomas, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Discriminación, DOMA, Elena Kagan, Estados Unidos, John Bursch, Kentucky, Mary Bonauto, Matrimonio, Michigan, Ohio, Ruth Ginsburg, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer, Tennessee, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Desde la izquierda: Sixth Circuit Judges Martha Craig Daughtrey, Jeffrey S. Sutton, and Deborah Cook

Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves por primera vez en Estados Unidos una prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo y argumentó que el tema no debe ser dirimido en una corte de justicia.

Un panel de tres jueces de la Corte federal de Apelaciones del 6º Circuito, en una sentencia que contradice las ya emitidas por otros circuitos, ha rechazado por dos votos a uno que la prohibición del matrimonio igualitario por los estados viole la Constitución de los Estados Unidos. Por el momento, la decisión mantiene vigente la prohibición del matrimonio igualitario en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, y dispara las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazó pronunciarse sobre el tema, tenga finalmente que tomar una decisión sobre el matrimonio igualitario.

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), ha decidido sobre sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

La decisión de la Corte de Apelaciones ha sido tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Ya durante la fase de audiencia, en función de las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces, quedo relativamente claro que Daughtrey era favorable a confirmar las sentencias previas, dando vía libre al matrimonio igualitario, mientras que Cook era contraria. La duda era la postura que finalmente adoptaría Sutton, un juez nominado por George Bush hijo y confirmado por el Senado en 2003. El juez Jeffrey S. Sutton desestimó las decisiones de tribunales inferiores que consideraban inconstitucionales las leyes de esos cuatro estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez Sutton ha centrado su argumentación no en el fondo de la cuestión si no en quién debe decidir si se permiten o no estas uniones. En su opinión, la legalidad del matrimonio de parejas homosexuales no puede determinarla una “corte intermedia” como la suya, sino “el menos rápido, pero normalmente fiable, trabajo de los procesos democráticos del estado”.

Una decisión a contracorriente

Finalmente Daughtrey y Sutton han optado por contradecir las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se han pronunciado (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que han hecho lo propio (por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana). El 6ª Circuito considera así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto al derecho a la igual protección recogido en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La sentencia del 6º Circuito se enmarca dentro de la denominada corriente “originalista”, que defiende limitarse, en la interpretación del texto constitucional, a la que se supone era la intención original de los redactores del texto. La 14ª enmienda, conviene precisar, data de 1868 y se redactó como una forma de resolver algunas de las dudas constitucionales que planteaba el final de la esclavitud una vez terminada la Guerra de Secesión. Posteriormente ha servido como base para decisiones históricas del Tribunal Supremo, como la que en 1973 dio protección constitucional a las mujeres para abortar.

El 6º Circuito llega a argumentar en su sentencia (que puedes descargar aquí) que la “tradición” justifica que la legislación del matrimonio permanezca bajo el control de los estados e incluso introduce de nuevo en el argumentario factores como la “procreación” o la “crianza de los hijos” para justificar que haya estados que prefieran mantener el matrimonio como una institución exclusiva de parejas heterosexuales. “Imaginen una sociedad sin matrimonio… Quizá las personas no necesiten el estímulo del gobierno para tener relaciones sexuales, o para mantener la especie. Pero sí necesitan el apoyo del gobierno para crear y mantener relaciones estables en la que los hijos puedan florecer“, expresa la sentencia…

Según el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito -que cubre cuatro estados del centro del país: Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky- la Constitución de Estados Unidos no prohíbe que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En la decisión de este jueves, que se aprobó por dos votos contra uno, la corte dijo que mientras que la definición de matrimonio claramente estaba cambiando en Estados Unidos, las sentencias de los tribunales no eran la forma apropiada para realizar ese cambio. Según la sentencia, el sistema federal del país hace que los estados se conviertan en “laboratorios de experimentación”, permitiendo “a un estado innovar de una manera (y) a otro, de otra”. Además, los jueces opinaron que una herramienta como la votación sería el mejor método para el cambio. “Cuando los tribunales no dejan que el pueblo resuelva los nuevos temas sociales como este, perpetúan la idea de que los héroes en estos eventos de cambio son los jueces y abogados”, dice la sentencia.

Es casi seguro que este fallo contrario al matrimonio homosexual derive en la presentación del caso a la Corte Suprema, que recientemente decidió no considerar un caso sobre el casamiento entre personas del mismo sexo.

Vía directa al Supremo

Caben ahora dos posibilidades de recurso: los demandantes podrían solicitar que la decisión fuera revisada en pleno por los 16 jueces que integran la Corte de Apelaciones o directamente acudir al Tribunal Supremo. Según las informaciones más recientes, esta última parece ser la opción preferida. El Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazaba pronunciarse sobre las apelaciones que entonces le habían sido presentadas y daba de esa forma vía libre al matrimonio igualitario en varios estados, parece que no tendrá en esta ocasión otro remedio que agarrar el toro por los cuernos y poner orden, al existir jurisprudencia claramente contradictoria y no quedar ya estamentos judiciales intermedios.

La sentencia del 6º Circuito, de hecho, retrotrae la situación a la de hace unos meses, cuando todos los observadores daban por hecho que el alto tribunal no tendría más remedio que pronunciarse. Declaraciones como las de la magistrada del Supremo Ruth Ginsburg (uno de los votos considerados “seguros” a favor del matrimonio igualitario), aludiendo a que si todas las sentencias de las Cortes de Apelaciones eran unánimes no había necesidad de que el Supremo se precipitara, habían hecho pensar sin embargo que la cuestión podría quedar resuelta  sin intervención del Supremo. Pero conviene recordar que en esas mismas declaraciones Ginsburg daba gran importancia a la sentencia del 6º Circuito, que ya muchos analistas consideraban sería desfavorable al matrimonio igualitario. Así ha sido.

En caso de que el Supremo decida aceptar la apelación, deberá dilucidar si el derecho de dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio goza de protección por la 14ª enmienda, y por tanto no hay estado que pueda impedir su celebración. En el caso de que el Supremo se pronunciara en contra, cada estado podría decidir celebrar o no bodas en su territorio.

Hay que recordar de todas formas que el Supremo ya se ha pronunciado de forma parcial sobre el matrimonio igualitario. Fue en 2013, cuando declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares donde fuera legal). Una sentencia que está en el origen de toda la escalada judicial, y que echando la vista atrás ha resultado pieza clave en el avance del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional y las apelaciones de cinco estados que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo. La decisión por omisión provocó que en esos cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana) se pudieran oficiar bodas de manera inmediata.

El mes pasado, el gobierno federal dijo que reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo en seis estados donde hasta ahora no lo hacía, por lo que ya son en total 32 estados de los 50 donde estas uniones se reconocen, además de en el Distrito de Columbia.

Mientras, en Misuri, sentencia favorable al matrimonio igualitario

Lo cierto es que pese a la sentencia del 6º Circuito la marcha hacia la extensión del matrimonio igualitario en Estados Unidos continúa a velocidad de crucero. El último estado en contar con una sentencia favorable es Misuri, donde el juez federal Ortrie D. Smith ha considerado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en este estado. Como en caso anteriores, el propio juez mantiene cautelarmente suspendida la aplicación de la sentencia (que puedes descargar aquí) hasta que se decida la segura apelación. Se da la circunstancia de que en Misuri ya se habían emitido dos sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque de la mano de jueces estatales.

Además de Misuri, otros estados donde en este momento están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario son Florida  (11º Circuito) y Texas (5º Circuito). También en Kansas ha habido sentencia favorable, pero en este caso el Circuito de Apelaciones a cuya jurisdicción permanece el estado (el Décimo) ya ha fallado a favor del matrimonio igualitario, lo que complica que la prohibición se alargue mucho más allá del 11 de noviembre, fecha que el juez puso como límite para que se formalizaran recursos.

Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

FuenteDosmanzanas,  SentidoG  y Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Cincinnati, Corte de Apelaciones del 10º Circuito, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Corte de Apelaciones del 7º Circuito, Deborah L. Cook, Discriminación, DOMA, EE. UU., George Bush, George W. Bush, Indiana, Jeffrey S. Sutton, Kentucky, Martha C. Daughtrey, Matrimonio igualitario, Michigan, Missouri, Misuri, Ohio, Oklahoma, Ortrie D. Smith, Ruth Ginsburg, Tennessee, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia, Wisconsin

Suma y sigue. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, ha fallado por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del tercer circuito federal que se pronuncia contra la prohibición del matrimonio igualitario, con una sentencia en la que además el que está considerado uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculiza los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse…

Uno de los principales argumentos de los opositores al matrimonio igualitario en Indiana y Wisconsin era el interés legitimo del estado en proteger la función reproductiva. Un argumento que Posner, ponente de la sentencia (que puedes descargar aquí) derriba al recordar que el estado de Indiana prohíbe casarse a los primos hermanos de distinto sexo… hasta que tienen 65 años, una vez que ya resulta imposible concebir hijos. “Indiana ha inventado una insidiosa forma de discriminación: favorecer a los primos hermanos, siempre que no sean del mismo sexo, sobre los homosexuales. Los primos, cuando son mayores, se pueden casar porque ya no pueden producir niños. A los homosexuales se les prohíbe casarse porque no pueden producir niños”, argumenta el juez.

“El gobierno de Indiana piensa que las parejas heterosexuales tienden a ser sexualmente irresponsables, produciendo un montón de hijos no deseados, de forma que hay que presionarles (en forma de estímulo gubernamental del matrimonio a través de una combinación de palos y zanahorias) para casarse. Pero las parejas homosexuales, incapaces como son de tener hijos, sean deseados o no, son padres modelo -ciudadanos modelo- así que no necesitan el matrimonio”, ironiza después Posner. “Los heterosexuales se emborrachan y se embarazan, produciendo hijos no deseados. Su recompensa es que se les permite casarse. Las parejas homosexuales no producen hijos no deseados. Su recompensa es que se les niega el derecho a casarse. Figúrense”, añade…

“La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional”

Lo cierto es que la sentencia de Posner, un conservador propuesto como juez federal por Ronald Reagan en 1981 y que está considerado como uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, es rotunda, y expone de forma muy clara las desventajas que a las parejas del mismo sexo y a sus familias (porque Posner deja bien claro que pese a no engendrar hijos biológicos comunes las parejas del mismo sexo sí tienen hijos) les supone el no poder acceder al matrimonio. “La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional, y por tanto inconstitucional, sin necesidad de considerarla sujeta a mayor escrutinio”, escribe en un momento determinado Posner.

El “mayor escrutinio”, o “heightened/strict scrutiny”, es un término propio del sistema constitucional estadounidense, según el cual en ciertas situaciones la deliberación judicial no debe basarse solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno -que podrían justificar incluso la vigencia de una disposición discriminatoria- y los principios constitucionales.

Cuarta sentencia favorable en una Corte de Apelaciones

La decisión unánime del 7º Circuito, contraria a las apelaciones formuladas contra sentencias favorables al matrimonio igualitario en Indiana y en Wisconsin, está en cualquier caso en la línea de las tres ya emitidas por otras dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo): dos por el 10º Circuito (referidas a Utah y Oklahoma, cuyos casos se fallaron separadamente) y una por el 4º Circuito (referida a Virginia).

El fallo establece además un plazo de 21 días, transcurridos los cuales, si no media una petición de suspensión cautelar hasta que una instancia superior decida una posible apelación, comenzarían a celebrarse bodas en Indiana y Wisconsin. Aunque dados los antecedentes de los sucedido en los otros circuitos es muy posible que dicha suspensión se pida y sea concedida (ya sea por la propia Corte de Apelaciones o por el propio Tribunal Supremo).

Están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas (el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ya ha escuchado por ejemplo a las partes.

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario. Por el momento, como informábamos por cierto hace un día, solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

El Supremo, cada vez más cerca…

Lo cierto es que poco más de un año después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), punto de origen de todo este proceso, muy pocos esperaban que se hubiera avanzado tan rápido. Los analistas ven de hecho muy probable que el Tribunal Supremo acuerde revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Por lo pronto, Utah y Oklahoma ya lo han solicitado.

Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. Una expectativa que se vio reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”.

El Supremo también podría optar por no aceptar ninguno de los casos que le lleguen, lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Pero no es por lo que apuestan los analistas políticos. Un escenario que además sería difícilmente sostenible si se producen sentencias contradictorias entre diferentes circuitos, algo que aún no ha sucedido pero que es un escenario más que posible.

Fuente Dosmanzanas

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La batalla judicial por el matrimonio igualitario en Estados Unidos ha llegado a un punto en el que no hay día que no se produzcan novedades. Hacemos hoy una recapitulación de lo sucedido esta semana. En Florida, son ya cuatro los jueces que consideran inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado. En el nivel federal, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha comenzado a estudiar las sentencias favorables al matrimonio igualitario en cuatro estados (Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee) mientras que las sentencias apeladas que ya han sido confirmadas llegan a las puertas del Tribunal Supremo. Una de cuyas integrantes, por cierto, ha vaticinado una próxima resolución…

Florida: ya hay cuatro sentencias

En Florida, la batalla ha comenzado a librarse en la justicia estatal. La última vez que hacíamos alusión a ese estado comentábamos que ya eran dos los jueces, en los condados de Miami-Dude y Monroe, los que habían declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, aunque habían dejado sus sentencias en suspenso en previsión de que fueran apeladas. Pues bien, ya hay dos jueces más que han fallado en el mismo sentido. Un tercer juez lo hacía el lunes, en el condado de Broward, y una cuarta jueza lo hacía el martes, en el condado de Palm Beach. En este último caso, a diferencia de los otros tres, el fallo se refiere en exclusiva al demandante, el viudo de un hombre con posesiones en Florida. La pareja se casó en Delaware, donde sí es legal el matrimonio igualitario, pero Florida no reconoce esta boda, por lo que pone impedimentos al cónyuge viudo para actuar en representación del fallecido. La jueza Diana Lewis le ha dado la razón al demandante (puedes descargar aquí la sentencia) y ha ordenado a Florida reconocer este matrimonio. En este caso, además, la jueza no ha considerado necesario dejar en suspenso la sentencia.

Habrá que ver qué sucede en el ámbito de la justicia estatal de Florida, aunque en cualquier caso también aquí la discusión llegará a la justicia federal. Ya hay, de hecho, un caso pendiente de juicio, referido a una pareja gay casada en Canadá en 2009 a la que Florida no reconoce su matrimonio.

Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, en el alero

Si ascendemos ya al nivel federal, y en concreto al nivel de las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) esta semana está siendo noticia el proceso de audiencia abierto por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), y que debe decidir sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligan a reconocer matrimonios celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias permanece en suspenso mientras se decide la apelación.

La decisión será tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Se espera que la decisión, favorable o desfavorable, sea adoptada por dos votos contra uno. Tras analizar las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces durante la audiencia, se espera que sea Sutton el que desempate. A día de hoy no hay fecha prevista para conocer el fallo, aunque no se espera una gran demora.

A día de hoy, además de estos cuatro estados, están pendientes de ser revisadas por las Cortes de Apelaciones sentencias ya emitidas y favorables al matrimonio igualitario en Texas, Arkansas, Idaho, Indiana y Colorado. Ligeramente diferente es la situación en Nevada, donde el 9º Circuito debe pronunciarse sobre la materia, aunque aquí no existe una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y en muchos otros estados hay ya demandas presentadas ante la justicia federal, por lo que es previsible que esta lista aumente.

Utah y Oklahoma, a las puertas del Supremo

Pase lo que pase en el 6º Circuito, lo que está ya claro es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está obligado a pronunciarse más pronto que tarde. Y es que, no lo olvidemos, ya hay dos Cortes de Apelaciones que han ratificado sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (una sentencia referida a Virginia).

Utah ha sido de hecho el primero en apelar al Supremo (puedes descargar aquí el documento de apelación, firmado por el gobernador y el fiscal general del estado). El “estado mormón” podía haber solicitado la revisión del caso por el pleno de todos los jueces que integran la Corte de Apelaciones, pero ha optado por acudir directamente al Supremo.

Pero la petición de Utah no es la única. Oklahoma también ha optado por ignorar al pleno de la Corte de Apelaciones y dirigirse directamente al Supremo. En este caso, el documento de apelación (que puedes descargar aquí) está firmado por una funcionaria judicial del condado de Tulsa. Por lo que se refiere a Virginia, ni gobernador ni fiscal general tienen intención de apelar, pero una funcionaria judicial ya ha solicitado que la suspensión cautelar de la sentencia se prolongue hasta que el Tribunal Supremo aclare la cuestión (y teniendo en cuenta los antecedentes es muy probable que la obtenga).

¿La decisión final, en 2015?

Sea por la sentencia de Utah, sea por la Oklahoma o sea por la de cualquier otro estado, todos los analistas ven ya probable que el Tribunal Supremo acepte revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país.

Una expectativa que se ha visto reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”. El Supremo podría optar por no aceptar ninguno de los casos (de hecho, así hace con la inmensa mayoría de los procesos que le llegan), lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones, pero no parece que este vaya a ser el caso.

En sus declaraciones, Ginsburg establecía un paralelismo entre este caso y la prohibición del matrimonio interracial, que no se declaró inconstitucional hasta 1967, para aclarar que en este caso el Supremo no se demoraría tanto como entonces. Una comparación que parece por cierto muy oportuna, y que hace sospechar que ella misma será una de las magistradas que se pongan del lado del matrimonio igualitario.

De hecho, cuando el Supremo declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), antecedente que puede considerarse punto de origen de todo este proceso, Ginsburg fue una de las que se posicionó a favor (entonces fueron 5 votos contra 4. Y a día de hoy, la composición del Supremo sigue siendo la misma que entonces).

Fuente Dosmanzanas

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