Uganda es uno de los 70 países donde ser homosexual se castiga con la cárcel.

El parlamento de Uganda ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe aún más las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el sexo anal y el trabajo sexual, duplicando así un código penal que ya considera ilegal ser LGBT+. El proyecto de ley pasó su tercera lectura en el parlamento el 3 de mayo. Ahora se debe a la firma del presidente Yoweri Museveni, después de lo cual se convierte en ley.

El Parlamento de Uganda confirmó el lunes (3 de mayo) en Twitter que el proyecto de ley sobre delitos sexuales había sido aprobado en tercera lectura, poniendo fin a su largo paso por la cámara. Gran parte de lo que el proyecto de ley de delitos sexuales penaliza ya es ilegal en Uganda. Las personas sorprendidas manteniendo relaciones con personas del mismo sexo ya se enfrentan a cadena perpetua, y parte de la redacción del proyecto de ley de delitos sexuales está extraída de la Ley del Código Penal de 1950. Una modificación del código en el año 2000 supuso la penalización de los actos sexuales entre mujeres, ya que el sexo oral y anal entre parejas del mismo sexo y mixtas se castigaba con una pena de siete años de prisión por “indecencia grave“.

Presentado por primera vez en 2015, el proyecto de ley de delitos sexuales se vendió como un esfuerzo de línea dura para acabar con la violencia sexual abordando los “defectos” del código penal. Sin embargo, al cubrir las lagunas del código penal, la ley también criminaliza aún más el hecho de ser LGBT+ y establece amplias restricciones a la vida sexual de los ugandeses. Según la cláusula 11, los “delitos contra natura” incluirán tanto la zoofilia como a quienes “realicen un acto sexual con otra persona en contra del orden de la naturaleza”.

El Comité de la Cámara en pleno, compuesto por todos los diputados en ejercicio, también añadió una “prohibición de los actos sexuales entre personas del mismo sexo”. Los legisladores también aprobaron las recomendaciones del comité de que, “para completar”, se añada a la lista de “delitos contra natura” el hecho de “penetrar el ano de otra persona con su órgano sexual o con cualquier objeto”.

The Parliament of Uganda yesterday passed the Sexual Offences Bill,2019

The unjust recommendations and clauses in the bill which criminalise same sex acts and sex work create avenues for further infringement on the rights of persons targeted under the guise of enforcing the law pic.twitter.com/i9nOJgzMnA

— hrapf (@hrapf_uganda) May 4, 2021

La amplia ley incluye la introducción de un registro de delincuentes sexuales y la tipificación como delito del uso de drogas para la violación o la difusión de una cinta o grabación de un acto sexual sin el consentimiento de esa persona. Sin embargo, durante el examen en comisión, se eliminó una cláusula fundamental que habría permitido la retirada del consentimiento antes o durante los actos sexuales.

Otras nuevas medidas son el endurecimiento de las medidas de salvaguardia para proteger a los niños del acoso sexual en las escuelas. Los legisladores también ampliaron una cláusula para que no sólo se considere delito el trabajo sexual, sino que también se penalice a quienes pagan por sexo.

Si bien los legisladores estaban divididos en cuanto al género sobre algunas de las cláusulas del proyecto de ley, como la retirada del consentimiento, la Cámara estaba de acuerdo sobre las cláusulas que criminalizan la homosexualidad. Después de todo, el proyecto de ley llega más de un año después de que los legisladores dieran un brusco giro al llamado proyecto de ley “Matar a los Gays”, que pretendía introducir la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”.

The already existing criminalization in the penal code Act has already caused great damages to LGBTQ persons. This move by @Parliament_Ug to further criminalize consensual same sex intercourse is not only threat to bodily autonomy but as well to access to health. pic.twitter.com/R5X2sfblUd

— LET’S WALK UGANDA (@LWUGANDA) May 4, 2021

No era la primera vez que la tan temida legislación estuvo a punto de hacerse realidad. El Parlamento la aprobó por primera vez en 2014, pero el Tribunal Constitucional la rechazó en medio de una fuerte reacción internacional.

Las Naciones Unidas están pidiendo a Uganda que enmiende un proyecto de ley para prohibir las relaciones entre personas del mismo sexo que suscita “serias preocupaciones sobre los derechos humanos” y amenaza con socavar la salud pública.

Las relaciones sexuales entre hombres ya son ilegales en Uganda, pero el muy denostado proyecto de ley sobre delitos sexuales (Sexual Offences Bill ) va un paso más allá al clasificar todos los actos entre personas del mismo sexo como “delitos no naturales” junto con la bestialidad.

Otras disposiciones alarmantes incluyen la prohibición del trabajo sexual, el sexo oral y anal para todas las parejas, y la prueba del VIH obligatoria y forzada de los acusados de delitos.

Un portavoz del alto comisionado de la ONU, Rupert Colville, señala que el castigo del proyecto de ley para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se ha reducido a 10 años de cárcel en lugar de cadena perpetua; sin embargo, representa una grave violación de los derechos humanos.

“El hecho es que esas relaciones todavía están criminalizadas”, dijo. “Esto, en un país donde el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas por su orientación sexual e identidad de género están generalizados y a menudo se cometen con impunidad, dado que las víctimas suelen tener demasiado miedo para denunciar cualquier ataque en su contra”.

Los activistas han expresado especial preocupación por las pruebas de VIH forzadas en una región donde las tasas de infección y estigmatización son altas.

“Tales disposiciones no solo violan las obligaciones de Uganda en materia de derechos humanos y también corren el riesgo de socavar la salud pública, lo que hace que las personas tengan miedo de presentarse para las pruebas y el tratamiento esenciales, lo que afecta los esfuerzos críticos de prevención y tratamiento del VIH”, dijo Colville. “También corren el riesgo de alimentar aún más el VIH en Uganda y África subsahariana”.

Su alarma fue compartida por Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, quien instó a los legisladores a reconsiderar el proyecto de ley antes de que deshaga el progreso de Uganda en la reducción del impacto del VIH. “Estoy profundamente preocupada por la aprobación por parte del parlamento de Uganda de partes de este proyecto de ley que criminalizan y marginan aún más a los grupos vulnerables de conciudadanos y les niegan sus derechos humanos, incluido el derecho a la salud”, dijo en un comunicado. “Dirigirse a las personas que viven con el VIH, las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y los trabajadores sexuales aumenta el estigma y la discriminación y socava la respuesta al VIH al impedir que las personas reciban el tratamiento, la prevención y los servicios de atención del VIH que necesitan con tanta urgencia”.

La ONU da la bienvenida a algunas partes de la ley de amplio alcance, que incluye la introducción de un registro de delincuentes sexuales y tipifica como delito el uso de drogas para violación durante una cita o la publicación de un video sexual sin el consentimiento de esa persona. Sin embargo, Colville insiste en que el proyecto de ley en su conjunto no cumple con el derecho y las normas internacionales y debe ser enmendado con urgencia.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/ Transfobia, ONU, ONUSIDA, Rupert Colville, Sexual Offences Bill, VIH/SIDA, Winnie Byanyima

Kenneth Msonda

En enero de 2014, la ONU anunció que actuaría judicialmente contra las leyes anti gays del África Subsahariana. De hecho, la agencia especial de Naciones Unidas contra el sida y grupos pro Derechos Humanos llevó ante los tribunales las leyes de Malaui que criminalizan la homosexualidad, ante la preocupante escalada de leyes anti gay en África. Ahora, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha exhortado a los políticos de Malaui a que dejen de tratar a la comunidad LGBTI “peor que a perros”, al tiempo que ha considerado “alarmante” esta actitud. Los grupos de defensa de los derechos LGBTI han denunciado que en Malaui las relaciones sexuales entre hombres son un delito penado con 14 años de cárcel.

El Alto Comisionado se ha referido al portavoz del Partido Popular –uno de los más importantes de Malaui–, Kenneth Msonda, que a principios de año escribió en su página de Facebook que los homosexuales “son peor que perros” y después se reiteró en declaraciones a la prensa.

Naciones Unidas ha criticado la “tolerancia” de las autoridades malauíes. “Estamos preocupados por que no se haya perseguido (judicialmente) porque este caso envía un mensaje peligroso, incitando a otros a matar a homosexuales”, ha dicho. “Es muy alarmante porque, esencialmente, la gente entenderá que puedes incitar a matar a alguien simplemente porque pertenece a un grupo particular”, ha añadido el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, en declaraciones a la Fundación Thomson Reuters. “En realidad es mucho más grave que la simple y horrible discriminación e incitación a odiar a los gays y las lesbianas porque socava el papel de la ley en general”, ha recalcado Colville en una conversación telefónica.

Msonda estaba citado este viernes ante los tribunales pero no por una iniciativa pública, sino por la denuncia presentada por dos organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por incitar, entre otras cosas, a vulnerar la ley.

La organización internacional ha recordado a Malaui que, conforme al Derecho Humanitario, tiene la responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos del odio y la violencia basados en orientaciones sexuales e identidad de género. El pasado mes de mayo, Malaui aceptó las recomendaciones de Naciones Unidas para “tomar medidas efectivas” para proteger a la comunidad LGBTI de posibles ataques de odio pero está claro que han caído en saco roto.

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. Kenneth Msonda, Malawi, ONU, Partido Popular, Rupert Colville

Este 1 de mayo comienza la aplicación de la reforma del Código Penal de Brunéi, que irá adaptándose a la sharia (o ley islámica) en un proceso ya programado que constará de tres fases. La última implicará la pena de muerte por lapidación para las relaciones entre personas del mismo sexo, el adulterio, la apostasía o las relaciones extramatrimoniales.

Aunque en su momento se anunció que la nueva ley entraría en vigor el pasado 22 de abril, su implementación hubo de posponerse debido a “causas inevitables”, según un funcionario del gobierno de Brunéi. Pero el pasado 30 de abril, el propio sultán, Muda Hassanal Bolkiah, anunciaba en los siguientes términos la aplicación de la primera fase del proceso de reforma para este 1 de mayo: “Hoy pongo mi fe y mi agradecimiento en Alá el Todopoderoso, para anunciar que mañana, jueves 1 de mayo de 2014, veremos la aplicación de la primera fase de la sharia, a la que seguirán las otras fases”.

La reforma tiene como objetivo incluir en el Código Penal las penas establecidas en el Corán para determinados delitos, que cubren seis áreas: robo, relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas. Entre las relaciones sexuales ilícitas se incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo.

El sultán y el Consejo Religioso Islámico de Brunéi han programado el calendario de aplicación de las distintas fases en la reforma del Código del Procedimiento Penal de los Tribunales Islámicos. Dicho código articula los procedimientos de investigación y enjuiciamiento necesarios para la aplicación de la ley.

En la fase que ha entrado en vigor este 1 de mayo, se fijan multas y penas de prisión para diversos delitos. En la segunda fase, que se aplicará dentro de doce meses, se introducen los castigos corporales, que incluirán la flagelación para determinadas ofensas y la mutilación de miembros para los delitos relacionados con el robo.

En la tercera fase, que se implementará dentro de veinticuatro meses, se establece la pena de muerte por lapidación para delitos sexuales como el adulterio, las relaciones extramatrimoniales, la violación y las relaciones entre personas del mismo sexo. La misma pena se aplicará al delito de apostasía de la religión islámica.

La ley se aplicará tanto a los musulmanes como a los no musulmanes, excepto cuando se indique expresamente lo contrario. Según el sultán Muda Hassanal Bolkiah “esta ley, sin duda alguna, forma parte desde ahora de la gran historia de nuestra nación”.

Protesta de instituciones internacionales

Las diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han expresado su protesta por la aplicación de esta ley, que contraviene todos los tratados internacionales.

Ya en enero, el nuevo Código Penal mereció la condena de la Comisión Internacional de Juristas, que ahora se ha hecho extensiva a Naciones Unidas. Según explicó Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la aplicación de la pena de muerte para una amplia gama de delitos contraviene el derecho internacional”. Asimismo, Colville ha recordado que “la lapidación a muerte constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y por lo tanto está claramente prohibida” en el ámbito internacional.

El representante de la ONU realizó estas declaraciones institucionales durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra (Suiza). Colville también manifestó que desde Naciones Unidas “instamos al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Código Penal revisado y a llevar a cabo una revisión integral, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”.

El director adjunto de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, Rupert Abbott, declaraba que “el nuevo Código Penal de Brunéi legaliza castigos crueles e inhumanos. Es una burla a los compromisos internacionales de derechos humanos del país y debe ser revocado inmediatamente. El nuevo código establece incluso la muerte por lapidación por actos que, en primer lugar, no deben ser considerados ‘crímenes’, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo”.

Boicot a los negocios del sultán

Se han llevado a cabo actos de protesta frente a instalaciones hoteleras propiedad del sultán de Brunéi, como el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles, que además es un importante centro de convenciones. El pasado 24 de abril un pequeño grupo de activistas se manifestó ante el hotel, entre ellos la actriz Beth Grant, que declaraba que “Hollywood gasta un montón de dinero en el Beverly Hills Hotel y yo no quiero que termine en manos de esa persona”, refiriéndose al sultán.

Otras personalidades conocidas, como la actriz y presentadora Ellen DeGeneres o el actor Stephen Fry han animado desde las redes sociales a boicotear las instalaciones que formen parte del Grupo Dorchester, propiedad de Muda Hassanal Bolkiah, que incluyen al Beverly Hills Hotel o al Bel-Air Hotel.

También se han cancelado diversas convenciones y conferencias que iban a tener lugar en el Beverly Hills Hotel, entre ellas las de un grupo de colaboradores de causas LGTB, que habían programado reuniones para los primeros días de mayo. Kirk Fordman, director de Gill Action, organizadores del evento, declaraba que “a la luz de la horrible política homófoba aprobada por el Gobierno de Brunéi, Gill Action ha tomado la decisión de trasladar su conferencia desde el hotel Beverly Hills a otro lugar”.

Lo mismo ha sucedido con la ceremonia de entrega de los Premios Globales a los Derechos de la Mujer, que iba a tener lugar el próximo 5 de mayo. La Feminist Majority Foundation, organizadora de los premios, comunicaba que no solo se cambiará el lugar de la ceremonia, sino que además se unirán a grupos LGTB para protestar ante las instalaciones hoteleras propiedad del Sultán de Brunéi en la misma fecha. Según Marvis Leno, miembro de la junta directiva, “las leyes que asesinan a los homosexuales o que permiten la flagelación de mujeres por abortar, violan el derecho internacional y no deben tener espacio en una sociedad civilizada”.

Fuente Dosmanzanas

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El pequeño estado musulmán del sudeste asiático no hace honor a su nombre oficial de “Brunéi Darussalam”, que en castellano significa “Morada de la Paz”. La aprobación de un nuevo Código Penal introduce la pena capital para delitos como la violación pero también castigará con la vida las relaciones homosexuales, el adulterio o la blasfemia de carácter religioso, entre otros. Si nada lo impide, la nueva norma entrará en vigor el próximo martes 22 de abril.

Con menos de 500.000 habitantes, este minúsculo país ubicado en el norte de la isla de Borneo se suma a la penosa lista de naciones que ampara legalmente el asesinato de personas inocentes por su orientación homosexual. La nueva legislación, que actualiza el Código Penal de Brunéi de acuerdo a la sharía o ley islámica, fue aprobada el pasado mes de octubre, aunque será la próxima semana cuando entre en vigor.

Ya habíamos hablado de la instauración de las draconianas leyes en Brunéi. Este país ha sido el primero en aplicar la ley islámica de la Sharia a nivel nacional en el sudeste asiático, en vigor desde el pasado 1 de abril. Ahora la ONU ha hecho un llamamiento para la paralización de la aplicación, el próximo 22 de abril, de los castigos del Código Penal que contemplan la muerte por lapidación de los homosexuales, al igual que ocurre en otros países como Irán o Arabia Saudí.

La violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio para los musulmanes, blasfemar sobre cualquier versículos del Corán y del Hadith, declararse a sí mismo profeta, apostatar de ser musulmán y el asesinato son los delitos por los que la pena de muerte puede ser aplicada en el marco del código revisado.

Ya en enero el nuevo Código Penal mereció la condena de la Comisión Internacional de Juristas, que ahora se ha hecho extensiva a Naciones Unidas. Según ha explicado Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , “la aplicación de la pena de muerte para una amplia gama de delitos contraviene el derecho internacional”. Asimismo, Colville ha recordado que “la lapidación a muerte constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y por lo tanto está claramente prohibida” en el ámbito internacional, declaró el comisionado de la ONU. En opinión de este experto en Derechos Humanos, ‘la criminalización y aplicación de la pena de muerte para las relaciones sexuales consentidas entre adultos también viola toda una serie de derechos, incluyendo los de privacidad, igualdad, libertad de arrestos y detenciones arbitrarias’. Colville advierte: “Las disposiciones del Código Penal revisado pueden fomentar más violencia y la discriminación contra las mujeres y también contra las personas por motivos de orientación sexual.”.

El representante de la ONU ha realizado estas declaraciones institucionales durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra (Suiza). Colville también ha manifestado que desde Naciones Unidas “instamos al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Código Penal revisado y a llevar a cabo una revisión integral, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”.

Brunéi se independizó del Reino Unido en 1984 y, desde el 67, el sultán Hassanal Bolkiah ejerce su autoridad con mano de hierro, el mismo ha sido quien ratificaba las modificaciones al Código Civil. La “sodomía” es una actividad ilegal en Brunéi en las que están incluidas las relaciones sexuales anales, castigadas actualmente con penas de prisión de hasta diez años. Desde abril, la nueva ley supone la pena capital para estas relaciones sexuales, al igual que para las extramatrimoniales heterosexuales, mediante la lapidación. Brunéi ha mantenido una moratoria efectiva sobre la aplicación de la pena de muerte desde 1957. Por este motivo, el ACNUDH instó al gobierno a establecer una moratoria oficial y para trabajar hacia la abolición de la práctica por completo. 

La doble moral del sultán

Bajo el yugo del sultán absolutista Muda Hassanal Bolkiah, Brunéi no ha firmado ni ratificado prácticamente ninguno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso sí, repasando la trayectoria personal y el estilo de vida desaforado del jefe del estado, no parece que se aplique a sí mismo el rigor moral que exige a sus súbditos.

El sultán de Brunéi se ha casado tres veces y, aunque la religión islámica permite la poligamia para los hombres, está divorciado de dos de sus mujeres. Según la revista Forbes, en 2007, Bolkiah era la persona con la mayor fortuna de todo el mundo (estimada en 22 billones de dólares). El sultán lleva en el poder desde 1967 y consiguió la independencia de Reino Unido en 1984. Su patrimonio familiar ha ido creciendo progresivamente gracias a los beneficios que el país genera a raíz de las ricas explotaciones de petróleo y gas natural y a la falta de control del origen de sus ingresos.

Un litigio económico con su hermano menor Jefri, que acabó en el Privy Council de Londres (que sigue ejerciendo como una especie de tribunal de última instancia pese a la independencia) permitió conocer que el sultán derrocha el dinero a espuertas. Solo en 2007, gastó 1,26 millones de libras en un instructor de bádminton o 1,25 millones en acupunturistas y masajistas, por poner algunos ejemplos. Su palacio (más grande que el Vaticano) cuenta con bóvedas de oro y se calcula que posee cientos de automóviles de lujo, entre ellos varios Fórmula 1.

En definitiva, así es y así vive el hombre que se arroga el derecho, convertido en ley, de acabar con la vida de aquellos que comparten su amor y su sexualidad con personas de su mismo sexo en el “Estado de Brunéi, Morada de la Paz”.

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