Tras la presión de los grupos ultra conservadores, el presidente socialista de Rumanía se plantea hacer un referéndum para blindar la definición del matrimonio en la Constitución y prohibir así los matrimonios igualitarios. 

Hay una cosa que en esta web nunca nos vamos a cansar de repetir: los derechos de la minoría nunca han de ser votados por la mayoría. Cuando la mayoría vota sobre los derechos que no le afectan, la minoría sale perdiendo. Y eso pasa porque la parte de la mayoría contraria a esos derechos siempre es mayor que la minoría; y la parte de la mayoría que estaría a favor de esos derechos ni siquiera va a votar porque no le afecta.

Es lo que casi pasa  en Australia y es justo lo que podría pasar este otoño en Rumanía, país en el que el partido en el poder (el Partido Socialista Democrático) quiere celebrar en los próximos meses un referéndum para que el pueblo vote si quieren restringir constitucionalmente la definición del matrimonio, lo que prohibiría de forma absoluta cualquier posible reforma a favor del matrimonio igualitario.

El movimiento, que tiene el apoyo del presidente Liviu Dragnea, surge de una iniciativa de 30 organizaciones ultra (tanto ortodoxas, como de derechas) que bajo el nombre Coalición por la Familia presentaron tres millones de firmas para exigir al gobierno que prohibiera los matrimonios igualitarios. En julio de 2016 el Tribunal Constitucional del país aprobó la iniciativa y dio luz verde al parlamento para que llevara a cabo esa reforma.

Desde los grupos LGBT del país denuncian que Rumanía está dando muchos pasos atrás en materia de derechos civiles por culpa de grupos formados por la Iglesia Ortodoxa y neo-protestantes financiados dirigidos por norteamericanos. “Es inaceptable que un partido que se dice europeo y social-democrático se plantee liderar la batalla para restringir los derechos de las personas LGBTI“, dice Vlad Viski (presidente de la organización LGBTI MozaiQ). Según Viski desde que Rumanía despenalizó la homosexualidad hace 16 años (sí hija, en 2001) el gobierno no ha dado ni un paso para crear leyes que protejan al colectivo y, sin embargo, cede a la presión de los intolerantes para limitar los derechos de las personas LGTB. Gran parte de esa presión proviene de la Iglesia Ortodoxa, que proclama que respecto a la homosexualidad “no existe la tolerancia“.

Liviu Dragnea, presidente de Rumanía

Según Viski la idea del referéndum va contra la Constitución del país: “El propio Tribunal Constitucional de Rumanía ya declaró que el procedimiento parlamentario para modificar la Constitución es inconstitucional.” Y es que el Tribunal Constitucional dio luz verde a que el Parlamento tuviera en cuenta los tres millones de firmas de los grupos homófobos para legislar contra la igualdad, pero no aprobó que se modifique la carta magna del país.

Además Viski avisa de que los ultras conservadores no se detendrán cuando consigan limitar los derechos LGBTI puesto que la agenda de la Coalición por la Familia pasa también por limitar los derechos reproductivos, prohibir la educación sexual en las escuelas y la pornografía: “apoyan la cancelación de las ayudas a los anticonceptivos y son contrarios al aborto. Además proponen que los padres de menores que quieran divorciarse sean obligados a asistir a terapia de pareja.”

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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El primer caso de este tipo

El obispo decidió dejar su cargo el viernes “por la paz y el bien de la Iglesia” 

Está claro que la hipocresía no es patrimonio de nadie…

La Iglesia ortodoxa rumana estuvo implicada en las últimas semanas en dos escándalos sexuales, de los cuales el más reciente provocó la dimisión de uno de sus altos cargos, acusado de mantener relaciones con un alumno, informaron este sábado los medios locales.

Es el primer caso de este tipo en un país en el que el 85% de la población se declara ortodoxa.

El Santo Sínodo se reunió el jueves y el viernes para abordar el escándalo sexual vinculado al obispo de Husi, Corneliu Bârlădeanul del que presuntamente circula un vídeo de 22 minutos en el que mantiene sexo oral con un hombre, presumiblemente un alumno del seminario. (debido a su contenido no lo colgamos en la web, queda a la responsabilidad de cada cual seguir el enlace).

Según los medios rumanos, el alumno tenía 17 años en el momento de los supuestos hechos.

El caso de Corneliu Bârlădeanul se dio a conocer en junio, cuando se presentó la denuncia contra tres sacerdotes  que chantajearon con la revelación de las imágenes comprometedoras. Posteriormente, la película apareció en público.

Jitaru Sebastian Cristi sacerdote Archimandrita Episcopal de la Cathedral Napa, Damian Gheorghe, sacerdote del Hospital de Caridad del Condado de Vaslui, y Bumbu Razvan Michael Párroco Parroquia Valeni, fueron detenidos el 15 de junio bajo cargos de haber pedido dinero o determinados cargos para no publicar una serie de vídeos en los que el obispo de Huşi, Corneliu Bârlădeanul podría aparecer en situaciones comprometedoras. Más tarde fueron puestos bajo arresto domiciliario. A continuación podeos ver al obispo y a dos de los chantajistas…

El obispo defendió su inocencia, pero decidió dejar su cargo el viernes, “por la paz y el bien de la Iglesia”, anunció un comunicado del Patriarcado rumano.

Barladeanul ya no tendrá un puesto oficial en el seno de la Iglesia, pero seguirá siendo monje, sin poder oficiar misas. La retirada de Cornelius Bârlădeanu es válida hasta octubre. Hasta entonces, la investigación continúa con su caso.

Otro sacerdote del noroeste de Rumanía fue expulsado definitivamente de la Iglesia ortodoxa a finales de julio por intentar corromper a un joven de 17 años para mantener relaciones sexuales con él.

Fuente Agencias, vía Religion Digital

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Agrupados bajo el colectivo Respect, varias docenas de organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos, reclaman al Parlamento de Rumanía que no saque adelante un referendum con el que plantean restringir la definición constitucional de familia con el objetivo de excluir la posibilidad de la legalización del matrimonio igualitario.

Respaldados por la Iglesia Ortodoxa, Coalición por la Familia lograba reunir más de tres millones de firmas con la intención de forzar a su gobierno a convocar un referéndum para modificar la definición de familia en la constitución de Rumanía. Si bien la homosexulidad está despenalizada desde principios de 2000, actualmente no es legal el matrimonio igualitario en Rumanía, pero su constitución no distingue entre familias del mismo sexo o de distinto sexo, y precisamente por ese motivo docenas de grupos de derechos rumanos solicitaban este miércoles, 7 de junio, que su parlamento rechace la celebración del referéndum para votar si el pueblo quiere realizar esta modificación, cuya fecha tiene previsto fijar próximamente.

«Esta modificación legislativa promueve una reducción de los derechos ciudadanos, no la mejora de una institución», declara la activista Mircea Toma, de la plataforma cívica Respect, que reúne a un gran número de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, para quienes el Parlamento rumano «se acerca a una decisión sin haber organizado un debate real, sin un análisis en profundidad, sin tener en cuenta las normas y los valores europeos o las necesidades reales de la sociedad rumana».

«No hay ningún partido que asuma la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos (…). Pido a los padres que dejen crecer a sus niños sin presión y sin que se vean estigmatizados por la sociedad sólo porque no son parte de lo que se define como familia perfecta», reclama Oana Marinescu, experta en comunicación que participa de manera desinteresada en Respect.

La propuesta de Coalición para la familia no se limita a promover el referéndum para la modificación de la constitución en lo que a la definición de familia se refiere, sino que, en línea con grupos homólogos de otros países, como Hazte Oír en España, Con mis hijos no te metas en Perú o Frente Nacional por la Familia en México, están en contra del aborto, los métodos anticonceptivos y del divorcio, así como a favor de la reducción de impuestos para los matrimonios, en lo que Respect considera una iniciativa para erosionar los derechos y libertades democráticos de personas que no opinan como ellos y desean poder tomar sus propias decisiones en libertad y de manera individual.

Según la ley rumana, se puede modificar la constitución a propuesta de su presidente, del gobierno, de una cuarta parte de sus legisladores o por parte de al menos medio millón de ciudadanos, pero para cualquier revisión, su Parlamento debe aprobar un referéndum nacional. La propuesta de Coalición por la familia ha sido aprobada con una abrumadora mayoría en el Senado después de haber sido aprobada por la Cámara de Ddiputados y son pocos los políticos que apoyan abiertamente la legalización del matrimonio igualitario o incluso enlaces civiles entre personas del mismo sexo debido a la fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa.

Fuente Universogay

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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Alivio momentáneo para los activistas LGTB en Rumanía. El Senado del país decidió el pasado lunes posponer la decisión sobre la convocatoria de un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. El debate se traslada a las cámaras que salgan de las elecciones legislativas del próximo mes de diciembre.

El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que había reunido más de 3 millones de firmas. Las dos cámaras del Parlamento deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales.

Dos senadores del Partido Social Demócrata (PSD) presentaron el viernes pasado un proyecto de ley para autorizar la consulta. Pero el líder de la formación Liviu Dragnea les pidió que lo retiraran para no mezclar la campaña electoral con la del referéndum. Aunque decidieran ignorar esta petición, el Parlamento solo dispondría de dos semanas, hasta su disolución, para tramitar la propuesta. Por lo que parece altamente probable que el asunto se traslade finalmente a la próxima legislature y la comunidad LGTB gana, al menos, tiempo para organizar su estrategia.

El posicionamiento de Dragnea no implica que esté en contra de la discriminación a las personas LGTB. El líder del primer partido del Parlamento se mostró partidario de separar las elecciones generales de la consulta, pero manifestó su apoyo al fondo de la cuestión: “soy un hombre tradicional y conservador”. El expresidente Traian Băsescu también ha expresado su postura favorable al veto constitucional al matrimonio igualitario. Băsescu sí apoya una regulación en forma de uniones civiles, eso sí, siempre que se reserve la adopción a las “familias normales, formadas por un padre y una madre”.

Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis. En unas declaraciones de hace unas semanas, Iohannis abogaba por el respeto a los derechos de las minorías y condenaba el extremismo religioso. A pesar de no mencionar expresamente al colectivo LGTB, sus palabras fueron recibidas con esperanza por parte de los activistas, que ven al menos un cambio de actitud con respecto a sus antecesores.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente. Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Adrian Coman, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. Ahora se espera para el 29 de noviembre. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha efectuado unas declaraciones en las que ha defendido el derecho a la diversidad de los ciudadanos y el respeto a las minorias, además de condenar el extremismo religioso, cuando se le ha preguntado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no ha efectuado una defensa del matrimonio igualitario, ni mencionado explícitamente al colectivo LGTB, su actitud respecto a los derechos de las minorías le posiciona a una enorme distancia del habitual discurso a favor de la “familia tradicional”, del que recientemente hizo gala el propio primer ministro del país.

Rumanía está actualmente inmersa en un debate público sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Por un lado, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Tras el último aplazamiento, se espera que lo haga antes de que finalice este mes de octubre. Por otro lado, el grupo homófobo “Coalición por la Familia”, fuertemente alentado por la influyente Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir los 3 millones de firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum que prohíba constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Debido a esto, en la última conferencia de prensa ofrecida por el presidente Klaus Iohannis, el mandatario fue interrogado por su opinión al respecto. Sin ofrecer un apoyo explícito a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía, Iohannis sí que abogó por el respeto y la tolerancia hacia las minorías: “es importante reiterar algo en lo que creo”, declaraba, “que se debe volver a la tolerancia y la aceptación de los demás. No somos todos iguales, ninguno de los grupos étnicos o religiosos”.

El presidente sí que tuvo duras palabras para quienes quieren enfrentar la religión con los derechos civiles, al estimar que “es un error prestar obediencia y tomar el camino de la fe extrema. No lo apoyo. Yo creo en la tolerancia, la confianza y la apertura hacia los demás”. Es más, Iohannis considera que “el fanatismo religioso no ayuda a la sociedad. Si ser cristiano implica la tendencia hacia el fanatismo… se envía una señal equivocada”.

Quizás este alegato del presidente Iohannis a favor de la tolerancia puede estar fundamentado en su propia identidad. Él mismo es miembro de la minoría étnica de origen germano  y de la minoría luterana, si bien pertenece al Partido Nacional Liberal, muchos de cuyos miembros se han afiliado al conservador Partido Popular en el Parlamento europeo, un grupo que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos LGTB.

Vlad Viski, presidente de la asociación de defensa de los derechos LGTB MozaiQ, considera que las declaraciones del presidente Iohannis son importantes, aunque demasiado comedidas: “Los comentarios de Klaus Iohannis son una primicia en Rumania. Por primera vez, un político importante se muestra en apoyo de la diversidad. Sin embargo, sus declaraciones no van tan lejos como quisiéramos, ya que Iohannis no especificó que se estuviera refiriendo a la comunidad LGBTI, sino que evitó el uso de una referencia directa a las personas LGBTI. El primer ministro de Rumania, Dacian Ciolos, sin embargo, ha salido hoy en apoyo de la llamada ‘familia tradicional’, lo cual es decepcionante y demuestra que la lucha de las personas LGBTI está lejos de concluir”.

A pesar de ello, según Viski la comunidad LGTB ha reaccionado a las declaraciones de Iohannis con satisfacción, mientras que los homófobos han expresado su ira. “Los partidarios de la ‘Coalición por la Familia’ han tomado una postura muy agresiva, de condena a Iohannis”, afirma el activista, “se han observado en todos los medios cientos de comentarios llenos de odio. Esto demuestra el discurso extremadamente homófobo y transfóbo que está siendo promovido por aquellos que tratan de prohibir el matrimonio homosexual en la Constitución”.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Como señalábamos, los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente.

Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conminaba a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que podía crear un importante precedente.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Accept, Adrian Coman, Coalición por la Familia (Rumanía), Dacian Ciolos, Discriminación, Homofobia, Klaus Iohannis, Matrimonio, MozaiQ, Robert Hamilton, Rumanía, Vlad Viski

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha pospuesto de nuevo la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. El fallo, que se aplaza al mes de octubre, podría ser determinante para el proceso de prohibición constitucional del matrimonio igualitario que tiene lugar en el país.

La pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Este martes, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conmina a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacen necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que puede crear un importante precedente, según el presidente de la sala.

El presidente de la organización LGTB MozaiQ, Vlad Viski, animó a armarse de paciencia ante el retraso en la resolución del caso y destacó como positivo que se vayan a oír de nuevo los argumentos a favor de la igualdad en la más alta instancia judicial del país. Según expertos legales citados por el Gay Star News, sin embargo, es muy probable que el Constitucional rumano rechace de todas formas la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. “Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa”, ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.

Fuente Dosmanzanas

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David Velduque es el director del cortometraje Por un beso, estrenado en la Plaza de Pedro Zerolo el pasado 29 de junio, al comienzo de las fiestas del Orgullo LGTB, con gran éxito. Hermoso, conmovedor y brutal, el cortometraje pretende ser, en palabras de su autor “una historia que denuncia el aumento de agresiones que hay este año en Madrid y en el mundo”. Una historia que se vio trágicamente respaldada por los acontecimientos, pues, según el director, “de hecho, lo que ha pasado en Orlando nos ha pillado en medio del rodaje, así que ahora más que nunca este corto tiene su sentido de ser”.

#PorUnBeso es el título del cortometraje dirigido por David Velduque para el Madrid Pride 2016. Un proyecto protagonizado por Pelayo Rocal y Fernando Hevia que se encarga de celebrar la naturaleza poliédrica del amor. Un amor que sobrepasa los límites y las etiquetas para denunciar la homofobia.

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El Orgullo LGTB de Bucarest ha reunido a más de 2.500 personas. Con una participación bastante superior a la de pasadas ediciones, el activismo LGTB ha exigido con más fuerza la igualdad de derechos. Carla Antonelli, activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, ha protagonizado una de las intervenciones, en la que animaba al activismo LGTB rumano a luchar contra el veto constitucional al matrimonio igualitario. En este sentido, hace solo unas semanas informábamos de la iniciativa homófoba de la Coalición por la Familia de Rumanía, que ha recogido tres millones de firmas para forzar al Gobierno a prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo. Como viene siendo costumbre, un grupo de parafascistas ha convocado una contramanifestación LGTBfóbica.

Las familias diversas han sido las protagonistas del Orgullo LGTB de Bucarest en su edición de 2016. Se trata de una elección de especial relevancia ante el reto de defender la diversidad, frente al posible veto del matrimonio igualitario en la Constitución del país. La organización Rainbow Families România (Familias Arcoíris de Rumanía) es una de las que ha llamado a luchar “por la familia que ya tenemos, la familia que queremos y la familia 3 millones de personas nos quieren negar”.

En la misma línea, ACCEPT, MozaiQ y PSI-Rumanía (las entidades convocantes del Orgullo LGTB de Bucarest) han advertido de que “la decisión de limitar los derechos civiles y las libertades puede dirigir a Rumanía hacia una camino radical de extrema derecha, cada vez más común en la región”. Las asociaciones igualitarias citan como ejemplos preocupantes casos próximos como los de Hungría, Polonia, Rusia o Turquía, y alertan que “vemos varias sociedades en la deriva hacia el autoritarismo”.

Las importantes reivindicaciones que activismo LGTB rumano tiene por delante han hecho que crezca la participación hasta superar el doble de la del año pasado. A la edición de 2014 apenas asistieron 400 personas, sobre todo por miedo a la fuerte LGTBfobia social existente en Rumanía.  Aquel año, la comunidad LGTB se enfrentaba a otro órdago discriminatorio: el Parlamento rumano bloqueaba una proposición de ley de uniones civiles que pretendía incluir a las parejas del mismo sexo.

Carla Antonelli: una voz del activismo español en Rumanía

La incansable activista Carla Antonelli se ha sumado a la manifestación del Orgullo LGTB de Bucarest, celebrada el pasado sábado 25 de junio en la capital rumana. Antonelli se dirigía a los asistentes para animarles a defender los derechos del colectivo LGTB, aduciendo que “son posibles, además de fundamentales, y que en España hubo un tiempo que los contemplábamos como inalcanzables”. Sobre la realidad de las personas trans en Rumanía, Carla Antonelli recuerda que solo pueden acceder al proceso sanitario de una cirugía genital tras la sentencia judicial de un tribunal y un largo periplo por todo por todo tipo de comités médicos y psiquiátricos. El cambio de la documentación solo es posible si se ha pasado por una intervención quirúrgica genital.

En su cuenta de Twitter, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid anunciaba el comienzo del Orgullo LGTB de Bucarest y se lamentaba de algunos insultos discriminatorios contra los manifestantes:

Comienza #BucharestPRIDE de Rumanía, pasa coche a toda velocidad al grito “maricones” y con + orgullo lucen Arcoiris pic.twitter.com/HSFPSxsEwM

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 25 de junio de 2016

La extrema derecha vuelve a protagonizar una contramanifestación

A las 12 del mediodía del sábado, poco tiempo antes del inicio del Orgullo LGTB de Bucarest, los militantes de Noua Dreapta (Nueva Derecha) se manifestaban en contra de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Tras pancartas como “3 millones reclaman la normalidad”, los parafascistas rumanos dejaron claro que apoyan la reforma constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no solo eso, los convocantes aprovecharon para “denunciar” el caso de los Barbu, la familia rumana en el Reino Unido cuyos hijos fueron dados en adopción a una pareja homosexual británica. Poco más de 100 personas dieron apoyo a estos radicales.

“Los niños rumanos no quieren caer en las manos de los homosexuales británicos ni holandeses o en las manos de los homosexuales franceses, por lo que es hora de unirse al partido Nueva Derecha, el principal promotor de los valores tradicionales de la familia”, aseguran en un comunicado.

Según el Eurobarómetro de 2015, del que ILGA se hace eco, un promedio del 58 % de los ciudadanos rumanos cree que la discriminación basada en la orientación sexual está generalizada en el país. Asimismo, el 56 % considera que la discriminación por identidad de género es habitual.

Fuente Dosmanzanas

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La “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar la Constitución para que se prohíba expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Presentadas en el Parlamento, el único medio para evitar la celebración de la consulta popular es un dictamen del Tribunal Constitucional que declarase contrario a la Carta Magna la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana.

La Constitución de Rumanía describe el matrimonio como la unión de dos esposos, sin especificación de su sexo, aunque la legislación actual no permite el matrimonio para las parejas del mismo sexo y ni siquiera existe ningún tipo de unión civil o reconocimiento legal semejante. A pesar de ello, los grupos opuestos al matrimonio igualitario, encabezados por la Iglesia ortodoxa, temen que una decisión judicial o un futuro impulso político puedan establecer la inclusión en la institución matrimonial de las parejas del mismo sexo. Los diferentes grupos decidieron unirse y formar la “Coalición por la Familia”, con el propósito de impulsar una iniciativa popular al respecto.

Según la legislación rumana, la convocatoria popular de un referéndum necesita de 500.000 firmas para poder ser presentada ante el Gobierno. La “Coalición por la Familia” ha logrado recoger alrededor de 3.000.000, que ya han sido presentadas en el Parlamento, con el objetivo de reformar la Constitución para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, además de prohibir expresamente las uniones de personas del mismo sexo.

Satisfacción entre los LGTBfobos

El presidente de la “Coalición por la Familia”, Mihai Gheorghiu, expresaba su satisfacción por el logro porque considera que “estamos asistiendo a una primicia histórica, tanto a nivel nacional como europeo: tres millones de ciudadanos rumanos, en un gran esfuerzo de solidaridad, han firmado la iniciativa para la modificación de la Constitución. Es más, Rumania forma  parte de una tendencia europea. Hay una iniciativa europea para definir el matrimonio en estos términos y tenemos los ejemplos de Croacia y Eslovenia el año pasado, que ya han dado lugar a referendos exitosos para incluir esta definición en sus constituciones”.

En efecto, el pasado 2015 la población de Eslovenia votó mayoritariamente a favor de la derogación del matrimonio igualitario, que había sido aprobado por su Parlamento. Los croatas votaron en 2013 la reforma de su Constitución para definir expresamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. También lo hacen así otras constituciones de países de Europa central y oriental, como Polonia, Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.

Una muestra de la actitud hipócrita e intolerante de quienes apoyan la discriminación de las personas LGTB son las declaraciones de Laura Sturzu, una de las firmantes de la iniciativa de referéndum:

Me decidí a firmar el apoyo a esta iniciativa porque creo que la Constitución del país debe estar en consonancia con nuestros valores, nuestros principios y nuestras tradiciones.

Hace poco visité España y me indignó ver a las parejas homosexuales caminando de la mano o besándose ostentosamente en las calles o enfrente de niños pequeños. Yo respeto la elección sexual y el comportamiento de todo el mundo, siempre que se exprese de forma privada. No quiero que nuestros valores tradicionales sean sustituidos por este tipo de comportamientos.

 Alarma entre los defensores de los derechos LGTB

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”. También expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional anule la convocatoria del referéndum porque “no puede revisarse la Constitución si la reforma da lugar a la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, tal como se establece en la legislación rumana.

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Jorge Fernández Díaz, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Los Chunguitos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pedro Zerolo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

Preocupante informe el que ha elaborado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual numerosos profesionales sanitarios de los países miembros, especialmente de países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, o Rumanía, siguen considerando la homosexualidad una enfermedad y la transexualidad un trastorno mental. En el caso rumano, de hecho, la proporción alcanza el 50% de los entrevistados. Actitudes “erróneas y desfasadas” que este organismo considera ponen en peligro derechos fundamentales del colectivo LGTB.

Un estudio realizado por la Agencia europea de los derechos fundamentales (FRA) ha concluído tras una encuesta realizada a profesionales de la medicina en los 19 estados miembros de la Unión Europea que aproximadamente el 50% de los doctores en Europa aun creen que ser gay es una enfermedad, si bien es cierto que los resultados difieren bastante de unos países a otros, por ejemplo el informe detalla que en países como Bulgaria, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los médicos aun hablan de “tratar” la homosexualidad. Igualmente importante es que la mayoría de esos profesionales no conocen la problemática específica de la comunidad LGBTI.

Este informe complementa la encuesta que en 2013 la FRA hizo a 93.000 personas en los 28 países de la Unión Europea, la mayor sobre la materia realizada hasta esa fecha, y que de forma global encontró que un 47% de las personas LGTB del continente se sintieron discriminadas o acosadas durante el año precedente a la realización de la encuesta. Las cifras se disparaban cuando de recordar sus experiencias durante el periodo escolar se trataba (puedes consultar más datos en la entrada que por entonces le dedicamos). En esta ocasión, lo que la FRA ha hecho es sondear las opiniones de los funcionarios públicos, personal sanitario, profesores y agentes de policía, los grupos profesionales mejor situados para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de derechos LGTBdetectar tanto los obstáculos como los factores impulsores de la aplicación de políticas de protección y defensa de los derechos de las personas LGTB. En concreto, se ha entrevistado a más de 1.000 profesionales de 19 países.

Y el panorama que ha encontrado es preocupante. Muchos de estos profesionales siguen teniendo una visión negativa respecto a las personas LGTB, lo que en para la FRA obstaculiza claramente los esfuerzos por frenar la discriminación y contrarrestar los delitos motivados por los prejuicios. Otro aspecto muy a tener en cuenta es que las personas encuestadas también indicaron que la falta de información y de formación profesional respecto a las necesidades del colectivo LGTB les impide contribuir a contrarrestar la discriminación a la que se enfrenta. En palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “los resultados apuntan a que la Unión Europea y los estados miembros subestiman la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para actuar de acuerdo con la obligación de proporcionar un servicio de alta calidad y de ayudar a poner fin al sufrimiento que experimentan muchas personas del colectivo LGBT”.

Entre las principales conclusiones que la propia FRA extrae del informe, según el comunicado en el que lo ha dado a conocer, se encuentran:

• Parte de la sociedad mantiene actitudes hostiles respecto al colectivo LGBT y algunos profesionales siguen albergando prejuicios tales como la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad que puede transmitirse. Por tanto, es necesario realizar campañas de sensibilización más positivas a escala nacional y de la UE, como las que figuran en la lista de acciones de la UE con el fin de mejorar el respeto a las personas del colectivo LGBT y sus derechos.
• Todos los grupos profesionales presentan bajos niveles de sensibilización y de conocimiento en relación a las necesidades del colectivo LGBT. Esto subraya la importancia de la formación profesional, y de que la sociedad civil se organice en asociaciones y coopere a fin de contrarrestar los prejuicios, especialmente en relación con las personas transexuales en el campo de la atención sanitaria, y para garantizar el mismo nivel de servicios del que disfruta la mayoría de la población.
• La falta de información objetiva, especialmente en los centros de enseñanza, puede dar lugar a acoso y prejuicios en una etapa vital posterior, así como obligar a los jóvenes LGBT a ocultar su orientación sexual o su identidad de género. Los Estados miembros deberían cooperar con las autoridades encargadas de la educación y los centros de enseñanza a fin de diseñar campañas destinadas a ayudar a que los colegios sean lugares más seguros y acogedores para con las personas LGBT.
• A menudo los delitos motivados por prejuicios contra las personas LGBT no se reconocen, no se denuncian y no se registran. Los Estados miembros deberán redoblar esfuerzos con el fin de garantizar la correcta aplicación de las leyes que protegen contra los delitos motivados por prejuicios y deberán incrementar esfuerzos con el fin de mejorar la denuncia de delitos motivados por prejuicios que deberían registrarse.

Un capítulo que ha llamado especialmente la atención, quizá por lo inesperado, es el referente al colectivo sanitario. “Los resultados revelan que algunos médicos siguen considerando erróneamente que la homosexualidad constituye una enfermedad”, ha destacado Michael O’Flaherty. Algo que destaca especialmente en los casos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía. En este último caso,  Rumanía, es donde se obtiene uno de los resultados más homófobos e incluso un enfermero se refiere a la homosexualidad como una plaga generada como resultado de hechos infelices sucedidos durante la infancia que necesitan manifestarse de otra forma(sic).la proporción de profesionales entrevistados que siguen considerando la homosexualidad una enfermedad alcanza el 50%.  Incluso sin llegar a este grado de prejuicio, resulta llamativo el peso del estereotipo y la falta de conocimiento de la realidad LGTB. En este sentido, nos ha llamado la atención el comentario de un ginecólogo lituano, según el cual hay que ser más cuidadoso cuando se atiende a personas homosexuales porque, por ejemplo, “se desmayan más fácilmente” al extraerles sangre…

El director de la FRA señala con los resultados en la mano la importancia del trabajo que debe realizarse en educación y entrenamiento profesional para contrarrestar la discriminación

El colectivo LGBT tiene el mismo derecho a la educación, sanidad y a ser tratados como iguales. Ellos también tienen derecho a vivir su vida con dignidad y sin miedo ni discriminación. El estudio revela cómo algunos doctores aun creen erróneamente que la homosexualidad e una enfermedad. Ellos subestiman la necesidad de Europa y sus estados miembros de empoderar oficialmente al colectivo gay y suministrarle servicios de calidad, ayudándoles y evitando el sufrimiento

Una consecuencia directa de las creencias de cierto sector médico es que muchos ataques homófobos contra el colectivo LGBT a menudo no son reportados ni añadidos a las estadísticas de forma adecuada, tanto por los sanitarios como por la policía.

Os invitamos a conocer en su integridad el informe, titulado Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (tiene 100 páginas y está cargado de información de gran interés, no solo en el ámbito sanitario, también en el educativo o en el policial). Puedes descargarlo pinchando aquí.

Fuente PinkNews, vía AmbienteG/Dosmanzanas

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Los ciudadanos rumanos tienen una visión bastante más negativa de la homosexualidad que sus vecinos europeos, y por tanto su homofobia es mayor. Un 40% de los rumanos está a favor que se expulsen del país a todos los homosexuales. De hecho, los matrimonios gays no están regulado, ni se prevé que lo esté a corto plazo, a pesar de ello, los rumanos homosexuales ya no son castigado por las leyes y están defendidos por las leyes anti-discriminatorias como el resto de los países de la Unión Europea. Eso es sobre el papel porque, en la realidad, el pasado 1 de agosto, la casa real emitió un comunicado en el que el Rey Miguel de Rumanía explicaba los motivos por los que despojaba a su nieto Nicolás de su puesto real. De por medio, los rumores que apuntan a que es gay, según la revista Instinct.

Miguel I de Rumanía abdicó hace 68 años cuando los comunistas llegaron al poder y se exilió a Suiza junto a su mujer Ana de Borbón. Tras la II Guerra Mundial el país se declaró republicano, pero en el 97 Miguel volvió al país a mirar la vida pasar; porque aunque tiene rango de ex-jefe de Estado y el apoyo del 30% de la población, su familia pinta menos que Leticia Sabater en cualquier sitio. Es decir, es muy remota la posibilidad de que el ahora destronado príncipe pudiese reinar en su país algún día.

El ex príncipe tiene 30 años, nació muy cerca de Ginebra, está soltero, es el único hijo varón de Elena de Rumanía y de Robin Medforth-Mills, por lazos familiares está vinculado a los dos grandes abuelos reales de Europa: Victoria de Inglaterra y Christian IX de Dinamarca. Hasta el comunicado emitido por su abuelo, Nicolás era tercero en la línea de sucesión al trono, tras su tía Margarita, la primogénita de Miguel de Rumanía que no tiene descendencia. Ahora el ex príncipe ha recuperado su nombre y apellido: Nicolás Medforth-Mills.

El comunicado que emitió el Rey Miguel de Rumania explicó por qué quitó a su nieto su puesto real. “La Casa Real y la sociedad rumana actual necesitan un guía que denote modestia, principios morales, respeto y piense siempre en el beneficio de los demás. El Rey espera que su único nieto encuentre en los próximos años la manera correcta de servir a sus ideales y de usar las cualidades con que Dios lo agració”, dice el comunicado. El Príncipe es conocido como el “Príncipe del Pueblo” por su carisma y labor altruista, declaró que acepta la decisión del rey. “La vida real significa llevar mi vida de una manera que encuentro difícilmente aceptable. Por esa razón, con gran dolor en el corazón, aceptó la decisión tomada por Su Majestad el Rey Miguel”, declaró en una carta. El anuncio de la pérdida de su título causó sorpresa entre el pueblo rumano, en especial entre los jóvenes, que simpatizaban con Nicolás, de acuerdo con el diario The Telegraph.

Nicolás es un gran deportista y aficionado a la conducción de todo tipo de vehículos ya sea por tierra, mar o aire. Aunque su debilidad son los coches. Afición que, por cierto, compartía durante los largos periodos de vacaciones con el abuelo que ahora le destrona. Pasó la niñez en Inglaterra, junto a sus padres y su hermana Karina. El padre, miembro de una familia de abolengo del Reino Unido, era profesor de Geografía en la Universidad de Durham y posteriormente estuvo vinculado a las Naciones Unidas como formador y responsable de diferentes acciones humanitarias.

¿Qué ha hecho Nicolás para provocar una reacción tan drástica de su abuelo? Alguien de la familia ha comentado que se trataba de “discrepancias emocionales”, sin embargo, otros familiares apuntan a debilidades más conflictivos por parte de Nicolás, en concreto la afición a juegos de azar ilegales y a que organiza apuestas ilegales con gallos de pelea en su finca. Sea como sea, está claro que en la rancia monarquía europea ser gay está muy mal visto. Está claro que hay instituciones arcaicas que deberían de desaparecer y que todavía no se han enterado que vivimos en el siglo XXI. De todas formas, a Nicolás no se le conoce ninguna relación sentimental así que aquellos a los que les de morbo tener un affaire con un ‘exprincipito’ es vuestra oportunidad.

Pero, ¿cuál es la realidad de la comunidad LGBT en Rumanía?. La homosexualidad era castigada en el país hasta hace poco, perseguida por el Artículo 200, que fue una sección del código penal que prohibió cualquier tipo de relación homosexual tanto en público como en privado; introducida por Nicolae Ceauşescu fue abolida completamente el 22 de junio de 2001 bajo las presiones de los organismos europeos.

Durante el período comprendido entre la legalización en 1996 de las relaciones homosexuales en privado y el ingreso en la Unión Europea en 2007, el gobierno rumano ha elaborado leyes que castigan las actitudes discriminatorias. Además en 2002 se igualó la edad de consentimiento de las relaciones sexuales entre hetero y homosexuales en los 15 años. Todos estos cambios progresistas provocaron que se reconozca que “es uno de los cinco países donde ha habido un progreso ejemplar en combatir abusos basados en orientación sexual o en identidad de género”.

Desde el 1 de enero de 2007, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, en Rumanía se han de cumplir todas las normativas europeas, entre ellas las de no discriminación por motivos de orientación sexual. También en Rumanía, como en el resto de Europa, la Comisión Europea trabaja por erradicar la homofobia tan arraigada en el sentimiento de este país conservador.

Fuente Ragap

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Elena de Rumanía, Miguel I, Monarquía, Nicolae Ceauşescu, Nicolás Medforth-Mills, Robin Medforth-Mills, Rumanía

Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Felipe de Borbón, Fernando Sebastián, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Maribel Blanco, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Soraya Sáenz de Santamaría, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó el pasado jueves una resolución de protección a la familia de la que, tras la intervención de Rusia, ha quedado excluida toda mención a la diversidad de realidades familiares. La iniciativa puede sentar un peligroso precedente de amparo a la homofobia de estado.

La idea de crear un comité especial para la protección de la familia dentro del CDH a partir de septiembre surgió de Egipto y Sierra Leona, que, junto con otros 23 países, presentaron el pasado lunes un borrador de resolución cuyo párrafo primero instaba a:

convocar, en su 27º período de sesiones, una mesa redonda sobre la protección de la familia en la que se aborde la cuestión del cumplimiento por los Estados de las obligaciones dimanantes de las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y se debata sobre los retos y las mejores prácticas en esta esfera.

Un día después, un grupo de 32 países liderados por Uruguay propuso una enmienda a este punto que añadiera al final las palabras:

teniendo en cuenta que, en los diferentes sistemas culturales, políticos y sociales, existen diversas formas de familia.

El añadido no fue del agrado de Rusia, copatrocinador de la primera versión del borrador y que amenazó con vetar todo el proceso; la enmienda propuesta por Uruguay ni siquiera se llegó a debatir. Mientras tanto, Arabia Saudí junto con los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán presentaron otra enmienda que añadiera al preámbulo de la resolución que:

los hombres y mujeres mayores de edad, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, tienen derecho a casarse y a fundar una familia, teniendo presente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Por fortuna, los representantes saudíes retiraron esta versión cuando se supo que la enmienda inclusiva uruguaya no prosperaría. La resolución inicial fue votada y aprobada por 26 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Del lado de la propuesta de Egipto y Sierra Leona votaron, además de sus promotores: Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, China, República del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Vietnam.

Contra la moción se posicionaron Austria, Chile, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Corea del Sur, Rumanía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se abstuvieron Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Perú y Macedonia. El resultado de la votación fue recibido con aplausos por los representantes de los países favorables a la versión excluyente de la resolución sobre protección a la familia.

Se trata sin duda de un triunfo diplomático de los países más férreamente opuestos a los derechos de las personas LGTB, con Rusia a la cabeza. Según un interesante artículo de la web estadounidense The Daily Beast, nos encontramos ante una ofensiva en toda regla para incluir los llamados “valores tradicionales” en la categoría de derechos humanos; lo cual podría traer como consecuencia la primacía de la defensa de esos valores tradicionales (hostiles a las mujeres o a los ciudadanos LGTB) sobre los derechos individuales e inalienables de cada persona. Un objetivo camuflado además bajo la conocida excusa de la protección a la familia, que tacha automáticamente de contrario a la misma a quien se oponga a su homófoba agenda.

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A pesar del mal tiempo, unas cuatrocientas personas han participado el pasado sábado en la Marcha del Orgullo de Bucarest, que servía de cierre a los actos que se han llevado a cabo durante toda la semana. El lema de la manifestación era la diversidad, siendo el principal contenido de los discursos que se pronunciaron cuando los manifestantes llegaron a la Plaza de la Victoria, declarada “zona libre de discriminación”.

La celebración del Orgullo en Bucarest ha tenido lugar apenas unos meses después de que el Parlamento rumano bloquease una proposición de ley de uniones civiles que incluiría a las parejas del mismo sexo. Por ello, los convocantes han querido nombrar a este último acto “Marcha por la Diversidad”, como reivindicación de un marco legal y social donde todos tengan cabida.

La manifestación transcurrió desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza de la Victoria sin incidente alguno. Al alcanzar durante el recorrido el edificio de la embajada de Rusia en Rumanía, algunos  manifestantes abuchearon y pitaron en su dirección, en muestra de su desacuerdo con las leyes homófobas rusas aprobadas el pasado año.

A ello quiso hacer referencia Florin Buhuceanu, director de la organización rumana de defensa de los derechos LGTB Accept, para quien Rumanía debe decidir a qué bloque quiere pertenecer. “Las políticas de los países de la Unión Europea representan un modelo funcional para fortalecer una sociedad próspera que  además es diversa e inclusiva, mientras que la clase política en Rusia y sus países vecinos genera intolerancia y homofobia“, afirmaba Buhuceanu, para concluir que, en su opinión, “Rumania y los rumanos, en la frontera entre el este y el oeste, deben elegir qué camino seguir”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Accept, Bucarest, Discriminación, Florin Buhuceanu, Orgullo LGTB, Rumanía

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado domingo han dejado un panorama preocupante por el ascenso, en varios países, de fuerzas populistas y de extrema derecha. En clave LGTB, es hora de hacer un repaso a los diputados que han firmado su compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out.

En total, de los 751 parlamentarios electos, 187 (un 25%) se han comprometido con la igualdad LGTB. Los países que más firmantes han enviado al Parlamento Europeo son, por orden:

• Alemania: 30 (31% de una delegación de 96 diputados).
• España e Italia: 25 cada una (46% y 34% de sus delegaciones, respectivamente).
• Reino Unido: 21 (29%).
• Bélgica y Francia: 14 (67% y 19%, respectivamente).
• Países Bajos: 11 (42%).
• Austria y Suecia: 8 (44% y 40% de cada delegación).
• Finlandia, Irlanda y Luxemburgo: 5 (38%, 45% y 83%, respectivamente).
• Malta y Portugal: 4 (67% y 19%).
• Chipre y Dinamarca: 2 (33% y 15%).
• Croacia, Eslovenia, Hungría y Rumanía: 1 (9%, 13%, 5% y 3%).

El resto de los países (Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Eslovaquia) no enviarán a Bruselas y Estrasburgo a ningún representante que haya firmado el compromiso de ILGA Europa. De los datos se deduce que España, que lideraba la lista de candidatos, es también el país, entre los “grandes”, con una proporción más elevada de los mismos. La afiliación política de las fuerzas triunfadoras en cada país juega un papel fundamental, como reflejan los bajos porcentajes de Francia y Dinamarca, donde ha triunfado la derecha populista o extrema, o el relativamente elevado de Italia, debido a la victoria del Partido Democrático, seguido por el Movimiento Cinco Estrellas. Es interesante, por tanto, saber el desglose de los firmantes por grupos parlamentarios europeos:

• Socialistas y Demócratas: 83 (43% de 191 miembros del grupo).
• Verdes / Alianza Libre Europea: 32 (62%).
• Alianza de Liberales y Demócratas: 18 (28%).
• Izquierda Unitaria Europea: 17 (38%).
• Partido Popular Europeo: 14 (7%).
• Otros partidos y sin afiliación: 23.

Reino Unido: los “tories” no firman

En el Reino Unido, donde el eurófobo y populista UKIP se alzó con la victoria, no se han adherido al compromiso ninguno de sus diputados electos. Más sorprendente es la ausencia de representantes del partido conservador, cuyo líder y primer ministro David Cameron promovió la actual ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El grupo LGBTory justificó la decisión de su formación argumentando que los conservadores prefieren que los derechos LGTB sean una competencia exclusiva de cada Estado miembro.

¿Y en España?

De los 54 diputados elegidos por España, 25 han firmado el compromiso de ILGA Europa: los 14 que ha obtenido el Partido Socialista (encabezados por Elena Valenciano), tres de los seis de Izquierda Plural (Marina Albiol, Willy Meyer y Ernest Urtasun), tres de los cinco de Podemos (Pablo Echenique, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez), Josep Maria Terricabras de ERC, Ramon Tremosa de Convergència, Izaskun Bilbao del PNV, Jordi Sebastià de Compromís-Equo y Gabriel Mato del PP, el único de los 16 europarlamentarios electos por su partido. En la lista no hay ningún representante de UPyD (4 escaños), Ciudadanos (2 escaños) ni Los Pueblos Deciden (1 escaño).

Fuente Dosmanzanas

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