Tal y como adelantamos en mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ha fallado a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. El recuento final arroja ocho votos a favor y tres en contra de un texto que decreta la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista la «omisión legislativa» al respecto. 

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó el proceso sobre la persecución legal de la LGTBfobia, en respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión en mayo de otros dos votos favorables se alcanzaba ya la mayoría del alto tribunal, compuesto por once magistrados. Ahora lo han hecho los cinco restantes, de los cuales dos se han posicionado a favor y tres en contra. Finalmente, 8 votos contra 5.

La tesis fijada por el Supremo brasileño hace extensiva la legislación contra el racismo a los delitos por homofobia y transfobia y será de aplicación mientras se mantenga la ausencia de legislación al respecto, un vacío legal que coloca al colectivo LGTB en situación de indefensión. «El concepto de racismo sobrepasa los aspectos estrictamente biológivos o fenotípicos e incluye la negación de la dignidad y de la humanidad de grupos vulnerables», asegura el Supremo en la nota de prensa que daba a conocer el resultado de la votación.  Puedes descargar aquí la tesis completa, que también impone límites al discurso de odio por parte de los líderes religiosos al considerar que este no queda cubierto por el derecho a la libertad religiosa.

Críticas de Jair Bolsonaro

La decisión, como era de esperar, no ha sido recibida con agrado por el presidente de Brasil, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro, que la ha calificado como «completamente equivocada» y ha asegurado que perjudica a los propios homosexuales, que según él tendrán más dificultades para encontrar trabajo ya que los empresarios se lo pensarán «dos veces» antes de contratarlos por miedo a ser acusados de descriminación. Bolsonaro ha añadido que esta decisión del Supremo brasileño es un argumento más a la hora de renovar el alto tribunal incorporando magistrados evangélicos.

Habrá que ver, por otra parte, si el legislativo brasileño avanza en la misma dirección que el Supremo. En este sentido, solo un día antes de que en mayo se adelantase la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. A la propuesta, no obstante, le queda por delante una trabajosa tramitación.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, sentenciará en junio a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. Seis de los once miembros del alto tribunal ya han depositado sus votos a favor del texto que decreta la equiparación en la legislación de los delitos de LGTBfobia con los motivados por el racismo. El Senado trabaja actualmente en un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista, que ha denunciado una “omisión del Parlamento” en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución nacional. Seis de los once magistrados del Supremo ya se pronunciaron a favor de la medida. La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría de votos necesaria para tipificar la homofobia como un delito penal equivalente al racismo, pero decidió aplazar la decisión final para el próximo 5 de junio.

En febrero comenzó el proceso sobre la inclusión de la LGTBfobia en la legislación, que dará respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión de otros dos votos favorables la semana pasada, se ha alcanzado una mayoría en el alto tribunal. El próximo 5 de junio se pronunciarán los restantes cinco magistrados, que ya no pueden variar el veredicto final, pero sin cuyo voto no puede entrar en vigor el fallo.

Entre los que ya han dado su apoyo a la sentencia, la jueza Rosa Weber defendió su voto favorable para cubrir un vacío legal que provoca indefensión en el colectivo. Su compañero el magistrado Luiz Fux se inclina por establecer una interpretación de la ley de 1989 contra el racismo que incluya a las personas LGTB. Se trata de una norma que castiga los delitos motivados por esta causa con penas de hasta cinco años de prisión. Fux considera que no existe la certeza de que el poder legislativo vaya a aprobar las reformas legales necesarias para proteger a la comunidad LGTB, y mientras tanto «efectivamente la homofobia va a seguir».

Solo un día antes de conocerse la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. La propuesta continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

Durante la sexta sesión dedicada al tema, que se debate desde fines del año pasado, dos de los once magistrados del Supremo se sumaron a los cuatro que ya se habían pronunciado a favor de equiparar los delitos de carácter sexual al racismo, que el Código Penal castiga con rigor.

No obstante, a pesar de que seis magistrados ya se pronunciaron en ese sentido, la mayoría alcanzada aún podría ser alterada, pues por las normas del tribunal cualquiera de sus once miembros puede alterar su voto antes de la proclamación del resultado.

Tras cuatro horas de audiencia, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, decidió convocar a una nueva sesión para el 5 de junio próximo, cuando deberán pronunciarse los cinco jueces que aún no lo han hecho, que en su mayoría parecieron inclinados a seguir la tendencia que ya se impone.

Aunque una comisión del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que también equipara la homofobia al racismo, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso, ya que, según el decano de la corte, Celso de Mello, “nada garantiza que eso será aprobado” por el pleno de las cámaras.

Según el magistrado, “la mera existencia de un trámite no puede impedir que se lleve a cabo el juicio”, sobre todo cuando las cámaras legislativas han debatido sobre el asunto “durante los últimos 30 años sin llegar a nada”, apuntó.

El decano de la corte, uno de los cinco que aún no ha presentado su voto, sostuvo que “es necesario superar esa inercia y ese cuadro de permanente indefinición” para llegar al fin de “un largo y penoso camino”, que “supera con excesos los plazos razonables”.

El magistrado Alexandre de Moraes, el último de los miembros de la corte en asumir su cargo, en 2017, coincidió con el decano e incidió en que el Parlamento “ha legislado sobre protección por raza, por género o para la infancia” y “solamente ha dejado sin protección a los colectivos homosexuales”.

Según el juez Luiz Fux, cuyo voto consolidó la mayoría de seis necesarios, argumentó : “Cuando un miembro de la colectividad LGBT muere por causa de una bala perdida o en un asalto, estamos frente a una situación ya contemplada” por las leyes penales. Sin embargo, apuntó: “Si esa misma persona es agredida o hasta asesinada por su condición sexual, estamos frente a un delito de homofobia”. Fux también declaró que el Parlamento, dominado hoy por fuerzas conservadoras, muchas de ellas aliadas con el gobierno de Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha, “podrá luego crear una legislación sobre la homofobia”, pero “no recrear” sobre lo que decida el Supremo “a la luz de las normas constitucionales”.

Varios magistrados se hicieron eco de estudios de organismos de derechos humanos, según los cuales Brasil es uno de los países en el que más personas son asesinadas por su condición sexual.

Uno de esos informes, elaborado por el Grupo Gay de Bahía, una activa organización de la sociedad civil, fue divulgado la semana pasada y sostiene, apoyado en datos oficiales, que una persona es asesinada cada día en Brasil como víctima de la intolerancia contra los colectivos homosexuales.

Fuente Agencias

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