El organismo se ha negado a informar al Movilh sobre el estado de avance de una querella que presentó en 2018 por torturas y detención arbitraria contra activistas LGBTIQ+, al tiempo que se rehusó a solidarizar públicamente con defensores de DDHH tras las presiones sufridas en manos de congresistas que exigían censurar el Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, que encabeza Consuelo Contreras, por “negarse sistemáticamente a informarnos sobre el estado de avance de una querella que en 2018 presentó en nombre de activistas de nuestra organización luego de que sufrieran torturas y una detención policial homofóbica”.

“Desde el 2018 que venimos pidiendo al INDH que aclare en qué estado se encuentra la querella. Dado que no da respuestas claras, suponemos que en un acto del todo reprochable olvidó y abandonó la acción legal presentada en nombre de nuestros activistas. Si esto le sucede a personas pertenecientes a una ONG con visibilidad como la nuestra, es claro que otros ciudadanos deben estar pasando por similares o peores problemas”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería

El Movilh recordó que “varios párrafos de la  querella presentada por el INDH eran una copia literal de otras acciones legales, un burdo copy/paste a un punto que relataba hechos ajenos a lo ocurrido. Les pedimos entonces al INDH que corrigieran la querella, respondieron que lo harían, pero jamás nos enviaron copia del nuevo texto. Esta es una situación gravísima que mantiene en la impunidad el más grave abuso policial sufrido por activistas de nuestra organización”.

“Dado que estamos hablando de hechos ocurridos hace ya seis años, la inoperancia, insensibilidad y falta de rigurosidad del INDH es tan alarmante como repudiable. Que en seis años nada hagan y nada informen, tiene un impacto nocivo para la justicia. De haber sabido que el INDH procedía de estas manera cuando presenta querellas, jamás les hubiésemos entregado la posibilidad de representarnos”, apuntó Rementería.

A esto se añade, recordó el Movilh, que en noviembre pasado “pedimos al INDH que condenara públicamente y expresara solidaridad con nuestro activista Rolando Jiménez, luego de que parlamentarios anti-derechos condicionaran su acceso al Congreso Nacional a que nuestra organización borrara del Informe Anual de DDHH los nombres de autoridades identificadas como responsables de actos homo/transfóbicos. El INDH se negó a expresar cualquier pronunciamiento público y también a enviar un observador al Congreso Nacional, luego de que un parlamentario hasta nos amenazara con sacarnos con fuerza policial del recinto en caso de que no censuráramos el Informe de DDHH”.

Añadió que “por este tema nos reunimos el 14 de noviembre pasado con la directora del INDH, pero en la cita ello no dijo una sola palabra y abandonó el encuentro antes de que terminara”.

“Al parecer el INDH poco y nada se mueve o preocupa cuando quienes ven vulnerados sus derechos humanos son representantes de organizaciones autónomas,  realmente independientes, sin vínculos partidarios y/o sin relaciones con miembros de su directiva. Esto es repudiable, por lo que ya informamos de todo lo ocurrido a Naciones Unidas y lo haremos saber en todos los espacios posibles y pertinentes, en particular desde marzo próximo en adelante ”, apuntó Rementería.

Por ahora, “y esta vez públicamente, exigimos al INDH que aclare si arregló la querella que presentó en nombre de nuestros activistas y en qué estado se encuentra la misma”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Consuelo Contreras, Homofobia/Transfobia, Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), MOVILH, Querella, Rolando Jiménez

Los artículos aprobados por la Cámara de Diputadas y Diputados, y que hoy (24 de enero) tramita el Senado, limitan las posibilidades de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños/as. El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, ha dialogado con senadores/as y la Defensoría de la Niñez para que se eliminen dichos artículos.

Distintas conversaciones y acercamientos ha sostenido el fundador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, con senadores/as y la Defensoría de la Niñez con el fin de que se eliminen dos homofóbicos artículos del proyecto de Ley de Reforma Integral al Sistema de Adopción, el cual se encuentra en segundo trámite.

En concreto el Movilh ha dialogado con los/as senadores/as Isabel Allende (PS), Claudia Pascual (PC), Matías Walker (Demócratas), los asesores de Ximena Rincón (Demócratas) y el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille “para que el  marco de sus respectivas competencias contribuyan a eliminar dos artículos aprobados en 2019 por la Cámara de Diputados y Diputadas  que restringen, en virtud de prejuicios, la posibilidad de que niños, niñas o adolescentes puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo”.

“Hemos tenido una buena recepción, pues Rincón y Walker ya han presentado indicaciones al respecto, mientras Pascual apoya esta idea”, señaló Jiménez.

Los incisos que el Movilh busca eliminar son el quinto del artículo 11 y el cuarto de la letra b del artículo 21. El primero señala que  “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente”, y el segundo enfatiza que “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá dejar expresa constancia de ello”.

“Estos artículos homofóbicos fueron presentados por diputados y diputadas opositores/as a los derechos LGBTIQ+ luego de que en diversos medios de comunicación el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los defendiera en el pasado, exactamente cuando dicha cartera era encabezada por Hernán Larraín”, recordó el Movilh

Jiménez añadió que “suponer que un niño, niña o adolescente (NNA) preferiría a una familia de composición heterosexual por sobre una homosexual y establecer que el tribunal está obligado a aceptar esta definición, es igual a decir que si un/a NNA rechaza a una familia por su raza, nacionalidad, etnia o posición socioeconómica será deber del Estado garantizar que ello ocurra, lo cual es contrario a la universalidad de los derechos humanos”.

Consideró que “el deber del Estado, de sus leyes y autoridades es educar a los/as NNA en el respeto a la diversidad social y cultural del país y en ningún caso trasladar y perpetuar en ellos/as los prejuicios, la ignorancia, los fanatismos, la homofobia o la transfobia de los adultos, volviéndolos automáticamente responsables de decisiones de mayores de edad que son contrarias a todos los estándares internacionales de derechos humanos, así como a la jurisprudencia chilena”.

En la actualidad el proyecto de ley se encuentra radicado en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, habiendo vencido ayer el plazo para presentar indicaciones,

“Felizmente las indicaciones que defendemos alcanzaron a ser presentadas”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Adopción Homoparental, Anuar Quesille, Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Claudia Pascual, Defensoría de la Niñez, Demócratas, Isabel Allende, Ley de Reforma Integral al Sistema de Adopción, Matías Walker, MOVILH, Partido Comunista de Chile (PC), Partido Socialista de Chile (PS), Rolando Jiménez, Ximena Rincón

Entre otros cambios, la reforma crea una institucionalidad antidiscriminatoria que quedará radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos. El Movilh valoró el anuncio y espera que la norma sea despachada por la Cámara en un plazo de seis días y se transforme en ley en marzo.

El presidente de la República, Gabriel Boric, puso hoy  discusión inmediata a la reforma a la Ley Zamudio, medida que obligará a la Cámara de Diputadas Diputados a despachar la iniciativa en un plazo de seis días, siendo la medida valorada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

El fundador de Movilh, Rolando Jiménez, consideró que “con esta medida el Ejecutivo está dando la urgencia que merece a una reforma que ha avanzando con lentitud en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Valoramos esta medida, que esperamos se traduzca en una reforma robusta, que responda la necesidades de quienes son discriminados. La discusión inmediata exigimos que vaya de la mano de una nueva ley que efectivamente contribuya a terminar con impunidad de quienes discriminan y que se traduzca en justicia real para las víctimas”

Añadió que “es muy probable que la reforma pase a Comisión Mixta, por lo que con la discusión inmediata lo esperable es que se transforme en ley a más tardar en marzo de este año”.

El histórico activista del Movilh precisó que “en 11 años de vigencia de esta ley apenas 597 personas han presentado demandas, porque se sabe de antemano que desde el punto de vista punitivo y de la reparación el resultado será deficiente. Sir ir más lejos un escuálido 5,9% del total de causas iniciadas ha terminado con sentencias favorables para las víctimas. El resultado: la casi totalidad de los delitos, abusos o violencia relacionados con discriminación quedan impunes en nuestro país”.

En momentos cuando el país está afectado por la delincuencia “la reforma a esta ley viene justamente a hacer frente a los delitos que afectan a las personas más vulnerables,  como son las de escasos recursos económicos o las discriminadas por su raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad género, nacionalidad, lugar de residencia u otras. Esperamos que quienes exigen periódicamente medidas contra la delincuencia apoyen decididamente la reforma a le ley Zamudio”.

Reformas a la ley

Entre otros, se espera que la reforma a la Ley Zamudio contemple:

1.- La creación una institucionalidad anti-discriminatoria cuyos objetivos sean ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Eliminación del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Eliminar el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorporar un artículo que obligue a indemnizar el daño moral y material causado a las personas o grupos de personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Eliminar del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invertir la carga de la prueba.  Se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, se propone cambiar de la ley la frase «delitos motivados» por discriminación, por el de «delitos con presencia de elementos discriminatorios». Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en seis ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Cámara de Diputadas Diputados, Chile, Gabriel Boric, Ley Zamudio, MOVILH, Rolando Jiménez

Las 50 consultas dadas a conocer por el INE no incluyen a las orientaciones sexuales y solo preguntan sobre población trans, pero mayor de 18 años, “lo cual contraviene acuerdos internacionales y los compromisos asumidos por el Gobierno con el movimiento LGBTIQ+”, denunció el Movilh.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su “máximo repudio” porque el Censo 2024 hubiese excluido consultas sobre la orientación sexual de las personas y contemple preguntas sobre identidad de género, pero solo para mayores de 18 años “lo cual contraviene acuerdos internacionales y violenta los compromisos adquiridos por este gobierno con las diversidades sexuales y de género”.

Así quedó al descubierto en el cuestionario de 50 preguntas dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual no consulta sobre si las personas se declaran lesbianas, gays, bi o heterosexuales, mientras que solo indaga en mayores de 18 años si alguien es o no trans.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, señaló que “este Censo perderá la gran oportunidad de conocer el número de personas que en Chile se declaran gay, lesbianas o bisexuales, justo después de aprobada la ley de matrimonio igualitario.  En relación a este tema hay además un severo retroceso en  comparación al Censo 2012 cuando se preguntó explícitamente si las personas convivían con alguien de igual o distinto sexo. Ahora, apenas se podrá obtener esa información con el cruce de variables. En síntesis, se ha invisibilizado a la diversidad de orientaciones sexuales en el Censo 2024”.

“Esta decisión del Gobierno transgrede el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado chileno firmó en 2016 ante la Comisión Interamericana de DDHH, donde se comprometió a levantar estadísticas sobre toda la realidad LGBTIQ+, sin exclusiones. Pero además, constituye una falta a la verdad, un engaño, pues hasta ahora la información que manejábamos es que la consultas sobre orientación sexual sí serían incluidas, mientras que las referentes al género considerarían la realidad de mayores de cinco años, no de 18 años”, añadió el vocero del Movilh, Óscar Rementería

Por ejemplo en un texto del INE de diciembre del 2022 titulado “Estandarización de preguntas para la medición de sexo, género y orientación sexual (SGOS), dirigido a encuestas de hogares y censos de población”, se recomendaba claramente incluir esas consultas.

En concreto “se recomendaba que la consulta sobre orientación sexual se aplicara de manera privada a  mayores de 15 años, eventualmente  mediante dispositivo móvil, pero ahora el INE no menciona eso y da a conocer que serán solo 50 las preguntas, ninguna de las cuales se refiere a la materia. Exigimos al INE aclarar este punto”, apuntó Zúñiga.

Rementería puntualizó que “también se violentó las recomendación sobre las consultas referentes a personas trans y género. El compromiso era que esa pregunta era aplicable a quienes tuviesen más de cinco años. Ahora, resulta que el cuestionario solo permite aplicarla a mayores de 18 años, con lo cual la población trans quedará sub-representada. La autoridad gubernamental literalmente nos ha engañado. Le exigimos corrija estos problemas a la brevedad, cambiando o añadiendo consultas. Caso contrario, este Censo será excluyente y discriminador de las personas LGBTIQ+”.

***

Homofobia en el INE: dicen que excluyeron a la diversidad sexual del Censo 2024 porque necesitan una metodología especial

Así lo señalaron los equipos técnicos del INE en reunión con el Movimiento LGBTIQ+. El Movilh esperará respuesta a una carta que ayer envió al presidente Boric para que intervenga y anunció “protestas en cadena” si el problema no se resuelve.

 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se mantuvo firme en su decisión de “excluir y discriminar” a la diversidad sexual al negarse a incorporar consultas sobre orientación sexual en el Censo 2024, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En reunión con el Movilh sostenida hoy “los equipos técnicos del INE nos han señalado que decidieron excluir consultas sobre orientación sexual por razones técnicas y metodológicas. Sin embargo, no ha sabido explicar, ni argumentar esas razones. La verdad es que no tienen cómo. Estamos en presencia de un retroceso histórico para los derechos LGBTIQ+. El INE actúa amparado en prejuicios y visiones homofóbicas”, señaló el dirigente Rolando Jiménez.

El activista del Movilh explicó “que todos los antecedentes que recopila el Censo son datos sensibles, pero a juicio del INE los referentes a la orientación sexual requieren de una técnica o metodología especial o distinta. Es decir, para la INE no es lo mismo preguntarle a alguien su sexo, raza, su identidad de género o pertenencia a un pueblo originario, que consultar sobre su orientación sexual. Este sola afirmación o idea del INE es un prejuicio intolerable, una afrenta contra los derechos humanos de las personas lesbianas, bisexuales y gays”.

El Movilh explicó que “no hay ningún organismo nacional o internacional que pida o exija excluir consultas sobre orientación sexual en el Censo y/o considerar solo la realidades de las personas trans mayores de 18 años, marginando a niños, niñas y adolescentes trans de la principal consulta estadística del país”.

Jiménez añadió que “esta ha sido una decisión unilateral tomada entre cuatro paredes por  un grupo de personas del INE que no tienen idea de los cambios experimentados en el país en las últimas tres décadas. Parece que no saben que en Chile las parejas del mismo sexo se pueden casar y adoptar, que los menores trans de 18 años pueden rectificar su partida de nacimiento y que la mayoría del país, según todas las encuestas, rechaza toda forma de discriminación a la diversidad sexual. Tampoco saben  o les interesa que en el Censo del 2012, cuando no había ninguna ley que nos protegiera, se preguntó explícitamente por parejas del mismo sexo”.

“Doble es la discriminación del INE, al impedir a padres y madres que puedan declarar la identidad de género de sus hijos menores de 18 años,  como si ello fuese un problema o un delito, cuando la ley protege a todas las personas trans, sea cual sea su edad. El censo, violenta además el interés superior del niño, niña y adolescente”, redondeó el Movilh.

“Además apreciamos errores metodológicos, pues el Censo repite preguntas para que las personas mayores de 18 años se declaren trans. Primero al consultar sobre el género, donde uno se puede declarar transmasculino o transfemenino, y luego al preguntar directamente si uno es o no trans.  Esto demuestra que el INE no  sabe cómo abordar la realidad LGBTIQ+ y al hacerlo, ha optado por discriminar”, señaló Jiménez.

El Movilh anunció que “daremos un tiempo para recibir respuesta a una carta que le enviamos ayer al presidente Boric sobre este tema, solicitando su intervención. De no resolverse la abierta homofobia en el INE, prepararemos protestas que irán en cadena”.

***

Discriminación: director nacional del INE persiste en excluir a la diversidad sexual del Censo 2024

El Movilh calificó a la exclusión de lesbianas, gays y bisexuales del Censo 2024 como actitud homofóbica que daña la dignidad humana de un sector de la población.

Una nueva reunión sostuvo  hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), esta vez con su director,  Ricardo Vicuña Poblete, quien se mantuvo firme en excluir a la diversidad sexual del Censo 2024, contraviniendo así compromisos nacionales e internacionales de este Gobierno.

“Estamos en presencia de una situación  tan discriminatoria como impresentable. En 2002, hace 22 años, que el INE asumió con nuestra organización el compromiso de hacer una consulta sobre parejas del mismo sexo en el Censo 2012, lo cual se cumplió, y otra sobre orientación sexual para el Censo que seguía. Es decir, tuvieron 22 años de preparación y llegan a la conclusión de que no pueden  porque consultas de ese tipo  requieren de una metodología especial, como si gays, lesbianas o bisexuales  fuésemos seres extraños, con privacidad y tratamientos estadísticos especiales. Este es un insulto gratuito a la dignidad humana contra un sector de la población”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

“El INE y este Gobierno además incumplen el Acuerdo de Solución Amistosa  firmado con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH y faltan a la verdad, pues hasta el año pasado nos aseguraron que las consultas sobre orientación sexual eran parte del Censo 2024. Nos mintieron”,  redondeó Rementería.

El dirigente señaló que “el INE nos ha ofrecido levantar un estudio específico sobre la realidad LGBTIQ+. Pues bien, que se hagan y contarán con nuestro apoyo, como siempre ha ocurrido. Pero eso, no tiene ninguna relación con el Censo 2024. Ninguna. Aquí el INE ha incurrido en homofobia, una situación intolerable frente a la cual no podemos callar”.

“Seguiremos estos días dialogando con otras autoridades del Gobierno para ver si revierten este atropello a los derechos humanos. Agotado ese proceso, si no se resuelve el tema, pasaremos a las protestas y denuncias internacionales. Este es el peor retroceso  civiliizatorio para nuestros humanos y actuaremos a la altura de las circunstancias”, finalizó Rementería.

***

Congresistas piden reponer pregunta sobre orientación sexual en el Censo 2024

En compañía del Movilh anunciaron además que oficiarán al ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, por la decisión del INE de excluir a la diversidad sexual.

En el marco de una acción coordinada por el Movilh, diputadas y diputados de diversas corrientes llamaron hoy a Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a incluir las consultas sobre orientación sexual en el Censo 2024, al tiempo que anunciaron que oficiarán al ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, a raíz de la discriminatoria medida.

El llamado  lo efectuaron desde el Congreso Nacional de Valparaíso  los/as congresistas/as Érika Olivera (Demócratas), Hernán Palma (IND), Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Marcela Riquelme (IND),  Emilia Schneider (CS) y Leonardo Soto (PS), quienes junto al fundador del Movilh, Rolando Jiménez, dieron un punto de prensa.

“Existe consenso entre los/as diputados/as de que la ausencia de consultas sobre orientación sexual  en el Censo 2024 impactará negativamente en la construcción de políticas públicas a favor de lesbianas, gays y bisexuales y en que la exclusión de la temática es una medida incomprensible y discriminatoria”, sostuvo Jiménez

Además, recordó el dirigente, “la inclusión de la temática en el Censo es un compromiso internacional del Estado de Chile. Y es deber de cualquier gobierno hacer cumplir los compromisos de Estado. A esto se añade que el Ejecutivo tenía comprometido hasta el año pasado que la pregunta iba. Estamos haciendo todas las gestiones posibles para que el INE revierta su decisión, pues nada impide incluir las preguntas que ya están diseñadas. Menos en un Censo que será digital”.

En paralelo, el Movilh está esperando que el presidente Gabriel Boric “nos responda una carta que le enviamos la semana pasada dando a conocer este problema, que de persistir será unos de los más graves retrocesos para los derechos LGBTIQ+ de los cuales tenemos registro”.

Fuente MOVILH (1, 2, 3, 4)

General, Homofobia/ Transfobia. Censo, Chile, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Javiera Zúñiga, MOVILH, Óscar Rementería, Personas LTBIQ+, Ricardo Vicuña Poblete, Rolando Jiménez

El Movilh felicitó la medida,  pues en 11 años apenas 597 personas han usado la norma y solo un escuálido 5,9% de estas  alcanzó justicia. “La ley es un león sin dientes que debe reformarse. Caso contrario los delitos relacionados con discriminación seguirán impunes”, dijo la organización.

El presidente Gabriel Boric dio ayer (11 de diciembre) suma urgencia a la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio, “en lo que se constituyó en el gesto más significativo de su Gobierno para acelerar el debate parlamentario en torno una iniciativa que poco y nada ha avanzado en la Cámara de Diputadas y Diputados”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

“Festejamos la medida adoptada por el presidente y esperamos que la suma urgencia se mantenga hasta la aprobación del proyecto de ley. Es una necesidad urgente contar con una ley antidiscriminatoria robusta y fuerte, en vez de la actual que es un león sin dientes”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El histórico activista del Movilh añadió que “en 11 años de vigencia de esta ley apenas 597 personas han presentado demandas, porque se sabe de antemano que desde el punto de vista punitivo y de la reparación el resultado será deficiente. Sir ir más lejos un escuálido 5,9% del total de causas iniciadas ha terminado con sentencias favorables para las víctimas. El resultado: la casi totalidad de los delitos, abusos o violencia relacionados con discriminación quedan impunes en nuestro país”.

En momentos cuando el país está afectado por la delincuencia “la reforma a esta ley viene justamente a hacer frente a los delitos que afectan a las personas más vulnerables,  como son las de escasos recursos económicos o las discriminadas por su raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad género, nacionalidad, lugar de residencia u otras. Esperamos que quienes exigen periódicamente medidas contra la delincuencia apoyen decididamente la reforma a le ley Zamudio”.

Reformas a la ley

Entre otros, se espera que la reforma a la Ley Zamudio contemple:

1.- La creación una institucionalidad anti-discriminatoria cuyos objetivos sean ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Eliminación del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Eliminar el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorporar un artículo que obligue a indemnizar el daño moral y material causado a las personas o grupos de personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Eliminar del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invertir la carga de la prueba.  Se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, se propone cambiar de la ley la frase «delitos motivados» por discriminación, por el de «delitos con presencia de elementos discriminatorios». Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en seis ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Chile, Gabriel Boric, Ley Zamudio, MOVILH, Reforma, Rolando Jiménez, Suma urgência

Sandra Almeida Lizama está en coma por los golpes de pie, puño y una pala que le propinó el agresor en su cabeza.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamenta  «comunicar que una persona de 58 años, Sandra Almeida Lizama, ha empeorado su estado su salud por la golpiza que le propinó su agresor el pasado lunes en Lo Barnechea, encontrándose en la actualidad en coma».

La víctima fue atacada en su cabeza con golpes de pies, puños y un pala por un sujeto, identificado con las siglas C.A.P.P, quien con anterioridad le había lanzado contra su expresión de género.

Afectada por traumatismo encefalocraneano, la víctima se encuentra ahora en la UTI de la Clínica Indisa, donde se debate entre la vida y la muerte.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó al ataque “como un acto cruel, inhumano que podría quitar la vida a una persona inocente, causando un grave impacto en sus parientes, con quienes acordamos presentar acciones legales”

“Este tipo de abusos deben ser erradicados de nuestra sociedad, mientras la justicia y las policías deben actuar con la máxima celeridad. Dado que el victimario sigue prófugo y ha sido visto en lugares cercanos al crimen, hemos solicitado a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, que gestione acelerar la captura de este criminal que durante mucho tiempo acosó a Sandra solo en razón de su expresión de género”, redondeó.

De acuerdo al relato de la hija y la sobrina de la víctima, así como de testigos, el sujeto, golpeó a la víctima porque esta habría salido a defender a otras mujeres, entre esas a una amiga, que el agresor también atacó.

“Contigo me voy a desquitar vieja culiá (Sic)”,  señaló el agresor, identificado con la iniciales C.A.P.P, tras lo cual comenzó a golpear con un objeto contundente en repetidas ocasiones la cabeza de la víctima hasta dejarla inconsciente. Entre otros le propinó golpes de pies, puños y con una pala.

Con anterioridad  “el victimario  ya había insultado a Sandra, tratándola de “maricona” o haciendo gestos obscenos para denostarlo por su apariencia. La familia tiene la convicción de que el agresor se ensañó o incrementó su violencia por estas razones al momento del ataque”, añadió el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

“Rechazamos con total fuerza este cobarde ataque propinado por un sujeto que odia a la diversidad social y se ha aprovechado de Sandra para actuar sobre seguro, dada la edad y el género de la víctima”, enfatizó.

Mientras la familia denunció los hechos ante la 53 Comisaría de Lo Barnechea, el Movilh entregó hoy los antecedentes disponibles del caso a la Subsecretaría de Prevención del Delito, de manera que se garantice contención la familia.

Si bien originalmente una parte de la familia identificó a Sandra como mujer,  para otros cercanos  era una persona transmaculina.

ÚLTIMA HORA:

¡Detenido el agresor de Sandra Almeida Lizama! Cristopher Arnoldo Pino Pino será formalizado.

En las últimas horas se confirmó la detención del presunto autor de la agresión que sufrió Sandra Almeida Lizama en la Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, el sujeto de 36 años fue aprehendido durante la noche de este miércoles mientras realizaban un patrullaje en la población Lo Ermita. Al darse cuenta de la presencia policial, intentó huir, pero terminó siendo capturado. Al realizarle un control de identidad, se percataron de que contaba con antecedentes por tráfico de drogas y agresiones. Además, tenía dos órdenes de detención vigentes.

 Por lo mismo, fue trasladado a una unidad policial, donde se confirmó que es el principal acusado de la agresión que sufrió la mujer trans ocurrida el pasado lunes en Lo Barnechea.

A través de redes sociales, el organismo dio a conocer un video de la detención del sujeto, que estaría identificado como Cristopher Arnoldo Pino Pino. “Gracias a las personas que nos enviaron datos y ayudaron a capturarlo”, consignaron.

La investigación del caso está en manos del OS9 de Carabineros.

Último minuto
¡Detenido el agresor de Sandra Almeida Lizama!

Cristopher Arnoldo Pino Pino será formalizado.

Hoy enviamos a las policías diversas direcciones donde estaría oculto.

Gracias a las personas que nos enviaron datos y ayudaron a capturarlo. https://t.co/ervrcGqTux pic.twitter.com/LsPHxZ1Ih7

— Movilh Chile (@Movilh) November 30, 2023

Fuente MOVILH/ElDinamo/Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Chile, Cristopher Arnoldo Pino Pino, Delitos de Odio, Expresión de género, Homofobia/Transfobia, Lo Barnechea, MOVILH, Óscar Rementería, Personas LGTBIQ, Rolando Jiménez, Sandra Almeida Lizama

Tras la amenaza del diputado Kaiser de sacar al Movilh con fuerza policial de la Comisión de DDHH de la Cámara, dicha entidad sometió a votación si las organizaciones sociales, cualquiera fueran estas, podían o no presenciar el debate legislativo. Por 9 votos a favor y 1 abstención triunfó la opción que apoya la participación de las organizaciones sociales.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Lorena Fríes (CS), aprobó hoy que organizaciones sociales puedan monitorear de manera presencial el trámite de reforma a la Ley Zamudio, luego de que los/as diputada/as Ximena Ossandón (RN) y Johannes Kaiser (Republicanos) se opusieran a la presencia del Movilh, a menos que dicho organismo eliminara del Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género los nombres de quienes son identificados como homo/transfóbicos.

Después de discutir durante tres sesiones si prohibir o no al Movilh su asistencia a las sesiones de la Comisión de DDHH, esta optó hoy por votar en términos generales si las organizaciones sociales, cualquiera fueran estas, podían o no presenciar el debate.

Votaron a favor de la participación de las organizaciones sociales los/as diputados/as Fríes, Ana María Bravo (PS), Jorge Guzmán (Evópoli), Cristián Labbé (UDI), Daniel Lilayú (UDI),  Tomás Lagomarsino (IND), Hernán Palma (IND),  Lorena Pizarro (PC) y  Emilia Schneider (CS). En tanto el republicano Cristián Araya se abstuvo y su colega de partido, Kaiser, pese a amenazar que no permitiría hoy el ingreso del Movilh al Congreso Nacional y lo sacaría con fuerza policial, no estuvo presente en la sesión, al igual que Ossandón.

“Hoy ha triunfado la cordura, la no discriminación y la libertad de expresión. Que un grupo de parlamentarios de derecha hubiese llevado a discutir durante tres sesiones a la Comisión de DDHH si nuestra organización podía o no presenciar el trámite de reforma a la Ley Zamudio, significó por si mismo un acto de exclusión y discriminación que felizmente no triunfó”, sostuvo el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que  “valoramos y agradecemos el voto de cada uno de los diputadas y diputados que no permitieron el avance de una atrocidad, como lo pretendían  Kaiser y Ossandón,  al exigirnos que censuráramos el Informe Anual de los DDHH de la Diversidad Sexual y de Género para poder participar de la Comisión, una movilización sin precedentes contra una organización LGBTIQ+ en el Congreso Nacional”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Ana María Bravo, C's, Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Comisión de Derechos Humanos, Cristián Araya, Cristián Labbé, Daniel Lilayú, Emilia Schneider, Éricka Ñanco, Evópoli, Felipe Castillo, Francesca Muñoz, Hernán Palma, Homofobia/Transfobia, IND, Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Jorge Guzmán, Ley Zamudio, Lorena Pizarro, MOVILH, Partido Social Cristiano, PC, PS, Rolando Jiménez, Sara Concha, Tomás Lagomarsino, UDI, Ximena Ossandón

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Comisión de Derechos Humanos, Emilia Schneider, Éricka Ñanco, Evópoli, Felipe Castillo, Francesca Muñoz, Hernán Palma, Homofobia/Transfobia, Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Jorge Guzmán, Ley Zamudio, Lorena Pizarro, MOVILH, Partido Social Cristiano, Rolando Jiménez, Sara Concha, Ximena Ossandón

Hoy se cumplen 50 años del Golpe de Estado en Chile que provocó el suicidio del legítimo Presidente de la república Salvador Allende tras el bombardeo del palacio de la Moneda e inició una sangrienta dictadura que asesinó a miles de ciudadanos y ciudadana. Pues bien, amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983  bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

El pasado 7 de septiembre, En el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por discriminación, luego de que con el patrocinio del Movilh la profesora denunciara al Estado por prohibirle hacer clases en razón de su orientación sexual, el Presidente de la república Gabriel Boric reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en este acto de lesbofobia. Esperamos, sentados, a que la Iglesia  católica haga lo mismo…

Con una ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda el presidente de la República, Gabriel Boric, en representación del Estado, realizó hoy un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la lesbofobia que sufrió la docente Sandra Pavez, quien en 2007 fue impedida por siempre de realizar clases de religión solo por ser lesbiana.

El acto de reconocimiento es parte de la condena que en febrero del 2022 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH) contra el Estado de Chile, tras una denuncia internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en representación de la docente ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

“En mi calidad de Presidente de la República y representante del Estado reconozco la responsabilidad que le cabe al Estado chileno por el trato discriminatorio que recibiste Sandra, motivado por tu orientación sexual y que afectó tu dignidad como persona”, dijo Boric

“A Sandra le ofrezco ante Chile disculpas públicas y el compromiso de seguir trabajando arduamente para erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género para que nunca más en Chile alguien tenga que vivir lo que tú y tu entorno vivieron”, expresó en la ceremonia que contó con la presencia de los ministros de Educación, Nicolás Cataldo,  de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork,  y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, así como de la diputada Emilia Schneider, entre otras autoridades.

A su vez, la profesora Pavez sostuvo que “creo que se ha hecho justicia, en especial porque ya hay un precedente para que nunca más un/a docente pueda pasar por lo mismo. Agradezco al Movilh, la organización que me apoyó todos estos años, y en especial a su dirigente Rolando Jiménez”.

Para la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, “hoy se hace, de una u otra manera, algo de justicia para la docente Pavez, quien vio vulnerados sus derechos humanos más básicos sin que ninguna autoridad del Estado le expresara alguna vez solidaridad y apoyo, dejándola abandonada y sin posibilidad de ejercer nunca más su profesión, pues en 2021 jubiló”.

Añadió que, “en torno a este caso, el Estado aún debe cumplir con aspectos claves de la sentencia, como la capacitación en temáticas LGBTIQA+ a todos los profesionales que evalúen docentes, así como la derogación o modificación total del Decreto 924 del Mineduc, una norma heredada de la Dictadura que permitió prohibir a la docente Pavez  ejercer como profesora, una labor que antes del 2007 había desarrollado durante 22 años de manera intachable”

En su sentencia, la Corte CIDH enfatizó que las libertades de educación y de religión en ningún caso pueden usarse para discriminar a las personas LGBTIQA+, ni que tampoco el derecho de los padres y madres a escoger la educación para sus hijos/as puede dar paso a violaciones a los derechos humanos.  Añadió que al prohibirse a Pavez ejercer su profesión, el Estado chileno vulneró sus derechos “a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo”.

El caso es uno de los más emblemáticos en Chile para los derechos LGBTIQ+, no solo por la condena contra el Estado, sino porque en su afán de impedir a Pavez ejercer clases, todas las iglesias del país se unieron por primera vez en su historia contra sus derechos presentando escritos conjuntos ante la Corte IDH, los cuales felizmente  fueron desestimados por  el órgano internacional.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Lo anterior, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983  bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Vergonzosamente, el Estado y las diferentes Iglesias se unieron por primera vez para negar derechos en razón de la orientación sexual de las personas.

En respuesta el Movilh denunció a Chile por lesbofobia ante la Comisión Interamericana de DDHH. Más de una década  después, la CIDH acogió la denuncia del Movilh y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente fue representada por el abogado pro bono, Ciro Colombara, entre otros que se sumaron tras la condena, al final del proceso.

Finalmente, el 4 de febrero del 2022 la Corte Interamericana de DDHH condenó a Chile por lesbofobia, exigiendo entre otras medidas, el acto de reparación efectuado hoy por Boric.

Fuente MOVILH/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alberto van Klaveren Stork, Alvaro Elizalde, Chile, Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Desagravio, Dictadura de Pinochet, Diócesis de San Bernardo, Gabriel Boric, Historia LGTBI, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Javiera Zúñiga, Juan Ignacio González Errázuriz, Lesbianas, MOVILH, Nicolás Cataldo, Palacio de la Moneda, Personas LGTBIQ, Presidente de la República, Profesorado de religión, René Aguilera Colinier, Rolando Jiménez, Salón Montt Varas, Sandra Pavez

Alegando que no son homo/transfóbicos, los miembros del Partido Republicano llegaron  al extremo de cuestionar a otros congresistas por invitar al Movilh al trámite legislativo de la reforma a la Ley Zamudio. El Movilh repudió la arremetida, calificándola de “tan homo/transfóbica, como absurda y ridícula”.

Una insólita y nueva arremetida propinaron congresistas del Partido Republicano contra el quehacer del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), a un punto que cuestionaron a otros congresistas por invitar a la organización a  la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio y solicitaron que se cite al colectivo LGBTIQ+ al Congreso Nacional para que explique porque distintas autoridades de extrema derecha son calificadas como homo/transfóbicas.

La arremetida se expresó ayer en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, presida por Jaime Naranjo (PS), en momentos cuando se tramitaba la reforma a la Ley Zamudio y el Movilh gestionaba que se prohibieran en esa norma las terapias reparativas de la homo/transexualidad.

Por un lado, el diputado republicano Cristián Araya pidió a la Comisión que cite al Movilh para que explique el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, donde se identifica a varios miembros de su partido como discriminadores.

“Solicitamos (…) que en la próxima sesión pueda participar el Movimiento de Liberación Homosexual, el Movilh, (….) toda vez que ellos sacaron un Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, en el cual establece un Ranking de personas homofóbicas y transfóbicas. (…) sería interesante que pudiesen plantear, a razón de los intereses de esta Comisión, los alcances de este Ranking, cuáles fueron los criterios (…) Hay varios integrantes de esta Comisión, incluso algunos presentes en la Sala, que han sido incorporados. Entonces sería muy interesante saber a qué se refieren con una mención en segundo lugar de algunos parlamentarios presentes aquí en la sala, entre los que se incluyen algunos colegas”, dijo Araya.

Añadió que “estamos discutiendo un proyecto contra la discriminación. Y evidentemente si se ha confeccionado un ranking en el que se identifican personas o instituciones, eso nos podría dar luces de algún comportamiento o alguna cosa que se quiera sancionar. Aparte Presidente, creo que es muy grave que se les señale como homofóbicos o transfóbicos”.

En respuesta, el presidente de la Comisión, Naranjo, y la diputada Lorena Pizarro (PC) señalaron no tener inconvenientes para citar al Movilh,  pero aclararon que ello debería ser después de tramitada la reforma la Ley Zamudio, acordándose finalmente ello.

“Motivados por su homo/transfobia los republicanos no solo han hecho una insólita petición, sino que claramente buscaban citarnos con el fin de demorar aún más la tramitación de la Ley Zamudio. Valoramos que la Comisión tuviera conciencia de eso, y no cediera a las intenciones de Araya, dejando nuestra citación para después de la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Con todo, añadió Jiménez, “lo repudiable es que los republicanos usen y a abusen del tiempo del Congreso Nacional para que nuestra organización les explique porque los consideramos homo/transfóbicos. Lejos de intimidar, los republicanos dejan en evidencia que quieren usar al Congreso Nacional para fines personales y corporativistas. Llamamos a los seguidores o simpatizantes del Partido Republicano a tomar nota sobre dónde invierten su tiempo estos congresistas, en vez de estar preocupados de los problemas que afectan al país”.

El dirigente finalizó, que esta petición es “tan ridícula como absurda, pues al mismo tiempo que piden que nos citen, los republicanos han cuestionado a diversas autoridades por invitarnos al Congreso Nacional a participar de trámites legislativos vinculados al sector que representamos, y así quedó reflejado ayer. Es decir quieren que solo por decisión de ellos, y no de otros, podamos pisar el Congreso Nacional. Es simple, están obsesionados con vetarnos y al unísono quieren citarnos”.

En efecto, en la misma sesión de ayer, el diputado republican Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen pidió que “nos pudiesen informar qué parlamentario ha sido el que invitó a participar al Movilh en esta reunión”

“Hay varios diputados y yo me sumo a que también los invité”, le señaló el senador Naranjo, a lo que el republicano contestó  “solo quería tenerlo presente en razón de que las listas negras son de otra época y aquí tengo una en la mano generada por esa organización”.

Lo que el diputado tenía en la mano era el Ranking Anual de la Homo/Transfobia que elabora cada año el Movilh para denunciar e identificar a las personas e instituciones que a lo largo de los años han discriminado en razón de su orientación sexual o identidad de género

“A los homo/transfóbicos no les gusta ser calificados como discriminadores. Es más niegan serlo. Por ello, y por otras muchas razones, es que deben existir Informes de DDHH, como el nuestro. Solo así se puede saber quienes discriminan. Además de un registro, es una iniciativa a favor de las víctimas de la homo/transfobia. Por cierto, esta arremetida de odio de los republicanos, solo da fuerza a la elaboración del  Ranking de la Homo/Transfobia”, finalizó el Movilh.

Video de la arremetida republicana aquí: 

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Congreso Nacional, Cristián Araya, Homofobia/Transfobia, Jaime Naranjo, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Ley Zamudio, Lorena Pizarro, MOVILH, Partido Republicano, Ranking Anual de la Homo/Transfobia, Rolando Jiménez

El Gobierno tenía un plazo de tres meses para responder. Sin embargo en uno de los casos han pasado 10 meses y en otro dos meses de atraso. “Esta situación es intolerable y constituye un retroceso respecto a la diligente reacción que venía experimentado desde el 2003 en adelante la Cancillería en temas LGBTIQ+”, señaló el Movilh.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric se ha negado reiteradamente a responder consultas que la ha formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a dos denuncias por homo/transfobia presentadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que repudió y lamentó el “constante rechazo de la Cancillería para fijar postura en torno a casos de discriminación que hemos reportado a nivel internacional”

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que un caso se trata de una denuncia “que presentamos el 12 de diciembre del 2019 por los negativos efectos que tuvo en una pareja gay la prohibición  del matrimonio igualitario. El 19 de octubre del 2022 la CIDH le dio al Gobierno tres meses para responder a esta denuncia, pero ello aún no ocurre”.

Añadió que “el segundo caso se refiere a una denuncia que presentamos el 17 de diciembre del 2020 contra el Estado de Chile luego de que un fallo de la Corte Suprema validará que nuestros activistas LGBTIQ+ fueran calificados de promotores del abuso infantil por liderar la lucha por la derogación del artículo 365 del Código Penal, el cual logramos erradicar del sistema jurídico el año pasado. El 10 de marzo del 2023 la CIDH le pidió respuesta al Gobierno dándole un plazo de tres meses, que tampoco cumplió”.

Jiménez apuntó que “ante esta inexplicable falta se respuesta del Gobierno, la CIDH volvió a escribirle al Estado en julio pasado, recordándole su retraso. Exigimos al Ejecutivo, y en especial a la Cancillería, que respete los plazos establecidos en los reglamentos de la CIDH y que dé la debida relevancia a las denuncia por homofobia que pretenden buscar en el extranjero la justicia que nos fue negada en nuestro propio país”.

“Habiendo exagerados retrasos, sin ninguna justificación de los mismos, nos enfrentamos a una indolencia sin precedentes por parte de la Cancillería en denuncias internacionales referentes a los derechos LGBTIQ+, que rompen con la tradición de apertura y sensibilidad con la temática que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a asumir desde el año 2003 en adelante y que ahora experimenta graves retrocesos”, finalizó el Movilh

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gabriel Boric, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Rolando Jiménez

La denominada División de Igualdad y No Discriminación será tramitada en el marco de la reforma a la Ley Zamudio. Estará conformada por un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria y tendrá un costo anual de 677.413 millones de pesos anuales. El Subsecretario de DDHH se reunió ayer con el Movilh para abordar los alcances de la iniciativa.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó esta semana a tramitación una indicación al Proyecto de Ley que Reforma la Ley Zamudio con miras a crear una División de Igualdad y No Discriminación, una antigua demanda impulsada desde el año 2012 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para dotar al país de una entidad estatal que haga frente a las exclusiones arbitrarias.

Los alcances División de Igualdad y No Discriminación fueron hoy expuestos en la Comisión de DDHH de la Cámara, que preside del diputado Jaime Naranjo (PS), por el Ministerio de Justicia y DDHH, Luis Cordero, en compañía del subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, quien ayer conversó con el Movilh sobre los alcances de la propuesta en cita sostenida en dependencias gubernamentales.

“Estamos esperanzados con este paso dado por el Ejecutivo, pues con una institucionalidad antidiscriminatoria todas las políticas públicas y leyes contra las exclusiones arbitrarias aprobadas desde la recuperación de la democracia tendrían efectivo seguimiento y podrían ser perfeccionadas o actualizadas. Con una institucionalidad estatal se avanzará decididamente para que el derecho humano a la no discriminación deje de depender de las autoridades de turno”, señaló el histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Jiménez añadió que “si bien la institucionalidad propuesta por el Gobierno no tiene la densidad económica e institucional que hubiésemos querido, y le falta mayor autonomía del Gobierno de turno, bien se puede perfeccionar en el Congreso Nacional. Con todo, en caso de ser aprobada, sin duda este será un primer paso para luego ir fortaleciendo la institucionalidad en función del trabajo y demanda que vaya teniendo”.

La División de Igualdad y No Discriminación, de acuerdo a la indicación gubernamental, quedará radicada en la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y tendrá como fines promover “planes, políticas y programas” contra las excusiones , “prestar apoyo a los órganos del Estado”,  “propender a la coordinación del sector privado con el sector público”, “diseñar y ejecutar programas de capacitación y promoción”, “difundir contenidos” favorables a la diversidad social, “orientar” a las víctimas de la discriminación y “celebrar convenios”.

La División de Igualdad y No Discriminación contará con un/a Jefe/a de División y 13 profesionales a nivel central, siendo su presupuesto anual proyectado de $856.058 millones para su primera etapa y de  $677.413 millones anuales desde el segundo año en adelante

La entidad contempla además un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria compuesto por el/a Subsecretario/a de Derechos Humanos, que será su presidente/a,  y un/a representante de la Subsecretaría General de Gobierno, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; del Poder Judicial, del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, del INDH y de la Defensoría de la Niñez. A estos se añadirán seis representantes de organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, tendrán derecho a voz, un representante del sector empresarial y otro del  campo laboral.

El Consejo, señala la indicación sesionará cada seis meses. Sus recomendaciones “serán de carácter público y deberán recoger  la  diversidad de opiniones existentes en el cuando no haya unanimidad respecto de estas”.

Entre otras labores, el Consejo recomendará políticas públicas, evacuará informes y requerirá antecedentes a otros órganos estatales.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Chile, Congreso Nacional, Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria, División de Igualdad y No Discriminación, Gabriel Boric, MOVILH, Rolando Jiménez

El inédito acuerdo, promovido por el Comité de Vivienda LGBT Aconcagua con el apoyo de Movilh, beneficiará a unas 600 familias de todas las orientaciones sexuales e identidades de género

Un inédito acuerdo que beneficiará a 600 familias de escasos recursos económicos de la comuna de San Felipe alcanzaron esta semana el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Municipio, un Comité de Vivienda y movimientos LGBTIQA+.

En efecto, tras llevar años de trámites y de juntar dinero para un subsidio, el Comité de Vivienda LGBT, que encabeza la dirigente trans María López Barrera, consiguió que el Estado le ceda 8.3 hectáreas; que luego aumentaran a 10 hectáreas; para construir casas que beneficiarían a 600 personas y familias de escasos recursos económicos, sin vivienda y que pertenecen a toda las orientaciones sexuales e identidades de género.

El “Protocolo de acuerdo” fue firmado por la Seremi de Vivienda, Belén Paredes; el Director Regional del Serviu, Rodrigo Uribe; la Consejera Nacional Plan de Emergencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Irma Troncoso; la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo; López Barrera y el fundador del Movilh, Rolando Jiménez, quien actuó como mediador.

“Esta noticia es la mejor que me ha pasado en mi vida porque es nuestro primer paso para que la gente tenga dignidad de verdad, y esto lo vamos a hacer en conjunto con este gobierno comunal y con el gobierno central”, aseguró López Barrera.

“Hoy día se está dando curso a una realidad, un sueño anhelado de una comunidad de vivienda que necesita realmente solidificar estos sueños», señaló la alcaldesa Castillo,  a lo que el  diputado Nelson Venegas añadió “lo que se está empezando a consolidar es demasiado importante a través de dirigentes que soy muy exigentes pero que son serios, y que más allá de las críticas que muchas veces surgen desde la política, aquí en San Felipe tienen una tremenda alcaldesa y ojalá que la gente sepa apreciarla”.

«El año pasado logramos concretar la compra de un terreno de grandes dimensiones para la comuna de San Felipe que va a permitir, después de 8 años de que no existía vivienda, poder generar un impulso no solo en la vivienda, sino también en la posibilidad de generar un barrio con equipamiento y áreas verdes”, redondeó la Seremi Paredes

Por último, Jiménez sostuvo que «felicitamos al Comité de Vivienda LGBT por su perseverancia y por  haber luchado para conseguir viviendas para todas las personas, incluidas las heterosexuales y cisgéneros. La mirada inclusiva de este Comité es un ejemplo que va en ayuda de los sectores más vulnerables. Aplaudimos a la Seremi de Vivienda y a la alcaldesa de San Felipe por haber escuchado el sentir ciudadano. Me siento orgulloso de haber mediado en tan importante lucha, relacionada con el derecho a la vivienda”,

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Belén Paredes, Carmen Castillo, Chile, Irma Troncoso, María López Barrera, MOVILH, Municipio de San Felipe, Nelson Venegas, Persopnas Trans, Rodrigo Uribe, Rolando Jiménez, San Felipe, Seremi de Vivienda

El Movilh festejó el avance, tras desarrollar hoy en el Congreso Nacional  una activa campaña denominada “La homofobia mata” que alertó sobre los nocivos efectos de la discriminación y solidarizó con el ministro.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó hoy como “un triunfo de la mayor relevancia para la igualdad y la dignidad humana” que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara por 78 votos contra 69 la Acusación Constitucional  que buscaba destituir al ministro de Educación, Marco Ávila.

Desde el Congreso Nacional el vocero del Movilh, Rolando Jiménez, sostuvo que “se ha impuesto la cordura y el respeto a la diversidad y la dignidad humana ante una arremetida homofóbica sin precedentes en el Congreso Nacional que buscaba destituir a un ministro con argumentos abiertamente homofóbicos”.

El Movilh, que  llegó hoy al Congreso Nacional para solidarizar con el Ministro de Educación y  desarrollar una activa campaña denominada “La homofobia mata”; la cual contó con el apoyo de congresistas y ministros; añadió que la Acusación Constitucional era “doblemente homofóbica”

“La Acusación Constitucional de hoy tenía dos graves expresiones homofóbicas, una contra la persona del Ministerio de Educación Marco Ávila  y otra, más extensiva,  contra las políticas educativas sobre diversidad sexual y de género y de paso, contra los derechos de docentes y estudiantes LGBTIQ+ que tanto nos ha costado conquistar”, señaló Jiménez.-

“Sin duda, hoy nos jugábamos buena parte de las tres décadas de lucha del movimiento LGBTIQ+, pues la Educación ha sido y es la madre de todas las batallas. Si hubiese vencido la AC,  la intención de destituir a un ministro con argumentos abiertamente homofóbicos y de boicotear las políticas educacionales pro derechos LGBTIQ se hubiera convertido en el peor y más grave retroceso en la lucha por la igualdad que emprendimos los movimientos LGBTIQ+ desde 1991 a la fecha”, añadió

“Felizmente hoy ha vencido la igualdad, la no discriminación y  el respeto a la dignidad humana. También, de paso han vencido las políticas educacionales pro derechos LGBTIQ+ que tanto nos costó impulsar, así como los compromisos internacionales que en esta materia ha asumido Chile”, recordó el Movilh

“Quienes han impulsado esta Acusación Constitucional pasarán a la historia por liderar la más funesta y peligrosa embestida homofóbica que se tiene registro en el Congreso Nacional.  Quienes han rechazado esta Acusación, no han hecho sino respetar la dignidad humana, las leyes y los compromisos internacionales del Estado de Chile”, redondeó la organización LGBTIQ+

“Nuestra solidaridad con el ministro Ávila y, muy especialmente, con los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+  cuyos derechos hubiesen sido severamente cuestionados en los establecimientos educacionales de   haber  prosperado esta funesta Acusación Constitucional”, finalizó el Movilh.

Entre otros/as apoyaron hoy la campaña “La Homofobia Mata”  la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; los ministros secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde y de Agricultura, Esteban Valenzuela; la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el parlamentario y secretario general del PC, Lautaro Carmona; el congresista y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez;  los/as diputados/as PS Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri, Daniel Melo y Leonardo Soto, el PH Hernán Palma y Gonzalo Winter  del Frente Amplio:

***

***

***

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Acusación Constitucional, Chile, Marco Antonio Ávila, MOVILH, Rolando Jiménez, “La homofobia mata”

General, Historia LGTBI Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Defensoría contra la Discriminación, Erika Olivera, IND, Leonardo Soto, Ley Zamudio, Lorena Pizarro, MOVILH, PAH, PC, PS, Rolando Jiménez, Tomás Hirchs

Iniciativa encabezada por la senadora Rincón fue presentada junto a la diputada Olivera, el Movilh la Fundación Iguales, la Liga Chilena contra el Párkinson, la ONG de Migrantes Tepuy y la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua.

Tras meses de trabajo conjunto con el Movilh y otras organizaciones sociales, la senadora Ximena Rincón y la diputada Érika Olivera presentaron hoy un proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación, definida como “una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

“Hay que trabajar en el proyecto que se está tramitando para reformar la ley antidiscriminación y ahora en la reforma constitucional que crea la Defensoría contra la Discriminación (…) Todos y todas debemos entender que las personas por el derecho de ser personas merecen un trato igualitario y sin discriminación”, señaló Rincón (Demócratas).

El proyecto de ley en cuestión añade al artículo 19 de la Constitución “el derecho a la protección contra toda forma de discriminación arbitraria o que no se base en criterios objetivos. Ante la confluencia de más de un elemento susceptible de discriminación arbitraria, los poderes públicos atenderán a cada una de ellas en su actuación”

Para tales efectos, establece “una Defensoría contra la Discriminación, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la prevención, promoción y protección, del derecho a la no discriminación, así como la creación de políticas públicas,  implementación y coordinación de medidas concretas, así como la supervigilancia y fiscalización de ellas, sean preventivas o reparativas contra las discriminaciones, tanto en el ámbito público como el privado”.

Añade que una ley “determinará su composición y organización” de la Defensoría “considerando al menos un Directorio y un Consejo Consultivo; sus funciones y atribuciones; relación, colaboración y coordinación con los demás poderes del Estado, órganos públicos o privados, especialmente en la mejora de la política pública en la materia; derecho de petición y mecanismos judiciales de tutela general o específica; presencia regional o municipal de la Defensoría; composición y atribuciones del Directorio y elección de su Presidenta o Presidente; composición y atribuciones del Consejo Consultivo con representación de las organizaciones de la sociedad civil contra los diferentes tipos de discriminaciones”.

Tal ley deberá surgir de un proyecto que presente el Presidente de la República, luego de aprobarse la reforma constitucional

“Tanto en el proceso de elaboración del proyecto de ley, como en su tramitación legislativa, se tendrá en consideración y se oirán las observaciones de una mesa técnica permanente con representantes de organizaciones de la sociedad civil contra las discriminaciones, que el Presidente conformará al efecto. En el proyecto de ley (…) se contemplará un estatuto regulatorio de la Defensoría para proteger el derecho a la no discriminación en sus diferentes manifestaciones, y al menos, por raza, etnia, nacionalidad, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de salud, sin perjuicio de las demás condiciones no mencionadas expresamente pero que impliquen un menoscabo de la dignidad humana”, apunta un artículo transitorio de la reforma constitucional.

Junto con valorar «esta valiosa iniciativa de la senadora Rincón que atiende las necesidades y el sentir de las personas discriminadas», el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “desde el 2012 venimos demandando al Estado, y a diversos gobiernos, dotar a Chile de una institucionalidad antidiscriminatoria que brinde asistencia a personas que sufren abusos o delitos en razón de su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual e identidad de genero; entre otras categorías, así como para que genere  campañas y estadísticas sobre las exclusiones arbitrarias y armonice y sistematice las diferentes leyes o políticas públicas que prohíben la discriminación, pues en la actualidad no hay coordinaciones. Hoy, por primera vez, damos un paso decisivo en tal sentido, presentando el primer proyecto de ley sobre la materia”.

Añadió que “desde asumido el actual gobierno le hemos pedido su patrocinio a una institucionalidad antidiscriminatoria en el marco de la reforma a la Ley Zamudio que en la actualidad tramita el Congreso Nacional. Dado que ello no ocurrió, y no hemos recibido respuesta, esperamos que el Gobierno asuma este proyecto de ley que presentamos como una gran oportunidad para responder a tal demanda. Llamamos al Gobierno a dar suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que hoy presentamos”, apuntó Jiménez.

En la ocasión también respaldaron la reforma constitucional representantes de la Fundación Iguales, María José Cumplido; de la Liga Chilena contra el Párkinson; de la ONG de Migrantes Tepuy, Mary Montesinos,  y de  la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua, Alejandro Aragort.

El proyecto de reforma constitucional también cuenta con los respaldos de los senadores Pedro Araya (IND), Sebastián Keitel (Evópoli),  Ximena Órdenes (IND), Ricardo Lagos Weber (PPD), “quienes expresaron su apoyo a la creación de una Defensoría contra la Discriminación en conversaciones que sostuvimos con ellos/as”, apuntó el Movilh.

Gobierno confirma que presentará proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria

Así lo señaló el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, en reunión con el Movilh, organismo que festejó el anuncio.

El Ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, confirmó hoy en cita con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentará un proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria, una demanda que dicho organismo LGBTIQ+ viene impulsado hace una década.

En la cita Cordero Vega señaló que el Gobierno espera anunciar próximamente detalles de la iniciativa y la fecha cuando el proyecto de ley ingresará a trámite en el Congreso Nacional, precisando que la iniciativa buscará proteger a todos los sectores discriminados o históricamente desaventajados. Del mismo modo, el Jefe de Cartera anunció que la institucionalidad quedará radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en la actualidad encabeza Xavier Altamirano.

“Estamos muy felices con esta información, pues implica que vamos avanzando decididamente en la creación de la institucionalidad. Agradecemos la disposición del ministro para recibirnos, así como por confirmarnos un aspecto en torno al cual había mucha incertidumbre y nebulosa”, dijo las vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, quien junto al activista Rolando Jiménez y al encargado de DDHH de la organización LGBTIQ+, Ramón Gómez, participó de de la reunión.

Zúñiga añadió que “frente a nuestra inquietud de que la Institucionalidad cuente con alguna autonomía, de manera que su quehacer no dependa de la autoridad del turno, el Ministro nos precisó que la Subsecretaría de Derechos Humanos está analizando mecanismos que garanticen cierta independencia del órgano contra la discriminación, lo cual valoramos”

Del mismo modo el ministro señaló que, al igual que el pasado y porque le corresponde por mandato legal, “la Subsecretaría de DDHH seguirá abordando temáticas LGBTIQA+ en beneficio de la igualdad y la no discriminación”, dijo Zúñiga.

“Si el Gobierno anuncia la fecha de ingreso del proyecto de ley en los próximos días, habrá sin duda una especial valoración, pues significará que en la XXIII Marcha del Orgullo del próxima 24 de junio no saldremos solo a demandar la institucionalidad, sino también a festejar el avance que registre tal demanda”, finalizó Zúñiga.

Fuente MOVILH (1, 2)H

General, Historia LGTBI Alejandro Aragort, Chile, Defensoría contra la Discriminación, Erika Olivera, Fundación Iguales, Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua, Gabriel Boric, Javiera Zúñiga, Liga Chilena contra el Párkinson, Luis Cordero Vega, María José Cumplido, Mary Montesinos, MOVILH, ONG de Migrantes Tepuy, Ramón Gómez, Rolando Jiménez, Xavier Altamirano, Ximena Rincón

A dos años de presentada la denuncia, donde el Movilh acusó que la Corte Suprema liberó de toda responsabilidad a un pastor y a la Catedral Evangélica por sostener que dicho Movimiento de la Diversidad promovía el abuso infantil solo por luchar por la igualdad legal para las personas LGBTIQANB+

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acogió a trámite una nueva demanda internacional que interpuso el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra el Estado de Chile, luego de que la Corte Suprema validara los dichos de un pastor y de la Catedral Evangélica, para quienes la lucha emprendida por esa organización LGBTIQANB+ por la igualdad legal abría la puerta al abuso infantil.

“Valoramos que la CIDH acogiera a trámite esta denuncia y tenemos la esperanza de que será declarada admisible, pues el Estado de Chile, a través de la Corte Suprema, validó en uno de sus más funestos y homo/transfóbicos fallos que se injuriara a nuestra organización y activistas con discursos homofóbicos solo porque demandábamos la derogación del artículo 365 del Código Penal”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

En la CIDH el Movilh es representado por el abogado Ciro Colombara.

Fue en 2020 cuando la Primera Sala de la Corte Suprema confirmó un fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones que había anulado una histórica sentencia de primera instancia del 25 Juzgado Civil de Santiago que  en 2018 había condenado a la Catedral Evangélica por daño moral al Movilh.

Inicialmente la iglesia había sido condenada luego de que el entonces director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, Cristián Nieto, señalara en la Catedral que con la derogación “del artículo 365 del Código Penal se pretende despenalizar la ley conocida como la ley sodomítica“.

 “El Movilh está pidiendo que una relación sexual entre un adulto y un niño menor de 14 años sea consentida, ¿y qué significa ser consentida?, que un niño diga ‘sí, yo tengo ganas de estar con este señor’ (…) Se imaginan lo que es un niño abandonado en una calle, debajo de un puente, que le ofrezcan un par de zapatillas Nike o un polerón que él desea, por mantener una relación sexual con ese adúltero, o ese pecador, comprándose a ese niño”,  señaló Nieto, siendo luego sus declaraciones reproducidas por el canal de Youtube oficial de la Catedral.

En uno de sus fallos más homo/transfóbicos, alarmantes  y contrarios al Interés Superior del Niño, la  Corte Suprema determinó que esas declaraciones no eran injuriosas, ni discriminatorias, pues a su juicio acusar a alguien de promover relaciones con menores de 14 años no era lo mismo que sindicarlo como promotor de la pedofilia.

Junto al daño moral, el Movilh sufrió consecuencias económicas. En efecto, en representación de la Catedral Evangélica y del pastor Nieto el  abogado Felipe Andrés Vásquez Jiménez, solicitó al 25 de Jugado Civil de Santiago que ordenara el embargo de cuatro millones de pesos de la  cuenta bancaria del Movilh por las costas de un juicio “cuya sentencia es una de las más homofóbicas que se tenga registro”.

“Los tribunales ordenaron el año anterior el retiro de nuestras cuenta bancaria de ese monto. Es decir, tuvimos que pagar cuatro millones de pesos porque nos  defendimos de quienes nos trataron como pedófilos. Este abuso no puede quedar impune. Confiamos en alcanzar justicia a nivel internacional”, apuntó el Movilh

Conviene precisar que el artículo 365 del Código Penal, derogado en 2022, no hacía ninguna mención a menores de 14 años, sino que a mayores de esa edad. El artículo establecía una edad de consentimiento sexual distinta solo en razón de la orientación sexual de las personas, fijándola en 18 años para homosexuales, mientras para heterosexuales en 14 años.

Con anterioridad el Movilh había demandado al Estado de Chile por prohibir a la docente Sandra Pavez   ejercer clases de religión solo por ser lesbiana; lo que valió una condena a nuestro país; y por impedir el matrimonio igualitario, lo que dio paso a un Acuerdo de Solución Amistosa que derivó en la aprobación de esa ley.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Artículo 365 del Código Penal, Chile, Ciro Colombara, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, Cristián Nieto, Felipe Andrés Vásquez Jiménez, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Rolando Jiménez

El Movilh acusó a los congresistas de Kaiser, De La Carrera, Sánchez y Naivellán de estar «ridículamente obsesionados» con la diversidad sexual y de género, en vez de dedicar su tiempo a construir un mejor país»

Cuatro diputados/as de ultraderecha oficiaron al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco, para impedir que una patrulla circule con los colores  LGBTIQANB+, lo cual  fue calificado por el Movilh como “una ridícula obsesión con la diversidad sexual y de género que se escapa de la labor parlamentaria y de las necesidades el país”.

El oficio de los republicanos Luis Sánchez Ossa y Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y de los/as independientes, también de ultraderecha, Gonzalo De la Carrera Correa y Gloria Naveillan Arriagada, pidió a Yáñez Rebeco que “informe a esta Cámara sobre la fuente normativa que autoriza a Carabineros de Chile a determinar los colores y diseños de los vehículos policiales destinados al servicio en la vía pública y el acto administrativo que dispone la circulación del Vehículo de la Diversidad. Asimismo, indique la autoridad institucional que dispuso la circulación del referido vehículo, y las fechas y lugares de sus recorridos desde el año 2022 a la fecha”.

“Se hace presente, que se encarece una respuesta oportuna, caso contrario, se dará cuenta a la Contraloría General de la República para que tome las medidas administrativas que procedan”, finalizó el oficio del pasado 17 de enero.

La mencionada patrulla hizo su estreno en la XXII Marcha del Orgullo que tuvo lugar en Santiago el pasado 25 de enero y, desde esa fecha,  ha recorrido diversas localidades, como la Región del Biobío.

#Santiago: Nuestra Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia resguarda la #MarchaOrgullo2022 para que sus asistentes puedan manifestarse de forma tranquila y segura.#CarabinerodelCentenario pic.twitter.com/ox7vWButiA

— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) June 25, 2022

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, consideró que “el rechazo ideológico de cuatro diputados/as a esta patrulla que educa a la ciudadanía, y en especial al propio personal de Carabineros en el respeto a la diversidad, explicita un desprecio profundo a las personas de la diversidad sexual y de género y no tiene otra motivación que obstaculizar la generación de sociedades más justas y pacíficas”.

Adelantó que “este y otros gestos de Carabineros en 2022 contribuyeron a mermar las denuncias y casos por homo/transfobia policial, lo cual detallaremos  en el próximo Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, a lanzarse en marzo próximo. Es a esto lo que se oponen los congresistas de ultraderecha, a mejorar incluso la relación entre las policías y la ciudadanía y al respeto a los derecho humanos”.

“Estos/as cuatro congresistas están ridículamente obsesionados con las personas LGBTIQANB+. En distintas ocasiones se han manifestado contra nuestros derechos en el Congreso y ha oficiado a autoridades que contribuyen al avance de la igualdad. Obsesionados, por su persistencia. Ridículos, porque desde el punto de vista administrativo sus gestiones no tienen ninguna posibilidad de prosperar. Son solo una pérdida de tiempo, cuando deberían estar dedicados a construir un mejor país”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Bandera Arco Iris, Carabineros, Chile, Gloria Naveillan Arriagada, Gonzalo De la Carrera Correa, Homofobia/Transfobia, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Luis Sánchez Ossa, MOVILH, Ricardo Yáñez Rebeco, Rolando Jiménez

La Corte Interamericana de DDHH exigió a Chile publicar el fallo en un diario de circulación nacional, tras la condena por la discriminación  que sufrió la docente Sandra Pavez, impedida desde el 2007 de dictar clases solo por ser lesbiana.

En el marco del cumplimiento de la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó a Chile por lesbofobia luego de impedirle a la docente Sandra Pavez ejercer como docente en nuestro país solo por ser lesbiana, el Estado se verá en la obligación de publicar este sábado en El Mercurio el fallo.

Tras una petición del Movilh, que representa a Sandra Pavez, el fallo será publicado en el diario de circulación nacional el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, de manera que “el Estado dé una señal concreta a favor de los derechos LGBTIQA+ en este especial día, que además coincide con el primer aniversario de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario”, sostuvo el activista Rolando Jiménez.

Jiménez, quien ha representado en el espacio público a Pavez desde que en 2007 fuera impedida por un fallo de la Corte Suprema de dictar clases de religión solo por ser lesbiana, sostuvo que “con esta medida el Estado avanza en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, la cual fue enfática en señalar que ninguna religión o iglesia puede impedir que un/a docente dicte clases en Chile en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

“Esperamos que un gobierno, que ha dicho apoyar los derechos LGBTIQA+, cumpla cada uno de las exigencias de la Corte IDH, generando las condiciones que aprovechen este fallo como una oportunidad para implementación de medidas contra la homo/lesbo/bi/transfobia en el sistema educacional”, dijo la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Añadió que “todos los gobiernos están obligados a cumplir sentencias. En el caso del gobierno del presidente Boric, que ha dicho levantar las banderas LGBTIQANB+, el desafío por cierto debe ser mayor. Caso contrario, no se notaría su aporte específico a favor de la inclusión, ni tampoco se entendería que quienes ahora están en el poder, hicieran publicidad con nuestros derechos mientras eran candidatos/as”, añadió.

Antecedentes del caso

Tras 15 años de lucha jurídica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el pasado 4 de febrero a Chile por impedir desde el 2007 a la docente Sandra Pavez (64) dictar clases de religión solo por ser lesbiana, tras una prohibición ordenada en primera instancia por la Iglesia Católica y que luego fue refrendada por la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo de la época guardaron total silencio frente al abuso.

En tal sentido, la Corte INDH obligó al Estado a publicar “en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y c) la presente sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial del Estado, de una manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web”.

Además el Estado fue obligado a indemnizar a Sandra, lo que ya ocurrió, mientras otras exigencias de fondo de la sentencia están pendientes, como son la celebración de “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, “crear e implementar, en el plazo de dos años, un plan de capacitación a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente en establecimientos educativos públicos sobre el alcance y contenido del derecho a la igualdad y no discriminación” y reformar el Decreto 924 del Ministerio de Educación, el cual fue creado por la dictadura de Augusto Pinochet y se mantiene vigente bajo la administración del presidente Boric.

“Hasta ahora, el Estado se ha mostrado favorable a cumplir con muchos de los aspectos de la sentencia y estamos discutiendo los alcances  sobre la capacitación “a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente en establecimientos educativos públicos”. Esperamos que el Estado, y en especial este Gobierno, deje al margen interpretaciones conservadoras de la sentencia, entienda los alcances del fallo y se afirme en los propios principios que dice representar. Solo así  la capacitación será dirigida para todas las personas que evalúan docentes y no solo para algunas, lo cual tendría un negativo y desigual impacto en la educación y en el respeto a los derechos de estudiantes y docentes LGBTIQA+ en Chile”, finalizó Andrade.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El Mercurio, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, MOVILH, Rolando Jiménez, Sandra Pavez

 Además, el 3,7% de las familias homoparentales afirma que tuvo problemas en el Registro Civil para el reconocimiento de derechos consagrados en el matrimonio, pero la mayoría los resolvió. El Movilh enfatizó que la nueva lucha es una institucionalidad anti-discriminatoria.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Chile, Familias Homoparentales, Matrimonio igualitario, MOVILH, Rolando Jiménez