El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Paola Buenrostro que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal.

Fuente Agencia Presentes

18 de julio de 2024
Geo González
Milena Pafundi
Edición: Ana Fornaro

Este jueves 18 de julio el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones la Ley Paola Buenrostro, una iniciativa de ley que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal con una pena máxima de setenta años de cárcel. El proyecto lo presentó el diputado Temístocles Villanueva y lo elaboraron también Natalia Lane y Kenya Cuevas, defensoras de derechos humanos, sobrevivientes de violencia transfeminicida e institucional.

Además, contempló el trabajo de las organizaciones Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Casa de las Muñecas Tiresias y Letra S.

🇲🇽🏳️‍⚧️ Comienza la sesión para votar la “Ley Paola Buenrostro” para tipificar el transfeminicidio en el código penal de la Ciudad de México.

Natalia Lane y Kenya Cuevas se encuentran presentes en el recinto. @kenyacuevas101 @natalia_lane pic.twitter.com/EepaJ3C5FG

— Agencia Presentes (@PresentesLatam) July 18, 2024

La ley enfatiza en que hay una urgencia por reconocer el transfeminicidio “como una figura penal autónoma y como un crimen con sus propios rasgos, debido a que este se presenta como un crimen de odio contra mujeres trans y que su investigación aún enfrenta diversos y profundos retos”.

“La aprobación de esta ley da un mensaje muy claro que es que las mujeres trans somos mujeres y nuestras muertes tienen que ser investigadas bajo esa perspectiva considerando las particularidades de nuestros contextos, empleos como el trabajo sexual, condiciones de vulnerabilidad. Así como el reconocimiento de las familias elegidas”, dijo a Presentes, Natalia Lane, defensora de derechos humanos, sobreviviente de tentativa de feminicidio y trabajadora sexual.

“Pero sabemos que un tipo penal no es suficiente, son necesarias medidas de reparación, políticas públicas y cambios estructurales para prevenir los transfeminicidios”, añadió.

Esta ley toma el nombre en memoria de Paola Buenrostro, mujer trans trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016. Y que, tras su asesinato, el pedido de justicia de su amiga y defensora de derechos humanos, Kenya Cuevas rompió paradigmas a nivel social y mediático sobre la violencia letal contra las mujeres trans en México.

Hasta ahora solo el estado de Nayarit y la Ciudad de México consideran al transfemincidio como un delito en sus códigos penales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conapred) determinan que toda muerte violenta de una mujer trans debe ser investigada bajo el protocolo de feminicidio y exigen la obligación que tienen los congresos locales para establecer medidas que garanticen el acceso a la justicia a esta población.

Las activistas Natalia Lane y Kenya Cuevas

¿Qué contempla la Ley Paola Buenrostro?

En junio el jefe de gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto para reformar el código penal y determinar que el delito de feminicidio “incluye a todas las mujeres, así como a todas las personas de género femenino”; además se adiciona como razón de género el prejuicio a la identidad de género y orientación sexual que exista sobre la víctima.

Sin embargo, la Ley Paola Buenrostro es más amplia porque no sólo reforma el código penal sino que propone un enfoque al análisis de contexto de las víctimas de transfeminicidio y tentativa del mismo.

Y considera al trabajo sexual como la condición laboral de la mayoría de las víctimas y se reconoce a las familias elegidas durante el proceso de acceso a la justicia.

Lane explica que la importancia del análisis de contexto durante la investigación de estos crímenes implica contemplar las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como el trabajo sexual, condiciones de migración o desplazamiento, dedicarse a la defensa de derechos humanos; así como el tipo de violencias ejercidas contra las víctimas antes, durante y despúes de ser asesinadas.

Además, la ley exige la aplicación obligatoria del Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género para garantizar una investigación con enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos por parte de todos los actores que intervienen en el proceso de investigación y acceso a la justicia con el fin de garantizar la no revicitimización.

Considera a las familias elegidas y propone recopilar datos

Esta iniciativa tiene como antecedente la recomendación 02/2019 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al declarar a Kenya Cuevas como víctima directa de transmisoginia y discriminación, por entonces ejercer el trabajo sexual, ejercida por funcionarios públicos durante el proceso de búsqueda de justicia de su amiga Paola.

Bajo esa recomendación, esta ley también reformó el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México con el fin de considerar a la familia elegida como parte del pedido de justicia al momento de acompañar casos, ser testigas o tramitar un acta de defunción que no vulnere la identidad de género de las víctimas.

Una acción que las activistas Kenya Cuevas y Rocío Suárez, directora del CAIT, llevan haciendo durante años con el fin de dignificar las muertes de mujeres trans, y no se las entierre en calidad de desconocidas en fosas comunes.

Finalmente esta ley también propone la recopilación estadística de esta violencia con el fin de desarrollar políticas públicas para la prevención y combate a la violencia transfeminicida.

Más de 50% de las víctimas de crímenes de odio son mujeres trans

En México los transfeminicidios representan más del 50% de los crímenes por prejuicio contra la población LGBT+ según los informes anuales de Letra S. La mayoría de las víctimas ejercían el trabajo sexual y además son pocos los casos que se investigan bajo el protocolo de feminicidio, llegan a judicializarse y a tener una sentencia.

En lo que va de 2024 en México al menos 30 mujeres trans han sido asesinadas. La mayoría de estos crímenes, diez, han sucedido en la CDMX y casi todas las víctimas ejercían el trabajo sexual y vivían en situaciones de precariedad laboral y de vivienda.

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) de México determinaron que las mujeres trans asesinadas deben ser consideradas víctimas de feminicidio y sus muertes investigadas bajo ese protocolo.

En México el crimen de transfeminicidio no forma parte de los códigos penales de los 32 estados del país, así como del federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 10 de marzo una recomendación al poder legislativo de todos los estados del país para considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio. Asimismo, el 29 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las mujeres trans asesinadas deben ser consideradas víctimas de feminicidio y que no exime a los congresos de su obligación de establecer medidas específicas para castigar el transfeminicidio.

Además, el Congreso de Nayarit votó a favor de crear la agravante de ‘transfeminicidio’ dentro del capítulo de feminicidio y tentativa de feminicidio de su código penal con una pena máxima de 60 años. Esto hace a Nayarit el primer estado del país que por medio de una reforma tipifica este delito. Sin embargo, aún no entra en vigor pues no ha sido publicado en el diario oficial del estado.

En México los transfeminicdios se mantienen impunes. Son muy pocos lo que se investigan bajo el protocolo de feminicidio, llegan a judicializarse y a tener una sentencia. Además tampoco se considera la agravante de crimen de odio por ‘preferencia sexual’, es así es nombrada la orientación sexual e identidad de género, en los 13 códigos penales que cuentan con esta figura en el capítulo de homicidio.

En los últimos años les activistas trans abogan porque las muertes violentas de mujeres trans sean investigadas como feminicidios, otros más buscan la figura penal para lograr castigo a quienes cometen estos crímenes y también hay quienes se preguntan si un tipo penal puede garantizar la justicia a las mujeres trans mexicanas cuando el Estado mexicano no garantiza los derechos humanos de manera integral y progresiva a esta población.

“Detrás de cada muerte violenta o no de una mujer trans hay una historia de negación de derechos”

En México el reconocimiento al derecho a la identidad de género de las personas trans no está garantizado. Aún falta que 10 de 32 estados de México garanticen este derecho por la vía administrativa para las personas trans adultas, y solo tres estados garantizan este derecho a menores de edad, pero solo Jalisco no discrimina por edad.

El derecho a la identidad es una puerta para acceder a otros como la salud, la educación, el trabajo, etc. Sin esta mínima garantía la calidad y expectativa de vida de las personas trans se ve vulnerada.

Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), explica que es importante hablar sobre transfemincidios más allá de la lógica penal con el objetivo de  “conocer y entender los contextos que son invisibilizados, porque detrás de cada muerte violenta o no, hay una historia de negación a derechos y esta negación a derechos tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas trans”. 

Y agrega, “sí hay una demanda imperiosa por lograr que estos hechos se castiguen pero mirar solo desde una mirada punitivista nos hace entrar en un espiral de caso-denuncia, caso-denuncia. Y no podemos abocarnos únicamente a eso. Es necesario considerar las causas estructurales, entender los contextos en que viven las mujeres trans que son asesinadas y exigir al Estado mecanismos como políticas públicas para reducir estas violencias. Necesitamos acciones que impacten en la calidad y expectativa de vida de las compañeras”.

La situación actual de violencia contra mujeres trans

En el primer trimestre de 2024, al menos 14 mujeres trans han sido asesinadas y 2 murieron en condiciones de precarización en la calle, de acuerdo a un conteo que realizan activistas trans.

Desde 2007 Rocío Suárez lleva un registro de transfeminicidios y transfeminicidios sociales en México y lamenta decir que lo que estamos presenciando corresponde al promedio de muertes violentas o no de mujeres trans en el país.

“Cuando se habla de tipificar el transfemincidio los activismos no debemos esperar que con eso entonces el Estado va a generar cifras para certificar nuestras muertes. Ese es el meollo que el Estado no está trabajando en generar acciones para que la violencia se reduzca, para que la expectativa de vida de las personas trans sea mejor”, agrega Suárez.

Prevalece la impunidad y prejuicios al investigar las muertes violentas de mujeres trans

El transfeminicidio en septiembre de 2016 de la trabajadora sexual Paola Buenrostro y la lucha por justicia que encabeza la activista, Kenya Cuevas, marcó un parteaguas a nivel mediático y de búsqueda de justicia sobre las muertes violentas de mujeres trans en México. Sin embargo, son pocos los casos de transfeminicidios con sentencias y donde se reconozca la identidad de género de la víctima.

Las activistas que acompañan son quienes se encargan de que eso no se borre y se investigue con perspectiva de género y derechos humanos, pues denuncian que las autoridades de justicia siguen sin aplicar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País,en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, publicado en 2017 por la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunado a ello, es importante considerar que en México la impunidad prevalece y crece, pues solo cuatro de cada 100 delitos son investigados, de acuerdo a una investigación de la organización México Evalúa.

En 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 02/2019 en la que se da cuenta de las violencias sistemáticas que las mujeres trans víctimas, directas e indirectas, de transfeminicidios experimentan por parte de las instituciones y servidores públicos durante el proceso de acceso a la justicia.

Geo González

Fuente Agencia Presentes

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Fuente Agencia Presentes

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