Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaba a los países bajo su jurisdicción a asegurar el derecho a la identidad de género y al matrimonio homosexual ya son varios los países que han comenzado a cambiar (o anunciar que cambiarán) su legislación. 

Hace unos días te explicábamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, le había dicho al gobierno costarricense que, por un lado, tenían que regularizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que, por otro lado, también tenían que asegurar el derecho a la identidad de género.

El dictamen de la CIDH es vinculante y de obligado cumplimiento en Costa Rica… y en casi dos decenas de países que aceptan la autoridad del tribunal.

A pesar de eso en Costa Rica por ahora no se pueden celebrar bodas homosexuales. Roberth Castillo y Mario Arias iban a casarse el sábado pasado pero la noche antes descubrieron que tendrían que posponer el enlace porque el notario se negó a firmar los documentos porque la ley nacional aún no se han modificado de forma oficial y porque la Dirección de Notarios prohíbe realizar matrimonios homosexuales en Costa Rica. Pero el ministro de Justicia de Costa Rica, Marco Feoli, ha llamado la atención a los notarios y ha recordado que tras el veredicto de la CIDH se han aprobado decretos temporales para permitir esos matrimonios: “El Colegio Superior de Notarios no solo contradice la opinión sino también la posición del Poder Ejecutivo respecto a la sentencia. El Presidente Luis Guillermo Solís ya ha avisado a las instituciones costarricenses de que han de cumplir la sentencia, aunque también ha dicho que el proceso será ‘gradual’ y requerirá un extenso diálogo.”

Por ahora la pareja no puede casarse pero ya han anunciado que posponer la boda no implica renunciar a ella.

Isabel de Saint Malo, vicepresidenta de Panamá

Isabel De Saint Malo, la vicepresidente de Panamá, también ha dejado claro que su gobierno respetará y acatará la decisión de la CIDH. “La constitución panameña establece la no discriminación, como de hecho ha establecido este fallo de la Corte, así que estamos seguros que con ello podremos seguir avanzando aún más en la agenda de equidad y no discriminación“, explicó De Saint Malo a los medios.

En cuanto se conoció la sentencia del CIDH el gobierno de Panamá envió la misma a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y al Tribunal Electoral. Aún así el presidente Juan Carlos Varela no ha empezado a mover los hilos necesarios para regular el derecho al matrimonio, aunque De Saint Malo ha aclarado que se acabará haciendo: “Panamá tiene todavía tareas pendientes en asegurar la no discriminación en todos los frentes, y éste es uno de ellos.”

Fuente | TVN-2, vía EstoyBailando

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El Gobierno costarricense solicitó en el 2016 a la Corte IDH que emitiera una opinión consultiva acerca de los derechos de la población LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexo). 

La Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica informó ayer de que los notarios públicos tienen, por el momento, prohibido realizar matrimonios entre homosexuales, mientras tanto no se produzca una reforma legislativa.

El Consejo Superior Notarial tomó esta decisión en una sesión extraordinaria celebrada el jueves luego de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) favorable al matrimonio igualitario.

Este acuerdo se da luego de que una pareja homosexual anunciara que iba a casarse el pasado sábado en Costa Rica, aunque todavía no puede inscribirse ante el Registro Civil.

El acuerdo 2018-002-024 indica que “hasta tanto no se produzca una reforma legislativa, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos, en el ejercicio de su función, deben apegarse a las mismas”.

El artículo 14 inciso 6 del Código expresa que: “Es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

El costarricense Mario Arias y el venezolano Roberth Castillo dijeron a medios locales que la opinión emitida por la CorteIDH es suficiente sustento legal para que se avale el matrimonio, y que por ello una notaria pública los iba a casar el sábado y luego pedirá al Registro Civil que inscriba oficialmente su unión, aunque al final han tenido que cancelar la ceremonia debido a la prohibición. “El derecho está vigente desde que la Corte Interamericana lo dijo, es un derecho que nosotros tenemos. Ellos deben hacer las modificaciones, pero mientras tanto que eso sucede, ya se puede empezar a ejecutar y darnos la posibilidad de contraer matrimonio”, añadió Castillo. Explicaron en rueda de prensa, junto a su notaria, que se vieron obligados a tomar esta decisión que va “en contra de un derecho humano vigente” y a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) favorable al matrimonio gay. “Vamos a presentar un recurso de amparo por la violación al derecho humano reconocido por la CorteIDH y porque es totalmente vinculante. Esperamos que al menos la Sala Constitucional diga que esto tiene que cumplirse, ya que las instituciones no quieren apegarse a la respuesta de la Corte”, afirmó Castillo a Efe. La pareja indicó que ahora tendrán que esperar una resolución para fijar nuevamente una fecha para la boda.

La boda de Arias y Castillo iba a ser la primera que se hiciera en el país en forma pública. Hay otras cuatro parejas que lo han hecho en el ámbito privado y que están a la espera de las decisiones pertinentes para acudir al Registro Civil a inscribir su matrimonio.

El Gobierno costarricense solicitó en el 2016 a la CorteIDH que emitiera una opinión consultiva acerca de los derechos de la población LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexo).

En 2017 la CorteIDH efectuó una audiencia y recibió opiniones de diversas organizaciones, personas y Gobiernos del continente, y la semana pasada hizo pública su opinión consultiva, que entre otras cosas, dice que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos familiares a las parejas del mismo sexo, entre estos el matrimonio.

El Gobierno de Costa Rica celebró esta resolución como un triunfo en materia de derechos humanos y notificó a todos los poderes del Estado para que determinen los pasos a seguir en sus respectivos ámbitos.

Fuente El Diario.es

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