Algunos de los equipos defensores de las parejas del mismo sexo que han demandado a sus estados por no permitirles contraer matrimonio han decidido solicitar que los jueces castiguen las prácticas abusivas de las fiscalías. En Wisconsin y Carolina del Sur se han presentado solicitudes judiciales para que se condene a los representantes jurídicos de los estados a sufragar las minutas de los abogados defensores. Las cifras pueden superar el millón de dólares en Wisconsin y los cien mil dólares en Carolina del Sur.

El equipo legal de la organización de defensa de los derechos civilesAmerican Civil Liberties Union (ACLU) fue el encargado de sostener la demanda presentada por ocho parejas del mismo sexo a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Aunque la sentencia del tribunal federal presidido por la juez Barbara Crabb fue favorable al matrimonio igualitario, los demandantes tuvieron que enfrentarse a prácticas por parte de la Fiscalía de Wisconsin cuyo objetivo era la mera dilación del proceso.

El fiscal general del estado, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, intentó por todos los medios retrasar la ejecución de la sentencia, consiguiendo que la juez Crabb la suspendiera en espera de la apelación. La juez, sin embargo, estableció un plazo de diez días antes de la suspensión, plazo en el cual algunas secretarías de los condados facilitaron licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. La reacción del fiscal fue la de amenazar con demandas a los secretarios que cumpliesen con la sentencia federal y la de calificar a los matrimonios celebrados de “ficticios”.

La Corte de Apelaciones del 7º Circuito, al que pertenece Wisconsin,confirmó la sentencia favorable al matrimonio igualitario, aunque el fiscal continuó recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo. El alto tribunal no admitió a trámite el recurso y desde esa fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo adquirió completa legalidad en el estado de Wisconsin.

Pero el equipo legal de ACLU considera que las prácticas disuasorias de la Fiscalía merecen  un resarcimiento. Según se hace constar en la petición presentada, ”la decisión de los demandados de presentar innumerables mociones, hallazgos, nuevos argumentos y tratar frenéticamente de detener los matrimonios, produjo un aumento de la complejidad sustantiva y procesal de los demandantes e incrementó el trabajo de sus abogados, tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal de apelaciones, y por lo tanto el tiempo requerido para el procedimiento“.

Por ello, teniendo en cuenta que la ley federal en los pleitos civiles puede compensar en este sentido a los demandantes, han solicitado que la Fiscalía de Wisconsin se haga cargo de la minuta del equipo defensor por el trabajo y las horas añadidas con sus prácticas. La cifra asciende a casi 1.250.000 dólares (algo más de 1.000.000 de euros). Desde la oficina del fiscal general no se han querido hacer declaraciones.

Petición de resarcimiento en Carolina del Sur

Los abogados defensores de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Carolina del Sur por no permitirles contraer matrimonio esgrimen un argumento semejante, aunque con sus diferencias.

Carolina del Sur pertenece al ámbito de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en el mes de julio corroboró la sentencia que había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Virginia. Al igual que en el caso de Wisconsin, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso contra ese dictamen. Por ello, según argumentan los abogados de los demandantes, el estado de Carolina del Sur debería haber acatado la jurisprudencia de su Corte de Apelaciones, aceptada de facto por el Tribunal Supremo, y haber derogado las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la Fiscalía, al cargo del también ultraconservador Alan Wilson, no solo continuó defendiendo esas leyes ante el tribunal federal presidido por el juez Richard Mark Gergel, sino que, cuando este dictaminó a favor del matrimonio igualitario, intentó su suspensión permanente durante el proceso de apelación, que fue denegada por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, e incluso llegó a recurrir al Tribunal Supremo, que tampoco admitió la solicitud. Tras todo este proceso, se celebraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo  en Carolina del Sur.

A pesar de todo, la Fiscalía ha continuado con el proceso de apelación, a sabiendas de la práctica seguridad del resultado adverso a su propósito tanto ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito como ante el Tribunal Supremo.

Y ese es precisamente el argumento del equipo de abogados defensores, que denuncian que todo ese trámite inútil acarrea cientos de horas de trabajo para sus bufetes, que deben contrarrestar ante los tribunales las apelaciones de la Fiscalía. Por ello han solicitado que el departamento presidido por el fiscal Wilson se haga cargo de los emolumentos correspondientes a las horas dedicadas al alargamiento del proceso, que cifran en unos 150.000 dólares (unos 120.000 euros).

Si prosperan estas solicitudes, estos emolumentos se sumarán al no cifrado pero sin duda enorme gasto en recursos públicos, e incluso en contratación de bufetes privados, que los estados han dilapidado en la defensa de las leyes contrarias a la igualdad de derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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