La Corte Suprema analizará, por primera vez en su historia, si las personas LGTB están protegidas de la discriminación laboral, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad y también en los tribunales.

El caso de Aimee Stephens es uno de un conjunto de casos que se empezaron a escuchar ayer, 8 de octubre, y que podría determinar si millones de trabajadores LGTB están protegidos por la ley federal contra la discriminación en el lugar de trabajo más poderosa de los EE. UU.

El martes por la mañana, un centenar de personas se reunieron delante de la Corte Suprema en Washington en apoyo a los derechos de las minorías, grupo al que se sumó la actriz trans Laverne Cox.

El gobierno de Donald Trump ha mostrado abiertamente su apoyo a los empleadores. La administración republicana, que accedió al poder con el apoyo de la derecha evangélica, se ampara en una lectura estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación «en base al sexo».

Laverne Cox junto a Aimee Stephens charlando ante la Corte Suprema

“El ‘sexo’ se refiere aquí a si naciste mujer u hombre, no a tu orientación sexual o identidad de género“, argumentó el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, quien considera que es competencia del Congreso y no de la justicia actualizar la ley.

Sin embargo, los derechos de las minorías sexuales han tenido avances gracias a los tribunales, incluida la Corte Suprema, que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Desde la histórica decisión sobre el matrimonio igualitario, la Corte se ha inclinado hacia el conservadurismo, con la llegada de los jueces nombrados por Donald Trump, por lo que una victoria para la comunidad LGTB no está garantizada

Solo 22 estados prohíben la discriminación de las minorías sexuales en el ámbito profesional. En los demás estados, es la Corte Suprema la que puede quitar a las personas LGTB su estatus de (ciudadanos) de segunda categoría», dijo Ria Tabacco Mar, de la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU.

La Corte Suprema comenzará por escuchar los casos de Donald Zarda y Gerald Lynn Bostock. Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, fue despedido tras bromear con una clienta sobre que era homosexual. Zarda murió en un accidente en 2014, pero su familia ha continuado la disputa legal. Bostock, un trabajador social del estado de Georgia, fue despedido después de unirse a un equipo deportivo gay. El despido de Zarda fue anulado por la justicia, pero el de Bostock se ratificó en un tribunal. Esa diferencia de interpretación de la ley justifica la intervención de la Corte Suprema.

.

Por otro lado, los nueve magistrados examinarán públicamente, por primera vez, el caso de una persona trans.

Nacida como hombre, Aimee Stephens trabajó durante seis años en una funeraria de Detroit, estado de Michigan. Cuando anunció a su jefe su decisión de asumir completamente su identidad femenina, recibió dos semanas después por respuesta un «esto no va a funcionar». Y fue despedida.

El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un «ferviente cristiano», alega que su decisión se basa en la defensa de sus valores y en la necesidad de «evitar todo lo que pueda molestar» al luto de sus clientes.

La decisión le afectó emocionalmente, pero Stephens se armó de valor y decidió luchar. «Es tiempo de que alguien se levante y diga que ya es suficiente», dijo Stephens. «No estamos pidiendo que nos traten diferente, sino igual».

Ahora solo queda esperar…

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas American Civil Liberties Union (ACLU), Discriminación, Donald J. Trump, Estados Unidos, Homofobia/Transfobia, Iglesias Evangélicas, Noel Francisco, Ría Tabacco Mar, Thomas Rost

Charles Rhines | Foto: Uso permitido

Declarado culpable por asesinato en 1993, Charles Rhines es condenado a la pena de muerte por el hecho de ser homosexual al considerar el jurado que lo condena que la cadena perpetua no es un castigo para él debido a su orientación sexual. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desestima la apelación del reo, ratificando la condena de pena de muerte por ser homosexual. 

En 1993, Charles Rhines es declarado culpable del asesinato de Donnivan Schaeffer, un trabajador de una tienda de donuts en la que pretendía robar, al que apuñala y le arrebata la vida cuando solo tiene 20 años de edad. En cualquier otra circunstancia la pena habría sido cadena perpetua, pero el simple hecho de que Rhines sea abiertamente homosexual lleva a los miembros del jurado a considerar que merece la pena de muerte al interpretar que permanecer el resto de tus días en una cárcel rodeado de personas de su mismo sexo no sería una condena para él, sino un premio. Rhines apela esta sentencia al considerar que ha habido discriminación con respecto a su orientación sexual, pero el pasado lunes, 19 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirma que no encuentra ninguna razón para revisar el caso, confirmando la sentencia de pena de muerte por ser homosexual.

Durante las deliberaciones del juicio de Rhines, algunos miembros del jurado se dedican a discutir el hecho de que el acusado sea homosexual, según afirma uno de los integrantes de ese jurado, afirmando que se trata de un hecho que genera «mucho disgusto». Un segundo integrante del jurado, confirma este punto de vista, añadiendo que algunos piensan que el acusado «no debería poder pasar su vida con hombres en la cárcel» si es homosexual. «Si es gay, estaríamos enviándole donde quiere ir», asegura un tercer testigo que un miembro del jurado argumentaba para condenar a Rhines a la pena de muerte.

«Sabemos lo que significa la pena de muerte. Pero no tenemos idea de la realidad de la vida sin libertad condicional» es lo que un miembro del jurado escribe en una nota que le pasan al juez en el que pasan a hacerle una serie de preguntas, tales como si se le «permitiría mezclarse con la población general de reclusos», si podría «discutir, describir o alardear sobre su crimen a otros presos» o acerca de la posibilidad de que tuviera «un compañero de celda». Valoraciones que explican que sus prejuicios hacia las personas homosexuales les llevan a condenar al acusado a la pena de muerte en lugar de a cadena perpetua basándose única y exclusivamente en su orientación sexual y no en el crimen que había cometido, tal y como asegura Ría Tabacco Mar, miembro del Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and H.I.V. Project de la Unión Estadounidense pro las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union.

El Tribunal Supremo establecía el año pasado una excepción importante para los casos de parcialidad racial en la sala del jurado tras descubrirse que un jurado decide condenar a un hombre acusado de contacto sexual no consentido y acoso porque «es mexicano y los hombres mexicanos cogen lo que quieren», en palabras del jurado. Una sentencia que el Tribunal Supremo sí considera discriminatoria y que interfiere con el derecho del acusado a obtener un juicio justo e imparcial. Si bien en el caso de Rhines el delito es todavía más grave que en el condenado mexicano, los jueces rechazan su pretensión de parcialidad, permitiendo que se mantenga la condena de muerte, no dando además ninguna explicación de su decisión para no revisar un caso que ha desatado las alarmas sobre el valor que el sistema de justicia proporciona a los miembros del colectivo LGBT en los Estados Unidos.

«El silencio del Tribunal (Supremo) envía un mensaje profundamente preocupante sobre el valor que se le da a la vida de las personas LGBT. La misma regla debería aplicarse cuando el prejuicio anti-LGBT contamina la toma de decisiones del jurado (…). Sin duda, la historia del racismo en Estados Unidos es única y exige garantías únicas. Pero eso no hace que la discriminación anti-LGBT sea menos objetable, particularmente cuando puede haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. [El tribunal] debería aprovechar la próxima oportunidad para corregir este error y reconocer que los prejuicios contra las personas LGBT no deberían desempeñar ningún papel en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Sin embargo, eso probable que llegue demasiado tarde para el señor Rhines», asegura Tobacco Mar en un artículo publicado en The New York Times en el que asume que Rhines será ejecutado en función de una sentencia que no le condena por el delito que ha cometido, sino por su orientación sexual.

El 4 de octubre de 1961, Lenny Bruce es arrestado por obscenidad al pronunciar durante una de sus actuaciones un sustantivo considerado ilegal en aquel entonces en los Estados Unidos: «cocksucker» (chupapollas en español). Tras un juicio que se prolonga a lo largo de tres años, tanto el cómico como el propietario del local en el que actuaba son condenados por este delito. Diez años después de esa sentencia, Bob Fosse estrena el que es su tercer largometraje, Lenny (1974, EE.UU.), en el que incluye un chiste que parece anticiparse al jurado de Charles Rhines al bromear sobre el hecho de que enviar a los delincuentes homosexuales a la cárcel no parece un castigo, sino un premio.

De la misma manera que lo que hace más de cincuenta años era un delito y hoy parece una broma, lo que antes no era más que un chiste hoy se ha convertido en una paradójica realidad que permite situar a los Estados Unidos a la misma altura que los 8 países con los que se castiga la homosexualidad con la pena de muerte, como Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán, algunas zonas de Somalia, Nigeria, Siria e Irak. En otra vuelta de tuerca de la realidad en el mundo de Donald Trump, las personas que proceden de alguno de estos países tienen la entrada prohibida en los Estados Unidos, a pesar de ser un país con el que tienen tanto en común.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. American Civil Liberties Union (ACLU), Bob Fosse, Charles Rhines, EE.UU., Homofobia/Transfobia, Lenny, Lenny Bruce, Pena de Muerte, Ría Tabacco Mar, Tribunal Supremo