Las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad” son un instrumento aprobado en 2008 en la Cumbre Iberoamericana Judicial, al que se adhirió el Perú en 2010, y que busca que el sistema de justicia contribuya a la reducción de las desigualdades sociales de las personas más vulnerables.

Diez años después, en julio de 2020, el Perú tenía que aprobar la adhesión a la actualización de las Reglas. La tarea de revisar la adhesión recaía en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que decidió aprobarla, pero con una excepción: la Regla 4. 

Los “argumentos” usados por el juez Arévalo Vela para que las personas LGTBIQ+ fueran excluidas del pacto, y que convencieron a los cinco miembros del Consejo Ejecutivo de ratificar esta decisión, fueron:

“biológicamente, solo es admisible la existencia del género masculino (varón) y el femenino (mujer); así como en condiciones normales la orientación sexual solo puede ser de carácter heterosexual, es decir, de hombre a mujer (y viceversa)”.

“…personas que, por motivos psicológicos o sociales, tienen una orientación sexual hacia personas de su propio género o que se identifican como parte de un sexo que, biológicamente, no les corresponde”.

“en consecuencia, no puede considerarse como causas de vulnerabilidad a la orientación sexual e identidad de género, pues, de ser así, resultaría que estaría aceptando como causal de vulnerabilidad el ser varón o mujer, o el identificarse con tales calidades”.

Más de un año después, el 3 de setiembre de 2021, la Junta Nacional de Justicia decidió abrir una investigación preliminar de oficio contra el juez Arévalo Vela, por haber incurrido presuntamente en un acto de discriminación. Esto fue a pedido de las organizaciones DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y LIFS-Lesbianas Independientes Feministas Socialistas), y como parte de la campaña Justicia Arcoíris, que busca enfrentar la impunidad en los casos de discriminación y violencia por orientación sexual y de género que afecta a la población LGTB en Perú. Se le dio un plazo de diez días para que responda a las alegaciones que se hacen en su contra.

Para la socióloga Sayda Lucas, representante de DEMUS, “la apertura de esta investigación preliminar es muy importante a nivel jurídico, pero también a nivel simbólico social, porque el mensaje es clarísimo: no puede quedar impune una persona con cargo público, que realiza afirmaciones discriminatorias basadas en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las personas. La JNJ tiene la oportunidad de ponerle un alto a los jueces y juezas que incurran en declaraciones o actos discriminatorios contra las personas LGTBIQ+”.