Los ciudadanos cubanos han votado favorablemente en referéndum el nuevo Código de las Familias, que abre la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. La participación ha sido del 74,01 % y los votos favorables han representado el 66,87 % de los emitidos. Una cifra acorde con las encuestas previas, pero que también refleja el peso de las iglesias católica y evangélica, firmes opositoras a los derechos de las personas LGTBI, que han conseguido la oposición a la nueva ley de un 33,13 % de los votantes. Con este resultado, a la espera de que la nueva ley entre en vigor, Cuba se ha convertido en el 34º país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario.

El extenso texto contempla, además de matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, la prohibición del matrimonio infantil, así como la regulación de vientres de alquiler.

La nueva normativa incluye el siguiente apartado:

Artículo 197. Matrimonio.

1. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos.

2. Constituye una de las formas de organización de las familias y se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, deberes y capacidad legal de los cónyuges.

3. El matrimonio solo produce efectos legales cuando se formaliza ante el funcionario competente.

Dos tercios de los votantes cubanos han respaldado en referéndum el Código de las Familias promovido por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que abre la puerta a la legalización del matrimonio igualitario y la gestación subrogada en la isla, según datos oficiales.

La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, ha comparecido este lunes ante los medios para confirmar que el 66,87 por ciento de los votos válidos, más de 3,9 millones, avalaban la actual reforma, frente al 33,13 por ciento, más de 1,9 millones, que dijeron ‘no’. Los datos, que ya se dan por irreversibles pese a que aún resta concluir el recuento en algunas circunscripciones, sitúan el nivel de participación cerca del 74 por ciento. La responsable del CEN ha felicitado a la población por su implicación en el proceso, informa la prensa oficial.

Los datos, que ya se dan por irreversibles pese a que aún resta concluir el recuento en algunas circunscripciones, sitúan el nivel de participación cerca del 74 por ciento. La responsable del CEN ha felicitado a la población por su implicación en el proceso, informa la prensa oficial.

El anuncio de los resultados ha coincidido con una reunión encabezada por Díaz-Canel para examinar la evolución del huracán Ian y tanto el presidente como el resto de asistentes han aplaudido tras la confirmación de la victoria del ‘sí‘, como consta en un vídeo difundido en redes sociales por la propia Presidencia, bajo la premisa de que “el amor ya es ley” en Cuba.

Ganó el Sí. Se ha hecho justicia. Aprobar el #CódigoDeLasFamilias es hacer justicia. Es saldar una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos, cuyos proyectos de familia llevan años esperando por esta Ley. A partir de hoy seremos una nación mejor. #ElAmorYaEsLey ❤️🇨🇺 pic.twitter.com/O5o0Hi2cm1

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 26, 2022

Díaz-Canel también ha expresado en Twitter su “alegría” por los primeros resultados, aunque ha advertido de que Cuba entra en una “desafiante semana” por la llegada de Ian.

El oficialismo cubano había hecho campaña en favor del ‘sí’, mientras que en el lado contrario se ha situado la Iglesia Católica y un sector de la oposición que cuestionaba la mera participación en la consulta, por considerarla una forma de legitimar al actual Gobierno. Es destacable la fuerte oposición tanto de la Iglesia católica como de las cada vez más influyentes Iglesias evangélicas. La gestación del nuevo código se ha producido, precisamente, después de que la presión de los grupos religiosos impidiera que el matrimonio entre personas del mismo sexo se incluyera en la recientemente aprobada Constitución cubana.

Se trata también del referendo en el que la opción respaldada por el Gobierno cubano ha tenido un menor apoyo. El número total de votos, incluidos el parte básico y los ciudadanos que pudieron votar desde el exterior, ascendió a 8.447.467. De este censo, ejercieron su derecho a voto 6.251.786 personas.

El referendo sobre el Código de las Familias ha sido el primero para una ley particular y el tercero en general que se realiza en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959.

El extenso texto, ley marco sobre el derecho familiar que reforma a la vigente, de 1975, contempla, además de matrimonio igualitario y los vientres de alquiler, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil, además de abordar la violencia de género.

Antes de ser aprobado en julio de este año por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), la versión 25 del Código de las Familias fue ampliamente consultada por la población cubana entre febrero y abril en 79.000 reuniones por barrios y municipios. Este es el único proyecto que ha ido a referendo de entre las 70 normas jurídicas actualizadas a raíz de la introducción de la nueva Constitución, a diferencia de otras leyes, como el Código Penal. Fue publicado en la Gaceta Oficial el 22 de julio de este año.

El matrimonio igualitario en América y el mundo

Aun así, tras la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba, a la espera de su entrada en vigor, son 11 los países del continente americano donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010) , Nueva Zelanda (2013), Brasil(2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Australia (2017),      Taiwán (2019), Ecuador (2019) , Costa Rica (2020) y Chile (2021)  y Cuba (2022). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

En todo el mundo, ya son 34 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes al grupo americano:

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal(2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Suiza (2021) y Eslovenia (2022) y Andorra (pendiente de entrada en vigor) (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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La Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado el Código de las Familias, que recoge el derecho al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, fijando el 25 de septiembre como la fecha en que se someterá a referéndum vinculante para su implantación definitiva. Aunque el nuevo código cuenta con el respaldo del Gobierno y del Partido Comunista, también se enfrenta a la fuerte oposición tanto de la Iglesia católica como de las cada vez más influyentes Iglesias evangélicas. La gestación del nuevo código se ha producido, precisamente, después de que la presión de los grupos religiosos impidiera que el matrimonio entre personas del mismo sexo se incluyera en la recientemente aprobada Constitución cubana.

El pasado 22 de julio, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias, que debería sustituir a la legislación vigente al respecto desde hace 47 años. El proyecto de ley se perfiló con la colaboración de la ciudadanía a través de consultas populares y reuniones que produjeron la modificación de cerca de la mitad del primer anteproyecto, según los datos ofrecidos por el diario gubernamental Gamma. Las principales modificaciones afectaron, precisamente, a la definición de la institución del matrimonio y la filiación.

Las nuevas leyes ampliarán los derechos matrimoniales a las parejas LGBTQ+ y permitirán reconocer como padres a otros adultos que no sean las madres y padres biológicos de los niños, informó the Washington Post.  

El nuevo código de familia se sometió a una consulta pública a principios de este año, en la que las autoridades afirmaron que el 62% de los cubanos estaban a favor de los cambios.

Sin embargo, esta cifra fue inferior a la de referendos anteriores. La nueva Constitución fue aprobada con el 86% de los votos en 2019 sin incluir el matrimonio igualitario y algunas propuestas políticas en referendos anteriores recibieron el apoyo de alrededor del 95% de los votantes.

La Constitución cubana aprobada en 2019 define el matrimonio como «una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos». Un texto deliberadamente ambiguo que dejaba la definición precisa de la institución matrimonial en manos de la legislación.

Cumpliendo con ese mandato constitucional, el título VI del Código de las Familias, referente al matrimonio, recoge en primer lugar el artículo 197, con la siguiente redacción:

Artículo 197. Matrimonio.

1. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos.

2. Constituye una de las formas de organización de las familias y se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, deberes y capacidad legal de los cónyuges.

3. El matrimonio solo produce efectos legales cuando se formaliza ante el funcionario competente.

En cuanto a la adopción homoparental, el nuevo código se refiere siempre a los cónyuges, cuando esa figura es necesaria, sin establecer diferencia alguna a su sexo o género. Es decir, el nuevo Código de las Familias recoge la definición del matrimonio que se incluía en el anteproyecto de reforma de la Constitución, pero que la presión de las confesiones religiosas impidió que se materializara.

Para poder ser implementada, la nueva normativa deberá ser aprobada en referéndum vinculante, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre (una semana antes entre los cubanos residentes en el exterior). La pregunta sometida a consulta será: «Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?», y deberá recibir más del 50 % de los votos emitidos.

Al presentar el código para su votación en la Asamblea Nacional, el ministro de Justicia cubano, Oscar Silvera Martínez, dijo que la medida promovía “el amor, el afecto, el cuidado, la sensibilidad, el respeto a los demás y la armonía de nuestras familias”, informó Reuters.

El ministro se pronunció en Twitter después de que el Parlamento aprobara la decisión de celebrar el referéndum, calificando la votación de “día histórico”: “Es el resultado de mucho trabajo y, en particular, de la contribución de nuestro pueblo“, escribió e instó a los cubanos a votar por la medida.

#Hoy es un día histórico: la @AsambleaCuba aprobó el #CódigoDeLasFamilias!!!! Es el resultado de mucho trabajo y, en especial, del aporte de nuestro pueblo. Ahora en referendo votemos SÍ por un Código inclusivo y protector. #SomosCuba #CubaEsAmor @CubaMinjus pic.twitter.com/p5oiuZ1ExT

— Oscar Silvera Martínez (@OscarCubaMinjus) July 22, 2022

Según el ministro de Justicia cubano, Óscar Silvera Martínez, «estamos en presencia de un Código que es para el beneficio de todos, lo que patentiza su carácter inclusivo, protector y de igualdad, que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos, y permite solucionar los conflictos que acontezcan y ejercer los derechos reconocidos en ese ámbito, atendiendo a las características, situaciones y posibilidades de cada persona».

Ria Acosta Cruz y Gabriela Alfonso, una pareja del mismo sexo que vive en La Habana, dijeron a Reuters que era su derecho humano poder casarse y adoptar niños. “La oportunidad que nos da es la del matrimonio”, dijo Alfonso. “El hecho de poder optar juntos a ciertas cosas y ciertos trámites legales que necesitamos como pareja y no como personas independientes”.

Acosta añadió que se trata de un “matrimonio“, ya que la pareja de homosexuales ha construido una vida en común, pero quieren que se reconozca legalmente su relación y su futura familia. “Tenemos los planes juntos, la economía junta“, dijo. “No es justo que no exista esta posibilidad”.

El texto ha recibido el apoyo tanto de los miembros del Gobierno cubano como de los distintos movimientos sociales que forman parte del Partido Comunista en el poder. Sin embargo, mientras otros plebiscitos contaban con un apoyo abrumador en las encuestas, siempre por encima del 95 %, en este caso el respaldo popular que reflejan es de apenas un 62 %. Esto se debe, sin duda, a la fuerte oposición de la Iglesia católica y de las Iglesias evangélicas.

Rechazo de las Iglesias católica y evangélica

En un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, durante el proceso de aprobación del Código de las Familias, los integrantes de la institución religiosa afirmaban: «Creemos que nuestro pueblo, en la materia que nos atañe, fue muy claro en la discusión previa a la aprobación de la Constitución actual del 2019. Es una constatación innegable que la mayoría de los cubanos quiso que se mantuviera la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, tal y como aparece en el actual Código de Familia de 1975». También acusaba al proyecto de ley de estar «permeado por lo que se conoce como ‘ideología de género’» y solicitaba que los artículos del texto afectados por esa supuesta ideología fuesen sometidos a referéndum por separado.

Desde las Iglesias evangélicas la oposición no es de menor calibre. Una de sus plataformas más populares es la llamada «A la escuela sin ideología de género», que se formó para paralizar una reforma educativa que, en su opinión, quería llevar a las escuelas lo que ellos definen como ideología, consiguiendo el apoyo de más de 140.000 ciudadanos. Su coordinador, Óscar Rivero, exponía en una entrevista: «El aspecto más nocivo es el mal llamado matrimonio homosexual. Tratar de reconocer a dos personas del mismo sexo como matrimonio, consideramos que es erróneo, porque el matrimonio en su concepto es que está destinado al fin de la procreación, uno de sus fines que garantizan el relevo generacional en la sociedad. En la consulta popular de la Reforma Constitucional ya hubo una mayoría de electores que expresaron no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. Nosotros queremos que se mantenga el código vigente, de que el matrimonio es entre hombre y mujer. No es correcto tampoco la legalización de la homosexualidad. En la homosexualidad no está perseguida, pero no tiene sentido que se legisle, sino que quede como una opción de la libertad de las personas».

A pesar de las encuestas levemente favorables al nuevo Código de las Familias, la influencia de ambas confesiones religiosas en la población cubana hace temer que sus seguidores se movilicen mayoritariamente. Sobre todo si inciden en que el texto legal defiende la «ideología de género» y la «legalización de la homosexualidad», lo que quizás ocasionaría que el resto de la ciudadanía no se movilizase con la misma intensidad.

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Suiza celebrará, con toda probabilidad, un referéndum sobre la igualdad matrimonial en las próximas semanas. La campaña contraria a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo ha anunciado que ha conseguido reunir las 50.000 firmas necesarias para forzar la consulta. Será el último escalón que tiene que superar el proyecto para convertirse en realidad después de ocho años de tramitación. La comunidad LGTBI confía en que se confirme el amplio respaldo a la medida que reflejan las encuestas. Suiza se cuenta, junto con Italia y los microestados, entre los pocos países de Europa occidental donde las parejas del mismo sexo aún carecen del derecho al matrimonio.

El debate sobre la igualdad matrimonial en Suiza se remonta a 2013, cuando el Partido Verde Liberal introdujo una propuesta de reforma constitucional para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras largos años de tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias, en 2018 el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional propuso una modificación del Código Civil y otras normas como alternativa a la reforma constitucional. La regulación sobre adopción no precisaría ningún cambio, al estar ligada a las parejas casadas sin mencionar su sexo.

Los diputados del Consejo Nacional votaron finalmente un proyecto de ley de matrimonio igualitario en junio del año pasado. El resultado fue de 132 votos a favor, 53 en contra y 13 abstenciones. El principal partido que se opuso a la medida fue la Unión Democrática del Centro (SVP/UDC), formación de extrema derecha que cuenta con el mayor número de escaños en la fragmentada cámara baja. El proyecto de ley continuó entonces su tramitación en el Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento suizo que representa a los cantones.

En diciembre del año pasado, los consejeros aprobaron la medida por 22 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones. Se volvió a discutir la necesidad de una reforma constitucional, que habría supuesto un nuevo retraso de años en el proceso y afortunadamente quedó descartada. La ley fundamental suiza garantiza en su artículo 14 «el derecho al matrimonio y la familia», sin establecer definiciones excluyentes de dichas instituciones. Los consejeros sí que introdujeron una limitación en el reconocimiento automático de la parentalidad de la madre no gestante, que solo será posible tras un proceso de reproducción asistida llevado a cabo en una clínica profesional suiza. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de los Estados regresó al Consejo Nacional para su visto bueno final. La aprobación parlamentaria definitiva se produjo pocos días después.

La legislación suiza contempla que las leyes aprobadas por el Parlamento se someterán a referéndum si así lo solicitan al menos 50.000 firmantes en un plazo de cien días. El activismo homófobo se puso rápidamente manos a la obra, y la semana en la que concluía el plazo anunciaron que habían reunido la cifra necesaria de adhesiones, unas 60.000 según uno de los promotores de la campaña. Las firmas se someterán a revisión y, si se confirma su validez, el Consejo Federal fijará la fecha de la consulta. Las encuestas invitan a un moderado optimismo, ya que arrojan cifras de apoyo a la igualdad matrimonial en el entorno del 80 %.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Consejo de los Estados (Suiza), Consejo Nacional (Suiza), Discriminación, Homoparentalidad, Italia, Matrimonio, Partido Verde Liberal (Suiza), Referendum, Suiza, Unión Democrática del Centro (Suiza)

Buenas noticias desde Estonia. El Parlamento unicameral del país ha rechazado una iniciativa del Partido Popular Conservador (EKRE) para someter a referéndum la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Un resultado positivo en el fracasado plebiscito habría provocado el blindaje del matrimonio excluyente en el país. La derrota de la iniciativa, unida a un escándalo de corrupción, han provocado la caída del Gobierno de coalición entre los centristas, los conservadores de Isamaa y la extrema derecha de EKRE. Paralelamente se ha presentado una proposición de ley para equiparar los derechos de las parejas en una unión civil con los de las casadas, salvo la adopción conjunta. En Estonia existe la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo desde 2016.

Tras las elecciones de marzo de 2019, se formó en Estonia una coalición de Gobierno entre el Partido del Centro, la formación conservadora y democristiana Isamaa y la extrema derecha del Partido Popular Conservador (EKRE), con el centrista Jüri Ratas como primer ministro. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció sus planes para convocar un referéndum sobre la definición de matrimonio en la primavera de 2021. Se trataba de una iniciativa de EKRE, cuyo exlíder y exministro del Interior Mart Helme había animado a la población LGTBI a «irse corriendo a Suecia». La formación ya había intentado, sin éxito, derogar la ley de uniones civiles vigente desde 2016.

El pasado 14 de diciembre, la propuesta homófoba superaba su primera lectura en el Parlamento. El texto contemplaba la convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 18 de abril sobre la cuestión: «¿Debería el matrimonio seguir siendo una unión entre un hombre y una mujer en Estonia?». La oposición, integrada por el liberal Partido Reformista y el Partido Socialdemócrata, intentó entonces boicotear su tramitación subsiguiente presentando cerca de 10.000 enmiendas al proyecto. Muchas de ellas en tono irónico, como la iniciativa de celebrar un referéndum sobre si «¿Debería prohibirse la amistad en Estonia?» o si «¿Deberían prohibirse los trasplantes capilares para hombres en Estonia?».

La semana pasada, la presidenta del país Kersti Kaljulaid propuso que, dado que el asunto de la definición del matrimonio no constituye una preocupación prioritaria de los estonios, el Gobierno se comprometiera a disolver el Parlamento y convocar elecciones en caso de que triunfara el «no» en la consulta prevista. Un día después, la propuesta de referéndum se sometió de nuevo a la votación en pleno. Tan solo cosechó 29 votos a favor frente a 49 en contra (de un total de 101 escaños). Un varapalo para el Gobierno de coalición que, junto con la salida a la luz de un escándalo de corrupción, provocó su caída el jueves de la semana pasada.

Aprovechando la derrota de la iniciativa homófoba, 19 diputados del Partido del Centro y de los socialdemócratas presentaban el viernes pasado una proposición de ley para equiparar la mayoría de los derechos de las parejas en una unión civil con los de las parejas casadas. La principal excepción sería la adopción conjunta. Mientras tanto, los dos partidos centristas ya mantienen conversaciones para formar una gran coalición que no requeriría del apoyo de la extrema derecha.

Estonia se convirtió en 2014 en la primera ex república soviética en aprobar una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. La aplicación de la ley, sin embargo, es problemática, porque el partido democristiano Unión Pro Patria y Res Publica (que luego se renombró como Isamaa) vetó la aprobación de las regulaciones complementarias necesarias para dotar de contenido a la ley original, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El resultado es que las parejas que intentan registrar su unión se encuentran, por ejemplo, con que el proceso para llevar a cabo dicha inscripción no ha sido aún descrito en la legislación. Una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que pretende solventar la iniciativa de los centristas y socialdemócratas presentada la semana pasada. Por otra parte, en enero de 2017, un tribunal obligaba por primera vez a registrar un matrimonio del mismo sexo contraído en el extranjero (concretamente en Suecia).

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El parlamento de Suiza finalmente aprobó un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo el viernes (18 de diciembre) en una victoria histórica para los derechos LGBT +, pero el tema ahora puede ir a un referéndum público.

El partido Unión Democrática Federal, un partido político cristiano, ha solicitado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se presente a la gente en forma de referéndum antes de que se legalice, lo que significa que las parejas Del mismo sexo pueden tener que esperar aún más para casarse. Según la ley suiza, se puede convocar un referéndum sobre un tema si se recopilan suficientes firmas.

La asociación Rainbow Families, una organización LGBT + en Suiza, dijo que está “lista” para un referéndum y que existe un amplio apoyo público para el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Si los oponentes lanzan un referéndum, estamos listos”, dijo Matthias Erhardt, vicepresidente de la asociación Rainbow Families, según The Local. “Tenemos el 82 por ciento de la población detrás de nosotros y, gracias a la movilización de la comunidad LGBT, nuestras organizaciones asociadas y los partidos políticos que nos apoyan, podremos incrementar aún más la aceptación de las personas LGBT en la sociedad”, dijo. .

El proyecto de ley del país sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido aprobado por las dos cámaras del parlamento en Suiza tras un importante debate público, que se ha prolongado desde 2013.

El proyecto de ley permitiría a las parejas del mismo sexo el mismo acceso al matrimonio que disfrutan las parejas del sexo opuesto, y también permitiría a las lesbianas acceder a la donación de esperma en un cambio histórico.

La votación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Suiza fue aclamada como una “victoria histórica”. Amnistía Suiza acogió con satisfacción la aprobación del proyecto de ley y lo calificó como una “victoria histórica para los derechos de la comunidad LGBT +”.

Las uniones civiles son legales en Suiza desde 2007, pero el país se ha quedado rezagado con respecto a otros países europeos en su renuencia a permitir que las parejas del mismo sexo se casen.

El parlamento del país finalmente aprobó el proyecto de ley el viernes después de siete años de deliberaciones sobre qué debería incluirse exactamente en la legislación.

El proyecto de ley fue presentado por primera vez por el Partido Verde en 2013, y desde entonces se han debatido varias versiones diferentes del texto.

Gran parte del debate se ha centrado en la constitución del país, y los legisladores se preguntan si sería necesario enmendarla antes de introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, el consejo de estados, la cámara alta del parlamento, decidió a principios de este mes que no era necesario cambiar la constitución, ya que la redacción sobre el matrimonio ya era inclusiva: “El derecho a casarse y tener una familia está garantizado”.

Suiza se ha movido increíblemente lento en los derechos LGBT + en comparación con otros países europeos, y la primera ley que prohíbe la discriminación LGBT + solo se aprobó en febrero.

Existe un amplio apoyo público al matrimonio entre personas del mismo sexo y mayores derechos para las personas LGBT + en Suiza, según un estudio de la organización LGBT + Pink Cross.

Los resultados del estudio, publicados en noviembre, encontraron que un abrumador 82 por ciento de la población apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 72 por ciento apoyaba la adopción entre personas del mismo sexo.

Además, el 70 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo en que las parejas del mismo sexo deberían tener acceso a la donación de esperma.

Fuente Pink News

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Matrimonio igualitario, Matthias Erhardt, Rainbow Families, Referendum, Suiza, Unión Democrática Federal

La reforma no supondrá cambio alguno de facto, pero sí tiene un alto valor simbólico. Los ciudadanos del estado de Nevada, por un 62,4% de los votosfrente a un 36,6%, decidieron el pasado 3 de noviembre modificar su Constitución para eliminar del texto el artículo que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo (jurídicamente inválido, pero que seguía formando parte del texto constitucional) e introducir la garantía de igualdad en el acceso al matrimonio con independencia del género de sus contrayentes. Se trata, de hecho, de la primera Constitución de un estado que forma parte de los Estados Unidos en hacerlo. 

«The State of Nevada and its political subdivisions shall recognize marriages and issue marriage licenses to couples regardless of gender», reza la frase de la sección 21 de la Constitución de Nevada tras el cambio. Una redacción que contrasta con la anterior, «Only a marriage between a male and female person shall be recognized and given effect in this state», introducida en 2002 tras un doble referéndum. En aquella ocasion los contrarios al matrimonio igualitario se impusieron, en el segundo referéndum, con el 67,1% de los votos. Aquella prohibición quedó levantada en 2014, cuando los tribunales (en concreto, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito Federal) determinaron que se oponía a la Constitución de los Estados Unidos. Aunque no sería hasta un año después, en 2015, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo extensiva dicha doctrina a todo el país, en una histórica decisión por 5 votos a 4 (en aquella época el Supremo aún mantenía el equilibrio entre conservadores y progresistas, hoy roto tras la presidencia de Donald Trump).

Pese a ello, hubo que esperar a los demócratas se hicieran con el control de la legislatura de Nevada en el año 2016 para que se iniciara el procedimiento de reforma de la Constitución del estado y eliminar del texto un artículo que, aunque ya invalidado jurídicamente, seguía formando parte del mismo. Una vez que las dos cámaras del estado ratificaron la reforma, debía ser aprobada en referéndum por los ciudadanos, algo que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales, con el porcentaje antes referido. Cabe señalar que el nuevo redactado del texto constitucional también garantiza a los ministros de las diferentes religiones la libertad de negarse a celebrar matrimonios sin que tengan que exponerse por ello a demandas judiciales: «Religious organizations and members of the clergy have the right to refuse to solemnize a marriage, and no person has the right to make any claim against a religious organization or member of the clergy for such a refusal».

En definitiva, una evolución (67,1% a favor de la prohibición del matrimonio igualitario en 2002, 62,4% a favor de su protección constitucional en 2020) que nuestra bien a las claras el cambio generacional operado en Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario en menos de dos décadas.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Discriminación, Estados Unidos, Etiquetas:Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Matrimonio, Nevada, Referendum, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

El Gobierno de Taiwán ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que regulará las uniones de las parejas del mismo sexo, a quienes se otorgarán derechos semejantes a las parejas de distinto sexo unidas en matrimonio. Sin embargo, no se conceden derechos como la adopción conjunta o la consideración de «pareja infértil» para acceder a los procedimientos de reproducción asistida. Mientras algunas asociaciones de defensa de los derechos LGTB consideran un avance la presentación del proyecto de ley, otras encuentran que es insuficiente, al estimar que se trata de una simple ley de uniones civiles que no establece la plena igualdad. Los opuestos al matrimonio igualitario exigen, por su parte, que se cumpla con el resultado del referéndum que se celebró al respecto, y se haga constar en el Código Civil que el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer. Se espera que el proyecto de ley sea puesto a consideración del Parlamento a finales del mes de mayo, fecha en que vence el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar sobre este asunto.

El pasado miércoles 20 de febrero, el primero ministro taiwanés, Su Tseng-chang, comunicó que el Gobierno que preside ha elaborado un proyecto de ley sobre las uniones de personas del mismo sexo. La normativa se presentará bajo el título «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748», que hace referencia a la resolución de la Corte Constitucional de mayo de 2017, que obligaba a reformar las leyes necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio. En aquella sentencia, se daba un plazo de dos años para que el Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) legislara al respecto, y se establecía que, de no hacerlo, las parejas del mismo sexo podrían automáticamente inscribir sus uniones como matrimonios en el Registro Civil.

La elección de un título aséptico para el proyecto de ley responde al deseo del Ejecutivo de evitar polémicas antes del inicio del trámite parlamentario. Sin embargo, ha despertado gran preocupación entre los grupos de defensa de los derechos LGTB, que temen que se trate de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y no de matrimonio igualitario. Según Hsu Hsiu-wen, miembro de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, «el nombre de la ley es un tanto diferente a lo que esperábamos, nombrar a una ley con la interpretación constitucional no tiene precedentes».

Esa suspicacia también se fundamenta en las declaraciones del primer ministro respecto al proyecto de ley. Su Tseng-chang afirmaba cuando comunicó su elaboración que «son de esperar controversias sobre este proyecto, pero realmente confiamos en que nuestros amigos homosexuales puedan esperar un poco más. Esto podría no cumplir con las expectativas, pero después de todo es un comienzo».

Según lo adelantado, la nueva ley otorgará derechos semejantes a los del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero con algunas excepciones. Seguirá sin permitirse la adopción conjunta, no se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida y no se permitirán los enlaces con personas de otros países donde no esté permitido este tipo de unión.

Jennifer Lu, coordinadora de la Coalición por el Matrimonio Igualitario de Taiwán, estima que el proyecto no brinda protección legal completa a las parejas del mismo sexo y, aunque reconoce la presión que recibe el Gobierno desde todos los ámbitos, afirma que los activistas LGTB continuarán luchando por la igualdad de derechos. Chi Chia-wei, un activista que ha promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, se muestra satisfecho con el proyecto presentado por el Gobierno, al que «daría una nota de 85 sobre 100, no es un sobresaliente, pero al menos es un notable alto». Chi espera que en el trámite parlamentario no se contravenga el dictamen de la Corte Constitucional.

Por su parte desde la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, que convocó el referéndum para impedir el matrimonio igualitario, han expresado su insatisfacción con la resolución gubernamental, que considera «inaceptable». Según Yu Hsin-yi, uno de sus miembros, el Gobierno está obligado a implementar el resultado de la consulta popular y establecer en el Código Civil que el matrimonio únicamente puede estar formado por un hombre y una mujer.

Habrá que esperar a cómo se presenta ante el Yuan el proyecto de ley, qué modificaciones experimenta en ese proceso y si, finalmente, de lo que se trata es de una ley de uniones civiles y no de matrimonio igualitario. En ese caso, también habrá que comprobar si una legislación de ese tipo satisface los requerimientos de la Corte Constitucional. Se estima que la aprobación final por el Yuan tendrá lugar a finales de mayo, para cumplir con el plazo establecido por el alto tribunal.

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En un referéndum múltiple, los taiwaneses han votado mayoritariamente por que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer, tratando de impedir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución. Asimismo, han votado por mayoría que se cree una figura aparte que legalice la unión de dos hombres o dos mujeres, lo que conduciría a una ley de uniones civiles. Sin embargo, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019, lo que convertiría a Taiwán en el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Por otra parte, los ciudadanos de Taiwán también han votado en contra de que en los centros escolares se ofrezca información sobre la diversidad sexual y de género.

Coincidiendo con las elecciones locales en Taiwán de este 24 de noviembre, se han convocado un total de diez plebiscitos sobre diversos asuntos, cinco de los cuales afectaban directamente a la población LGTB. Tres de ellos fueron promovidos por la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos marcadamente anti-LGTB, en respuesta al dictamen favorable al matrimonio igualitario de la Corte Constitucional taiwanesa. Tras ver como su recurso ante ese dictamente fuera denegado, consiguieron las firmas necesarias para que la Comisión Electoral Central admitiera la solicitud de celebración de una consulta popular, en la que han planteado a los ciudadanos taiwaneses las siguientes preguntas:

• ¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?
• ¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?
• ¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?

Paralelamente, los grupos de defensa de los derechos de las personas LGTB recogieron también las firmas suficientes para que se consultara a su vez sobre las mismas cuestiones, pero en sentido afirmativo:

• ¿Está de acuerdo con que el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?
• ¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?

Para que el resultado de un referéndum tenga validez en Taiwán, los votos positivos deben superar a los negativos y conseguir el apoyo de al menos un 25 % de los ciudadanos censados (en este caso 19.757.067). Si se consiguen reunir estos requisitos, el Gobierno está obligado a redactar un proyecto de ley que plasme el resultado de la consulta y someterlo a votación en el Parlamento.

Después de una agresiva campaña, en la que los económicamente poderosos grupos anti-LGTB han copado todos los medios de comunicación, la votación ha sido totalmente aciaga para los intereses de las minorías sexuales. En todas las consultas la participación ha superado los diez millones de ciudadanos. Estos han sido los resultados:

• La creación de una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo: 6.168.017 de votos a favor y 3.923.240 en contra.
• No implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 6.830.565 a favor y 3.288.034 en contra.
• Matrimonio permitido únicamente a las parejas de distinto sexo: 7.389.705 a favor y 2.789.847 en contra.
• Apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo: 3.250.165 a favor y 6.701.859 en contra.
• Implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 3.373.776 y 6.560.143 en contra.

Un resultado que quizás refleje los resultados de una encuesta realizada por la Coalición por el Matrimonio Igualitario en el pasado mes de julio, según la cual el 80 % de los taiwaneses menores de 35 años estarían a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que entre los que superan esa edad solo lo estaría el 30 %. Es posible que la campaña de la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación haya movilizado a la población de mayor edad, sin que los defensores de los derechos LGTB, con muchos menos medios económicos, hayan podido conseguir hacer lo propio con los más jóvenes. Según denuncian estos últimos, los promotores del referéndum LGTBfobo«han utilizado sus recursos financieros para obtener apoyo difundiendo el miedo,  desinformando, esparciendo mentiras y rumores a través de las redes sociales, en anuncios de televisión y en los medios impresos».

Desde el activismo LGTB se considera, en todo caso, que la celebración de estas consultas contrarias a los derechos LGTB ha sido absurda, dado que la Corte Constitucional dejó muy claro en su resolución de mayo de 2017 que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era contraria a la Constitución de Taiwán, y dio un mandato para que antes del 24 de mayo de 2019 el Gobierno adaptara las leyes para subsanar esa conculcación de derechos. En caso de que no lo hiciera, la Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo podrían inscribir sus matrimonios en el registro civil de manera automática. Lo que sí han lamentado los activistas es que los grupos LGTBfobos hayan diseminado «odio, ansiedad, depresión y pánico moral» entre las minorías sexuales a lo largo de los seis meses de campaña.

La activista Victoria Hsu, abogada y cofundadora de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, clarificaba que «nuestra Corte Constitucional dictaminó que el Parlamento debe enmendar el Código Civil o introducir una nueva ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 24 de mayo de 2019». Según Hsu, el gabinete administrativo del Gobierno de Taiwán ha aclarado recientemente su posición y ha afirmado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizará independientemente del resultado de los referéndums. «La única diferencia», señala la activista, «sería enmendar el Código Civil o introducir una ley separada llamada Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, los grupos anti-LGTB han llevado a sus partidarios a creer que pueden detener el matrimonio igualitario, lo cual es ridículo». Hsu estima que el resultado favorable a los LGTBfobos podría ocasionar que el Gobierno tratase de elaborar una Ley de Matrimonio diferenciada para las parejas del mismo sexo con algunas restricciones en derechos, lo cual llevaría probablemente a una nueva disputa legal ante la Corte Constitucional.

Es evidente que el resultado de los referéndums, en realidad su propia celebración, han provocado una colisión entre disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno tendrá que resolver en breve. Esperemos que esa resolución se ajuste al mandato de la Corte Constitucional y los derechos de las parejas LGTB taiwanesas no se vean restringidos.

Fuente Dosmanzanas

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El 24 de noviembre tendrá lugar un referéndum sobre el matrimonio igualitario en Taiwán (oficialmente, la República de China), promovido por un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB que consiguió reunir las firmas necesarias para forzarlo. La consulta, que constará de tres preguntas sobre los derechos de las personas LGTB, coincidirá con las elecciones locales y regionales, por lo que se espera una alta participación. Una eventual victoria de los homófobos chocaría frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fijó mayo de 2019 como la fecha tope para la entrada en vigor de la igualdad matrimonial.

La Comisión Electoral Central de Taiwán ha aceptado la propuesta de que se formalice el referéndum sobre el matrimonio igualitario aprovechando la jornada electoral del próximo 24 de noviembre, en la que se celebrarán elecciones locales y regionales a lo largo del todo el país. La confirmación de la fecha llega dos meses después de que se anunciara por el mismo organismo que los promotores de la consulta popular habían conseguido reunir las firmas necesarias para forzarla.

En mayo de 2017, el Constitucional emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. Si no se produce la reforma por la vía legislativa, la sentencia decreta que a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. En febrero de este año, representantes de grupos religiosos relacionados estrechamente con sectores cristianos del partido Kuomintang presentaban una apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la sentencia del Constitucional, así como una petición de celebrar un referéndum ante la Comisión Electoral Central.

El pasado 10 de febrero, la justicia taiwanesa desestimaba su alegación en contra del fallo del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Comisión Electoral Central de Taiwán se vio obligada legalmente a estudiar la solicitud de celebración de un referéndum. Los contrarios a la igualdad LGTB lograron presentar en abril las firmas necesarias para la toma en consideración de la propuesta, con lo que se abrió un plazo de cuatro meses para la recogida de apoyos en número suficiente para forzar la convocatoria del referéndum.

Para conseguir su propósito, los promotores tenían que presentar 281.745 firmas válidas por cada pregunta de la consulta propuesta. Finalmente consiguieron más de 600.000 en cada una de las cuestiones, por lo que, una vez contrastadas y validadas por la Comisión Electoral Central, obtuvieron la aprobación para la celebración del referéndum. El resultado del plebiscito se considerará válido si supera la mitad de los votos con una participación superior al 50 %. El hecho de que se celebre en coincidencia con elecciones locales y regionales hace más que posible que ese mínimo de participación se supere.

La Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB, plantea una consulta con tres preguntas, la primera de ellas de una retorcida formulación: «¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?». La segunda se refiere a la educación en la diversidad afectivo-sexual: «¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?». Y la tercera directamente plantea: «¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?».

Paralelamente a los homófobos, un grupo de activistas y un diputado del Partido Socialdemócrata han iniciado su propia campaña de recogida de firmas para otro referéndum, este planteado de forma favorable a los derechos LGTB. Las preguntas que quieren plantear son: «¿Está de acuerdo con que los derechos de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?» y «¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?». La Comisión Electoral Central aún está estudiando si se han reunido las firmas necesarias para forzar la consulta popular. En caso afirmativo, podrían celebrarse dos plebiscitos distintos sobre la misma materia.

Si el resultado del referéndum es contrario a los derechos LGTB, no está claro cómo se resolverá la colisión con la resolución del Tribunal Constitucional, que no admite dudas en cuanto a su interpretación favorable al matrimonio igualitario. Los activistas LGTB, en cualquier caso, ya han empezado a organizarse para pedir un voto masivo por el triple «no» en la consulta homófoba. Al mismo tiempo, no dejan de pedir a la presidenta Tsai Ing-wen, favorable a la igualdad matrimonial, que promueva la aprobación de la medida por la vía legislativa cuanto antes para terminar con la actual inseguridad jurídica de las parejas del mismo sexo. La mandataria ya había advertido, antes de la sentencia del Constitucional, de que el proceso sería «largo» y «difícil».

Fuente Dosmanzanas

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Aumenta la incertidumbre sobre la posible apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Taiwán (oficialmente, la República de China). Cuatro meses después de recibir la autorización de la Comisión Electoral Central, un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB ha conseguido reunir las firmas necesarias para forzar un referéndum sobre la medida. La consulta tendrá tres preguntas y podría celebrarse el próximo noviembre. Una eventual victoria de los homófobos chocaría frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fijó mayo de 2019 como la fecha tope para la entrada en vigor de la igualdad matrimonial.

En mayo de 2017, el Constitucional emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. Si no se produce la reforma por la vía legislativa, la sentencia decreta que a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. En febrero de este año, representantes de grupos religiosos relacionados estrechamente con sectores cristianos del partido Kuomintang presentaban una apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la sentencia del Constitucional, así como una petición de celebrar un referéndum ante la Comisión Electoral Central.

El pasado 10 de febrero, la justicia taiwanesa desestimaba su alegación en contra del fallo del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Comisión Electoral Central de Taiwán se vio obligada legalmente a estudiar la solicitud de celebración de un referéndum. Los contrarios a la igualdad LGTB lograron presentar en abril las firmas necesarias para la toma en consideración de la propuesta, con lo que se abrió un plazo de cuatro meses para la recogida de apoyos en número suficiente para forzar la convocatoria del referéndum.

Para conseguir su propósito, los promotores tenían que presentar 281.745 firmas válidas por cada pregunta de la consulta propuesta. Finalmente han conseguido más de 600.000 en cada una de las cuestiones. La Comisión Electoral comprobará ahora la validez de las firmas. Si se supera la cifra mínima como todo parece indicar, convocará el referéndum, que podría coincidir con las elecciones locales del próximo noviembre. El resultado del plebiscito se considerará válido si supera la mitad de los votos con una participación superior al 50%.

La Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB, plantea una consulta con tres preguntas, la primera de ellas de una retorcida formulación: «¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?». La segunda se refiere a la educación en la diversidad afectivo-sexual: «¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?». Y la tercera directamente plantea: «¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?».

Paralelamente a los homófobos, un grupo de activistas y un diputado del Partido Socialdemócrata han iniciado su propia campaña de recogida de firmas para otro referéndum, este planteado de forma favorable a los derechos LGTB. Las preguntas que quieren plantear son: «¿Está de acuerdo con que los derechos de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?» y «¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?». Este lunes, los proponentes de este segundo referéndum se encontraban a 80.000 firmas de la cifra mínima requerida para convocarlo. El plazo expira a finales de mes, por lo que no se prevé que lo consigan.

La legisladora del Partido Progresista Demócrata Yu Mei-nu, delante izquierda, el legislador del Partido Nuevo Poder Freddy Lim, frente derecha, y defensores LGBT en conferencia de prensa en Taipei para condenar referéndums anti-LGBT.

Si finalmente se celebra el referéndum y su resultado es contrario a los derechos LGTB, no está claro cómo se resolvería la colisión con la resolución del Tribunal Constitucional, que no admite dudas en cuanto a su interpretación favorable al matrimonio igualitario. Los activistas LGTB, en cualquier caso, ya han empezado a organizarse para pedir un voto masivo por el triple «no» en la consulta homófoba. Al mismo tiempo, no dejan de pedir a la presidenta Tsai Ing-wen, favorable a la igualdad matrimonial, que promueva la aprobación de la medida por la vía legislativa cuanto antes para terminar con la actual inseguridad jurídica de las parejas del mismo sexo. La mandataria ya había advertido, antes de la sentencia del Constitucional, de que el proceso sería «largo» y «difícil».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, Discriminación, Freddy Lim, Homofobia, Kuomintang, LGTBfobia, Matrimonio, Partido Nuevo Poder, Partido Progresista Demócrata, Partido Socialdemócrata (Taiwán), Referendum, Taipéi, Taiwan, Tsai Ing-wen, Yu Mei-nu

El viceprimer ministro de Rumanía, Paul Stanescu, anuncia que el referéndum para modificar la Constitución del país e ilegalizar el matrimonio igualitario tendrá lugar en Mayo.

Liviu Dragnea, presidente del Partido Socialista Democrático, está a favor de ese referéndum pero quiere debatir la legalización de las uniones civiles.

Ya hace unos meses publicábamos que en Rumanía están decididos a hacer un referéndum para decidir si prohíben el matrimonio igualitario ya que la constitución rumana reconoce el matrimonio como la unión de dos cónyuges, pero no especifica el género de los mismos. Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Así que los contrarios al matrimonio igualitario (que son, básicamente, todos los partidos políticos) se pusieron manos a la obra y enviaron al Parlamento 3.000.000 de firmas pidiendo que se modificara la Constitución para dejar claro que el único matrimonio legal en Rumanía sea entre un hombre y una mujer; y los políticos anunciaron un referéndum. El movimiento no está exento de polémica, no solo porque ya sabemos que los derechos de una minoría nunca han de ser sometidos al voto de la mayoría sino porque el Tribunal Constitucional rumano ya dejó claro que una cosa es tener en cuenta esas firmas para hacer leyes y otra plantear un referéndum para modificar la Constitución, que curiosamente es algo inconstitucional, aunque lo avaló en julio de 2016.

Paul Stanescu (izda) y Liviu Dragnea (Dcha)

Hace unos días el viceprimer ministro rumano, Paul Stanescu, anunció que dicho referéndum tendrá lugar en mayo. Y eso dio pie a Liviu Dragnea, presidente del Partido Socialista Democrático -que actualmente está en el poder-, a decir que el país no puede pretender que la minoría LGTB+ no existe.

Pero Stanescu y el PSD y tanto él como el partido se han mostrado a favor de llevar a cabo ese referéndum y que se ilegalice el matrimonio igualitario. Stanescu pretende apoyar la ilegalización del matrimonio a la vez que propone legalizar las uniones civiles. En un discurso en el Parlamento Dragnea dijo que le gustaría explorar la posibilidad de legalizar dichas uniones: “Le he pedido a Victor Negrescu (ministro de Asuntos Europeos) que se reúna con diferentes ONG que representan a esta minoría para poder aprobar una legislación que solucione este problema.”

Vasile Banescu

Dragnea parece querer seguir el camino de Italia, que no aprobó el matrimonio pero sí una especie de uniones civiles que en la práctica son papel mojado porque no sirven para casi nada y que el partido de Berlusconi quiere modificar para que sirvan aún menos.

Al igual que en Italia los católicos fueron los culpables de ese desastre, en Rumanía la Iglesia Ortodoxa se opone radicalmente: “Aprobar las uniones civiles contribuiría al declive de la importancia del matrimonio y de la familia, y cambiaría el papel decisivo que la familia juega en la sociedad rumana“, ha dicho Vasile Banescu, portavoz de los Ortodoxos.

Por su parte las organizaciones LGTB+ no ven con malos ojos estas uniones civiles porque creen que es vital que el gobierno reconozca legalmente las parejas homosexuales. Para Florin Buhuceanu, presidente de la organización pro-derechos LGTBI Accept, cree que esta legalización pondría fin “al sufrimiento de los miembros de nuestra comunidad en los momentos más duros de la vida” y añade que ésta sería una forma “de reconocer que las personas de nuestra comunidad disfrutan de los mismos derechos“. Eso no quita, obviamente, que todos estén radicalmente en contra de ese referéndum al que consideran divisorio, caro y legalmente innecesario.

El diputado verde Remus Cernea y  Florin Buhuceanu

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”.

Vlad Viski

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Kim Davis publica un libro en el que se erige como mártir y carga contra los “furiosos y vociferantes hombres homosexuales”

La funcionaria homófoba presenta su libro sobre “cómo Dios la ayudó a defender el matrimonio”.

Está publicado por Liberty Counsel, la firma de abogados que la defendió y que aseguraba que “a los homófobos se les trataba como los nazis a los judíos”. 

La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada por un delito de desacato en 2015 al desobedecer una orden judicial y bloquear la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, vuelve a la carga. Elevada a los altares de los sectores LGTBfóbicos, ultraconservadores y extremistas religiosos, Davis sigue explotando su pretendido rol de mártir en beneficio propio. Under God’s Authority: The Kim Davis Story (cuya traducción literal sería: Bajo la autoridad de Dios: la historia de Kim Davis), el libro que acaba de salir a la venta y que recoge su historia desde su propio y sesgado punto de vista, es una nueva muestra de su proceso de victimización. Los “malos”, según sus propias palabras, son “los furiosos y vociferantes hombres homosexuales”. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, asegura que “es una gran lectura. Pero más que eso, esta notable historia de lo que Dios hizo en la vida de Kim me da esperanza para nuestra nación”. La última vez que Davis consiguió titulares fue el pasado mes de octubre, cuando se embarcó en un viaje de nueve días a Rumanía con el asesor de Liberty, Harry Mihet. Ambos se reunieron con grupos religiosos con el objetivo de alentar a los legisladores de este país a adoptar medidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo el veto constitucional discriminatorio.

Hacía mucho que no sabíamos nada de Kim Davis, nuestra homófoba favorita. Seguramente la recuerdes como la funcionaria homófoba de Kentucky que se negó a dar las licencias de matrimonio a cualquier pareja, heterosexuales incluidas, para evitar que las homosexuales pudieran casarse y por lo que estuvo cinco días en prisión.

Y ahora hemos sabido el motivo: ha estado ocupada coescribiendo un libro que, atención “va más allá de los entresijos y nos descubre cómo Dios le ha dado una plataforma para defender el mundo y la libertad religiosa”. Así al menos es como se anuncia en la web donde se puede comprar, que por cierto, es la del Liberty Counsel, la firma de abogados que defendió a Kim y que le organizó una gira por Rumanía contra el matrimonio igualitario y que se quejó porque a los pobres homófobos se les estaba tratando como los nazis a los judíos.

En la contraportada se puede leer esta magnífica sinopsis: “Es la historia de cómo Dios transformó su vida en 2011, por qué se retiró en 2014, y como sabía seis meses antes de la desastrosa decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y cómo la llevaría a la cárcel”. Vamos, que ahora Kim también es vidente.

En una cultura que degrada a las personas que obedecen obedientemente a Jesús, Kim Davis recurrió a su fortaleza cuando experimentó (y soportó) la persecución de la cultura, el tribunal y la muchedumbre, y sobrevivió para contarlo en su fascinante libro”, dice Franklin Graham, CEO de Billy Graham Evangelistic Association y Samaritan’s Purse. Para Graham, “su historia demuestra que una persona realmente puede hacer la diferencia cuando toma una posición por Cristo”. Así queda recogido en la web de Liberty Counsel, una “firma de abogados por las libertades civiles religiosas de interés público nacional” de EE UU, abiertamente LGTBfóbica, que publica y distribuye la obra de Kim Davis.

El libro Under God’s Authority: The Kim Davis Story está coescrito por John Aman, director de servicios creativos de Liberty Counsel, y Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, que representó a Davis durante su caso en los tribunales estadounidenses. Además del referido apoyo del exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, Kim Davis también cuenta con el respaldo político de Matt Bevin, gobernador de Kentucky (el tercer republicano en acceder al cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial). En opinión de Bevin, “cuando la historia recurrió a Kim, ella estaba lista y dispuesta para responder”.

Activistas LGTBI locales señalan, en cambio, que el libro de Kim Davis debería llamarse Kim Davis Cost to Kentucky Taxpayers (cuya traducción sería: Coste para los contribuyentes de Kentucky), ya que las posiciones de la funcionaria supusieron un gasto de 222.695 dólares a cuenta del erario público, en concepto de honorarios legales.

Con la salida a la luz de su libro, Kim Davis pretende hacer campaña para ser reelegida en su puesto de funcionaria. Y no lo tendrá aparentemente fácil, dada la fuerte oposición de los demócratas, que quieren echarla de la oficina del registro. Entre ellos se encuentra David Ermold, uno de los hombres a los que Davis negó una licencia de matrimonio. Ermold se postula para “restaurar el liderazgo profesional, la equidad y la responsabilidad”.

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La Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, que agrupa a las jerarquías de las principales religiones de este pequeño país asiático, sigue dando vueltas de tuerca a su lucha contra la igualdad de las parejas del mismo sexo. Este miércoles, 14 de febrero, representantes de la citada organización presentaban su segunda apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la interpretación constitucional que instruye al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario antes de 2019. Si no se producen cambios en este sentido, a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente, por orden del Tribunal Constitucional. En este sentido, además de las apelaciones registradas, la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia ha presentado ante la Comisión Electoral Central la petición de celebrar un referéndum vinculante.

El pasado 10 de febrero, la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia recibía su primer mazazo: la justicia taiwanesa desestimaba su primera alegación en contra de la interpretación del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, lejos de amedrentarse, a los cuatro días presentaban su segunda alegación. También conocíamos que la Comisión Electoral Central de Taiwán se verá obligada a estudiar la solicitud de la misma agrupación religiosa sobre la celebración de un referéndum.

La legislación de este país, que oficialmente recibe el nombre de República de China, establece un mínimo de 1.879 firmas para la toma en consideración sobre la celebración de un referéndum. Al parecer, la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia logró presentar 3.549 firmas (casi el doble de las necesarias). En cualquier caso, hay que recalcar que este primer paso solo obliga a la toma en consideración de la propuesta. En caso de que el Comité Electoral la aceptara, los promotores tendrían que ser capaces de presentar 281.745 firmas válidas, dentro de un plazo establecido, para la efectiva celebración del referéndum.

La pregunta que figura en la propuesta presentada por la Alianza de Grupos Religiosos es la siguiente: “¿está de acuerdo con que el gobierno mantenga la definición actual de matrimonio como el de un hombre y una mujer y apruebe una ley diferenciada para proteger el derecho de las parejas del mismo sexo a vivir juntos?”. El objetivo de la organización de jerarquías religiosas de Taiwán es agitar el odio, el miedo y el desconocimiento sobre la realidad LGTB entre la población para impedir la igualdad. De todas formas, incluso en el escenario de la hipotética celebración de un referéndum, habría que ver hasta qué punto su resultado colisionaría con la resolución del más alto tribunal del país, que es favorable a la igualdad matrimonial y que, como explicábamos en líneas anteriores, dictaminó en 2017 que si en dos años no se modifica el Código Civil en el parlamento, las parejas del mismo sexo podrán registrar sus matrimonios a partir de mayo de 2019.

En declaraciones a la prensa, representantes de la Alianza de Grupos Religiosos decían este miércoles cosas como que “el movimiento por los derechos de los homosexuales está devorando a Taiwán”, que “una vez que se aprueben estas leyes discriminatorias, las personas no tendrán libertad de expresión ni libertad religiosa” o que “queremos la educación sobre la liberación sexual fuera de nuestras escuelas”.

“Por lo tanto, pedimos a los jueces del Tribunal Administrativo Superior que tengan la conciencia y la integridad moral para decidir sobre nuestra apelación, a través de su propia postura independiente, y no ceder a la influencia política y a las fuerzas de intimidación, de cara a tomar una decisión conforme a las libertades y los valores de nuestra sociedad democrática”, decía Chang Shou-yi, secretario general de la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia.

Una espera “sencillamente agonizante”  para las parejas del mismo sexo

En un inclusivo editorial publicado este miércoles por el diario Taipei Times, se comparaba el enroque del matrimonio igualitario en Taiwán con lo ocurrido en Australia, que “legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en diciembre del año pasado, mientras que el mes pasado, el Alto Tribunal Administrativo de Taipei rechazó a la tercera pareja de lesbianas que intentó registrar su matrimonio desde octubre del año pasado. El tribunal dijo que, dado que las enmiendas que legalizaban el matrimonio entre personas del mismo sexo no se habían aprobado en la legislatura, no tenía base legal para aprobar la solicitud de matrimonio”.

Recogíamos en diciembre el caso de Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, una pareja de mujeres que contrajo, en 2014, matrimonio en Canadá y que el Estado taiwanés seguirá sin reconocer a tenor de la resolución sobre la apelación que presentaron y que era denegada por un tribunal. Esta respuesta de la justicia entronca con casos anteriores y posteriores que han obtenido la misma negativa.

El citado editorial periodístico recuerda que “las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo han sido declaradas inconstitucionales” y denuncia que “cuando la Ley de Referéndum fue enmendada en diciembre del año pasado, reduciendo los umbrales para iniciar, secuestrar y aprobar referéndums, casi se esperaba que los grupos opuestos al matrimonio homosexual saltaran sobre ella para promover su agenda”.

Prosigue diciendo, en referencia a la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, que “no tiene sentido discutir en contra de estos grupos, ya que es probable que no se detengan incluso después de que el matrimonio gay se legalice formalmente, pero solo continuamos resaltando que el gobierno no ha tomado medidas para convertir el fallo en ley”. Y finaliza señalando que “las uniones del mismo sexo se legalizarán en mayo del próximo año en cualquier caso, a menos que el gobierno tenga otras ideas”, ya que “es un tema de derechos humanos y la larga espera es sencillamente agonizante para la comunidad LGBT, muchos de los cuales necesitan desesperadamente casarse por motivos legítimos y prácticos”.

La lucha por el matrimonio igualitario ya acumula un largo recorrido en Taiwán

Sirva de ejemplo del largo recorrido que acumula el matrimonio igualitario en Taiwán la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que la Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.

Tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.

Asimismo, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas.

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario, estancado

Ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre de 2016, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el anterior Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.

En marzo de este año, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino “largo y díficil”.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento australiano acaba de votar a favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país y la Ley de Reforma del Matrimonio, Definiciones y Libertades Religiosas ha sido aprobada con una mayoría aplastante: solo cuatro parlamentarios de los 118 que forman la cámara han votado en contra.

Tras una maratoniana sesión en la que se han considerado 118 enmiendas, la Cámara de Representantes de Australia ha aprobado el matrimonio igualitario por casi unanimidad de sus miembros. Una a una, las proposiciones para enmendar el texto aprobado el pasado 30 de noviembre en el Senado australiano han sido rechazadas, por lo que la ley solamente tendrá que esperar a su promulgación por el primer ministro Malcolm Turnbull para que entre en vigor. Con Australia, ya son 26 los países que permiten el matrimonio a las parejas del mismo sexo.

El camino ha sido largo y lleno de escollos, pero, finalmente, la lucha por la igualdad para las parejas LGTB australianas se ha saldado con una victoria definitiva. Con la libertad de voto como premisa, las dos cámaras del Parlamento australiano han aprobado la reforma de la Ley de Matrimonio para abrir la institución a las parejas del mismo sexo con plena igualdad.

El pasado 15 de noviembre se presentaron los resultados de la consulta por correo postal convocada al respecto por el Gobierno australiano. Tras conocerse los datos definitivos (61,6 % de votos a favor, 38,4 % en contra con una participación del 79,5 % del censo), el primer ministro se felicitaba públicamente por un resultado “abrumador”. Superado el trámite que él mismo impuso para apaciguar a los sectores contrarios a la igualdad dentro de su partido, Malcolm Turnbull daba vía libre para la discusión legislativa de la medida y se mostraba convencido de que el proceso culminaría con una ley de matrimonio igualitario antes de Navidad.

Casi de manera inmediata, su compañero de filas el senador Dean Smith presentaba un proyecto para reformar la Ley de Matrimonio de 1961, que sustituía las palabras “un hombre y una mujer” por “dos personas” donde era necesario. Smith introdujo en su propuesta una cláusula para eximir a las organizaciones religiosas de la obligación de celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. La disposición solo afectaría a los matrimonios religiosos y no a los civiles.

El proyecto de ley del senador Smith fue aprobado en el Senado con su redacción original, por un resultado contundente de 42 votos a favor, 12 en contra, 8 abstenciones y 11 ausencias. No prosperó ninguna de las enmiendas que trataban de impedir que la igualdad respecto a la institución del matrimonio fuera completa para las parejas LGTB. No se admitió, por ejemplo, que los funcionarios pudieran negarse a casar a parejas del mismo sexo aduciendo razones religiosas.

Tras su aprobación por la cámara alta, el texto pasó a consideración de la Cámara de Representantes, donde los diputados más conservadores han tratado, una vez más, de enmendar el texto para reducir los derechos de las parejas LGTB. Enmiendas que permitirían que cualquier titular de un negocio pudiera negarse a prestar sus servicios a las parejas del mismo sexo, o que las ONG no perdieran sus subvenciones por expresar su rechazo al matrimonio igualitario (algo que ya está protegido por las leyes australianas). Ninguna de ellas ha sido respaldada por la mayoría de los miembros de la cámara baja, que finalmente han dado su aprobación al texto íntegro del proyecto de ley del senador Smith por una abrumadora mayoría de 154 votos a favor y tan solo 4 en contra.

#BREAKING: The bill legalising same sex marriage in Australia has passed parliament with no amendments. pic.twitter.com/JF8tTjFjCa

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) 7 de diciembre de 2017

“¡Qué día para el amor, la calidad y el respeto! Australia lo ha logrado“, ha dicho el primer ministro Malcolm Turnbull ante los diputados. Tras la votación, tanto los miembros de la cámara como los invitados se han puesto en pie con una encendida ovación y han entonado con emoción el himno We are australians.

Public gallery erupts into chorus of ‘I Am Australian’ after Parliament votes to legalise same-sex marriage #auspol #SSM pic.twitter.com/uuoePCJamD

— ABC News (@abcnews) 7 de diciembre de 2017

Por norma general para que una ley australiana entre en vigor ha de ser firmada por el Gobernador General de Australia,  Peter Cosgrove, el representante en Australia de la reina Isabel de Inglaterra, firmar esta ley, algo que suele tardar unos 7 o 10 días. Pero esta ley en concreto (seguramente por su importancia y por haber sido aprobada in extremis antes de que acabe el año) lleva consigo una provisión especial que estipula que la ley comenzará a aplicarse o en la fecha en que determine el gobierno o de forma automática 28 días después de que sea firmada por el Gobernador General.

En ese momento las parejas homosexuales podrán empezar a solicitar fecha para casarse con un mes de antelación, así que se espera que las primeras bodas homosexuales en Australia se celebren a mediados de febrero. Sin embargo ahora mismo ya hay parejas homosexuales casadas de forma legal en australia. Al aprobarse esta ley Australia pasa a reconocer automáticamente todos los matrimonios gais celebrados en el exterior.

En Twitter la alegría ha sido total y absoluta. Kylie Minogue, Courtney Act, Dustin Lance Black, Ian Thorpe… hasta Los Sims se han sumado a la celebración por este momento histórico.

#Australia 🙌🏻 pic.twitter.com/7jvyLGieL2

— kylie minogue (@kylieminogue) 7 de diciembre de 2017

You may now officially say “CONGRATULATIONS” to Australia on #MarriageEquaility 🏳️‍🌈🇦🇺

— Courtney Act (@courtneyact) 7 de diciembre de 2017

We see you Australia. 🎉🎉 #marriageequality #LoveWins pic.twitter.com/BIV9uaY5rz

— The Sims (@TheSims) 7 de diciembre de 2017

¡Felicidades Australia!

Un largo camino hacia la igualdad

La contienda política sobre el matrimonio igualitario en Australia se ha prolongado durante años, a pesar de existir una mayoría tanto social como parlamentaria favorable a la medida. Antes de las elecciones de 2013, que dieron la victoria al liberal-conservador Tony Abbott, fueron los laboristas los que actuaron como freno. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que ya en su congreso nacional de 2011 los laboristas incorporaban la defensa del matrimonio igualitario a su ideario. Ideario que Gillard se encargó de convertir en papel mojado al imponer que sus diputados –cuyos votos eran todos necesarios, debido a lo ajustado de su mayoría– tuvieran libertad de voto. Una libertad que Tony Abbott negó entonces a los suyos y que desembocó en el fracaso de la iniciativa. De la mano de Gillard, Australia perdía una primera oportunidad histórica.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro. Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal. Pero la sustitución de Gillard no evitó la derrota laborista, y, tras las elecciones de septiembre de 2013, Abbott (un católico fuertemente opuesto al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana) se convertía en primer ministro. Su victoria alejó las expectativas de aprobación, pese a que un número no determinado de diputados de su partido eran partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho ya desde el principio el propio Abbott reconoció que le iba a resultar complicado mantener la disciplina de voto en esta materia. Lo consiguió… pero el empeño contribuyó a la gran bajada de popularidad que finalmente acabó por costarle el puesto y ser sustituido por Malcolm Turnbull en septiembre de 2015.

Malcolm Turnbull y la obsesión por el referéndum

El liderazgo de Turnbull parecía que por fin abriría la puerta a que los diputados liberal-conservadores tuvieran libertad de voto y que el matrimonio igualitario resultase aprobado. No fue así. Pese a declararse partidario de su aprobación, el nuevo primer ministro (que renovó su cargo tras las elecciones de julio de 2016, que la coalición liberal-conservadora ganó por estrecho margen) se decantó por la organización de un referéndum sobre la materia. Comenzaba una nueva (y exasperante) batalla política. Durante este periodo, la oposición, contraria a cualquier referéndum sobre la materia, ha contado con mayoría en el Senado, por lo que las iniciativas gubernamentales fueron rechazadas en dos ocasiones: la primera vez en noviembre de 2016 y la segunda vez el pasado agosto. Adelantándose a esta situación, el ministro de Inmigración planteó ya en marzo la posibilidad de una consulta postal voluntaria y no vinculante, que no necesitaba la aprobación de una ley para su puesta en marcha. Una iniciativa que fue la que acabó por materializarse.

A partir de ahí, comenzó una demencial campaña en la que los grupos homófobos no han dudado en utilizar todo tipo de malas artes. En estas últimas semanas hemos recogido algunos ejemplos, como la campaña promovida por una web de carácter neonazi que desplegó pósteres en el centro de Melbourne con el titular “Parad a los maricones” acusando a las familias homoparentales de abusar masivamente de sus hijos. O lo que sucedió en Sídney, donde se repartieron panfletos en inglés y chino en los que tachaba a la homosexualidad de “maldición mortal” y se advertía sobre “falsas mujeres transexuales” en los baños públicos. Homofobia y transfobia de trazo grueso que se ha beneficiado de la impunidad derivada del hecho de que la consulta no haya estado sometida a las reglas de un referéndum normal. Aunque también ha tenido derivadas positivas, como el inesperado debate interno que ha tenido lugar en el seno de la Iglesia católica australiana.

Finalmente, el resultado del plebiscito fue abrumadoramente favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Participó un 79,5 % del censo, que apoyó la igualdad con un 61, % de votos a favor y 38,4 % votos en contra. A partir de ahí, comenzó el trámite parlamentario que ha culminado con éxito.

El matrimonio igualitario en Europa y el mundo

Con la incorporación de Australia, son 26 los países donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Australia (207) y Austria (2019).

 (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

En Taiwán existe un mandato de su Corte Constitucional para que se legisle al respecto antes de mayo de 2019, si bien la isla no está reconocida como país por las Naciones Unidas.

Fuente Gay Star News, vía Dosmanzanas/EstoyBailando, Cáscara Amarga, AmbienteG

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El contundente “sí” que han pronunciado los australianos en la consulta por correo postal sobre el matrimonio igualitario ha generado una cascada de reacciones. En el ámbito político, el liberal Dean Smith ya ha presentado un proyecto de ley en el Senado para que se materialice la decisión de la ciudadanía. Su compañero de filas, el primer ministro Malcolm Turnbull se ha felicitado por la victoria del “sí” y asegura que la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo será una realidad antes de Navidad. Ahora, la comunidad LGTB estará muy pendiente del debate parlamentario para evitar que se cuelen enmiendas discriminatorias en nombre de la libertad de conciencia.

Tras la presentación de los resultados de la consulta por correo postal impuesta por el Gobierno australiano, comienzan los movimientos para trasladar el mandato a una votación parlamentaria, libre por fin de disciplinas de partido. Al poco de conocerse los datos (61,6 % de votos a favor, 38,4 % en contra con una participación del 79,5 % del censo), el primer ministro se felicitaba públicamente por un resultado “abrumador”. Superado el trámite que él mismo impuso para apaciguar a los sectores contrarios a la igualdad dentro de su partido, Turnbull daba vía libre para la discusión legislativa de la medida y se mostraba convencido de que el proceso culminará con una ley de matrimonio igualitario antes de Navidad.

En este sentido, y como ya había adelantado hace unos días, el senador Dean Smith ha presentado un proyecto para reformar la ley de matrimonio de 1961 sustituyendo las palabras “un hombre y una mujer” por “dos personas” donde sea necesario. Smith, que pertenece a la misma formación liberal-conservadora del primer ministro, ha introducido una cláusula para eximir a las organizaciones religiosas de la obligación de celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. La disposición solo afectaría a los matrimonios religiosos y no a los civiles.

Por el contrario, su compañero de filas el fiscal general George Brandis pretende ampliar el concepto de “objeción de conciencia”. Ha anunciado que presentará dos enmiendas al proyecto de Smith: la primera permitiría a toda persona responsable de la celebración de matrimonios negarse a casar a parejas del mismo sexo por motivos de conciencia, también en el caso de enlaces civiles. Una restricción que podría causar muchas dificultades a las personas LGTB para ejercer sus derechos. La otra enmienda pretende blindar la libertad de expresión de las opiniones contrarias a la igualdad matrimonial, aunque no esté claro por qué sería necesario explicitar esta medida.

Habrá que estar muy pendientes, por tanto, a la tramitación legislativa. Pero hasta entonces, en las primeras horas tras la presentación de los resultados de la consulta, las celebraciones han llenado las calles de las principales ciudades australianas. Líderes políticos como la primera ministra británica Theresa May o su predecesor David Camerontambién han saludado el triunfo del “sí”. Cameron ha recordado su apuesta personal por el matrimonio igualitario en contra de la opinión de gran parte de su propia formación conservadora: una situación que guarda un importante paralelismo con la de Turnbull.

“Sí” rotundo. Los resultados de la consulta por correo postal sobre el matrimonio igualitario impuesta por el Gobierno australiano acaban de ser dados a conocer: 61,6% de votos a favor, 38,4% en contra. La participación, histórica: 12,7 millones de ciudadanos australianos se han pronunciado (un 79,5% del censo).

Años de disputa política han quedado zanjados. Según acaba de hacer público la Oficina Australiana de Estadística (ABS), y a pesar de la fortísima campaña en contra de los grupos homófobos, el “sí” ha obtenido una indiscutible victoria en la consulta postal sobre el matrimonio igualitario en Australia, con más de 23 puntos porcentuales de ventaja: 7.817.247 votos favorables, frente a 4.873.987 en contra:

Consulta postal, no referéndum

A principios de septiembre se confirmaba definitivamente: el Tribunal Supremo de Australia daba vía libre a la consulta postal mediante la cual el primer ministro liberal-conservador, Malcolm Turnbull, sometía a la opinión de los australianos el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Una consulta voluntaria y no vinculante que ha tenido lugar entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre. Era la respuesta de Turnbull al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno.

Tras desestimar el Supremo los recursos, la documentación se empezó a enviar a los hogares australianos a partir del 12 de septiembre. “¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?”, fue la pregunta elegida finalmente.

Una de las incógnitas del proceso era el nivel de participación. De hecho, los activistas LGTB temían al principio que una escasa participación, especialmente entre la población joven y más favorable al “sí”, llegase a decantar la balanza a favor de los homófobos, más movilizados en contra de la igualdad. SIn embargo, las cifras han superado todas las expectativas: 12.727.920 australianos (un 79,5% del censo) han participado en la consulta. Una participación especialmente significativa si se tiene en cuenta que el voto en esta consulta, a diferencia de otros procesos electorales en Australia, no es obligatorio. Según los datos de la ABS, ha sido mayor entre las mujeres (han votado el 81,6% de las que tenían derecho a voto) que entre los hombres (77,3%).

Por edades, los mayores de 65 años se han movilizado más (en la franja de 70 a 74 años ha votado el 89,8% de las mujeres y el 89,3% de los hombres), pero la movilización también ha sido intensa entre los jóvenes, que según las encuestas son los más favorables al matrimonio igualitario. La cifra más baja de participación, de hecho, se ha producido en la franja de varones entre 25 y 29 años años, y aún así ha sido considerable (un 68,3%).

Años de discusiones: la época Gillard-Abbott

La contienda política sobre el matrimonio igualitario en Australia se ha prolongado durante años, a pesar de existir una mayoría tanto social como parlamentaria (al menos sobre el papel) favorable a la medida. Antes de las elecciones de 2013, que dieron la victoria al liberal-conservador Tony Abbott, fueron los laboristas los que actuaron como freno. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y  durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que ya en su congreso nacional de 2011 los laboristas incorporaban la defensa del matrimonio igualitario a su ideario. Ideario que Gillard se encargó de convertir en papel mojado al imponer que sus diputados –cuyos votos eran todos necesarios, debido a lo ajustado de su mayoría– tuvieran libertad de voto. Una libertad que Tony Abbott negó entonces a los suyos y que desembocó en el fracaso de la iniciativa. De la mano de Gillard, Australia perdía una primera oportunidad histórica.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro. Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal. Pero la sustitución de Gillard no evitó la derrota laborista, y, tras las elecciones de septiembre de 2013, Abbott (un católico fuertemente opuesto al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana) se convertía en primer ministro. Su victoria alejó las expectativas de aprobación, pese a que un número no determinado de diputados de su partido eran partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho ya desde el principio el propio Abbott reconoció que le iba a resultar complicado mantener la disciplina de voto en esta materia. Lo consiguió… pero el empeño contribuyó a la gran bajada de popularidad que finalmente acabó por costarle el puesto y ser sustituido por Malcolm Turnbull en septiembre de 2015.

Malcolm Turnbull y la obsesión por el referéndum

El liderazgo de Turnbull parecía que por fin abriría la puerta a que los diputados liberal-conservadores tuvieran libertad de voto y que el matrimonio igualitario resultase aprobado. No fue así. Pese a declararse partidario de su aprobación, el nuevo primer ministro (que renovó su cargo tras las elecciones de julio de 2016, que la coalición liberal-conservadora ganó por estrecho margen) se decantó por la organización de un referéndum sobre la materia. Comenzaba una nueva (y exasperante) batalla política. Durante este periodo, la oposición, contraria a cualquier referéndum sobre la materia, ha contado con mayoría en el Senado, por lo que las iniciativas gubernamentales fueron rechazadas en dos ocasiones: la primera vez en noviembre de 2016 y la segunda vez el pasado agosto. Adelantándose a esta situación, el ministro de Inmigración planteó ya en marzo la posibilidad de una consulta postal voluntaria y no vinculante, que no necesitaba la aprobación de una ley para su puesta en marcha. Una iniciativa que fue la que acabó por materializarse.

A partir de ahí, comenzó una demencial campaña en la que los grupos homófobos no han dudado en utilizar todo tipo de malas artes. En estas últimas semanas hemos recogido algunos ejemplos, como la campaña promovida por una web de carácter neonazi que desplegó pósteres en el centro de Melbourne con el titular “Parad a los maricones” acusando a las familias homoparentales de abusar masivamente de sus hijos. O lo que sucedió en Sídney, donde se repartieron panfletos en inglés y chino en los que tachaba a la homosexualidad de “maldición mortal” y se advertía sobre “falsas mujeres transexuales” en los baños públicos. Homofobia y transfobia de trazo grueso que se ha beneficiado de la impunidad derivada del hecho de que la consulta no haya estado sometida a las reglas de un referéndum normal. Aunque también ha tenido derivadas positivas, como el inesperado debate interno que ha tenido lugar en el seno de la Iglesia católica australiana.

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La consulta por correo postal sobre matrimonio igualitario impuesta por el Gobierno australiano acaba de concluir. Este martes 7 de noviembre era la fecha límite para la recepción de las respuestas en la Oficina Australiana de Estadística (ABS). El último avance de participación, que contabiliza las papeletas recibidas hasta el pasado viernes, la sitúa en un 78,5 % y las encuestas le dan una ventaja en torno a los 30 puntos al “sí”. Los resultados definitivos se darán a conocer el próximo 15 de noviembre. El primer ministro Malcolm Turnbull ha prometido que permitirá una votación libre en el Parlamento si finalmente gana la igualdad matrimonial en la consulta.

Como recordábamos hace unas semanas, a principios de septiembre se confirmó que Turnbull se cobraba una victoria parcial en su empeño de someter a votación popular los derechos de la población LGTB: entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre tendría lugar en Australia una consulta postal voluntaria y no vinculante sobre el matrimonio igualitario. Era la respuesta del primer ministro al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno. Poco después del anuncio del voto postal, se presentaron dos recursos ante el Tribunal Supremo para paralizar un trámite innecesario y divisivo para la sociedad, convocado además al margen del Parlamento. Finalmente, el Supremo desestimó los recursos, otorgando vía libre a la consulta. La documentación se empezó a enviar a los hogares australianos a partir del 12 de septiembre y la formulación de la pregunta que se decidió fue:

¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?

Una de las incógnitas del proceso era el nivel de participación. Las cifras provisionales superan ampliamente las expectativas. Hasta el pasado viernes 3, la ABS había recibido unos 12,6 millones de respuestas, correspondientes a un 78,5 % del censo. La amplia participación es especialmente significativa si se tiene en cuenta que el voto en esta consulta, a diferencia de otros procesos electorales en Australia, no es obligatorio. El pentacampeón olímpico Ian Thorpe, que hace tres años salía del armario, se felicitaba por el dato.

Con respecto a los resultados, tres de las encuestas más recientes le otorgan una clara victoria a la campaña del “sí” a la igualdad. La de Newspoll revela un 62 % de respuestas afirmativas y un 35 % de negativas entre los que ya han participado en el proceso. La proporción es similar en el conjunto de la muestra (59 % frente a 35 %). Otros dos sondeos realizados entre los votantes otorgan alrededor del 65 % al “sí” y algo más del 30 % al “no”.

Tras la presentación de los resultados el próximo 15 de noviembre, estará en manos del primer ministro Turnbull permitir la tramitación de un proyecto de ley que, esperemos, acabe de una vez con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. La decisión podría retrasarse a causa de una crisis que ha obligado a dimitir a siete cargos de diferentes partidos por poseer otra nacionalidad aparte de la australiana, algo prohibido para los parlamentarios El Gobierno conservador podría quedar en minoría en la Cámara de Representantes si pierde las elecciones parciales que se celebrarán el 2 de diciembre para cubrir el escaño del dimitido vice primer ministro Barnaby Joyce.

Fuente Dosmanzanas

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Su nombre se hizo famoso hace dos años y grupos homófobos de todo el mundo la elevaron a sus altares como una mártir. La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada durante unos pocos días por impedir la concesión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo en su condado, ha vuelto a la escena pública. En esta ocasión, para apoyar la campaña contra el matrimonio igualitario en el referéndum que se celebrará en las próximas semanas en Rumanía y cuyo resultado podría significar el blindaje a nivel constitucional de la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Rumanía avanza hacia el veto constitucional del matrimonio igualitario y lo hace con la ayuda de una de las “heroínas” de la causa homófoba. Kim Davis ha viajado al país europeo para participar en la precampaña del referéndum que, salvo sorpresas, elevará a la Constitución rumana la prohibición de contraer matrimonio para las parejas del mismo sexo. Davis ganó una gran notoriedad hace dos años por su “cruzada” contra la igualdad matrimonial en su Kentucky natal. Por desobedecer una orden judicial bloqueando la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en su condado, fue encarcelada por un delito de desacato. No obstante, sería liberada poco tiempo después con la condición de no seguir impidiendo las bodas entre personas del mismo sexo. Ahora, la funcionaria hablará en público y se reunirá con arzobispos ortodoxos durante sus nueve días de estancia en Rumanía.

Davis viaja junto con Harry Mihet, el vicepresidente de Asuntos Legales de Liberty Counsel, una asociación evangélica que se hizo cargo de la defensa de la funcionaria en 2015. La organización lleva años prestando asistencia legal a los contrarios a la igualdad LGTB en casos como la anulación de las leyes contra la sodomía en los Estados Unidos o la aprobación del matrimonio igualitario en Massachusetts y Nueva York. También ha defendido a Scott Lively, el activista tristemente conocido por promover la LGTBfobia de Estado más brutal en Uganda. En Rumanía, Liberty Counsel lleva meses colaborando con la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para blindar el matrimonio excluyente en la Constitución.

El referéndum, previsto para este otoño

Una consulta que está cada vez más cerca después de que Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, asegurara en septiembre que su formación promoverá su celebración en este mismo otoño. La victoria de la propuesta se da prácticamente por segura si se lleva a cabo finalmente el referéndum. La formación ya apoyó en mayo el proyecto en el Parlamento. La medida cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Si se cumple el calendario anunciado por Dragnea, tras su aprobación en la cámara baja la propuesta pasará en las próximas semanas al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes. Si la cámara alta también apoya la iniciativa homófoba, lo que parece seguro tras el respaldo de los socialdemócratas, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso  lleva fraguándose desde julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se reactivó en mayo de este año.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

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¿Por qué no pueden entenderse en esto los que votaron juntos las leyes más antisociales, los que recortaron presupuestos de forma escandalosa, los que pasan de largo ante el recrudecimiento de la homofobia?

Sí al referendum, con diálogo

“No se puede elegir entre Cataluña y España”

(Juan Masiá, sj.).- Sí al referendum, con diálogo. Pero antes, silencio del Zen. ¿Qué recomendaría a Rajoy y Puigdemont? Que hablen sin tapujos. Pero, primero un presupuesto: antes de cruzar las piernas en el sillón del diálogo para hallar la solución del pacto, siéntense en postura de Loto sobre el cojín del Zen, para hallar la solución del silencio.

Unos y otros, unas y otras, todos y todas necesitamos una cura de silencio meditativo para salir de la ilusión del yo, salir del espejismo de la identidad, desengañarse del mito soberanista, del autoengaño independentista y de la pesadilla nacionalista.

Son todas esas ficciones del “yo”. Un yo que no se ha curado de la ignorancia original que le hace creer que “piensa, luego existe”. (Unamuno habría dicho que hace falta “desconcientizarse“, Oliver Sachs aconsejaría “vivir sin cabeza”.

Ese “yo” es incapaz de salir de sí y romper la muralla que él mismo construyó alrededor de su cabeza; más aún, ni siquiera es capaz de descubrirse ante la realidad y quitarse el sombrero o la gorra nacionalistas: ya sea el sombrero del nacionalismo de estado -autoritario y centralista-, ya sea la gorra del nacionalismo de campanario aldeano　-estrecho de miras y con alergia testaruda contra cualquier injerto federalista-. (Ojalá Pedro Sánchez fuera capaz de persuadir a ambos para que canten al unísono con Schiller la sinfonía de lo uno y lo múltiple… Pero, por desgracia, los excesos del “yo” son como las células de las metástasis del cáncer peleando contra las infiltradas para terapia. Operaciones drásticas no frenan la guerra y con la derrota final unas y otras pierden y perecen).

Me preguntan amistades japonesas por mi nacimiento y apellido, porque el Masiá les parece catalán. “No, respondo; nací en Murcia, de madre nacida en la región (que no nación, ni reino) de Murcia y de padre nacido en la de Alicante; mi ciudadanía es española y tengo estatuto de residente japonés. Tengo también familia en Barcelona y buenas amistades catalanas (en los momentos del atentado terrorista me sentía especialmente cercano a ellas).

Si me siento español fuera de España, es por ser murciano. Pero, precisamente por sentirme español, es por lo que puedo, estando fuera de España, sentirme gallego con los gallegos/as, vasco con los vascos/as, andaluz/con los andaluces/as o catalán con los catalanes/as, o balear o canario, etc…” Lo cierto es que me siento hasta muy portugués con los portugueses, aunque por avatares históricos sean otro estado nacional.

A pesar de esta explicación no se satisfacen mis amistades japonesas, que siguen haciendo preguntas, porque están viendo y oyendo las noticias internacionales sobre el pseudo-referendum (que, según el medio de comunicación que informe, parece a unos trágico, a otros cómico y a la mayoría tragi-cómico por su mezcla de ridiculez e ilegalidad).

Respondo que no se puede elegir entre Cataluña y España, porque eso sería como optar por el mar sin olas o por las olas sin mar. Me dicen que la comparación es un tanto oriental. Naturalmente, que lo es. Por eso he recomendado a Puigdemont y Rajoy que, antes de dialogar se sienten en postura de Loto a meditar en silencio para salir de su ego. Y todos nosotros y nosotras también, para que se nos otorgue la gracia -¡amazing grace!- de reconocer que no existe el yo absolutamente independiente, sin relación y sin evolución y transformación.

Quien fuera capaz de vivir en silencio esa espiritualidad integral e integradora, no propiamente “oriental” sino de “otro Oriente y otro Occidente” en la dimensión de profundidad de la vida, no tendría miedo a despojarse de toda intransigencia y entrar, después de ese silencio, en el mundo del diálogo cívico, el pacto democrático y la negociación política.

Con esa actitud básica, no se tendría reparo en asumir futuros desarrollos del esquema de convivencia, incluso aquellos que parecieran, a primera vista, incompatibles entre sí u opuestos como, por ejemplo, las hipótesis siguientes:

1 Si me dijeran que, después de un proceso -sereno y justo, democrático y legal- de diálogo, se ha llegado a la conclusión de una nueva república catalana independiente, no me costaría aceptarlo.

2 Si me dijeran que, después de un proceso así (y no sin esa condición), se ha llegado a elaborar una nueva estructura federal que, con una nueva Constitución, integra de un modo nuevo las diversas naciones, regiones y pueblos de este país, lo asumiría igualmente.

3 Si me dijeran que, después de un proceso así (y no sin esa condición), se ha llegado a una conclusión no independentista, pero sí modificadora de la presente estructuración y condiciones de la autonomía, también lo aceptaría del mismo modo.

4 Si me dijeran que -hipotética y utópicamente, por un giro histórico en el futuro-, después de un proceso así (y no sin esa condición), se había llegado de acuerdo con el vecino estado nacional portugués a un acuerdo para crear los Estados Unidos de Iberia (con la capital en Lisboa, el Senado en Barcelona y el Museo histórico en Madrid), tampoco me costaría aceptarlo.

Estas cuatro propuestas-ficción no han sido más que un experimento mental, como ejemplo y pretexto para recomendar la solución de los conflictos mediante el diálogo. Pero requieren como presupuesto para la “solución” de los falsos conflictos, la “disolución” del “ego” por el rodeo del silencio.

Por consiguiente, una esterilla de tatami y un cojín de meditación Zen, señores presidentes y señores diputados, y… pidan a Rajoy y Puigdemont que respiren hondo en silencio durante unas horas.

(Nota: Me alegro de que Religión Digital publique columnas de un blog en portugés -el del P. Anselmo Borges- y vería con gusto otros blogs en catalán o euskera en el mismo portal de RD. Por mi trabajo en el Centro internacional diocesano, celebro la misa del domingo con ritual multilingüe -al mismo tiempo en portugués, español y japonés- para comunidades latinoamericanas migrantes en Tokyo. Hace veinte años nos preocupaba proporcionar una celebración en su lengua para esa población. Hoy las circunstancias han cambiado y la generación siguiente, nacida y educada en Japón, requiere prácticas bilingües o multilingües. Esas celebraciones han de ser multilingües, como también otras formas de pastoral y sacramentos: el pasado domingo, en una boda, los novios se dieron el sí tres veces seguidas en tres lenguas: japonés, inglés y tagalo filipino; así toda la comunidad participante pudo comprender en sus lenguas)

General Carles Puigdemont, Cataluña, España, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Referendum

El escenario se divide entre las claras apuestas por el referéndum y aquellos que optan por el silencio

250 fieles, convocados por la ANC, rezan por el referéndum en un templo de Barcelona

La carta al Papa de los 400 curas, la postura de la Tarraconense, el desafío del obispo Novell, conocido por sus declaraciones homófobas

(Jesús Bastante).- El referéndum del 1-O también ha llegado a la Iglesia catalana. Independientemente de lo que ocurra a partir del domingo, el conflicto ya ha sembrado una profunda división en el clero. El escenario se fractura entre las claras apuestas por el referéndum y aquellos que optan por el silencio.

Las peticiones de participación en el 1-O constituyen una buena parte de los pronunciamientos de la Iglesia catalana. En contra, se sitúa la Conferencia Episcopal Tarraconense, que aglutina a los obispos de las diez diócesis catalanas. La organización emitió un comunicado la semana pasada en el que llamaba a la “sensatez” y a la “comunión”, reclamando a los fieles una “ayuda” para que la sociedad “sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz”.

Un comunicado, aprobado por unanimidad, que sin embargo fue dinamitado este jueves por el obispo de Solsona, Xabier Novell, quien anunció que sí acudirá a votar este domingo.

Aquellos que han optado por el silencio mantienen una postura de “esperar y ver” para no echar más leña al fuego. Entre ellos, el actual arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que ha instado a que “favorezcamos el diálogo, evitemos la confrontación y evitemos el enfrentamiento de unos contra otros por el bien común”.

La carta de los 400 curas

Aún es tangible el impacto generado por la declaración ratificada por más de 400 sacerdotes y diáconos catalanes, que representan al 20% del clero en ese territorio, apoyando explícitamente la celebración del referéndum del 1-O y que se constituye como un respaldo a los independentistas. “Solicitamos a la Iglesia católica, por su implantación cultural y territorial, que dé a conocer a sus fieles la Doctrina Social de la Iglesia sobre el derecho de autodeterminación”, aseguraban en el pronunciamiento.

Entre los firmantes también había algunos clérigos con responsabilidades en las curias diocesanas como vicarios generales, vicarios episcopales, delegados diocesanos y arciprestes de varios obispados o profesores de los centros docentes de teología. No obstante, la mayor parte de los firmantes son cargos eméritos, conocedores de que sus obispos podrían tomar represalias contra un pronunciamiento que, en opinión de algunos prelados catalanes, podría “romper la comunión”.

Las declaraciones que más revuelo han generado se realizaron en la Amazonía brasileña. Allí, uno de los referentes de la Iglesia catalana considerado como uno de los “obispos de concilio”, Pedro Casaldáliga, declaraba en RD que “preferiría que no hubiese independencia”. “Hay personas sensatas que van a enfocar la cosa de forma diferente. No es un proceso natural. No tiene sentido”, continuaba.

Teniendo en cuenta la entidad del entrevistado, estas palabras cayeron como un jarro de agua fría entre el clero catalanista más comprometido con lo social.

Protesta ante el Vaticano

Esta argumentación contrasta con la declaración ratificada por los 400 clérigos que consideraban “legítima y necesaria la realización de este referéndum”, valorando “todas las circunstancias que han llevado a la convocatoria por parte del Gobierno de la Generalitat de un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre y ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a cabo de forma acordada”, reseñaban.

Su publicación provocó una rápida reacción del Ejecutivo español, que a través de su nuevo embajador en Roma, Gerardo Bugallo, entregó el pasado viernes una “nota verbal” de protesta al cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. En ella solicitaba un pronunciamiento de la Santa Sede en contra de estas declaraciones y defendiendo la unidad de España. Sin embargo, esta respuesta no se producirá.

Los curas independentistas subieron el tono de su crítica, pidiendo así al papa Francisco que medie ante el Gobierno de Rajoy para que “recapacite su visceral oposición” al referéndum, “cese sus acciones represivas” y “permita realizar con garantías” la consulta.

Previamente a que se publicase el texto a favor del referéndum, dos de los baluartes de la Iglesia catalana, los monasterios de Poblet y Montserrat, emitieron una declaración conjunta en la que reclamaban a Rajoy y a Puigdemont “un ejercicio de máxima prudencia y responsabilidad para un diálogo constructivo”. El monje Sergi D’Assis llego a denunciar la “represión del Estado español” contra Cataluña, en la homilía del pasado domingo en Montserrat .

Otras instituciones como la Unió de Superiores Generales de Catalunya o la Fundació Escola Cristiana se pronunciaban del mismo modo. Sin embargo, Cristianisme i Justicia, el principal foro de cristianismo progresista catalán, evitaba posicionarse aunque sí apostaba por “la resolución política y negociada del conflicto entre los gobiernos catalán y español”.

Su principal valedor, el teólogo jesuita José Ignacio González Faus ofrecía una alternativa: exigir a Rajoy y Puigdemont que “dimitan y convoquen unas elecciones, generales y autonómicas“, a las que ninguno se presente como candidato.

Oración por la independencia

El penúltimo capítulo de esta fractura se vivió anoche en la cripta de la iglesia de Pompeya, en el centro de Barcelona, donde 250 fieles, convocados por ‘Cristians per la indepedència’ (vinculada a la ANC), celebraron una oración por el referéndum, en el que se ‘ofrecieron’ la estelada o una papeleta, y se pidió por el Estado opresor español. “Es una de las contribuciones que los cristianos podemos hacer en el país”, ha manifestado la entidad, al mismo tiempo que ha asegurado que la oración “nos devuelve la fuerza y “el coraje para participar en la creación de nuevas realidades”.

“Hacemos que la oración nos ayude a acertar nuestra decisión e ilumine nuestro compromiso. Rogamos para afrontar con sabiduría, coraje y generosidad la defensa de nuestros derechos como pueblo y los principios democráticos que hoy están en peligro”, defiende la sectorial Cristianos por la Independencia.

Durante la oración ‘Símbolos de nuestro compromiso’, la organización ha ofrecido una senyera, un triángulo azul, una estrella y una hoja de calendario. “La senyera; símbolo del amor y compromiso con la patria; el triángulo azul, símbolo del compromiso con la humanidad; la estrella blanca, símbolo de la libertad; el boleto de votación, símbolo del compromiso con el derecho a la autodeterminación”, ha explicado.

También han agradecido el “convencimiento y la serenidad con la que nuestro pueblo vive estos momentos trascendentales”. “Te pedimos consuelo y coraje para todas las personas que son víctimas de la intolerancia del Estado español para defender los derechos de nuestro pueblo y los valora democráticos. Danos tu fuerza para restar a tu lado, y ayúdanos a mantenernos en la unidad y hacer crecer la generosidad en todos nosotros“, ha concluido la oración.

La tensa entrevista de Mamen Mendizabal a un sacerdote Pro referendum

Fue una entrevista corta, de poco más de cinco minutos; pero fue del tiempo suficiente como para que la tensión fuera percibida por todos los espectadores de Más vale tarde.

Mamen Mendizabal iba a cerrar el programa vespertino de La Sexta con una charla con Cinto Busquet, párroco de Calella (Barcelona), uno de los 400 religiosos que firmaron una manifiesto en pro de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por la independencia de Cataluña.

La primera cuestión que le hizo la presentadora al clérigo fue directa, concisa y fue considerada una falta de respeto por parte del entrevistado. La cuestión fue: “¿Dios está por la independencia? A lo que el párroco iba a contestar con un “no le respondo, porque es una pregunta totalmente fuera de lugar. Quedo muy chocado, porque el discurso que se hace en las televisiones españoles no tiene nada que ver con la realidad española. No hay fractura. Aquí no hay un ‘a por ellos’. Amamos España, Andorra y Portugal”. Añadió que “quien está provocando es quien no quiere ese diálogo, que quiere imponer una unidad”.

Parecía que el tono bajaba, pero no iba a ser así. Aún había más tensión, que hizo que Mamen Mendizabal torciera el rostro cuando intentaba preguntar y Cinto le insistía en hablar en serio para insistir en su argumento y culpar a Mendizabal y a los medios españoles de que “con este discurso están imponiéndonos una unidad que no es cristiana ni humana”. 

Intentaba preguntar la periodista, pero ya no fue capaz de hacer cuestión alguna, ya que el sacerdote insistía en su discurso. En el que recuerda que en Cataluña no hay fractura y pese a ello “nos envían a policías con porras. No escuchan ustedes”. 

Dios dame paciencia

— Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) 27 de septiembre de 2017

Está claro que la entrevista tensionó al entrevistado y a la propia periodista, que poco tiempo después iba a compartir el vídeo en Twitter y una petición de paciencia a dios. No olvidará Mamen Mendizabal el día que entrevistó a Cisto Busquet.

Fuente religión Digital/Zeleb

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