El Department of Health and Human Services- Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, tiene prohibido permanentemente exigir a una red de hospitales católicos en Indiana e Illinois que brinde o brinde cobertura de seguro para servicios relacionados con la transición de género o el aborto.

Esta decisión se produjo en un fallo del juez Reed O’Connor de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en un caso entre el HHS y Franciscan Alliance, el sistema de atención médica. O’Connor confirmó una decisión del tribunal de distrito que falló a favor de Franciscan Alliance.

Health Affairs proporcionó un análisis legal del fallo reciente, señalando que el caso se decidió en última instancia sobre la interpretación de la Sección 1557 de la  Affordable Care Act (ACA) – Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) y las protecciones para las personas LGBTQ+ que impuso a los proveedores de atención médica y las aseguradoras. Health Affairs explicó, en parte:

“La sección 1557 prohíbe que los programas o instalaciones de salud que reciben fondos federales discriminen por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. La Sección 1557 incorpora las leyes federales de derechos civiles existentes, incluidas las protecciones contra la discriminación por motivos de sexo en virtud del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, y las aplica a los programas de salud financiados por el gobierno federal. En una regla finalizada en 2016, la administración de Obama interpretó que la discriminación ‘sobre la base del sexo’ incluye la discriminación basada en la identidad de género y la interrupción del embarazo”.

En 2016, Franciscan Alliance cuestionó esa interpretación de la Sección 1557 argumentando que bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) tenían derecho a una orden judicial permanente. Este último fallo a favor de la Alianza Franciscana no significa necesariamente la conclusión del litigio. El gobierno federal y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que intervinieron en el caso, aún podrían apelar ante la Corte Suprema o pedir que el caso sea revisado por el panel completo de jueces del Quinto Circuito.

Si bien los conservadores entienden que este fallo es una victoria para la libertad religiosa, es una pérdida para las personas LGBTQ+ que trabajan en instituciones católicas o que reciben tratamiento médico en hospitales católicos. Es especialmente desalentador para las personas transgénero que buscan atención de afirmación de género.

Lea más sobre el fallo anterior y la historia de la demanda en Bondings 2.0. Puede encontrar una narración sobre el daño causado a los pacientes transgénero a los que se les niega la cirugía aquí.

–Bobby Nichols (él/él), New Ways Ministry, 10 de octubre de 2022

Fuente New  Ways Ministry

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La administración Trump ha revocado las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, según las cuales los centros educativos que reciben financiación federal debían permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La decisión, no por esperada (había sido adelantada por el ahora vicepresidente Mike Pence en campaña electoral) deja de suponer un golpe muy duro a las personas trans en ese país. La decisión se acompaña, además, de la retirada del apoyo federal a todas las iniciativas de defensa de los derechos de las personas trans en los tribunales, semanas antes de que el Tribunal Supremo decida precisamente sobre la demanda del joven Gavin Grimm, un chico trans al que su instituto prohíbe usar el baño de chicos.

La directiva que ahora deja de estar en vigor fue enviada en mayo de 2016 por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país. Según aquel texto, prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera de la directiva. Junto a la directiva, de hecho, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Hoy todo ello es historia. La transfobia institucional que el Partido Republicano promueve, y de la que el vicepresidente Pence es uno de sus principales valedores (el propio Pence anunció en campaña que la política de protección del alumnado trans sería una de las que la nueva administración revisaría en caso de ganar Trump las elecciones) se ha impuesto a la que solo meses antes parecía una postura relativamente favorable de Trump a los derechos de las personas trans (e incluso, según asegura The New York Times, a la postura que defendía la nueva secretaria de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos, inicialmente proclive a mantener la política de Obama en esta materia). La protección de los estudiantes trans queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la ya vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado, y cuya aprobación desencadenó, en buena parte, la reacción de la administración Obama).

Está por ver también qué sucede ahora con la batalla judicial que la decisión de la administración Obama descencadenó. Recordemos, en este punto, que en verano de 2016 el juez federal de Texas Reed O’Connor emitía una medida cautelar (preliminary injuction) que dejaba en suspenso, justo antes de que empezara el curso escolar, la orden de la administración Obama. La sentencia de O’Connor era la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación. El Departamento de Justicia, que bajo la administración Trump ha pasado a estar dirigido por Jeff Sessions, uno de los políticos más abiertamente LGTBfobos de los Estados Unidos, ya había ordenado dejar de defender la directiva en los tribunales antes incluso de que esta fuese derogada.

El joven Gavin Grimm, sin apoyo de la administración federal

Otro de los damnificados por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense es el joven Gavin Grimm, que pierde el apoyo federal en su lucha por el derecho a usar el baño de chicos de su instituto de Gloucester (Virginia) y cuyo caso es uno sobre los que próximamente debe pronunciarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Cuando el juez Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina. Una orden que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente a requerimiento del instituto y sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado (las audiencias del caso están previstas en marzo).

La decisión del Tribunal Supremo en este caso marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Y hoy día las perspectivas son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. Habrá que estar atentos además a cómo el nuevo marco jurídico federal afecta al caso (cuyo origen en cualquier caso es anterior a que la administración Obama emitiese sus directrices en favor de los estudiantes trans). Estaremos atentos…

Fuente Dosmanzanas

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Un hombre trans ha presentado una demanda ante la justicia federal contra un hospital católico de Nueva Jersey (Estados Unidos) por negarle un tratamiento necesario para su proceso de transición. La noticia se conocía, precisamente, pocos días después de que el juez federal Reed O’Connor paralizase la aplicación de una regulación aprobada en 2016 por aún presidente Barack Obama para proteger a las personas transexuales en el ámbito sanitario, y poco antes de que comience su andadura la administración Trump.

El episodio discriminatorio se remonta a 2015, cuando Jionni Conforti tenía programada una histerectomía en el Hospital Regional de Saint Joseph, en Paterson (Nueva Jersey). Una operación considerada “médicamente necesaria” para su proceso de transición. En un primer momento, un miembro del personal de enfermería le comunicó que su cirugía estaba programada, pero el padre Martin Rooney, director de pastoral en el hospital, intervino para paralizarla en cuanto tuvo noticia. Rooney comunicó por correo electrónico a Conforti que su operación no se realizaría debido a la identidad religiosa de la institución. Dicha negativa, por cierto, se produjo a pesar de que el hospital, en su declaración de derechos del paciente, afirma que los servicios médicos se ofrecerán sin discriminación por identidad o expresión de género.

Se trata del hospital, además, al que Jionni Conforti llevaba acudiendo toda su vida cuando él o sus padres han necesitado asistencia, en el que jamás pensó que le pudiese ocurrir algo así, como él mismo ha declarado:

Ni el hospital ni el padre Rooney han querido hacer declaraciones al respecto. Sí lo ha hecho, y con toda claridad, Conforti: “Sentí que se me faltaba completamente el respeto como persona. No es así como un hospital debe cuidar a una persona, independientemente de quiénes sean. Un hospital es un lugar donde deberías sentirte seguro y cuidado. En cambio, yo me sentí rechazado y humillado”.

Conforti, que tres meses después de la negativa pudo acceder a la histerectomía en otro hospital, pide no solo una compensación económica, sino también que se requiera al hospital que lleve a cabo todos los cuidados médicos que necesiten sus pacientes trans en su proceso de transición para que nadie más tenga que pasar por su experiencia.

Un contexto incierto para las personas LGTB en general y trans en particular

La demanda de Conforti tiene especial relevancia en el contexto actual. La suspensión ordenada por el juez federal Reed O’Connor (de Forth Worth, Texas) de la regulación aprobada por Obama contra la discriminación de las personas transexuales en el ámbito sanitario se produce meses después de que el mismo juez paralizase otra directiva, la que obligaba a las escuelas de Estados Unidos que reciben fondos federales a respetar la identidad de género de su alumnado trans. En ambos casos, la suspensión de las políticas federales (a la espera de que tengan lugar los correspondientes procesos) tenía lugar a solicitud de varios estados gobernados por los republicanos. Todo ello en medio de una fuerte ofensiva por parte de diferentes organismos religiosos para bloquear medidas de protección a las personas trans.

A ello se une la próxima llegada de Donald Trump y su equipo a la administración federal, que augura tiempos difíciles para las personas LGTB, y muy particularmente para las personas trans. El futuro vicepresidente, Mike Pence, al que todos auguran un papel mucho más activo en la futura administración que el de sus predecesores. tuvo su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio Estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos.

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado entonces a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Una marcha atrás que dejó tocada la imagen de Pence y que seguramente fue una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta de Trump en lugar de optar a la reelección como gobernador.

Pence, de hecho, aseguró durante la campaña electoral que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias: una que obliga a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) y otra (la arriba mencionada), que obliga a las escuelas que reciben fondos federales. Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.

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Un juez de Texas ha puesto en pausa la protección contra la discriminación en los servicios médicos de las personas trans (y otros colectivos) porque los cristianos fundamentalistas dicen que les van a obligar a realizar reasignaciones y abortos como si no hubiera un mañana.

El otro día te explicábamos que un grupo católico había presentado una demanda contra la administración Obama por haber aprobado una ley que protegía a varios colectivos frente a la discriminación que podían encontrar a la hora de someterse a un tratamiento médico. La ley, evidentemente, no obliga a nadie a realizar un aborto o una reasignación de sexo; pero sí obliga al que ya los hace a no negarse a hacerlo por motivos de sexo, identidad de género, raza o cualquier cosa por la que se puede discriminar a alguien.

Los cristianos fundamentalistas, evidentemente, no lo entienden así y dicen que Obama va a obligar a los pobres médicos religiosos a hacer abortos y hacer vaginoplastias…

Pues resulta que había otra demanda, presentada por los estados de Texas, Wisconsin, Kentucky, Nebraska y Kansas, la Asociación Cristiana de Médicos y Dentistas y la Alianza Franciscana (todos bajo el amparo del grupo de presión Becket Fund), que buscaba exactamente lo mismo y un juez federal de Texas la ha admitido a trámite y ha ordenado que la norma de Obama para garantizar el derecho a no ser discriminado se ponga en pausa.

Según el juez Reed O’Connor, de Texas, la norma de Obama puede “forzar a los demandantes a violar sus creencias religiosas o a mantener políticas que parecen entrar en conflicto directo con la norma, arriesgándose a severas consecuencias.” Dice el juez O’Connor que esa medida “parece violar” el Acta de Protección de la Libertad Religiosa, y que “presiona a los demandantes a realizar reasignaciones o abortos.”

Da igual cuántas veces digas que esa norma no les iba a obligar a nada salvo a no discriminar a los pacientes y ofrecer un servicio a unos sí a otros no; ellos están empeñados en que el gobierno quiere reemplazar el “mejor juicio clínico de un doctor por agendas e interferencias burocráticas“, han dicho desde el Becket Fund. Y claro… demandar al gobierno para que te deje discriminar no es una interferencia burocrática. ¡Qué va!

Desde la Casa Blanca una portavoz ha dicho que esta decisión es un paso atrás, pero que con suerte será algo temporal dado que “todos los americanos, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual, deben tener acceso a tratamientos médicos asequibles y de calidad libres de discriminación“.

El mismo juez, por cierto, ya bloqueó hace cuatro meses la norma que obliga a los colegios públicos a permitir que los estudiantes transgénero utilicen el baño correspondiente a su identidad de género.

Pues la cosa puede ser aún peor. Porque todo este tema de las protecciones contra la discriminación se acabará resolviendo, como siempre se resuelven estas cosas en EE.UU., en el Tribunal Supremo. Y dentro de unos días Estados Unidos tendrá un nuevo presidente, Donald Trump, que además de tener un gabinete formado única y exclusivamente por personas que en algún momento han mostrado su LGTBfobia, ha dicho por activa y por pasiva que quiere poner en el Supremo a jueces que revoquen todas las leyes que protegen e igualan al colectivo.

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. 

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

En paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Obama emitió la instrucción en mayo con el objetivo de frenar la discriminación contra las personas transexuales en los centros educativos.

La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.

Nuevo episodio en la batalla por los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos. Un juez federal ha paralizado la aplicación de la directiva para que los estudiantes trans de los centros educativos públicos puedan utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La norma impulsada por la administración Obama iba a empezar a aplicarse con el comienzo del curso escolar.

El juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitió el pasado domingo una medida cautelar (preliminary injuction) que deja en suspenso, justo antes de que empiece el curso escolar, la orden de la administración Obama que insta a los centros educativos públicos a que permitan al alumnado trans hacer uso de las instalaciones acordes con su identidad. La sentencia de O’Connor es la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación el pasado mes de mayo, que indicaban a la comunidad educativa que las leyes antidiscriminación por razón de sexo deben aplicarse también a las diferentes identidades de género, una decisión que ha provocado polémica en EE.UU.

Una visión que no comparte el magistrado, que cree que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla: lo cual, en opinión de O’Connor, contradice estatutos y textos regulatorios existentes a nivel de los estados. El departamento de Educación replicó que las directrices se limitaban a aclarar la interpretación que hace la administración federal de las normativas antidiscriminación y que la retirada de fondos públicos sería solo la última medida tras un proceso judicial.

El juez federal de distrito de Fort Worth (Texas), Reed O’Connor, emitió una orden restrictiva preliminar al asegurar que los funcionarios federales no habían seguido los procedimientos adecuados a la hora de redactar la directiva. “Este caso presenta la difícil cuestión de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y los de la privacidad personal al usar los baños, duchas, vestuarios y otras instalaciones íntimas, a la vez que se garantiza que ningún estudiante está innecesariamente marginado”, afirmó O’Connor en el texto judicial.

Expertos legales consultados por The New York Times limitan el alcance de la resolución del juez O’Connor, porque no afecta a otros frentes judiciales sobre derechos trans que están abiertos actualmente. El propio magistrado, nominado en su momento por el expresidente George W. Bush, advierte de que no se ha dicho la última palabra “este complicado asunto político” y reconoce la “dificultad de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y su privacidad personal” con la garantía de que “ningún estudiante es innecesariamente marginado”.

La decisión del juez se produce después de Texas y otros doce estados apelaran contra la directiva federal por considerarla inconstitucional.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el bloqueo al asegurar que se trata de “la última extralimitación federal de la Administración del presidente Barack Obama”. “El presidente está tratando de modificar las leyes aplicadas por los representantes electos por los ciudadanos, y amenaza con retirar fondos federales de escuelas para forzarlas a cumplir”, indicó en un comunicado.

La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.

En mayo, el Gobierno de EE.UU. envió una directiva a todas las escuelas públicas del país para que permitieran a los estudiantes transexuales elegir el baño de acuerdo a su identidad de género, y recordó que la discriminación por identidad sexual está prohibida.

Desde que entró en vigor, cuando un estudiante o sus progenitores notifiquen un cambio en el género con el que el alumno se identificaba previamente, la escuela debe actuar en consecuencia y respetar esa nueva identidad

El argumento federal es que la palabra “sexo” en debates sobre cuestiones de discriminación también cubre la “identidad de género”, y defiende que los centros educativos que reciben fondos federales no pueden discriminar por razones de sexo.

Esa norma ha provocado protestas, campañas de boicot y demandas legales, especialmente en estados de tradición más conservadora.

Dos batallas legales se están librando actualmente sobre este mismo asunto. Por un lado, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch anunciaba en mayo una demanda federal contra la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, que entre otras cosas prohíbe a las personas trans escoger los baños públicos acordes con su identidad. Además, hace pocas semanas el Tribunal Supremo del país prohibió temporalmente a un adolescente trans, Gavin Grimm, poder usar el baño de chicos de su instituto. En abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito con sede en Richmond (Virginia) le había dado la razón a Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La sentencia del Supremo revoca temporalmente la de la Corte de Apelaciones y supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el alto tribunal adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

A pesar de que estos dos frentes siguen abiertos, la medida cautelar de O’Connor supone una nueva victoria para las fuerzas homófobas y tránsfobas que han hecho del derecho a usar los baños acordes con la propia identidad sexual su caballo de batalla en los últimos meses. Así lo consideran diversas organizaciones de derechos civiles que han emitido un comunicado oponiéndose al fallo del juez federal: “Una sentencia de un solo juez en un circuito no puede anular los años de jurisprudencia a nivel nacional que establecen que los estudiantes transgénero tienen el derecho a ir a la escuela sin ser discriminados”. El fiscal general de Texas, por el contrario, se ha felicitado por la medida, ya que en su opinión el presidente Obama “intenta reescribir las leyes aprobadas por los representantes del pueblo”.

Una directiva para atajar la discriminación del alumnado trans

La directiva aprobada por el departamento de Educación el pasado mes de mayo y enviada a todos los distritos escolares del país estipula que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

La estrategia del “pánico transexual”, trasfondo de la polémica

La sentencia de O’Connor, como la del Supremo hace unas semanas, supone un cierto jarro de agua fría para las organizaciones LGTB. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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