• Creación de entornos seguros para los menores y otras personas con un enfoque en el que dichos menores y personas vulnerables sean protagonistas y no meros objetos de intervención.

• Asegurarse de que cualquier denuncia de abusos sexuales de menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia Católica es investigada con la mayor celeridad posible, poniendo rápidamente en conocimiento del poder judicial los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y colaborando en su investigación al tiempo que desarrollan, cuando proceda, la investigación canónica correspondiente.

• Asegurarse de que cualquier sacerdote, religioso o agente de pastoral que es acusado de abusos es apartado de sus funciones hasta que se resuelva la investigación del caso.

• Asegurarse de que las víctimas que han denunciado en el pasado o que denuncian nuevos casos reciben el apoyo psicosocial que necesitan y acceden con el mayor grado de transparencia posible a los datos y documentos relativos a su caso.

• Asegurarse de que en ningún caso las medidas de reparación o, en su caso, las indemnizaciones recibidas por las víctimas de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia se condicionan a un pacto de silencio sobre los hechos.

• Establecer unos baremos para dichas medidas de reparación y, en concreto, indemnizaciones que garanticen que sean adecuadas, dignas y proporcionadas y que no supongan una ofensa y una revictimización.

• Abstenerse de utilizar, en los casos de abusos sexuales de menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia, tácticas de defensa judicial o extrajudicial agresivas, que supongan el menoscabo, el desprestigio o la desacreditación de las víctimas, exponiéndolas así a un nuevo proceso de victimización.

“Esperamos que los obispos y superiores y superioras religiosas españoles sepan escuchar el clamor del Pueblo de Dios. Especialmente, el clamor de las víctimas”, finaliza la nota, que vuelve a pedir perdón a las víctimas y les muestran su compromiso “de abrir nuestros propios espacios de escucha y acompañamiento, en la medida de nuestras posibilidades”.

Carta abierta a la Conferencia Episcopal Española

2022 debe ser un año de verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica española

Las asociaciones, comunidades y colectivos de personas cristianas de base, así como las personas individuales abajo firmantes, queremos manifestar, en este comienzo del año nuestro deseo y nuestra exigencia de que 2022 sea el año en que la Iglesia Católica Española pase de las tinieblas a la luz y proporcione a las víctimas de abusos sexuales en su seno la verdad, la justicia y reparación que merecen y necesitan y que por tanto tiempo les han sido negadas. Esta negación ha supuesto una nueva victimización que se prolonga en el tiempo y que no hace sino aumentar su sufrimiento y multiplicar el horror.

Los abusos sexuales, especialmente los que se cometen contra menores y personas vulnerables, son una grave violación de los derechos humanos, un gravísimo delito y un horrendo pecado(“Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar” -Mt, 18,6-). Son, ante todo, un daño inmerecido e injustificable que ha condicionado la vida de personas inocentes hasta el punto de conducir a algunas de ellas hasta el suicidio ante el silencio, la indiferencia y la cobardía de muchos.

La falta de investigación sobre estos abusos y su negación o minimización por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica española, especialmente por parte de la Conferencia Episcopal Española, es una vergüenza absoluta, una ofensa al Evangelio(“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” -Jn, 8, 32-) y un gravísimo pecado de omisión. Constituye además, en muchos casos, un delito de encubrimiento.

Todo ello contrasta con lo que ha ocurrido en otros países, en que los pasos dados han reconfortado a las víctimas sin suponer con ello el fin de la Iglesia, sino precisamente todo lo contrario: el camino hacia la recuperación de la confianza en una institución que debe ser coherente con los valores que la fundamentan y con el acompañamiento de las personas que sufren.

Las asociaciones, comunidades y colectivos de personas cristianas de base abajo firmantes queremos hacer un acto de contrición y pedir perdón a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica española, pues somos conscientes de que hemos guardado silencio por demasiado tiempo y a menudo hemos ignorado el horror que vivieron y el terrible dolor que les causó. Nosotros también hemos pecado de omisión. Este manifiesto busca activamente ese perdón y aspira a ser una muestra de solidaridad, un abrazo cariñoso y arrepentido a nuestros hermanos que no hemos sabido escuchar, abrazar e intentar sanar.

Nadie conoce verdaderamente la magnitud de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en nuestro país. Existiendo estudios cualitativos y cuantitativos limitados por parte de diversas Universidades españolas (UPV, UOC, UB, UPNA), tristemente, el recuento más completo es el que realiza el diario El País, gracias en buena parte al empeño y coraje de los periodistas Julio Núñez e Íñigo Domínguez, quienes en octubre de 2018 comenzaron a bucear en ese mundo de dolor y vidas rotas en el que viven buena parte de las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.

Según sus datos, desde los años treinta ha habido en España al menos 602 casos de sacerdotes, religiosos y laicos ligados a la Iglesia que abusaron de la confianza y la inocencia de 1.237 menores. Muchos más de los 220 admitidos a regañadientes por la CEE y muchos menos de los que, según todos los expertos en el tema, realmente existen. Tristemente, estas cifras no son más que la punta del iceberg de un drama que se alimenta del silencio y la ocultación.

Cuando el alcance sistemático de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos e Irlanda empezó a ser conocido a finales de los años 90 y comienzos de este siglo, la Iglesia española -como muchas otras- adoptó una actitud defensiva hacia el tema, alegando que nuestro país era diferente.

Esa actitud defensiva no ha cambiado, a pesar de que sucesivos escándalos de abusos han ido afectando a un país tras otro, tanto en el mundo anglosajón -Australia- como en Europa -Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Polonia- como en América Latina -Chile, Colombia, México-. El jesuita Hans Zollner, uno de los hombres de confianza del papa Francisco asegura que los abusos dentro de la Iglesia Católica son un problema tristemente universal.

Los pasos dados por algunas instituciones católicas -diócesis y órdenes religiosas- para investigar algunas denuncias de abusos, prestar atención a las víctimas y crear protocolos de protección a menores, aun siendo positivos, son tremendamente insuficientes y se han tomado solo después de que la valiente denuncia de unas decenas de víctimas y la presión mediática y social generada por ellas haya puesto el tema de los abusos dentro de la Iglesia Católica en un plano destacado para la opinión pública. No basta decir que existen oficinas para las víctimas y protocolos de prevención, sin escuchar qué opinan las víctimas de dichas oficinas y de dichos protocolos que ni siquiera incluyen la palabra “reparación”.

Todo este drama tiene mucho que ver con una cierta concepción de la Iglesia basada en el concepto de jerarquía y en el poder del estamento clerical. Una concepción que nada tiene que ver ni con la idea de Pueblo de Dios ni con el Evangelio (“Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos” -Mc 9,35-). Por eso, la llamada a que se haga la luz en los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia es también una llamada a otro modelo de Iglesia. Un modelo más horizontal basado en el concepto de Pueblo de Dios que estableció el Concilio Vaticano II.

En 2022, cuando se cumplen 20 años de la serie de reportajes del Boston Globe que terminó de desenmascarar la realidad de los abusos en la Iglesia estadounidense, y tres desde la cumbre anti-pederastia es imprescindible que la Iglesia española pase de las tinieblas a la luz en el tema de los abusos. Y es hora de que todos hagamos lo que esté en nuestra mano para que esto suceda. Porque, como dice el proverbio chino, “vale más encender una vela que maldecir en la oscuridad”.

Por eso, parafraseando humildemente a San Óscar Romero, arzobispo mártir de San Salvador por denunciar la represión que sufría su pueblo, le suplicamos, le rogamos, le exigimos a la Iglesia española que cese la ocultación de los abusos y que establezca medidas eficaces de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para sus víctimas y para la protección de los menores.

Esa petición y exigencia debería concretarse en los siguientes puntos:

1. Creación de una Comisión de la Verdad, financiada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Confederación de Religiosos de España (CONFER) pero con un mandato independiente que investigue la verdadera magnitud de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Española. Dicha comisión debe seguir el ejemplo de lo que se ha hecho en otros países como Irlanda, Alemania, Estados Unidos o, más recientemente, Francia; y de la Iglesia portuguesa, que ha anunciado que creará esa comisión a lo largo de los próximos meses.

2. Creación de una oficina centralizada, financiada por la CEE y la CONFER, que establezca criterios unánimes de actuación y revise la adecuación de los protocolos de actuación de las diócesis y las órdenes religiosas españolas en materia de abusos sexuales a menores y otras personas vulnerables. Dichos criterios de actuación deben ser coherentes con las normas promulgadas durante los últimos años por el Vaticano y han de cubrir los siguientes aspectos:

• Tramitación e investigación de las denuncias de abusos, referidas tanto a hechos actuales como a hechos sucedidos en el pasado.

• Atención y acompañamiento psicosocial a las víctimas de abusos.

• Medidas de reparación y, en concreto, de indemnización a las víctimas, garantizando el principio de igualdad en su acceso y prestación.

• Creación de entornos seguros para los menores y otras personas con un enfoque en el que dichos menores y personas vulnerables sean protagonistas y no meros objetos de intervención.

3. Mientras se dan los pasos para la puesta en marcha de esta comisión y esta oficina, los obispos y los y las superioras religiosas españolas deben poner en marcha algunas medidas de extrema urgencia:

• Asegurarse de que las declaraciones públicas de sus portavoces en ningún caso minimizan o relativizan la realidad de los abusos sexuales de menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia Católica y el sufrimiento de las víctimas.

• Asegurarse de que cualquier denuncia de abusos sexuales de menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia Católica es investigada con la mayor celeridad posible, poniendo rápidamente en conocimiento del poder judicial los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y colaborando en su investigación al tiempo que desarrollan, cuando proceda, la investigación canónica correspondiente.

• Asegurarse de que cualquier sacerdote, religioso o agente de pastoral que es acusado de abusos es apartado de sus funciones hasta que se resuelva la investigación del caso.

• Asegurarse de que las víctimas que han denunciado en el pasado o que denuncian nuevos casos reciben el apoyo psicosocial que necesitan y acceden con el mayor grado de transparencia posible a los datos y documentos relativos a su caso.

• Asegurarse de que en ningún caso las medidas de reparación o, en su caso, las indemnizaciones recibidas por las víctimas de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia se condicionan a un pacto de silencio sobre los hechos.

• Establecer unos baremos para dichas medidas de reparación y, en concreto, indemnizaciones que garanticen que sean adecuadas, dignas y proporcionadas y que no supongan una ofensa y una revictimización.

• Abstenerse de utilizar, en los casos de abusos sexuales de menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia, tácticas de defensa judicial o extrajudicial agresivas, que supongan el menoscabo, el desprestigio o la desacreditación de las víctimas, exponiéndolas así a un nuevo proceso de victimización.

Esperamos que los obispos y superiores y superioras religiosas españoles sepan escuchar el clamor del Pueblo de Dios. Especialmente, el clamor de las víctimas.

Mientras eso se produce, les ofrecemos a las víctimas, con toda humildad, toda indignación y toda admiración hacia aquellas que, a pesar de todo, se han atrevido a denunciar estos crímenes horrendos, nuestra solidaridad y nuestro abrazo. También el compromiso de abrir nuestros propios espacios de escucha y acompañamiento, en la medida de nuestras posibilidades.

Alandar

Revuelta de Mujeres en la Iglesia

Redes Cristianas

Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP)

Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina

P.D.: Invitamos a todas las asociaciones, comunidades y colectivos cristianos, así como a todas las personas de buena voluntad a que se sumen a esta petición. Lo pueden hacer a través de este link: https://bit.ly/cartaabiertaabusos.

Fuente Religión Digital