La activista trans hondureña y defensora de DDHH Gabriela Redondo vive con medidas de seguridad por amenazas contra su vida.

Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y directora del Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, Gabriela Redondo, fue detenida el sábado 11 de abril por la policía del país centroamericano cuando salió a buscar alimentos a pocos metros de su casa. La supuesta acusación fue incumplir un toque de queda impuesto por el gobierno para intentar frenar más brotes de coronavirus.

Tras pasar varias horas retenida en la calle, la trasladaron a la delegación de tránsito de la policía. Durante todo el tiempo que fue detenida no pudo ser asistida por ningún abogado. Al ser liberada, Gabriela Redondo denunció públicamente que se trata de una detención injustificada y arbitraria. Las organizaciones dicen que no es un caso aislado y que están recibiendo varias denuncias de hostigamiento contra personas trans por parte de las fuerzas de seguridad.

 La activista trans conversó con Presentes y contó que ese día salió de su casa, situada en la industrial San Pedro Sula (338 kilómetros al noroeste de la capital) porque estaba sin comida y sin dinero. Se dirigía a unos metros desde su lugar de habitación hacia donde su hermana, que le ofreció alimentos.

“Las fuerzas de seguridad vulneran derechos de trans”

“Iba saliendo del pasaje de mi casa y la policía estaba a dos cuadras deteniendo. Pensé que no me iban a detener porque solo iba a la vuelta de mi casa. Y le dije al policía que solamente iba a traer comida. Me dijo que me parqueara, me preguntó si tenía algún salvoconducto para estar en la calle, me tuvieron varias horas ahí, sin decirme nada”, relató a Presentes.

El gobierno del conservador Juan Orlando Hernández decretó el 23 de marzo un toque de queda absoluto en todo el territorio de Honduras con el fin de contener la transmisión del virus. La medida ha sido ampliada hasta el 19 de abril. Cifras oficiales estiman que en Honduras más 6.000 personas han sido detenidas por incumplir el toque queda y unos 2.000 vehículos han sido confiscados por las autoridades.

“El policía parecía que quería que yo me alterara y así justificar que me agrediera. Me dijo que yo le había tomado una foto y por ese motivo iba a hacer todas las gestiones para detenerme”, recordó.

“La detención de la activista en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, no es un caso aislado y se suma a las decenas de denuncias que hemos recibido donde las Fuerzas de Seguridad vulneran y violan los derechos de las personas trans que salen de sus hogares busca de alimentos o con el objetivo de asistir a otras personas en situación de vulnerabilidad”, denunció en un comunicado la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans – RedLacTrans. Las activistas exigen a los Estados incorporar la perspectiva de géneros en las estrategias de respuesta a la pandemia.

🚨URGENTE🚨
La activista trans y referente de REDLACTRANS para Honduras, Gabriela Redondo fue capturada por las fuerzas de seguridad al salir a la calle a comprar sus alimentos.#Urgente#SoSHonduras
Estaremos ampliando… pic.twitter.com/VMSxGe2Ilt

— OTRANS Guatemala (@InfoOTRANS) April 12, 2020

Discriminada por policías por su identidad de género

Gabriela Redondo lamentó que los policías que la detuvieron también vulneraron su derecho a ser reconocida de acuerdo a su identidad y expresión de género. Fue llamada por el nombre registrada en su licencia de conducir.

“Ellos hicieron burla del nombre de Gabriela, me llamaban con el nombre del documento de identidad. La Asociación ha capacitado a las fuerzas policiales sobre los derechos de la población trans de Honduras. Me hicieron pasar tanta pena, tanta vergüenza, tanta humillación y tanta discriminación solo por fastidiarnos la vida”, recalcó.

El congreso hondureño estudia desde 2018 un anteproyecto de ley de identidad de género, pero a la fecha continúa con pocos avances.

“Le pedimos al Estado que nos apoye con la ley de identidad de género para no sufrir discriminación con las personas que por tener un uniforme y arma se creen superior a uno y juegan con nuestra dignidad”, señaló Gabriela.

Miedo a represalias

Después de sufrir amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos de la población trans del país centroamericano, Gabriela tiene medidas de seguridad. Tras esta detención tiene miedo de sufrir ataques de la policía en represalia por las denuncias públicas que realizaron organizaciones sociales sobre su retención injustificada.

“La policía me escoltó hasta la casa para cuidarme, pero siento que es conocer donde yo vivo y posiblemente después en civil, atacarme o buscarme porque no lograron el objetivo de tenerme detenida 24 horas como esta estipulado. Es temor, miedo de que ellos sepan dónde yo vivo, por mi vida y la de mi familia”, denunció Gabriela.

Desde que entró en vigencia el toque de queda y el cierre de los mercados y comercios, se han registrado protestas en la capital Tegucigalpa debido al desabastecimiento de alimentos para la población. Hernández ordenó que los militares salgan a las calles para reprimir las manifestaciones. Se estima que unas tres personas fueron heridas durante el desalojo.

La @CoalicionLGBTTI se pronuncia por el arresto de la activistavtrans Gabriela Redondo en Honduras#Urgente#SoSTrans pic.twitter.com/YQ0K77yjAt

— OTRANS Guatemala (@InfoOTRANS) April 12, 2020

Población trans vulnerable en la crisis sanitaria

La Asociación Feminista Trans-AFET denunció que las condiciones de subsistencia de mujeres trans en Honduras ha llegado a niveles insostenibles debido a que muchas sobreviven gracias al trabajo sexual que realizan en las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Los problemas que enfrentamos en esta crisis es porque muchas chicas trabajan el diario para su gasto y ahora no pueden salir a las calles. No tienen alimentación, para el pago de la renta de donde viven. Nosotras queremos ayudarlas, pero no podemos salir a las calles para apoyarlas, eso nos pone en riesgo como lo que me sucedió ayer porque la policía siempre quiere agredirnos”, señaló Gabriela.

“Le pido al Estado hondureño que cumpla lo que han prometido para que la gente no ande en la calle pidiendo o buscando su pan de cada día, que les den las bolsas solidarias o la bolsa Honduras solidaria donde supuestamente están dando un saco de alimentación. A nosotras como mujeres trans no estamos incluidas porque supuestamente es solo para familias y nosotras no tenemos familia”, puntualizó Gabriela.

Honduras reporta al día 12 de abril 393 casos confirmados de coronavirus y 25 personas fallecidas.

En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele, también ha sido denunciado por organismos de derechos humanos y por la misma Corte Suprema de Justicia, quien le ha ordenado abstenerse de realizar detenciones de personas que hayan incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria. Unas 1,716 personas en El Salvador han sido detenidas y enviadas a un centro de contención durante 30 días.

Fuente Agencia Presentes

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Por Paula Rosales

La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.

Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.

El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.

Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.

“La población LGBTI está muy preocupada respecto a estas más recientes señales de autoritarismo que ha mostrado el presidente Bukele. Siempre que se trata de políticas de militarización de la vida pública es la población LGBTI una de las que queda más expuesta a sufrir abusos de parte de los militares”, dijo a Presentes Roberto Zapata, de la asociación AMATE.

El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.

“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Un episodio oscuro

Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.

El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.

“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.

Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).

“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.

Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.

“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.

El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.

Fuente Agencia Presentes

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