En contadas ocasiones tenemos la oportunidad de dar noticias positivas de países como Zimbabue, presidido por uno de los líderes más virulentamente homófobos del mundo. La justicia de este país anuló el pasado lunes, por constituir una discriminación injustificada basada en la orientación sexual, el despido de un funcionario acusado de homosexualidad.

Los hechos se remontan al año 2013. Raymond Sibanda, funcionario del ministerio de Juventud y Desarrollo Económico, fue arrestado en una redada contra una fiesta de Navidad organizada por la Asociación de Gais y Lesbianas de Zimbabue (GALZ) en un hotel de Bulawayo. Tras someterse a una audiencia disciplinaria, Sibanda fue declarado culpable de mala praxis y despedido de su trabajo por “faltar el respeto y desprestigiar al ministerio” al participar en actividades “indecentes”.

El funcionario apeló la sentencia el pasado mes de septiembre ante el Tribunal Laboral, la más alta instancia judicial del país para casos relacionados con el mundo del trabajo. El acusado consideraba que la autoridad que lo juzgó carecía de pruebas de su participación en actos de naturaleza homosexual. Argüía además que el pago de la multa impuesta no implicaba una aceptación de culpabilidad por ese motivo.

Un mes después, la jueza Evangelista Kabasa ha fallado a favor de Sibanda. La magistrada sentenció que nadie puede ser despedido de su trabajo en base a su orientación sexual y que en asuntos morales no hay “un bien o un mal absolutos”. Los abogados del Gobierno presentes en la causa respaldaron la decisión de Kabasa e incluso reconocieron que su tarea era la de transmitir un mensaje claro: “el Gobierno no apoya las actividades homosexuales”.

Los activistas LGTB han acogido con satisfacción el fallo, que consideran un “hito”. Dos son los criterios sobre los que se podría sentar jurisprudencia: por una parte, como explicaba Mojalifa Mokoele, “el despido de alguien en base a su orientación sexual es inconstitucional”. Además, de manera general, “la discriminación contra personas por su orientación sexual o identidad de género percibidas no está justificada en una democracia”, añadía el abogado Nqobani Nyathi.

Un presidente y una sociedad profundamente homófobos

Mugabe recibido por el papa

A pesar de esta pequeña victoria, la situación de las personas LGTB en Zimbabue es como bien sabemos muy delicada. La ley persigue toda actividad percibida como homosexual, sea pública o privada, como corresponde a la bien conocida homofobia del presidente Robert Mugabe, que por otra parte encuentra respaldo en buena parte de la población del país.

Hemos recogido numerosos ejemplos. A principios de 2014 Mugabe daba su respaldo a la entonces recién aprobada ley ugandesa contra la homosexualidad y amenazaba a los activistas LGTB locales. En 2013, en su última campaña electoral, prometió convertir Zimbabue en un “infierno para los homosexuales”, amenazó a gais y lesbianas con “cortarles la cabeza” y los tachó de ser “peores que los perros y los cerdos”, porque “el cerdo macho conoce a la hembra”. De hecho, no ha sido hasta este mismo año cuando pudimos publicar la primera noticia positiva de Zimbabue: la decisión de introducir medidas de prevención del VIH entre la población reclusa masculina.

Lo cierto es que en cuanto a declaraciones homófobas de Mugabe, tenemos un amplio repertorio para elegir: calificó de “satánica“ la propuesta de David Cameron de asociar la ayuda británica al desarrollo al respeto de los derechos LGTB y unos meses después, mandó al mandatario europeo “al infierno“ por la misma causa. Antes había calificado a la homosexualidad de “inmundicia europea“. Otra de sus ocurrencias fue acusar a los gais de perjudicar los derechos de las mujeres. Y no han sido sus únicos exabruptos.

Fuente Dosmanzanas

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