La ley ha superado hoy su último paso, el definitivo, en el Congreso, que en una misma sesión ha respaldado también la reforma del aborto. Conocida popularmente como Ley Trans, la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuyo corazón y punto más polémico es la autodeterminación de género, ha sido respaldada por la mayoría de grupos.

La norma ya fue aprobada en la Cámara Baja el pasado diciembre y tras pasar por el Senado los grupos han votado solo las enmiendas que quedaban vivas. El visto bueno se produce cinco años después del primer intento de dar luz verde a la autodeterminación, en ese caso impulsada por el PSOE, y tras dos años desde que el Ministerio de Igualdad presentara un primer borrador de texto, del que el ala socialista del Gobierno se distanció al momento. El debate sobre si las personas trans deben poder modificar su sexo legal sin requisitos se enquistó en el seno del Ejecutivo, pero finalmente acabó imponiéndose la versión legislativa defendida por Irene Montero y la autodeterminación, una lucha histórica de las personas trans, será una realidad en España.

La mayoría de la cámara ha defendido el texto aprobado como un avance de derechos para las personas LGTBI y especialmente para las personas trans que aún hoy enfrentan elevados niveles de discriminación, algo que han recordado varios grupos. Un 63% de ellas en España ha sufrido discriminación en su vida cotidiana y cuatro de cada diez se han encontrado con obstáculos a la hora de buscar un empleo, según la última macroencuesta europea. Además, otros datos apuntan a que un tercio de las personas LGTB no va a algunos lugares por miedo y la mitad de quienes tienen pareja evita darse la mano en público.

“Un hito histórico en la lucha para los derechos de las personas trans”, se ha referido a la norma Bel Pozueta, de Bildu. “Un país donde las personas LGTBI pueden ser sin miedo es un país mejor, debemos tenerlo claro. Y es también una lucha feminista, antirracista y por la justicia social”, ha añadido Mar García Puig, diputada de En Comú Podem. Para el peneuvista Joseba Agirretexea se trata de una ley que “va a dotar de derechos a gente que no los tenía” y que “no va contra nadie, no resta sino que suma, no divide sino que pretende multiplicar a pesar de lo que digan algunas personas y colectivos”.

Y es que la aprobación de la norma se ha producido entre la celebración de los colectivos LGTBI y parte del feminismo, que ven en ella una conquista social histórica, y la oposición de otra parte del movimiento, que argumenta que colisiona con los derechos de las mujeres. Una idea cuyos ecos solo los defienden hoy como partido en el Congreso el Partido Popular y Vox y que rechazan de plano los aliados parlamentarios.

Para el PSOE,  en palabras de la diputada Raquel Pedraja ha utilizado su turno para celebrar que la ciudadanía “ve hoy mejorados sus derechos y que España es un país mejor, más justo y más igualitario”. La socialista ha enumerado varias medidas de la norma, entre ellas el estudio del sexilio o el sinhogarismo LGTBI o la obligación de que las empresas cuenten con planes de igualdad, incluidas “gracias al trabajo del PSOE” vía enmiendas, ha añadido Pedraja, que no ha hecho ninguna referencia al cambio de sexo legal.

Ésta ha sido  la votación en el congreso rechazando las enmiendas a la ley trans .

El procedimiento que establece la nueva legislación cambiará en España. Si hasta ahora, en base a la ley de 2007, las personas trans debían aportar un informe que les diagnosticara disforia de género y que acreditara dos años de hormonación obligatoria para poder modificarlo, ahora estos requisitos se eliminarán. Y se regulará en tres tramos: sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 y con aval judicial para los que tienen entre 12 y 14. El proceso dependerá de una doble comparecencia, ya que la solicitud debe repetirse a los tres meses.

Una regulación que ha desatado enormes diferencias entre los socios del Gobierno hasta el punto de parecer irreconciliables. Los socialistas defendían que la norma debía dotarse “de mayor seguridad jurídica” y llegaron a proponer que el proceso se llevara a cabo con testigos, pero al final aceptaron la autodeterminación de género sin condiciones. Las cesiones de Igualdad pasaron por circunscribir el cambio de sexo legal a los mayores de 12 años, pues en su primer borrador no había límite de edad, y que los que tienen entre 12 y 14 necesiten la autorización del juez, así como vetar el reconocimiento de las personas no binarias que también se contemplaba tímidamente en el texto que salió del departamento de Irene Montero.

Estas son algunas de las “cuestiones pendientes” que han reclamado algunos partidos como ERC o Junts, para los que la norma se queda corta en este sentido. “No ha servido de nada recordar que los convenios internacionales piden que no haya límites de edad en la autodeterminación”, ha lamentado la parlamentaria de Junts Pilar Calvo.

Tanto PP como Vox han sido claros en su oposición a la ley, que la extrema derecha ha prometido derogar “si Dios quiere” desde el Gobierno, ha asegurado la diputada María de la Cabeza Ruiz, que ha advertido de que la nueva regulación “destrozará para siempre la vida de muchas personas, niños y familias” y ha acusado al Ejecutivo de “fomentar la transexualidad” y empujar a los menores a “mutilar su cuerpo”. Un punto al que ha respondido después Irene Montero: “Dejen de decir que vamos a obligar a los niños a hormonarse, es mentira, precisamente lo que hace esta ley es desvincular el reconocimiento de la identidad de esta obligación, que es lo que exigimos ahora a las personas adultas”.

Por su parte, los populares también han advertido de las “consecuencias graves” que a juicio de María Jesús Moro conllevará la norma cuando entre en vigor y ha apelado a “mirar a Escocia”, donde la primera ministra Nicola Sturgeon ha dimitido tras caer su popularidad entre otras cosas por la aprobación de la ley de autodeterminación de género en el país, donde las quejas han arreciado tras el caso de una mujer trans condenada por violar a dos mujeres trasladada a una prisión femenina. “Y su dimisión ¿para cuando ministra?”, le ha lanzado Moro a Montero, que ha definido la norma como “un remake de la ley del sólo sí es sí” que traerá consigo “un nuevo e insoportable conteo de víctimas”.

Además del cambio de sexo legal, la legislación despliega un marco integral de medidas. Entre ellas, el fin del matrimonio obligado para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, la prohibición de las terapias de conversión, protocolos para las personas trans e intersexuales en el ámbito de la salud, la obligación de impulsar planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores o el fomento de encuestas y estudios sobre la situación de las personas LGTBI.

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Fuente El Diario/FELGTBI+