Uno de los jóvenes pudo constatar lesiones, mientras el segundo, ha sido impedido de ello y está preso en Santiago 1.
Los abusos han ocurrido en el marco del Estado de Emergencia. Movilh prepara acciones legales.
Durante los ocho días consecutivos de protestas en Santiago y otras ciudades de Chile, las redes sociales han funcionado para compartir imágenes de marchas multitudinarias, evidencia de represión policial, carteles ingeniosos, avisos de personas desaparecidas y detenciones arbitrarias. Pero también han servido como plataforma para denunciar vejámenes de índole sexual a mujeres y a personas de la comunidad LBTIQ+, como amenazas de violación, de tocación, penetración vaginal o anal con objetos o armas, golpizas, desnudamientos e insultos.
Josué Maureira, 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, es una de estas víctimas. Desde el 21 de octubre estuvo desaparecido. Su foto fue compartida más de 70 mil veces en redes sociales. Anoche escribió desde su Facebook que fue liberado de la cárcel Santiago 1, donde estuvo seis días encarcelado ilegalmente. “Fui sometido a torturas y violencia sexual por parte de varios carabineros de la 51 comisaría de PAC (Pedro Aguirre Cerda)”, escribió Maureira. Acusó a tres uniformados: Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez y dejó claro que otros funcionarios de esa misma comisaría lo amenazaron de muerte.
“Maricón culiao” le gritaron incontables veces al interior de ese cuartel, mientras lo golpeaban sin piedad en el calabozo. Luego de llevarlo a constatar lesiones, donde -sin siquiera revisarlo- indicaron que tenía lesiones leves, lo devolvieron al cuartel en Pedro Aguirre Cerca a registrar sus huellas. Allí, entre amenazas, le preguntaron “si era maricón”, ante lo que el estudiante de medicina respondió que sí, que era homosexual.
“De ahí en adelante, empezaron a golpearme con mucha más fuerza. Me obligaron a gritar que era maricón ante toda la comisaría, entremedio de golpes”, cuenta el joven a El Desconcierto. “Me rompieron la ropa, me bajaron los pantalones. Esto culmina en un hecho que me daña y me duele mucho: introducieron una luma dentro de mí, y me decían “maricón, te gusta por el hoyo”. Me preguntaban si me gustaba. Había un odio tácito por mi orientación sexual”, relata.
Los policías habrían permitido que otro de los imputados allí recluido lo golpeara, sin que ellos intervinieran en la golpiza. Luego de todos estos graves atropellos, el joven fue trasladado hasta el penal Santiago 1. Específicamente al módulo 4, donde debió convivir con otros 104 reclusos, hasta que este viernes fue liberado. En ese lugar, personal de Gendarmería se habría preocupado de su seguridad, señala.
Una querella que invoca la Ley Zamudio
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta ahora denuncia al menos 18 muertos y 3.162 detenidos -343 niños, niñas y adolescentes y 545 mujeres y 2.150 hombres- presentó ayer una querella por este caso, por los delitos de tortura con abuso sexual. Como Moureira es gay, la acción legal también considera la agravante de discriminación contenida en la Ley Zamudio.
“La víctima, estudiante universitario, relató a los observadores del INDH que el 21 de octubre pasado, mientras se trasladaba por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ingresó a un supermercado a entregar primeros auxilios a personas que se encontraban en su interior mientras se desarrollaban incidentes en el recinto. En la confusión de los hechos, Carabineros lo detuvo de manera violenta, propinándole golpes de bastón, puños y patadas. Producto de la golpiza, el joven perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado hasta la comisaría. Luego de recuperar la conciencia, se le informó que fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado. Pese a que ya se encontraba detenido, fue golpeado e insultado por su condición homosexual. Incluso, fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo”, detalló el organismo en un comunicado de prensa.
El organismo acusó que al momento de la formalización, el estudiante no habría sido debidamente entrevistado por el defensor público que le fue asignado y tampoco por los jueces, por lo que no habría podido denunciar todas las vejaciones que sufrió en la comisaría.
El INDH presentó este sábado una querella por los delitos de tortura con abuso sexual en contra de efectivos de Carabineros. Esta acción legal considera la agravante de discriminación por orientación sexual, que incluye la Ley Zamudio. Desde la misma institución detallaron que los delitos de tortura sexual son considerados -en todo el mundo- como uno de los atropellos más graves a los Derechos Humanos de las personas.
En este punto coincide la diputada Natalia Castillo (RD), quien calificó esta denuncia como “gravísima”, dado que ningún Estado de Excepción autoriza las graves vulneraciones vividas por Josué. “Las víctimas de violencia sexual tienen derecho, además de que se haga justicia, a tener una debida reparación. Y al ser además en razón de su orientación sexual o expresión de género, esto se cruza con la vulneración de otros derechos fundamentales”, señala la parlamentaria, que ha promovido una agenda LGBTI en el Congreso.
Castillo espera que los uniformados involucrados en las agresiones sean “debidamente sancionados” y anunció que pedirá que se revisen los actuales protocolos de Carabineros y la formación en Derechos Humanos, temas de género y respeto a la diversidad sexual. La diputada además mencionó que no se trata de casos aislados, dado que desde que comenzaron las intensas protestas se han conocido varias hechos similares. Según el último informe del INDH, se denunciaron 15 casos de violencia sexual en todo el país.
Josué Maureira
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también se hizo eco su caso y de otro donde la víctima es un joven gay de 21 años que salió a comprar pan y fue detenido cuando observaba disturbios y saqueos en un supermercado. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización, denunció que “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. Acto seguido, le propinaron golpes de pies, puños y con objetos contundentes y lo desnudaron, mientras le lanzaban insultos homofóbicos” en la 11 Comisaría de Lo Espejo. “Cuando pidió constatar lesiones, no se lo permitieron. Al otro día, en tribunales no escucharon su versión de los hechos, y lo mandaron a Santiago 1”, apuntó el Movilh. También dijo que lo desnudaron. Por ahora permanece en la cárcel Santiago 1 “sin que la Defensoría presente hasta ahora recurso de amparo alguno”.
“Aquí hay un modus operandi de apremios ilegítimos y torturas homofóbicas policiales. Hay fuerzas del orden actuando con total impunidad para liberar su desprecio por los derechos humanos y también, en estos casos, para canalizar con golpizas su homofobia. Dado que la Defensoría nada hecho en el caso del joven preso en Santiago 1, próximamente presentaremos acciones legales”, apuntó el Movilh. “Llamamos al Gobierno de Chile a implementar con carácter de urgencia todas las medidas para cesar con las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo bajo el amparo del Estado de Emergencia o el toque de queda”, finalizó el Movilh.
“Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal”
La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) registra al menos 12 denuncias de violencia sexual a mujeres y adolescentes por parte de Carabineros y de uniformados del Ejército, que permanecen en las calles desde el 19 de octubre, cuando el gobierno decretó Estado de Emergencia para tratar de controlar una ola de saqueos e incendios en supermercados y varias estaciones de metro.
Estos casos son adicionales a los que maneja el INDH, dijo a Presentes Rebeca Zamora, socia de Abofem y miembro de la Comisión de Litigación Estratégica a cargo de la coordinación nacional de representación judicial a víctimas de violencia sexual en el contexto de estas manifestaciones.
Lo que más han visto son desnudamientos, algo que escapa al protocolo de Carabineros al momento de una detención. “Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal para ver si es que tienen algún objeto. Eso está completamente al margen de nuestro derecho nacional y del derecho internacional”, explicó Zamora.
Víctimas que siguen recibiendo amenazas
Dos lesbianas de la región de Antofagasta, en el norte del país, se cuentan entre estas víctimas. Según Zamora, fueron detenidas durante una manifestación porque caminaban de la mano. Ya están en libertad, después de ser agredidas por uniformados. “No podemos revelar la identidad de quienes hacen estas denuncias por respeto y porque la confidencialidad es parte del éxito en la investigación de estos casos. Hay víctimas que están muy asustadas todavía, algunas siguen recibiendo amenazas o están siendo intimidadas para que no denuncien”, contó la abogada durante una jornada de asesoría legal a mujeres heterosexuales y de la comunidad LBTIQ+ realizada este sábado. Zamora está segura de que el número de casos seguirá aumentando con el paso de los días.
Negación por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Esta mañana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, negó haber recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas de la última semana. “Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman, porque necesitamos que sean organizaciones que garanticen autonomía”, dijo Plá. Sus declaraciones surgen luego de que el INDH presentara tres querellas por abusos sexuales, que habrían sido realizado por policías y militares.
Fuente Agencia Presentes/MOVILH/El Desconcierto
Foto 1: Josean Rivera
General, Homofobia/ Transfobia.
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La iniciativa, impulsada por la diputada Marzán y el Movilh, cuenta con patrocinio parlamentario transversal y busca igualar la edad de consentimiento sexual de homosexuales y heterosexuales. En la actualidad la primera está fijada en 18 años y la segunda en 14 años.
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