Obispos inmisericordes, obispos que señalan con el dedo para que otros nos persigan, acosen, asesinen… El beso de Judas de nuevo en vigor…

A los obispos católicos de Malawi no les gusta nada que el gobierno de ese país haya declarado una moratoria en la aplicación de las leyes que criminalizan las relaciones homosexuales. Así lo han expresado en la carta pastoral sobre la situación del país que acaban de hacer pública.

Para la Conferencia Episcopal de Malawi, la homosexualidad es uno de los principales problemas del país. En concreto, y según el orden en el que la carta pastoral los enumera, el segundo, solo precedido por la “campaña proaborto”. El “hambre persistente” aparece, por ejemplo, en el número 10 de la lista.

Con independencia de este pequeño detalle, el contenido del fragmento que los obispos de Malawi dedican a la homosexualidad es realmente grave. Tras comenzar alertando sobre el peligro que para la familia tradicional suponen las campañas en favor de los derechos de las personas homosexuales, los obispos de Malawi reiteran la doctrina oficial de la Iglesia sobre el tema, asegurando que “la condición homosexual es desordenada, pero no pecaminosa en sí misma” y que son los actos homosexuales los que son “objetivamente perversos y totalmente inaceptables”.

Hasta aquí nada sorprendente, pese a la dureza del lenguaje utilizado. Es a partir de este punto donde los obispos directamente se posicionan a favor de la criminalización de las relaciones homosexuales, al mostrar su contrariedad por la moratoria en las leyes que las castigan penalmente. “Coincidimos con todos aquellos que han reprochado al Gobierno la imposición de una moratoria en las leyes que rigen los actos homosexuales. Ello significa que los culpables de actos o uniones homosexuales no pueden ser procesados. El Gobierno se ha inclinado ante la presión de la comunidad de donantes, los organismos internacionales y los activistas locales de derechos humanos. Como pastores, encontramos este camino muy desafortunado. Es un acto de traición por parte de quienes tienen el poder de vender por dinero nuestro país a prácticas extranjeras y a tendencias contrarias a la voluntad de Dios”, expresa el texto.

Unas leyes repetidamente suspendidas y reanudadas

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la situación y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país. Eso sí, pocos días después, Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

Lo cierto es que la Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión. Y en julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justicia y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad.

Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación. Un “periodo de gracia” que sin embargo se vio interrumpido con la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015, cuya difusión internacional forzó al actual ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto. Por desgracia, la situación sigue en el aire, ya que recientemente el juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, daba orden de aplicar la ley y considerar ilegal la moratoria.

Fuente Dosmanzanas

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Dos hombres han sido detenidos en Malawi por haber tenido contacto sexual en el domicilio de uno de ellos, que fue asaltado por sus vecinos tras la detención. Ambos se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión. La suspensión de la aplicación de las leyes que castigan la homosexualidad en Malawi, anunciada en 2012 y en 2014 por el Ministerio de Justicia, parece haber llegado a su fin.

Según el relato de la portavoz del departamento de Policía de Kanengo, Ester Nkwanda, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 7 de diciembre en Lilongüe, la capital del país. Cuthbert Kulemela, de 19 años, y Kelvin Gonani, de 39, habían salido del bar donde habían estado tomando copas y se habían dirigido a casa de Gonani. Cuando Kulemela abandonaba el domicilio, se encontró con lo que la portavoz denomina “miembros de la policía comunitaria”, que le interrogaron acerca de lo que había sucedido entre los dos en el interior de la casa. Kulemela afirmó que habían estado “haciendo el amor”, lo que provocó que procedieran a la detención de ambos, mientras sus vecinos invadían el hogar.

Kulemela y Gonani se enfrentan a cargos por sodomía, lo que puede acarrearles penas de hasta 14 años de prisión. Según informaciones, ambos se encuentran en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación. Lamentablemente, las mismas fuentes hacen referencia a que, durante ese proceso investigativo, los dos detenidos habían sido ingresados en el Hospital Central de Kamuzu para “ser evaluados”, lo que hace temer que hayan sido sometidos a la infame tortura de las inspecciones anales para probar su homosexualidad.

La detención de Kulemela y Gonani parece evidenciar que la suspensión de la aplicación de las leyes que castigan la homosexualidad en Malawi, repetidamente anunciada por las autoridades malauís, ha concluido, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo se han dictado instrucciones a ese respecto.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la presión y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión inmediata de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país.

Pero pocos días después, el ministro Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

La Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión.

En julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justica y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad. Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación.

Ahora, sin noticias de que la Corte Constitucional haya dictaminado aún al respecto, salta la noticia de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, lo que hace temer que la moratoria haya concluido definitivamente.

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Todavía las puertas están abiertas a la esperanza, al menos, legalmente. El Gobierno de Malaui ha dado la orden para que no se arreste a más personas que estén acusadas de mantener relaciones íntimas con personas de su mismo sexo. A pesar de que la minoría musulmana está presionando para que se endurezca el Código Penal que, en la actualidad condena las prácticas de sodomía con hasta 14 años de cárcel, hace unos meses el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó una moratoria y un debate sobre la constitucionalidad de las leyes anti-gay en el que participan organismos gubernamentales, entidades religiosas y las principales organizaciones de la sociedad civil del país.

En respuesta a las preguntas del comité de la ONU sobre el estado de las deliberaciones, la ministra de Justicia de Malaui, Janet Chikaya-Banda, dijo que una revisión de la Comisión de Derecho del país estaba estancada debido a la falta de recursos financieros, a pesar de que el país tiene la voluntad política para abordar el tema, según informa el diario Nyasa Times.

La ley de Malaui castiga las prácticas sexuales entre hombres con hasta 14 años de cárcel y la pena es de cinco años si se trata de lesbianas pero la constitucionalidad de esas leyes se están cuestionando. Activistas de derechos humanos sostienen que esta norma viola la protección de los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, tribu o la religión.

El Alto Tribunal se centró en una revisión del caso de tres hombres: Amon Champyuni, Mathews Bello y Musa Chiwisi, que fueron condenados en 2011 y cumplen condenas que van desde 10 a 14 años acusados de prácticas homosexuales.

En enero, las deliberaciones del tribunal sobre la cuestión se retrasaron en espera de una decisión de la Corte Suprema sobre si el Alto Tribunal puede proceder a revisar una cuestión de constitucionalidad.

Los arrestos bajo las leyes anti-gay de Malaui han estado realmente en suspenso desde noviembre 2012, cuando el entonces ministro de Justicia, Ralph Kasambara, declaró una moratoria sobre las detenciones y procesamientos. Más tarde negó haber tomado esa decisión pero el último un artículo publicado en Nyasa Times confirma que, en 2012, el gobierno emitió “una moratoria en el que ordenó a la policía no arrestar a personas por actos homosexuales hasta que las leyes anti-gays sean revisadas por el Parlamento“. El expresidente, Joyce Banda, se comprometió a despenalizar la homosexualidad cuando asumió el cargo en mayo de 2012 pero, más tarde, se retractó diciendo que era su pueblo los que tenían que decidir sobre el asunto.

Varios grupos religiosos han manifestado su oposición a la moratoria. En febrero, la Asociación Musulmana de Malaui propuso la imposición de la pena de muerte a los homosexuales pero, el entonces ministro de Justicia del país, Fahad Assani, descartó esta sugerencia.

Diferentes asociaciones profesionales y entidades se oponen a las Leyes Anti-Homosexuales, es el caso del Centro para el Desarrollo de Personas de Malaui (CEDEP), el Colegio de Abogados de Malawi, el Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (CHRR), la Facultad de Derecho Universidad de la de Malaui, y la Red de Malaui de Líderes Religiosos que viven con o están afectadas por el VIH.

En las elecciones nacionales celebradas en el mes de mayo, el candidato opositor Peter Mutharika, ganó los comicios a Joyce Banda. Durante la campaña, Mutharika negó unos informes en los que se apuntaba que era gay. Desde su elección, Gift Trapence, director ejecutivo del CEDEP le ha instado a apoyar las gestiones para derogar las leyes anti-homosexuales ya que han detectado que la homofobia va en aumento en Malaui.

En respuesta, en un informe presentado por la comisión, la ministra de Justicia, Janet Chikaya-Banda, ha declarado: “Malaui no ha establecido un mecanismo para controlar específicamente los casos de violencia por motivos de orientación sexual ni ha creado campañas de sensibilización sobre el mismo. … Todos los casos de violencia se manejan de la misma manera, independientemente de la causa o la supuesta base de la violencia“.

La homosexualidad siempre ha sido un tema polémico en Malaui. En 2009, dos hombres fueron arrestados y acusados de ‘indecencia pública’ tras casarse en una ceremonia tradicional. Más tarde, fueron indultados por el entonces presidente Bingu wa Mutharika por la presión internacional y de las Naciones Unidas.

Pase lo que pase desde el punto de vista legislativo, lo cierto es que la homofobia está muy arraigada aún en la sociedad malauita.

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. Amon Champyuni, Asociación Musulmana, Bingu Wa Mutharika, Centro de Derechos Humanos, Centro para el Desarrollo de Personas de Malaui (CEDEP), Colegio de Abogados, Facultad de Derecho de la Universidad de Malawi, Gift Trapence, Janet Chikaya-Banda, Joyce Banda, Leyes anti-gays, Malawi, Mathews Bello, Moratoria, Musa Chiwisi, Naciones Unidas, ONU, Peter Mutharika, Ralph Kasambara, Red de Malawi de Líderes Religiosos, Rehabilitación (CHRR)