(Jesús Bastante/Agencias).- El Gobierno está dispuesto a trabajar sobre “cualquier reforma” de la Ley de Libertad Religiosa, vigente en España desde 1980. En su respuesta a una pregunta de Unidos Podemos en el Senado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó la norma de “modelo” para muchos países de Europa y Latinoamérica.

En el trasfondo del debate, la necesidad de acabar con la “confesionalidad encubierta” del Estado, tal y como han denunciado en infinidad de ocasiones parlamentarios de todos signo. Sin embargo, dicha reforma, que en varias ocasiones estuvo a punto de consensuarse, sigue encerrada en un cajón. Y es que el fenómeno religioso en España continúa siendo centro de conflicto.

Funerales de Estado, presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o corporaciones municipales en procesiones, condecoraciones a Vírgenes o patronos… son algunos de los temas a tratar, aunque el fondo de la cuestión estaría en la progresiva laicización del Estado, y en la igualdad de trato entre la confesión principal (la católica) y las minoritarias.

Así, Catalá resaltó que “cualquier reforma que ustedes consideren que es necesario llevar a cabo en nuestra Ley de Libertad Religiosa, que insisto es modelo para muchos países de nuestro entorno, nosotros estaremos encantados de trabajarla siempre desde esos principios: el articulo 16.3 y 9.2 de la Constitución, y del desarrollo de una Ley que ha dado un extraordinario aval a la puesta en marcha de una realidad sociológica de enorme riqueza cultural y religiosa en España como es la que tenemos en este momento”.

Catalá respondía de este modo al senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera, quien preguntó si el Gobierno garantiza adecuadamente la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

El parlamentario morado ha denunciado casos como el hecho de que en la sede central del Ministerio de Defensa la bandera ondeara a media asta durante la Semana Santa, o que se haya condecorado a una cofradía “que poco aporta a la seguridad del Estado”.

Del mismo modo Comorera ha indicado que el presidente del Gobierno y varios de los ministros juraron el cargo “ante un crucifijo”, o que “en las prisiones también priman las religiones” cuando a la sociedad civil y a las ONG se les están “cerrando las puertas”. “Es llamativo que el número de programas religiosos sea mucho más elevado que el resto de programas”, apuntó.

El senador de Unidos Podemos, además, considera que los funerales de Estado “católicos” son otra de las “asignaturas pendientes”. En su opinión, estos hechos “ponen en entre dicho la aconfesionalidad del Estado”, que “a muchos les retrotrae a la etapa franquista”.

Por su parte, el ministro de Justicia considera que el Gobierno garantiza “adecuada y plenamente” la aconfesionalidad del Estado prevista en la Constitución, y ha señalado que, desde la llegada de la democracia, España ha ratificado “todos los convenios internacionales” que garantizan el derecho fundamental de conciencia, pensamiento y religión.

En este sentido, Catalá ha defendido que “nada” dice el ordenamiento jurídico respecto a qué elementos religiosos deben estar presentes en la toma de posesión de un alto cargo. “Es la decisión individual de la persona la que hace que pueda haber un crucifijo o no”, ha explicado, para agregar que se está ejerciendo el derecho de libertad religiosa. De esta forma, el ministro ha apuntado que prohibirlo sería violentando la neutralidad. “Hay que respetar la opción individual y personal de cada ciudadano”, ha enfatizado.

Además, ha puesto de relieve que otras confesiones religiosas han firmado acuerdos y convenios con el Estado y se benefician “por tanto de algún tipo de reconocimiento”. También ha destacado que existe una Comisión asesora de libertad religiosa que permite un “sincero” diálogo interconfesional que sirve para mantener la estabilidad y resolver controversias.

En concreto, Catalá se ha referido al caso de las cofradías y ha dicho que tienen una “labor social, de beneficencia y de atención a los más necesitados” por lo que, desde su punto de vista, merecen el reconocimiento público.

Del mismo modo, el ministro señaló que la libertad religiosa está “íntimamente” relacionada con los principios de la aconfesionalidad del Estado y ha asegurado que “ninguna confesión tiene carácter Estatal”, y que la aconfesionalidad está garantizada “al máximo nivel” por el ordenamiento jurídico.

No obstante, el ministro ha defendido que el hecho religioso está presente en la sociedad española. “Hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que sí quieren ese sentimiento y es una obligación, un mandato a los poderes públicos crear y desarrollar políticas que permitan reconocer esas creencias y esos sentimientos en un contexto de aconfesionalidad, por su puesto”, ha zanjado.

Finalmente, Rafael Catalá ha abogado por “mejorar en la medida de lo posible” el marco jurídico, seguir trabajando con todas las confesiones religiosas y “hacer efectivo el respeto a la libertad religiosa que la Constitución consagra“.

Fuente Religión Digital

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Lo adelantábamos el pasado 15 de julio, pero ampliamos la noticia con este artículo de Dosmanzanas:

Preocupante ofensiva la que las iglesias evangélicas españolas, articuladas en torno a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y la Alianza Evangélica Española, han lanzado contra el colectivo LGTB. La primera ha conseguido que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del Gobierno presidido por el ministro de Justicia, haya aceptado estudiar si la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI “vulnera la libertad religiosa”. La segunda ha puesto en marcha una campaña contra esta propuesta, con una petición en change.org justificada en un comunicado en el que compara la propuesta con las leyes de eugenesia de la Alemania nazi y defiende las “terapias” reparadoras, entre otras barbaridades.

El pasado 4 de mayo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba en el Congreso de los Diputados una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTBI. El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea era el que prestaba a la FELGTB su capacidad legal para hacerlo, aunque el proyecto cuenta, sobre el papel, con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP. Ello no evitó, lamentablemente, que en pocos días la propuesta se convirtiera, por obra y gracia de la derecha mediática e incluso de una parte del ámbito progresista, en “la ley mordaza de Podemos”. Una manipulación que, aunque atemperada con el paso de las semanas y las celebraciones del World Pride (todas las fuerzas políticas invitadas a la cabecera de la manifestación, incluyendo el PP, se han comprometido al menos a facilitar la tramitación del texto), sigue siendo utilizada medios y grupos de presión conservadores.

Sus líneas generales

La norma registrada, como en su momento comentamos, es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), en contra

Lo cierto es que la propuesta de ley, a la que espera todo un proceso de discusión parlamentaria y enmiendas, se enfrenta ahora al poderoso lobby religioso. No es la primera vez que algo así sucede: ya ocurrió en 2005, cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió entonces, cuando fueron grupos vinculados a la Iglesia católica los que asumieron el protagonismo, ahora son las iglesias protestantes españolas las primeras que han levantado la voz. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), organización que ejerce la representacion ante el Estado de las iglesias protestantes, solicitó la pasada semana que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa valore si la propuesta “vulnera la libertad religiosa”. Esta Comisión es un órgano consultivo del Gobierno, que preside el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de la que forman parte representantes tanto del Estado como de las principales confesiones religiosas (aquí puedes ver su composición).

La petición, firmada por el portavoz de FEREDE y miembro de la Comisión, Mariano Blázquez, ni siquiera se preocupa de disimular la LGTBfobia. “Manifestamos nuestra preocupación por el apoyo explícito que estas normas suponen al lobby gay, y por la sumisión que los partidos políticos parecen estar mostrando a la presión que dicho lobby ejerce, permitiendo que sea el propio colectivo LGTBI el que redacte este proyecto de ley que sea tramitado sin debate ni reflexión por parte de los partidos políticos y otros colectivos de la sociedad civil”, llega a decir literalmente el escrito.

Según han informado diversos medios, la Comisión aprobó la propuesta por amplia mayoría y nombró a dos expertos encargados de hacer dicha evaluación.

FEREDE: libertad religiosa… salvo si es a favor de las personas LGTBI

Resulta especialmente llamativo que FEREDE se muestre tan celosa de la libertad religiosa cuando el Consejo Evangélico de Madrid (los consejos evangélicos autonómicos, dependientes de la FEREDE, ostentan la delegación de esta para el desarrollo de acuerdos a nivel autonómico) decidía hace pocos meses dar de baja como miembro de pleno derecho a la Iglesia Evangélica Española, precisamente una de las iglesias protestantes más veteranas y arraigadas en nuestro país, debido a su posicionamiento en favor de las personas LGTB.

Vergonzante documento de la Alianza Evangélica Española

En paralelo a la petición de FEREDE aprobada por la Comisión que preside el ministro Catalá, este lunes la Alianza Evangélica Española, entidad que agrupa también a iglesias protestantes, lanzaba en la plataforma Change.org una petición para pedir a los partidos políticos “detener la ley mordaza proLGTBI” argumentando que “quita a los padres la libertad de educar a sus hijos en conciencia y amordaza la libertad de expresión”.

La Alianza Evangélica Española basa su petición en un amplio comunicado, al que puedes acceder en su web, y que constituye todo un argumentario de odio hacia el colectivo LGTBI y sus reivindicaciones. Llega, por ejemplo, a comparar la ley a las disposiciones eugenésicas de la Alemania nazi; se opone a la creación de un Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI, “algo que no se ha concedido a ningún otro colectivo discriminado históricamente”; rescata el término “ideología de género” asegurando que esta “se impone desde la escuela hasta la universidad”; menosprecia las tremendas dificultades a las que se enfrentan los menores trans y sus familias, asegurado que la propuesta “aborda el tratamiento hormonal cruzado de menores con una ligereza asombrosa” o defiende las infames “terapias” de aversión o reparadoras, que según los evangélicos españoles deberían denominarse de “restauración [sic]“. Reproducimos textualmente esa vergonzante parte de texto:

(…) prohíbe expresamente que un homosexual o transexual pueda retornar a la concordancia con su sexo biológico, estableciendo severas sanciones para los profesionales que le presten ayuda, aún con el consentimiento del interesado (art. 94.4.c). Significativamente, en vez de denominar estas terapias “de restauración”, las denomina “de aversión”.

En definitiva: parece que los protestantes españoles (al menos dos de las entidades que los representan), quizá celosos del protagonismo de algunos obispos católicos especialmente hostiles a los derechos LGTBI, han decidido en esta ocasión adelantarse y liderar la ofensiva de odio. Una verdadera pena que en lugar de adoptar como modelo los avances inclusivos que las iglesias luteranas de mayor solidez teológica están haciendo en otras partes del mundo, justo cuando se cumplen 500 años del inicio de la Reforma protestante, opten por adherirse a la LGTBfobia de muchas de las iglesias evangélicas surgidas a partir de movimientos religiosos posteriores.

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¿Por qué le llaman Libertad Religiosa cuando quiere decir HOMOFOBIA?

(Actualidadevangelica.es).- La Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR), órgano consultivo del Gobierno, ha aprobado en su reunión de este jueves atender una solicitud presentada por el portavoz de los protestantes españoles, Mariano Blázquez Burgo, vocal de dicha Comisión, para que estudie la Proposición de Ley -conocida como “Ley LGTBI”-, presentada hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, e informe al Gobierno sobre eventuales vulneraciones a la libertad religiosa.

En su escrito, dirigido a la CALR el pasado 7 de Julio, el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) solicitaba, de forma expresa, “que estudie el contenido de esta proposición de Ley estatal por medio de una ponencia específica o un grupo de trabajo que sea creado al efecto, para que proceda a emitir un informe para su análisis en el seno de la propia Comisión antes de la votación en el Congreso de los Diputados, valorando el posible impacto que el contenido de la misma puede tener en el ejercicio de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, e informando al Gobierno de sus conclusiones”.

A tal efecto, Blázquez solicitaba “que esta petición sea incluida como punto del orden del día de la reunión de la CALR que tendrá lugar el próximo día 13 de julio de 2017”.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido este jueves, 13 de julio, en la reunión de la CALR, presidida por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien inició la reunión informando de que este viernes asistirá al VIII Congreso Evangélico. Todos los miembros de la Comisión tenían el texto presentado por Mariano Blázquez en sus carpetas y, tras someterlo a consideración, la propuesta ha sido aprobada por amplia mayoría.

“Se ha creado una ponencia que hará un estudio, y se ha pedido a las confesiones religiosas que envíen sus informes sobre el particular”, han dicho fuentes próximas a la CALR.

Preocupación por el impacto sobre derechos fundamentales

La Federación protestante ya había expresado recientemente sus reservas sobre el impacto de estas leyes autonómicas de protección de las minorías LGTBI sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos y, ahora, tras la presentación a principios de este mes de la “Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales“, impulsada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Secretario Ejecutivo, en representación de la Comisión Permanente de FEREDE, ha considerado oportuno solicitar a la CALR que estudie, se pronuncie, e informe al Gobierno español sobre el particular.

“Estamos de acuerdo en la defensa de los derechos de todas las personas y colectivos, y de la lucha en contra de toda forma de discriminación y violencia. Como cristianos, y como minoría evangélica, que hemos sufrido persecución y todavía sufrimos discriminación (directa e indirectamente), estamos del lado siempre del que las sufre, y apoyaremos todas las medidas que tiendan a evitarlas”, aclara Blázquez, y añade, “al mismo tiempo, queremos distanciarnos de los discursos y actitudes que buscan la confrontación, polémica y el ataque al que piensa o vive de manera diferente”.

Pero preocupa, a FEREDE, que esta proposición de Ley estatal, “no solo protege frente a la discriminación, sino que, en nuestra opinión, van mucho más allá…“.

Ahora, el órgano consultivo del Gobierno en materia de libertad religiosa, se ha comprometido a estudiar ese posible “más allá…“, esas eventuales extralimitaciones de la Ley, antes de que la misma se debata en el Congreso de los Diputados el próximo otoño.

Fuente Religión Digital

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Esperemos que esta vez no se vayan de rositas…

Por posible delito de odio y “humillados” por el ataque a la ley

Acusa a los obispos de hacer un llamamiento a la insumisión y al incumplimiento de la ley

Arcópoli rechaza que la homosexualidad se pueda “sanar” como dice el escrito de estos obispos, una visión que la asociación califica de “estigmatizadora” y “culpabilizadora”.

Según sostiene el Observatorio en un comunicado difundido hoy, que la nota de Juan Antonio Reig (Alcalá) y de Joaquín María López, (Getafe) vulnera el artículo 510 del Código Penal.

El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha llevado a los obispos de Getafe y Alcalá de Henares, Joaquín María López de Andújar y Juan Antonio Reig Plá, respectivamente, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, al considerar que “incitan al odio y a la discriminación contra el colectivo LGBT”, a través de la carta que han difundido contra la nueva ley contra la LGTBIfobia.

Además, el observatorio ha indicado que están estudiando interponer una querella penal contra los obispos, a los que acusa de “incitación a la insumisión ante la ley”, lo que, recuerda, “es delito” y, por lo tanto, “también debería verificarse por parte de la Justicia”.

El presidente del Observatorio, Paco Ramírez, ha mostrado su temor ante un discurso que “vuelve a destilar odio y humillación” contra la lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y califica el escrito de “infame”. Por otro lado, el colectivo ha anunciado que solicitarán a los plenos de los Ayuntamientos de Getafe y de Alcalá de Henares y a otros de la Comunidad de Madrid que reprueben la misiva de los obispos.

Como reacción ante los obispos, que consideran que la ley vulnera la libertad educativa, Ramírez sostiene que dicha libertad también tiene límites “sobre todo cuando fomentan actitudes y comportamientos discriminatorios o incitan hacia el odio”, según recoge el comunicado, que critica la llamada a la insumisión a la ley. Asimismo, ha hecho un llamamiento al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al Consejo General del Poder Judicial a que se pronuncien “sobre la incitación a la insumisión de leyes proclamada por los obispos”.

En el mismo sentido, ha instado “a la totalidad de la sociedad civil y a todos los partidos políticos a que condenen y denuncien sin paliativos este discurso de odio, que tanto daño sigue haciendo a la sociedad, incitando la discriminación, la injusticia y hasta incluso la violencia”.

Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia se han declarado “consternados, insultados y humillados con esta nueva grave injerencia de una parte de la jerarquía católica en la Comunidad de Madrid“.

El colectivo reprocha a los obispos que califiquen la ley de “ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y, en palabras del director del Observatorio, Paco Ramírez, “la libertad religiosa y la libertad de expresión son ampliamente respetadas en el país, cuando no son infinitas y tienen límites cuando afectan a las otras personas“.

Por otro lado, critica que los obispos alerten de que se quiere imponer la ‘ideología de género’ y un ‘pensamiento único’, “cuando la Iglesia Católica lleva dos milenios imponiendo la suya”. Además, el Observatorio rechaza que la ley, que busca contrarrestar la discriminación que sufre el colectivo LGTB, suponga la implantación de un “pensamiento único”, cuando, según Ramírez, es lo que hace los obispos “con su visión fundamentalista de la moral católica”.

En el mismo sentido se ha pronunciado Arcópoli, que rechaza que la homosexualidad se pueda “sanar” como dice el escrito, una visión que la asociación califica de “estigmatizadora” y “culpabilizadora“.

En un comunicado Arcópoli indica que los prelados ignoran con su escrito el “consenso médico mundial” que despatologizó la homosexualidad como enfermedad mental y alimentan el “tormento” de quienes sufren “acoso” por pertenecer al colectivo LGTB.

 Arcópoli denuncia el acoso escolar y la homofobia que sufren los jóvenes gays y lesbianas y acusa a los obispos de Getafe y Alcalá de esconderse el “mal entendido” derecho a la libertad educativa, para “imponer” su ideología en las aulas de la región.

Los obispos Juan Antonio Reig, de Alcalá de Henares y Joaquín María López, de Getafe, han hecho hoy un llamamiento a los católicos a actuar contra la Ley contra la LGTBIfobia de Madrid, considerada por ambos prelados un “atentado” contra la libertad religiosa y de conciencia.

A juicio de los obispos, la ley, que contempla la obligación de educar en la diversidad sexual en los colegios públicos y concertados, representa “un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones”

La Asamblea de Madrid aprobó el 14 de febrero por unanimidad la ley contra la LGTBIfobia, para combatir las agresiones físicas y las discriminaciones a personas del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alcalá de Henares, Arcópoli, Consejo General del Poder Judicial, Getafe, Joaquín María López Cánovas del Castillo, Juan Antonio Reig Plà, Observatorio Español contra la LGBTfobia, Paco Ramírez, Rafael Catalá