Vergonzosa transfobia de la Fiscalía, que en un escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que solicita que se confirme la condena de un año de cárcel a Cassandra Vera por sus chistes sobre la muerte de Carrero Blanco se refiere a esta en masculino y la acusa de esconderse bajo un “pseudónimo”, en referencia a su nombre. 

En un escrito para refutar el recurso de la defensa solicitando al absolución de Cassandra Vera, la Fiscalía reincide en su actitud transfóbica al referirse a ella siempre en masculino y señalando que el nombre que ella a elegido para reflejar su identidad de género es un simple «pseudónimo» bajo el que oculta su «verdadera» identidad.

El caso es bien conocido. La estudiante trans de Historia Cassandra Vera fue condenada en marzo de 2017 a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta al considerarla la Audiencia Nacional culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras publicar varios chistes referidos a la muerte de Luis Carrero Blanco (el que fuera presidente del Gobierno de la dictadura franquista, objeto de un atentado de ETA en junio de 1973). La defensa de la joven presentó el correspondiente recurso al Tribunal Supremo. Durante el proceso y después la joven ha sido víctima de comentarios tránsfobos (incluso por parte de cargos públicos electos) que, estos sí, han quedado impunes.

Pues bien, según desvelaba ayer la cadena SER, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena mediante un escrito en el que continúa refiriéndose a Cassandra Vera en masculino (como ya ocurrió durante el juicio en la Audiencia Nacional). Y ello a pesar de que es público y notorio que su identidad de género es femenina, aunque no haya modificado a día de hoy su identidad registral. Pero la Fiscalía va en este caso aún más lejos, y la acusa de esconderse bajo pseudónimo. “Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra?”, afirma el escrito, siempre según la SER. En definitiva, la condición trans de Cassandra se convierte en un argumento culpabilizador…

En una entrevista concedida al diario Público, Cassandra Vera asegura sentirse humillada, aunque no sorprendida, tras conocer la noticia. “Es una muestra de que en las instituciones sigue habiendo mucha homofobia y transfobia. Era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso. Cassandra es mi nombre, es el que todo el mundo usa conmigo y así me presento. Es ridículo que diga que lo utilizo para esconder mi identidad cuando yo he subido fotos mías a Twitter, de mi vida cotidiana, del sitio donde estudio…“, asegura.

Público pregunta también a Vera por lo que sucedió en el juicio de la Audiencia Nacional, donde ya se la trató en masculino. La joven destaca, en este sentido, lo paradójico de que en un juicio que supuestamente buscaba reparar la dignidad de otra persona se denigrara la suya. “Como si yo tuviera menos derecho a la dignidad. En la sentencia también se escribió mi antiguo nombre, en masculino. No sé hasta qué punto debe de ser así en los documentos legales, pero es cierto que en el juicio podrían haber mostrado más respeto, pero nada. Hay que tener en cuenta que hablamos de una gente que me juzgó y condenó por hacer chistes de un fascista. No espero ningún re speto ni comprensión de esta gente”, añade.

«El escrito menosprecia intencionadamente un derecho tan básico como la identidad de género de las personas . Además, durante la visita oral en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se la trató continuamente como un hombre pese que ella se considera una mujer, lo que es otro claro discriminación institucional», declara Marta Sorlí, de Compromís, quienes han solicitado en varias ocasiones el indulto para la tuitera murciana.

“Estupor” de la Plataforma por los Derechos Trans

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha mostrado en un comunicado su desconcierto por el trato a Cassandra Vera en el escrito de la Fiscalía, que considera “vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género”. “La identidad sexual no es un disfraz, es un derecho humano, y en consonancia a esta las personas nos socializamos y relacionamos”, asegura su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual el nombre por el cual las personas desean ser llamadas forma parte del derecho al honor, intimidad y la propia imagen de las personas trans.

La Plataforma recuerda que no solo diversas leyes autonómicas reconocen como un derecho la libre determinación de la identidad y de la expresión de género, sino también distintas directivas y declaraciones internacionales “que hacen que la libre determinación de la identidad tenga rango de derecho humano fundamental”. “Denominar pseudónimo al nombre libremente elegido con el que la joven Cassandra se socializa y vive su identidad es una forma de ridiculizar y no respetar la identidad de esta joven, y por ende de todas las personas trans, constituyendo un retroceso y un revés a todos los avances en derechos ya en vigor en muchas comunidades del Estado español” añade Erik García, vocal de juventud de la entidad.

“Estos lamentables e inaceptables hechos, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación específica para las personas trans que garantice la libre determinación de la identidad y expresión de género. Es inaplazable seguir demorando el registro inminente de la propuesta de ley trans estatal que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar y que hará de España el epicentro del respeto y la protección jurídica de las personas trans”, concluye el comunicado.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/Universogay

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Informa Dosmanzanas del giro del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, que tras dejar en mayo que prosperara una iniciativa de “coadopción” (la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro), ahora ha promovido la aprobación por el Parlamento portugués de un referéndum sobre la materia, que también preguntará sobre la adopción conjunta. La izquierda en bloque, e incluso un sector minoritario del propio PSD, se oponen a la convocatoria de un referéndum al que aún deben dar su visto bueno el Tribunal Constitucional y el Presidente de la República.

La propuesta fue aprobada por 103 votos de los socialdemócratas y contó con 93 votos en contra del Partido Socialista (PS), BE (Bloque de Izquierda), PEV (Verdes) y Partido Comunista. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas.

Conviene hacer memoria y recordar lo sucedido meses atrás, cuando el proyecto de coadopción, presentado por el PS con la intención de dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes (de forma que por ejemplo si el padre legalmente reconocido fallece el otro mantenga la custodia de los hijos) fue votado en primera lectura. Entonces la ausencia (todo apunta que intencionada) de un numeroso grupo de diputados del PSD, unido a los votos afirmativos de 16 de ellos, permitieron su aprobación. Una actitud que al parecer causó malestar entre las bases más conservadoras de dicho partido, frontalmente opuestas a reconocer derecho de parentalidad alguno a las parejas del mismo sexo. Ello ha derivado en que ocho diputados pertenecientes a las juventudes del PSD presentaran como alternativa la propuesta de convocar un referéndum sobre la materia, para así evitar tener que posicionarse en el Parlamento.

El grupo parlamentario del PSD aceptó la propuesta, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre la coadopción y otra sobre la adopción conjunta plena) e impuso a sus diputados la disciplina de voto, lo que ahora ha causado malestar entre los diputados más progresistas. Teresa Leal Coelho, vicepresidente del PSD y del propio grupo, se ausentó por ejemplo de la votación y presentó su dimisión del último cargo por estar en contra de que este tema se someta a referéndum.

La decisión del PSD, en cualquier caso, fue recibida por la oposición con grandes muestras de protesta y es vista -como bien señala hoy el editorial del diario portugués Público– como un ejercicio de cobardía política. También ha provocado malestar el hecho de que el PSD imponga un referéndum en el que en lugar de limitarse a preguntar sobre el proyecto de ley en disputa (la coadopción) incluya una pregunta sobre la adopción conjunta plena, una posibilidad que el proyecto ni siquiera contempla.

Un poco de historia

La ley portuguesa de matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobada en febrero de 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. Una limitación impuesta por el entonces gobernante PS contra el criterio de otros grupos de izquierda y que muchos consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual.

De hecho, la ley de matrimonio fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, pero curiosamente la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional. En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero ya entonces varios diputados del PS expresaron su intención de promover un nuevo proyecto que legalizara al menos la coadopción.

¿Qué pasará ahora?

El hecho de que el Parlamento portugués haya aprobado la convocatoria de un referéndum no significa necesariamente que este se vaya a celebrar. Por lo pronto, se necesita el visto bueno del Tribunal Constitucional portugués y del Presidente Cavaco. Y en ninguno de los dos casos es seguro que vayan a darlo.

A la luz de los antecedentes, no es descartable en primer lugar que el Tribunal Constitucional considere inconstitucionales las preguntas, lo que abriría un interesante proceso en función de sus razonamientos. En caso de que no fuera así, el propio Cavaco puede decidir no convocar un referéndum que le resultaría muy incómodo y devolver la pelota al tejado del Parlamento. En caso de veto presidencial sería necesario el voto de una mayoría absoluta de 116 diputados para levantarlo, algo que en la coyuntura descrita no parece probable.

Los activistas LGTB portugueses, entretanto, han recibido la noticia con desencanto e indignación, aunque muchos ya temían algo así. Es el caso de Fabíola Cardoso, madre de dos hijos de 9 y 11 años e enferma de cáncer, que ve como a día la otra madre de sus hijos sigue sin ser reconocida lealmente como tal. Cardoso, aún así, confíó en una ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos diputados del PSD que no se llegó a producir. “Esperaba que en el último momento hubiese un sentimiento mínimo de decencia”, cuenta.

Existe en cualquier caso entre los activistas el convencimiento de que, por las razones expuestas, el referéndum no se llegará a celebrar y de que lo sucedido no es en realidad más que una estrategia dilatoria del PSD.

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