Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

El Gobierno acuerda eliminar de las causas de exclusión para el acceso al #empleopúblico enfermedades como: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis.
⛑😷Acabando así con la discriminación que venían soportando más de 7 millones de personas.#CMin pic.twitter.com/vTCPhRhvCv

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de noviembre de 2018

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

General Ámbito laboral, CESIDA, Consejo de Ministros, Discriminación, España, FELGTB, Gobierno de España, Isabel Celáa, Juan Diego Ramos, Julio Gómez, OIT, Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, Pedro Sánchez, PSOE, Ramón Espacio, Serofobia, Trabajando en Positivo, VIH

Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Ignacio Paredero, Iguales, Iguales USAL, IU, Junta de Castilla y León, Lesgavila, LGTBfobia, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Congreso de los Diputados, Dinamarca, eldiario.es, En Comú Podem, En Marea, España, FELGTB, Grecia, HazteOir, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, LGTBfobia, Malta, Noruega, Orgullo LGTB, Pablo Casado, Personas transgénero, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos, UPN, World Pride, World Pride 2017

Maroto y Levy prometiendo lo que no hacen…

Hace unos meses, el PSOE propuso una reforma de la Ley Trans para introducir dos conceptos que la anterior ley de 2007 no reflejaba y que son de extrema importancia para las personas trans: la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género. O, lo que es lo mismo: que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de presentar un informe médico. Hasta ahora las personas trans necesitaban que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder comenzar los trámites legales (si querían, obviamente) para hacer los cambios oportunos en el registro; una normativa claramente anticuada, aunque solo sea porque la propia OMS aclaró que la transexualidad no es una enfermedad, aunque la llamen “incongruencia de género” por varios motivos .

Ya en su momento el Partido Popular, votó en contra de la tramitación de esa reforma; así que era de esperar que ahora volvieran a ponerse en contra. Pero como ellos son así han decidido ir un paso más allá y llevarle también la contraria a la OMS.

Actualmente la reforma de la ley está paralizada en la Comisión de Justicia porque hay una “sobrecarga de leyes”. Pero lo que sí se ha completado es el periodo de presentación de enmiendas, que luego se debatirán en sede parlamentaria, y entre las que el PP ha colado una de traca.

La propuesta del Partido Popular es mantener la obligatoriedad de presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género (aunque la OMS haya dicho que eso no se puede diagnosticar ya) para poder acceder a los cambios registrales porque, según el PP, “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares“.

En el PP creen que la identidad de género de una persona trans es algo que puede variar según cómo se levante esa persona cada día y claro, hay que pedirle a un médico que certifique que está enferma, no sea que le cambiemos el nombre y dentro de dos años quiera recuperar el antiguo. Sí, es un nivel intelectual a la altura de los republicanos yankis que decían que las personas trans eran hombres con peluca que iban a entrar a los lavabos públicos a violar mujeres y niñas.

“Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser“, ha explicado Leo Mulió a ElDiario.es. Leo es un activista trans, psicólogo del equipo psicosocial de la asociación Transdiversa. Y añade: “Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente al resto. A las personas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que las personas cis“.

General, Homofobia/ Transfobia. Chrysallis, Congreso de los Diputados, Leo Mulió, Ley 3/2007, Ley de Identidad de Género, Natalia Aventin, Personas trans, PP, PSOE, Transdiversa., Transexualidad

Rueda de prensa del X Congreso Nacional de GeSIDA (Foto: GeSIDA)

Durante la presentación del X Congreso Nacional de GeSIDA la secretaria del Plan Nacional del SIDA en España, Julia del Amo, asegura que Sanidad está comprometida con la implantación de la PrEP

Estos días se celebra en Madrid el X Congreso Nacional de GeSIDA y durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el evento ha hablado Julia del Amo, co-presidenta del Congreso y secretaria del Plan Nacional del SIDA en España. Del Amo ha sido clara: la PrEP “es una prioridad del equipo de trabajo y puedo expresar compromiso en la instauración de todas las medidas de prevención en VIH, y no solo de la PrEP“.

Del Amo, además, ha asegurado que la actual ministra de sanidad, María Luisa Carcedo, “conoce muy bien esta situación“ y está muy concienciada con el tema.

“Para implementar la PrEP hace falta compromiso político” ha explicado Del Amo en la rueda de prensa, “y estamos trabajando en ello. Esperemos que en breve pueda estar disponible. Es fundamental y una herramienta más para la prevención. Además, no sería muy cara. Hay compromiso en la implementación de todas las medidas de prevención contra el VIH“.

Curiosamente es exactamente lo mismo que Del Amo expresó hace justo un mes durante la celebración del X Congreso de CESIDA. En ese acto, el primero como secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, Del Amo ya dejó claro que “existe un compromiso de Salud Pública respecto a la implantación de la PrEP” y aseguró que era algo en lo que ya se estaba trabajando.

Después de muchos años en los que el gobierno del Partido Popular no ha hecho nada en la lucha contra el SIDA se agradece que el gobierno de Pedro Sánchez mencione la PrEP.

Otro dato útil de la rueda de prensa de presentación de este X Congreso Nacional de GeSIDA lo ha ofrecido Santiago Moreno, co-presidente del congreso. Según Moreno, España está a punto de conseguir llegar al 90-90-90: 90% de personas con VIH diagnosticada, 90% de personas diagnosticadas en tratamiento antirretroviral, 90% de personas en tratamiento que se vuelven indetectables. “Los dos últimos 90 lo hemos conseguido, pero fallamos en tener el 90% de las personas diagnosticadas. Solucionaríamos lo de esa fracción haciendo más test a más personas“.

Según datos oficiales en España viven entre 130.000 y 160.000 personas con VIH, de las cuales un 18% no saben que son portadoras del virus. Para atajar eso los expertos recomiendan realizar la prueba del VIH en los análisis de sangre rutinarios de todos los pacientes en lugar de esperar a que el médico sospeche algo o a que el paciente pida que le hagan la prueba.

La PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) es un tratamiento médico que puede prevenir el contagio por VIH y se basa en la toma de antirretrovirales y un seguimiento médico con análisis regulares para controlar los posibles efectos secundarios y los contagios de otras ITS.

Fuente  Infosalus

General España, Julia del Amo, María Luisa Carcedo, Pedro Sánchez, Plan Nacional del Sida, PP, PreP, PSOE, Santiago Moreno, VIH/SIDA, X Congreso Nacional de GeSIDA

Para no ser homófobos, hay que reconocer que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo disimulan de maravilla. A los primeros ya los conocemos de hace tiempo, a los otros hay algunos que los están descubriendo ahora. Pero serlo, lo son. Y para muestra un botón.

Hace unos años el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCM), Jose Luis Mendoza, ofreció un discurso para inaugurar el curso en el que dijo, por ejemplo, que “el mal llamado matrimonio homosexual es una abominación a los ojos de Dios“; y también cargó contra el aborto y la eutanasia.

Mendoza ya se enfadó muchísimo cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España porque, según él, “permitir la adopción de niños a las parejas homosexuales es aberrante” porque “está demostrado que los niños que han sido educados por padres homosexuales han acabado siéndolo también ellos en un porcentaje muy elevado“.

En diciembre de 2016 la UCM, junto a la Universidad Católica de Valencia y varias organizaciones ultracatólicas, formaron la “Plataforma por las libertades“.  La asociación en cuestión, con Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez (ambos ex políticos del PP), intentó recurrir la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, pero sin éxito. Dentro de esa Plataforma había organizaciones como la Asociación de Derechos y Víctimas de la Ideología de Género de Murcia.

Pues Jose Luis Mendoza (en la foto con el ínclito Réig Plá… Tanto Monta, Monta Tanto…), que va misas privadas del Papa, tiene un motivo para estar contento: el Ayuntamiento de Málaga acaba de dar el visto bueno a la cesión de 40.000 metros cuadrados de terreno público para que pueda construir un nuevo campus de la Universidad Católica de Murcia gracias al voto del Partido Popular y Ciudadanos.

Lo del Partido Popular era de esperar. Lo de Ciudadanos es peor: en junio se suben a la carroza de los vientres de alquiler en el Orgullo LGTB+ para parecer súper gay friendlys y en octubre le ceden el terreno de todos a una organización privada y ultra católica que cree que el hecho de que las parejas gais tengan hijos es “abominable“.

Desde el Ayuntamiento su concejal de urbanismo, Francisco Pomares, ha defendido la aprobación de esta cesión de terrenos alegando que “es bueno para el desarrollo de la ciudad” porque el proyecto “está respaldado por el Comité Olímpico Español” y “traerá estudios vinculados con la actividad deportiva“. Por su parte el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo ha querido matizar que a la UCM no le saldrán gratis los terrenos; que “tendría que pagar un canon y le exigiríamos también otras contraprestaciones, como becas“.

Desde Izquierda Unida Málaga para la Gente presentaron una moción reclamando que se rechazara la operación, pero PP y Ciudadanos votaron en contra y dieron vía libre a los planes de la UCM. Tanto IU como PSOE y Málaga Ahora han denunciado la implantación en la ciudad de una universidad “de dudosa reputación” que está calificada entre las más bajas en el ranking de universidades españolas. Para estos partidos la UCM no es más que un negocio privado que se dedica a vender títulos universitarios que no merece el trato de favor que le ofrece el Ayuntamiento. Y es que, como bien dice Sergio Brenes del PSOE, “si quieren venir que lo hagan, pero con sus medios, no a costa del patrimonio de todos los malagueños, que compren suelo y monten su negocio“.

Por lo que parece, es bastante probable que el proyecto no llegue a nada. La competencia para autorizar la construcción e implantación de universidades privadas corresponde a la Junta de Andalucía, que ya denegó a la misma UCM un plan similar para instalarse en Málaga.

Fuente La Opinión de Málaga, vía HazteQueer

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Carballo, Asociación de Derechos y Víctimas de la Ideología de Género de Murcia, Ayuntamiento de Málaga, Ciudadanos, Francisco Pomares, Homofobia/Transfobia, Izquierda Unida Málaga para la Gente, Jaime Mayor Oreja, José Luis Mendoza, Junta de Andalucía, Lourdes Méndez, Málaga, Málaga Ahora, Partido Popular, PSOE, Sergio Brenes, Universidad Católica de Murcia

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

Ha llegado el día

️‍APROBADA LA LEY LGTBI+ DE CANTABRIA ️‍

Aún hace falta que se apruebe en el Parlamento, pero para eso están los currantes de Alega!!

Por si no lo sabéis, esta fue la principal petición en el orgullo pasado, y la verdad es que estamos ORGULLOSOS. (1/4) pic.twitter.com/Vw5akD5StQ

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 25 de octubre de 2018

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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Tras reunirse con representantes de Chrysallis, asociación de familias de menores trans, el Ministerio de Justicia ha anunciado que prepara una instrucción para que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria (así los esperamos…) al menos hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

«La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad», asegura el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, que alude también a la reunión mantenida entre representantes de Chrysallis, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Se trata de agilizar y de alguna forma automatizar el proceso “para facilitar la vida de los menores trans”, ha dicho Natalia Aventín, representante de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que ha señalado que este avance ha sido fruto del compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras una reunión celebrada esta semana.

En esta reunión, Chrysallis ha recordado al Ministerio que el Gobierno de España no ha atendido todavía la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación. En resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

Tras la reunión, el director general de los Registros y del Notariado ha reconocido que la actual regulación vulnera derechos fundamentales de los menores trans y lastra su desarrollo personal, aspectos que tratará de evitar tanto la instrucción que ya se prepara como la reforma legal en tramitación parlamentaria.

Fuentes del ministerio de Justicia han explicado que la instrucción es un parche para facilitar los trámites de los menores mientras se tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse “en un viaje de fin de curso, recoger un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su intimidad”. De momento, la instrucción se limita solamente al nombre y no al sexo.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. Este mismo viernes, de hecho,  Gabriel y su familia han entregado en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

Retrasos intolerables en la tramitación parlamentaria

En efecto, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

No debe confundirse esta proposición con la que a su vez el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ha sido necesaria una huelga de hambre de un grupo de activistas trans (entre los que se encontraba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) para que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que la mantenía «en el congelador», tomase la decisión de impulsarla en el contexto de sus recientes acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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Un año más hemos vivido la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, culminación reivindicativa de la fiesta popular más multitudinaria de Madrid. Tras la inmensidad y el desbordamiento que supuso en 2017 el World Pride, este año la celebración ha recuperado un cierto sosiego, aunque la asistencia de gente fue otra vez impresionante. Este 2018 también nos ha traído un acento más activista, que este año ha tenido como protagonista a la comunidad trans, cuyos derechos han ocupado el centro del discurso, tanto entre los colectivos participantes como en el manifiesto que fue leído en la Plaza de Colón. 

Esperábamos con curiosidad ver cómo se desarrollaba este Orgullo LGTBI, el primero que se celebraba después de que en 2017 la Manifestación Estatal culminase un ciclo histórico, durante el cual una pequeña movilización reivindicativa de unos pocos miles de activistas se ha transmutado en el eje central de la principal fiesta de Madrid, con una capacidad de atracción nacional e internacional similar a la de otras grandes fiestas de España. La celebración del World Pride coincidía, en este sentido, con la conmemoración del 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en el Estado español, que tuvo lugar en Barcelona en 1977. Madrid superó con nota la papeleta, pero al mismo tiempo alcanzó una cota imposible de superar.

Visto lo visto ayer (es una valoración subjetiva, por supuesto) creemos que se está en el buen camino, despejados algunos de los excesos del World Pride. La fiesta está consolidada (es imposible saberlo con certeza, pero una vez más cientos de miles de personas ocuparon el centro de Madrid para participar de una forma u otra en alguna de las celebraciones), y es además una fiesta que podemos sentir 100 % nuestra. Pero también advertimos los esfuerzos por recuperar la centralidad de la reivindicación, algo por lo que se debería seguir trabajando en próximas ediciones.

La cabecera, con dos ministros del Gobierno socialista y sin el PP

La manifestación la abrían los presidentes de sus dos entidades convocantes (Uge Sangil, de  FELGTB, y Jesús Grande, de COGAM). Junto a ellos, el activista trans y vicepresidente de la FELGTB Mané Fernández. La cabecera estuvo repartida entre dos pancartas: la primera, con el lema «Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad», mientras que la segunda rezaba «Ley Igualdad LGTBI y Pacto de Estado frente al VIH ¡Ya!».

Purificación Causapié, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Montón y Adriana Lastra

Lo que no es subjetivo es el éxito de convocatoria del que la manifestación goza entre la clase política, que esperemos se materialice pronto en avances legislativos. Este año, tras el reciente cambio de Gobierno, dos ministros ocupaban los puestos de honor: el ministro del Interior, el abiertamente gay Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón (ambos, por cierto, posaron muy amablemente para dosmanzanas mientras esperaban ocupar su puesto tras la pancarta). El Ayuntamiento estaba representado por Celia Mayer, la delegada de Políticas de Género y Diversidad.

Los ministros de @interiorgob, Grande-Marlaska, y @sanidadgob, @CarmenMonton, participando también en la manifestación del #Orgullo2018 #PRIDE
“Conquistando la igualdad,
TRANSformando la sociedad” pic.twitter.com/RX6TCrO7sW

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 7 de julio de 2018

Junto a ellos, numerosos representantes de partidos políticos y organizaciones sociales. No los mencionaremos a todos, pero no podemos dejar de destacar, por parte del PSOE, a su vicesecretaria general, Adriana Lastra; Carla Antonelli (activista y diputada en la Asamblea de Madrid); Ángel Gabilondo (portavoz en la Asamblea) y Purificación Causapié (portavoz en el Ayuntamiento). Podemos estuvo representado por Lorena Ruíz-Huerta (portavoz en la Asamblea) y Sofía Castañón (diputada), aunque también se encontraba presente, en una segunda línea, el casi seguro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, el también diputado Iñigo Errejón. Ciudadanos, por su parte, estuvo representado por su presidente, Albert Rivera, Begoña Villacís (portavoz en el Ayutamiento), Ignacio Aguado (portavoz en la Asamblea) y Bosco Labrado (concejal).

Dosmanzanas pudo charlar con dos de las representantes de las fuerzas políticas que han propiciado el cambio de Gobierno en España. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, nos transmitió su esperanza de que tanto la ley de igualdad LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género culminen pronto su tramitación parlamentaria y que coloquen de nuevo a nuestro país en vanguardia de los derechos LGTB. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se mostró por su parte confiada en que la ley de igualdad LGTBI se apruebe sin cambios que desnaturalicen el trabajo que su formación llevó a cabo con los colectivos. Ruiz-Huerta también consideró «nefasta» la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, donde la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea permanece de facto bloqueada por su falta de desarrollo. «Aquí están las consecuencias: este año el Partido Popular ha sido vetado para estar en la cabecera de la manifestación por sus actitudes tránsfobas y absolutamente intolerables, al negarse a desarrollar una ley que ha sido aprobada por la voluntad popular. Pero no solamente eso: el Partido Popular ha permitido que organización tránsfobas como HazteOír hagan apología de la transfobia», nos comentó la portavoz de Podemos en la Asamblea.

También estuvieron en la cabecera Juantxo López de Uralde (Equo), Vanesa Angustias (IU) y los secretarios generales de UGT (José María Álvarez) y Comisiones Obreras (Unai Sordo). Otra persona que estuvo en la cabecera es Beatriz Becerra, elegida en las listas de UPyD y hoy eurodiputada independiente adscrita al grupo liberal europeo, que realiza, por cierto, un gran trabajo en favor de los derechos LGTBI en el Parlamento Europeo.

Este año, sin embargo, no hubo representación de la Comunidad de Madrid, como sí había ocurrido en los dos años anteriores. Los colectivos convocantes no le cursaron invitación como protesta por la falta de desarrollo de las leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid en materia LGTB (muy especialmente la ya mencionada ley integral de transexualidad), que corren el riesgo de convertirse en papel mojado ante la falta de voluntad política de implementarlas. Tampoco se invitó a ningún representante del PP, un partido que por primera vez estuvo presente en 2017, después de comprometerse por escrito a apoyar el avance de las leyes que en materia LGTBI se encuentran pendientes de aprobación en las Cortes, un compromiso incumplido pocas semanas después.

En cualquier caso, hubo más nombres propios: todos los partidos mencionados (salvo el PP) llevaron sus propias delegaciones a la manifestación, que marcharon detras de los colectivos LGTBI. También lo hicieron partidos sin representación parlamentaria como UPyD o el PACMA.

El final en Colón, con la alcaldesa Manuela Carmena 

Tras la cabecera, entidades LGTBI de distintas comunidades autónomas marcharon con sus propias pancartas desde Atocha hasta la Plaza de Colón. Cabe destacar, en este sentido, las numerosas referencias a los derechos trans que podían observarse entre las diferentes delegaciones, fueran o no específicamente trans. En la Plaza de Colón, por fin, tuvo lugar la lectura del manifiesto (cuyo texto completo puedes ver aquí), y que exigió, entre otros puntos, el reconocimiento y la protección de la autodeterminación del género; la modificación de ley de identidad de género para que incluya a menores de edad, a personas migrantes y para que se elimine el requisito del «diagnóstico» médico o psicológico; la urgente aprobación de la ley de igualdad LGTBI «sin más demoras, sin más excusas y respetando el espíritu que le ha imprimido el movimiento LGTBI» y la aprobación en esta legislatura de un pacto de Estado frente al VIH.

Antes de la lectura del manifiesto, tuvieron lugar dos intervenciones destacadas: la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), y la de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez. Carmena, recibida con una estruendosa ovación, tuvo palabras de reconocimiento al colectivo LGTBI, del que reconoció que siempre está aprendiendo (su «queridísimos, queridísimas, queridísimes» quedará ya como una imagen clásica del Orgullo madrileño) y se comprometió a hacer todo lo que desde el Ayuntamiento esté en su mano para avanzar en sus derechos. También tuvo palabras de reconocimiento al sistema demócratico español, que en su opinión ha costado mucho conseguir y que animó a los asistentes a defender. Carmen Montón, por su parte, recordó al que fue su compañero de lucha en la consecución del matrimonio igualitario, Pedro Zerolo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que en el año 2015 acudió a la cabecera de la manifestación como secretario general del PSOE y en 2016 a la de Valencia, no estuvo presente este año, pero sí quiso dejar constancia de su apoyo mediante un tuit publicado unas horas antes:

Seguiré trabajando para que la #igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales sea una realidad en nuestra sociedad.
Hoy, y siempre, con vosotros y vosotras #Orgullo2018 #Pride pic.twitter.com/mkCJBnYCrq

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de julio de 2018

Finalmente, las carrozas y la fiesta

Tras manifestarse a pie colectivos y entidades, llegó el turno de las carrozas, un total de 47, empezando por las fletadas por colectivos y partidos políticos y siguiendo por las comerciales, de negocios locales y de grandes compañías. Como sucediera por primera vez el año pasado, un vallado de seguridad que se fue colocando a lo largo del recorrido permitió que circularan con relativa fluidez. La fiesta se diseminaba simultáneamente a la circulación de las carrozas no solo al escenario de  Colón: también a los de Plaza del Rey, de Pedro Zerolo, de la Puerta del Sol o de Plaza de España.

Como ya hicimos el año pasado, cabe felicitar a las instituciones públicas, y muy singularmente al Ayuntamiento, por su implicación en el evento. A nivel simbólico (un año más la iluminación arcoíris del Palacio de Cibeles, Puerta de Alcalá, de la propia fuente de Cibeles o del Congreso de los Diputados generó imágenes de gran belleza) pero sobre todo organizativo. Felicitación que hacemos extensiva a todos los trabajadores que con su esfuerzo lo hacen posible: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de limpieza municipales o trabajadores del Metro de Madrid, que prolongaron una hora su jornada de trabajo (en esta ocasión el metro permaneció abierto hasta las 02:30 de la madrugada) y que pocas horas antes habían desconvocado la huelga que legítimamente habían convocado para exigir una justa compensación.

Os dejamos con alguna de las imágenes que pudimos captar a lo largo de la manifestación. Una galería que venimos recopilando desde hace años (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) y que, como siempre en el caso de dosmanzanas, se centra en la parte más reivindicativa de la manifestación. En ella podréis ver, por ejemplo, las pancartas principales de los colectivos participantes:

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adriana Lastra, Ahora Madrid, Albert Rivera, Ángel Gabilondo, Asamblea de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Becerra, Begoña Villacís, Bosco Labrado, Carla Antonelli, Carmen Montón, CC OO, Celia Mayer, COGAM, Comunidad de Madrid, Equo, FELGTB, Fernando Grande-Marlaska, Ignacio Aguado, Iñigo Errejón, IU, Jesús Grande, José María Álvarez, Juan López de Uralde, Lorena Ruíz-Huerta, Manuela Carmena, Orgullo LGTB, PACMA, Pedro Sánchez, Personas transgénero, Podemos, PSOE, Purificación Causapié, Sofía Castañón, Transexualidad, Uge Sangil, UGT, Unai Sordo, UPyD, Vanesa Angustias

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Iguales, Iguales USAL, IU, Junta de Castilla y León, Lesgavila, LGTBfobia, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Este 9 de junio el colectivo LGBTIQ y sus aliados recuerdan a este hombre valiente y consecuente con sus ideas de igualdad y justicia que hicieron posible que en España se derrumbaran las barreras que dieron paso a una sociedad más justa. 

Con una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en Madrid la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha rendido un merecido homenaje al incansable luchador por los derechos del colectivo LGBTI, Pedro Zerolo, este sábado 9 de junio cuando se cumplen 3 años de su partida. El compromiso es mantener su legado.

Los dirigentes del PSOE han descrito a Zerolo como un hombre “valiente”, “comprometido” y “moderno” y señala que el mejor homenaje que se le puede hacer es continuar con todo aquello que constituye su legado político en esta nueva etapa que está viviendo España, con el propósito de dar luz verde a leyes que pongan fin a todas aquellas discriminaciones contra las que él luchó.

A través de un comunicado la Comisión indicó que sin Zerolo no habrían sido posible “grandes avances democráticos” en España actual como la Ley de Matrimonio Igualitario. que tan duramente fue combatida por la Iglesia Católica.

Comunicado de la Comisión Ejecutiva federal del PSOE

Madrid, 9 de junio de 2018.- La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista quiere reivindicar, en el tercer aniversario del fallecimiento de Pedro Zerolo, su figura como un hombre excepcional, un activista por los derechos civiles, un servidor público y, ante todo, un compañero ejemplar.

Sin su determinante apoyo no habrían sido posibles algunos de los grandes avances democráticos en España, especialmente en su lucha por los derechos LGTBI tal y como se materializó, por ejemplo, en la Ley de Matrimonio Igualitario. Los socialistas nos sentimos orgullosos de su activismo y de haber contado entre nuestras filas con Zerolo, pero somos conscientes de que su figura es patrimonio de todos aquellos, de todas aquellas que persiguen la igualdad y la lucha contra todo tipo de discriminación. Desde la secretaría de Movimientos Sociales, cuya responsabilidad ocupaba cuando falleció, se sigue trabajando para no ya mantener sino continuar su legado y seguir avanzando en los cambios sociales que este país necesita.

En el tercer aniversario de su pérdida, y con más fuerza desde el Gobierno, queremos seguir recordándole tal y como era: valiente, comprometido y moderno. Creemos que nuestro mejor homenaje es seguir con todo aquello que constituye su legado político en esta nueva etapa para sacar adelante las leyes que pongan fin a todas aquellas discriminaciones contra las que Pedro Zerolo luchó.

En el homenaje del pasado sábado en el que estuvo presente Jesús, su viudo y compañero de tantos años, diferentes dirigentes socialistas resaltaron su figura y legado:

“Hoy estamos aquí como siempre para recordarle y homenajearle, aunque la verdad es que le recordamos cada día”, ha señalado a los medios de comunicación la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié.

Estamos aquí con “gran tristeza”, pero “a la vez con una gran alegría”: “Le echamos de menos personalmente y políticamente. Sabía detectar la vulnerabilidad y su memoria siempre estará viva”, ha dicho el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

La diputada socialista de la Asamblea de Madrid y referente de la lucha de los derechos LGBTIQ, Carla Antonelli, ha destacado en su cuenta de Twitter: “Su figura, memoria y legado siempre presentes; #LaVidaSinTiPedro nunca será igual, aunque colores arcoíris con los que dibujaste este país ya jamás se borraran, #GraciasPEDRO amigo y compañero”.

Pedro falleció hace tres años a pocas horas de tomar posesión como diputado en la Asamblea de Madrid. Se describía en sus redes sociales como un “activista socialista, republicano, laico, feminista, ateo, migrante, federalista, LGBT, latino, abogado, concejal Madrid, secretario movimientos sociales PSOE”.

Homenaje a Pedro Zerolo, tuit @CarlaAntonelli | Foto: Uso Permitido

Tuits para recordar a Pedro

A continuación algunos de los cientos de mensajes que llenaron las redes sociales para recordar a este gigante del activismo y de la igualdad.

“Tres años ya sin Pedro Zerolo pero siempre en el corazón” @carmencalvo_

“Fue un pionero. España hoy es ejemplo en derechos LGTBI. Y lo es gracias a Pedro Zerolo. Su legado sigue intacto. Y es ejemplo para el mundo. Tres años sin ti, compañero. Tres años echándote de menos. Ojalá estuvieras aquí para verlo”, @Psoe.

“Hoy, tres años después, seguimos recordando a quien fuera nuestro presidente: Pedro Zerolo. Infinitas gracias por todo lo que nos diste, ¡Tu legado nos sigue marcando el camino! #SiempreZerolo”, @FELGTB

“#PedroZerolo nos señaló el camino. La igualdad y la dignidad de la #Diversidad no son negociables. #DDHH #LGTB #QuedadaLegaynés Sigues siendo la inspiración necesaria en los momentos más duros”, @LEGAYNES

“Buenos días! Hoy hace 3 años que nos abandonó Pedro Zerolo, activista LGTB, uno de los principales causantes de nuestros avances en las últimas décadas. Gracias a su acérrima defensa de la visibilidad también dentro del @PSOE, hoy hay 2 ministros gais en el Gobierno”, @rubenlodi

“Hoy hace 3 años nos dejó un gigante de la lucha por la #Igualdad Siempre militante, incansable, lúcido y valiente Que tu semilla germine en miles de activistas #LGBTI Siempre en mi corazón #PedroZerolo “En su modelo de sociedad no quepo yo; en el mío si cabe usted”, @epaulonlgbt

El Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Ángel Gabilondo, Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Ley de Matrimonio Igualitario, Madrid, Pedro Zerolo, PSOE, Purificación Causapié

Política Social, Medio Ambiente y Acogida a Refugiados, ejes de la colaboración Iglesia Ejecutivo

Los obispos ven con buenos ojos la llegada de Pedro Duque y la ministra de Sanidad, Carmen Montón

(Jesús Bastante).- Los obispos españoles han acogido con prudencia y expectativas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo con rostro femenino, compuesto por profesionales en su sector… y con una sola católica practicante: la titular de Educación, Isabel Celáa, que además será portavoz del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez ultimaba su Gobierno, la cúpula de la Conferencia Episcopal se encontraba en Roma,celebrando su Convención Anual. Ayer mismo, el Papa saludaba, al término de la audiencia de los miércoles, tanto al presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, como a su secretario general, José María Gil Tamayo. Oficialmente, la CEE no ha valorado la composición del Gobierno ni la situación en el país tras la moción de censura, aunque la carta que Blázquez dirigió a Sánchez sí denotaba una mano tendida para trabajar “por el bien común“.

El primer Ejecutivo de Sánchez, como apuntó el propio presidente durante su presentación, quiere un Gobierno “paritario, integrador, abierto al mundo, anclado en la Unión Europea, comprometido socialmente y altamente cualificado“. Un Ejecutivo que podría avalar buena parte de las tesis contra la pobreza que, en su día, apuntó Cáritas Española y que le valieron la descalificación pública del ya ex ministro Montoro.

(Pincha sobre la fotografía para ampliarla)

La realidad de la sociedad española también se ha impuesto en un Gobierno, y en un partido (el PSOE), cuya mitad de electorado es católica, pero que ha abandonado la práctica y la doctrina tradicional. Así, el único miembro del Ejecutivo declarado católico, y practicante, es la titular de Educación, la vasca Isabel Celáa. Según El Correo, Celáa, que estudió en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, “asume sin problemas su militancia de izquierdas con su condición de católica practicante“.

En ámbitos valencianos, se destaca la excelente relación que, durante su etapa como arzobispo de la capital del Turia, mantuvieron Carlos Osoro y la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que a buen seguro retomarán en Madrid.

Este es uno de los pocos puentes directos que, a día de hoy, conservan Iglesia y Ejecutivo. Aunque entre los cargos intermedios, aseguran fuentes bien informadas, el diálogo se mantendrá como hasta ahora, e incluso podría mejorar en ámbitos relacionados con la lucha contra la desigualdad social, la cooperación internacional o la acogida a los refugiados.

Del otro lado, la preocupación por el medio ambiente coincide en sus puntos esenciales de con las preocupaciones del Papa Francisco, plasmadas en Laudato Si. En este sentido, tanto el nombramiento del astronauta Pedro Duque (Ciencia, Innovación y Universidades), que tuvo la oportunidad de hablar con Bergoglio hace unos años, y que en una reciente entrevista en Radio Vaticana saludaba la encíclica verde papal, puesto que Francisco “convence a mucha más gente de que tenemos un equilibrio en la Tierra que no es tan sólido como pensábamos”; como el de Teresa Ribera (Transición Ecológica), una de las mayores críticas del cambio climático.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Acogida a Refugiados, Carlos Osoro, Carmen Montón, Conferencia Episcopal Española, Gobierno de España, Isabel Celáa, José María Gil Tamayo, Medio Ambiente, Pedro Duque, Pedro Sánchez, Política Social, PSOE, Ricardo Blázquez, Teresa Ribera

El Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y apoyada por el resto de fuerzas sobre educación para la igualdad y la diversidad. La moción tenía por objetivo instar al Gobierno de España, en colaboración con las administraciones autonómicas, a reforzar la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI en el ámbito educativo.

La moción, que fue defendida el pasado martes por la senadora gallega Vanessa Angustia, portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, recogía entre sus propuestas (puedes descargar aquí el texto completo) incluir en el currículum educativo contenidos que fomenten la educación en Derechos Humanos y la valorización de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar; diseñar un programa de formación de docentes sobre la igualdad de derechos de las personas LGTBI; crear un protocolo específico contra el acoso y la violencia escolar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género; y aplicar los Principios de Yogyakarta en la legislación nacional relativa a Derechos Humanos.

Tras su debate, e incluyendo aportaciones de Compromís y del PDeCAT, el texto de la moción fue sometido a votación. Fue rechazada por 141 votos en contra (todos del Partido Popular), 109 votos favorables (los de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, Ciudadanos, PdeCAT, Partido Aragonés, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, EH Bildu y Nueva Canarias) y 3 abstenciones (las de Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y la del la exsenadora popular Pilar Barreiro, ahora en el Grupo Mixto). La senadora Ana María González, portavoz del PP en el debate, se escudó en que «en el currículum educativo no existen menciones discriminatorias ni discursos de odio sobre ningún colectivo» para justificar su negativa.

Vanessa Angustia recordó que la moción es consecuencia de la interpelación realizada el pasado 22 de mayo al ya exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. «A pesar del cambio que registra ahora la posición del PP, en dicho debate el entonces ministro mostró su compromiso con medidas que contribuyan a la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo y a la lucha contra el acoso escolar por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género», se ha lamentado en un comunicado el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En palabras de su portavoz adjunta, «el Partido Popular vuelve a hacer gala en el Senado de su mayoría absoluta arrogante e intolerante y vuelve a mostrar su nulo compromiso con la igualdad y la diversidad. Utiliza las iniciativas parlamentarias que pretenden fortalecer la protección de los derechos de las personas LGTBI para vengarse de las fuerzas progresistas que han conseguido terminar con el Gobierno de la corrupción. Las personas LGTBI no nos merecemos que el PP use nuestros derechos para materializar mezquinas vendettas políticas».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, Ana María González, Ciudadanos, Educación, EH Bildu, En Comú Podem, En Marea, ERC, Foro Asturias, Homofobia, Íñigo Méndez de Vigo, LGTBfobia, Nueva Canarias, Partido Aragonés, PDeCat, Pilar Barreiro, PNV, PP, PSOE, Unidos Podemos, UPN, Vanessa Angustia

Solicitan que se le dé curso a la propuesta de Ley Trans Estatal, la cual vendría a reparar años de desigualdades sociales.

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Tras la conformación de un nuevo Gobierno en España, la Federación Plataforma Trans ha solicitado al Presidente Pedro Sánchez que no se “olvide” de este colectivo y que trabaje a favor de la legislación que aún está pendiente a fin de garantizar mayores derechos sociales y legales a las personas transexuales y transgéneros de España.

La presidenta de la asociación ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, destacó a través de un comunicado de prensa lo siguiente:

El colectivo de personas trans del Estado español celebramos la salida del gobierno del PP y unimos nuestra esperanza en que este gobierno del PSOE, responda a las necesidades de una ciudadanía golpeada por las medidas económicas y de recortes sociales.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, tuvimos que esperar cerca de 29 años para ver reconocida nuestra identidad legal en el DNI. La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, fue en su momento una de las leyes más avanzadas de Europa, sin embargo, 11 años después, el nuevo contexto social donde los menores y adolescentes trans son una realidad visible, la despatologización de las identidades trans, el principio jurídico de la libre determinación de la identidad y expresión de género, ejes de leyes autonómicas de Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón, además de directivas y resoluciones de Europa, obligan a una modificación de la Ley 3/2007.

Así,el pasado 20 de febrero de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, registra una propuesta de reforma de la misma. Sin embargo, a pesar de aplaudir esta iniciativa de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, es una medida insuficiente y que no viene a reparar tantos años de desigualdades sociales de las personas trans. Un DNI, no resuelve el modelo de atención sanitaria patologizante, el respeto a la identidad en centros educativos y universidades, medidas positivas de acceso al mercado laboral, la discriminación en el deporte y la protección jurídica de menores y adolescentes trans.

Es por ello, que después de un largo proceso participativo y de consenso, los colectivos trans específicos federados en la Plataforma Trans, determinamos una propuesta de Ley Trans Estatal que da una respuesta trasversal e integral a todas las situaciones y ámbitos donde somos objeto de discriminación; la educación, atención sanitaria, integración laboral, identidad legal, deporte y especial mención a menores, mayores e inmigrantes. Que culmino el pasado 23 de febrero de 2018, en el registro de la Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Una propuesta de ley, que cuenta con el respaldo y apoyo de mas de 150 entidades de carácter social, político y sindical, un hecho que hace que este proyecto sea compartido por la sociedad y que además le da robustez.

Es momento de resarcir tantos años de ser consideradas ciudadanía de clase b, hemos sido las personas que más ha golpeado la dictadura y no queremos ser las olvidadas por la democracia. Es hora de que un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, sea quien subvierta la relación que las instituciones han mantenido con las personas trans, debemos ser sujetos políticos de los cambios que necesitamos para vivir en equidad.

Pido al partido que en muchos momentos situó a España en un referente en derechos sociales y avances para el colectivo LGTBI, que de nuevo, desde la madurez política, la valentía y sentido de justicia, España, sea un referente mundial en la protección y garantía de derechos de las personas trans. Una iniciativa donde el resto de Europa y Latinoamérica, tengan un espejo donde mirarse.

Fuente Diario crítico, vía Facebook Plataforma Trans

General España, Federación Plataforma Trans, Pedro Sánchez, Personas trans, Plataforma Trans, PSOE

Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Ciudadanos, Compromís, Congreso de los Diputados, Discriminación, En Comú Podem, En Marea, Esquerra Republicana, FELGTB, Gürtel, HazteOir, Javier Maroto, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, LGTBfobia, Mariano Rajoy, Ministerio del Interior, Moción de censura, Nueva Canarias, PDeCat, Pedro Sánchez, PNV, PP, PSOE, Transfobia, Unidos Podemos

La Universidad Complutense de Madrid ha presentado públicamente su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, cuyo desarrollo comenzó ya en 2016. La Complutense decidió así adelantarse al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid (la ley integral trans), aún pendiente. La puesta de largo del protocolo tuvo lugar en una jornada que tuvo lugar este viernes, organizada junto al colectivo madrileño Arcópoli. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española con mayor número de alumnos presenciales en sus aulas.

«Nuestro protocolo es el primero que en la Comunidad de Madrid aborda de manera integral la identidad de género. Es un documento vivo con vocación constante de mejora y adecuación, y que es resultado de la colaboración fructífera entre esta Delegación, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación Arcópoli», expresó Esteban Sánchez, delegado del rector de la Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente. «La Universidad Complutense de Madrid contempla la diversidad como un activo, como una fortaleza de la institución», añadió.

El rector Carlos Andradas, que inaguró la Jornada sobre Identidad de Género en el marco de la cual se presentó el protocolo, no quiso olvidar la labor realizada por la anterior delegada en materia de Diversidad, la profesora Mercedes García, quien promovió que la Universidad Complutense fuese pionera sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario de la ley integral trans. «Se nos deberían abrir las carnes con que a estas alturas del siglo XXI aún tengamos que estar dando pasos en cosas que deberían estar hechas hace mucho tiempo». señaló Andradas, muy acertadamente.

La jornada reunió en primer lugar a representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid: Carla Antonelli (PSOE), Ana Camins (PP), Eduardo Fernández Rubiño (Podemos) y Tomás Marcos (Ciudadanos). Los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que recordamos fueron las tres fuerzas que aprobaron la ley integral trans gracias a que el PP no dispone de mayoría absoluta en la presente legislatura, lamentaron que el Gobierno regional madrileño no la esté materializando. La diputada popular Ana Camins se defendió argumentando que «no es una ley de fácil aplicación», aunque añadió que su despliegue va a ser una realidad «espero que en breve».

Los representantes de los cuatro partidos elogiaron a la Universidad Complutense por el paso dado al desarrollar su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, aunque el representante de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, insistió en que es también necesario que la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (la polémica LEMES, que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid) garantice también los derechos de las personas trans y LGBTI para reforzar el respeto a los mismos con independencia de la mayor o menor voluntad de los rectorados.

Tras el debate político, moderado por el delegado de Diversidad de la Complutense Esteban Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda organizada por Arcópoli y en la que participaron varias personas trans que debatieron sobre la situación real del colectivo en la Comunidad de Madrid.

29 estudiantes han visto ya modificados sus datos personales

El acto finalizó con la presentación formal del protocolo, que según explicó durante la jornada Laura Jiménez, de Arcópoli (colectivo que tiene precisamente una base universitaria) ya está dando resultados: hasta la fecha son 29 los estudiantes que ya han visto modificados sus datos personales en toda la documentación generada por la Universidad Complutense (carné de estudiante, certificados, listas de clase, actas, censos electorales, etc.).

Os dejamos con el vídeo publicado por la Universidad Complutense en su canal de YouTube que recoge la parte de jornada en la que intervinieron representantes de la Universidad (tanto el debate político como la presentación del protocolo):

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Adriano Antinoo, la entidad proponente de la iniciativa, lamenta la abstención del PP con la excusa de cuestiones técnicas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTB fallecido en junio de 2015, una plaza en el centro de la ciudad. En concreto, el espacio que recibirá su nombre está situado junto a la Alameda de Hércules, al frente de los cines Alameda. A día de hoy carece de nombre diferenciado. El Partido Popular no ha querido sumarse al homenaje del resto de grupos políticos del Ayuntamiento sevillano y ha preferido abstenerse alegando cuestiones técnicas.

La asociación Adriano Antinoo felicita la aprobación por parte del Pleno Municipal de Sevilla de dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTBI que impulsó la lucha por el matrimonio igualitario en España, que estará situada en el espacio situado delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. Esta iniciativa es fruto de la petición de la asociación Adriano Antinoo, que informaba a través de un tuity pretende incorporar al callejero de la ciudad de Sevilla personas que se han distinguido en la lucha por los derechos y la visibilidad LGTBI.

La propuesta, que ya había recibido el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo en julio del año pasado, ha sido aprobada finalmente con los votos de PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). «Los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida han apoyado Este reconocimiento permite a nuestra ciudad incorporarse a la lista de ciudades españolas que reconocen la importancia histórica de Zerolo a favor de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales», se ha felicitado el colectivo Adriano Antinoo, promotor de la medida, en un comunicado de prensa hecho público tras la aprobación de la propuesta.  Este colectivo también ha lamentado la abstención del PP, «que una vez más ha desaprovechado la ocasión para ponerse junto a las personas LGTBI y no a contra corriente de los avances de los derechos y las libertades de este colectivo».

Sevilla | PEDRO ZEROLO TIENE YA UNA PLAZA EN SEVILLA. A propuesta de la Asociación Adriano Antinoo, el Pleno del @Ayto_Sevilla ha aprobado hoy dedicar al activista #LGTBI la plaza existente delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. pic.twitter.com/p5MJmQzEUw

— Adriano Antinoo LGTB (@AdrianoAntinoo) 25 de mayo de 2018

Desde Cristianos Gays felicitamos al Ayuntamiento de Sevilla por su decisión. Pedro Zerolo, presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) desde 1997 a 2003 (siendo precisos, fue presidente de la FELGT, ya que la entidad aún no había añadido la “B” a su denominación oficial). Desde esa posición Zerolo resistió los duros embates del aznarismo entonces gobernante y contribuyó a desarrollar el movimiento asociativo LGTB en España tal y como lo conocemos hoy. Cuando consideró necesario incorporarse a la política lo hizo desde las filas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, partido del que fue secretario de Movimientos Sociales y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La historia del movimiento LGTB en España y de sus conquistas (muy singularmente ser uno de los primeros países del mundo en aprobar el matrimonio igualitario) no hubiera sido la misma sin Zerolo, que también contribuyó personalmente a la extensión de estos avances a América Latina.

Por lo que respecto a la abstención final del Partido Popular (que en 2007 sí que apoyó la propuesta cuando la discutió la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo) no supone demasiada sorpresa si se tiene en cuenta el antecedente de lo sucedido en Madrid en el año 2015. Los populares tampoco quisieron adherirse entonces a la decisión del resto de grupos municipales de renombrar la antigua Plaza Vázquez de Mella como Plaza Pedro Zerolo.

El partido que más activamente se ha opuesto a la igualdad de derechos de las personas LGTB entre los grandes partidos españoles queda nuevamente retratado.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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El colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores». «Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo, Discriminación, Emilio García, Francisco Fernández Marugán, Jesús Grande, Madrid, Miriam Rabaneda, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad