Uge Sangil: “Esta ley vuelve a colocar a España entre los países a la cabeza de los derechos LGTBI+”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* y Fundación Triángulo celebran la aprobación definitiva de la Ley Trans y LGTBI+. Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, “esta legislación vuelve a colocar a España entre los países a la cabeza de los derechos LGTBI+”.

En este sentido, asegura que “hemos logrado una ley que está entre las seis o siete más avanzadas en reconocimiento de los derechos trans de adultos y entre las cuatro o cinco más avanzadas en reconocimiento de los derechos de los menores”.

No obstante, recuerda que “aunque las personas no binarias hemos quedado fuera de esta ley, desde las entidades, seguiremos trabajando por el reconocimiento de nuestras identidades y por el respeto de nuestros derechos”. Asimismo, explica que “esta ley es solo un primer paso para el reconocimiento de los derechos de todo el colectivo, pero la igualdad real solo se hará efectiva si seguimos luchando por avanzar en derechos e implementarlos”.

“Hoy la mayoría parlamentaria se muestra favorable a reconocer la dignidad de las personas trans”

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, celebra este éxito del activismo y asegura que “tras estos años de lucha, hoy, por fin, vemos aprobada esta ley en primera vuelta en el Congreso. Hoy la mayoría parlamentaria, en consonancia con la mayoría social en la calle, se muestra favorable a reconocer la dignidad de las personas trans y legisla resarciendo los años de maltrato social, todo, gracias a una enorme movilización ciudadana”.

“Las vidas de las personas trans y de las personas LGTBI, y el acto de hacer uso de los derechos que nos corresponden, serán la respuesta a toda la desinformación que hemos vivido durante el proceso de tramitación y que tanto ha ralentizado la aprobación”, añade.

Asimismo, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, expone que, durante la presión de estos cuatro años y al salir a las calles, “hemos conseguido la despatologización y la autodeterminación de género de las personas trans, de manera que podrán tener su género reflejado en su DNI sin necesidad de testigos, ni informes, ni diagnósticos, ni pruebas, ni hormonación obligatoria”.

“Hemos logrado que los menores  de 14 a 15 años puedan cambiar su género libremente acompañados por sus familias”

“Igualmente, hemos logrado que los menores de 16 y 17 años puedan cambiar su género en su DNI libremente, y que los menores de 14 a 15 años lo puedan hacer acompañados por sus familias, algo que, en estos momentos, solo se recoge en tres legislaciones a nivel internacional. Igualmente, hemos conseguido que los menores puedan cambiar de nombre a cualquier edad, de manera que se facilite el tránsito social”, incide.

Otros logros conseguidos con la Ley Trans y LGTBI:

• Las personas trans migrantes que en su país no hayan podido cambiar su sexo registral, podrán hacerlo en España aunque no tengan la nacionalidad española y será el Estado español quien acredite la situación de su país.
• Se prohibirán las subvenciones a organismos que fomenten la LGTBIfobia.
• Se garantizará la reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar.
  Las parejas de mujeres que no estén casadas podrán filiar a sus hijas, hijos e hijes en igualdad de condiciones a las parejas mixtas, sin necesidad de adoptar.
• Las parejas no casadas formadas por dos personas del mismo género podrán adoptar en igualdad de condiciones a las parejas mixtas.
• Quedarán prohibidas las mutilaciones de los bebés intersexuales. Aunque no están todas las reivindicaciones del colectivo intersex, pues se solicitaba que su sexo no fuera registrado antes de los diez años y, finalmente, será a partir del año.
• El Estado podrá imponer sanciones administrativas para condenar discriminaciones, que no sean per se delito, contra las personas LGTBI+, incluyendo un régimen sancionador.
• La Ley prohíbe, con sanciones administrativas, las terapias de conversión. Queda por lograr que estas terapias tengan sanción específica penal, ya que la ley no reforma el Código Penal.
• Se avanza en protección contra la violencia en parejas del mismo sexo. Se garantizan derechos para las víctimas de esta violencia, como son la reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo por parte de los empleadores.

Además de todos estos puntos anteriores, se avanza en políticas públicas activas para la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI+.

NOTA. Valoración aprobación Ley Trans y LGTBI+22122022

Fuente FELGTBI+

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ILGA felicita a España por la aprobación de la Ley Trans LGTBI

La delegación europea de ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, federación mundial de más de 1.700 organizaciones de más de 160 países y territorios que luchan por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, ha felicitado a España por la aprobación -ayer jueves en el Congreso de los Diputados- de la Ley Trans LGTBI.

We are delighted to see the legal gender recognition reform progressing based on human rights standards in Spain, and are looking forward to the final vote, expected in February. Felicitaciones to everyone involved so far! @PlataformaTrans @FELGTBI @Kifkif_iguales @EUFORIA_FTA

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) December 22, 2022

Este organismo internacional, del que Kifkif forma parte, ha querido reconocer en su enhorabuena la labor de las organizaciones trans y LGTBI españolas que han hecho realidad este importantísimo logro. ILGA ya se había adherido a la reivindicación de Kifkif de incluir a las personas migrantes en la citada ley, algo que finalmente se ha cumplido, tras un arduo trabajo de incidencia política de nuestra entidad.

Fuente KifKif

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Los mayores de 16 años pueden decidir sin necesidad de presentar pruebas médicas

La aprobación de la ley trans da un paso hacia delante tras la decisión del partido político PSOE de no modificar el punto de la autodeterminación de género, el cual estaba causando un debate interno. La parte feminista del partido rechazaba este punto de la ley, en cambio los socios de gobierno, Unidas Podemos, quería que saliera adelante. Sin embargo, se ha impuesto la decisión a favor de la Ly respetando así la posición del PSOE aprobada en su Congreso Federal

Según este punto, las personas mayores de 16 años, solo tendrán que acudir a rellenar un formulario para el cambio oficial de género y en un máximo de 4 meses la administración hará posible ese cambio sin necesidad de presentar pruebas médicas. Esto para una gran parte del colectivo trans, era muy importante, ya que los procesos actuales hacen que el cambio oficial sea muy lento. En los trabajos previos sobre la ley, se planteó la posibilidad de introducir testigos para el cambio registral del sexo, que finalmente se eliminó esta opción.

Con este cambio, la autodeterminación de género dentro de la ley trans española queda de la siguiente manera: las personas de entre 12 y 14 años pueden solicitar el cambio a través de sus padres o tutores legales; las personas de entre 14 y 16 años pueden solicitar el cambio con el consentimiento paterno o de los tutores legales, y todas las personas mayores de 16 años pueden solicitar el cambio acudiendo a los registros y sin necesidad de tratamientos médicos.

Ahora lo que queda por trabajar es cerrar el resto de puntos de la ley, llegando a un acuerdo entre las diferentes partes de gobierno para desbloquear los trámites parlamentarios para la aprobación de la ley antes de final de año, cumpliendo así los deseos de Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad a cargo de Irene Montero.

La idea ahora es que se concreten pronto esas enmiendas y que se cierre un acuerdo cuanto antes entre los grupos parlamentarios y los socios de coalición del Ejecutivo, desbloqueándose por tanto los trámites parlamentarios para la aprobación de la ley que, de esta forma, podría ver la luz verde antes de final de año, como pretendían en Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad.

Por otra parte, la oposión de gobierno a cargo del PP, ha declarado ante este último avance que si llega al poder, derogará la ley trans por completo.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Autodeterminación de género, Ley Trans, PSOE

La cámara rechaza las enmiendas a la totalidad de las derechas, que se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans

La llamada Ley Trans sigue adelante. La mayoría del Congreso ha rechazado rotundamente este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, que pedían devolver el texto al Gobierno. Así se ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación legislativa por la vía de urgencia de una norma que se prevé muy agitada. A ella no solo se oponen la derecha y extrema derecha, también un sector del movimiento feminista transexcluyente.

El punto más polémico es la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Actualmente, ya hay en España desde 2007 una ley sobre identidad de género y que permite el cambio en el DNI, la diferencia es que impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. Condiciones que la nueva norma, oficialmente llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, elimina.

La diputada sociaLISTA Raquel Pedraja ha reconocido que la ley “entra en el Congreso con una vocación de mejora y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando para que sea garantista” y ha reivindicado al PSOE como “el partido que ha protagonizado los avances en materia LGTBI de los últimos 40 años” y “el partido feminista de las grandes reivindicaciones de las mujeres” y ha nombrado varias de las cuestiones que aborda la norma, entre ellas las tasas de desempleo de las personas trans o el acoso escolar.

La ley ha sido defendida desde la tribuna por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que en 2019, una reforma que también reconocía la libre autodeterminación de género estuvo a punto de ser aprobada en el pleno y cuyo dictamen “fue firmado por todos los partidos”. “Señores del PP, ¿qué ha cambiado hasta ahora?”, ha cuestionado a la bancada de la derecha. “Que han sido devorados ideológicamente por la extrema derecha”, se ha respondido.

La titular de Igualdad ha advertido a PP y a Vox de que “somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez a las personas trans y a las personas LGTBI” y que “han perdido el debate antes de empezarlo”. Además, ha llamado a la “mayoría feminista” de la cámara a “expresar diferencias y posibilidades de mejora”, pero “sin dejar una sola puerta abierta a los discursos de odio y la transfobia”. “La derecha quieren un país lleno de armarios, de soledad, de clandestinidad. Son menos. Les estamos ganando”, ha cerrado su intervención.

El PP y Vox comparten argumentario, consideran que se trata de un “texto ideologizado” y “contrario a la evidencia científica” y ambos se refieren a la identidad de género como si fueran “deseos”, pero la intervención más dura ha venido de la bancada de la extrema derecha. Con una camiseta que rezaba “biology is real” (la biología es real, en inglés), la diputada de Vox Carla Toscano ha calificado la norma de “labor de ingeniería social” que “fomenta la transexualidad”. “Hoy es el día de gritar los niños tienen pene y las niñas vagina, la biología es real, el sexo es binario y la ideología de género es un cáncer”, ha afirmado.

Toscano considera que legislar sobre “deseos y autopercepciones genera fraudes de ley” y cree que “veremos hombres que tendrán acceso a espacios de mujeres”, ha añadido antes de comparar este tipo de leyes para despatologizar la transexualidad con “legislar sobre autopercepción de edad, nacionalidad o estado civil. ¿Se imaginan un mundo en el que todos estén obligados a tratarnos como nos sintamos? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se pueden sentir un ornitorrinco o Lady Gaga”, ha dicho ridiculizando a las personas trans.

El PP, por su parte, ha centrado su discurso en criticar especialmente el tratamiento de los menores que hace el proyecto y ha reivindicado el papel “de los padres y profesionales” que, asegura la diputada María Jesús Moro, “se deja de lado”. El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con autorización de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. “¿A ustedes les parece un avance que convirtamos el Registro Civil en una oficina de recepción de deseos y arrepentimientos? No es como ir a cambiar el modelo de consola, es muy serio”, ha añadido.

Otra de las líneas argumentales de los populares entronca con lo que defiende también varias organizaciones feministas que se oponen a la norma, entre ellas la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que se ha reunido esta mañana con Feijóo y que considera que la Ley Trans puede suponer una merma de derechos para las mujeres. “Nos pronunciamos contrarias al borrado de la mujer”, ha dicho en el pleno Moro, que ha interpelado a las socialistas asegurando que el partido “quiere purgar” a las feministas socialistas críticas.

Sin ambages han respaldado la autodeterminación de género el resto de formaciones que han intervenido en la cámara. Bildu, el BNG, PNV, ERC y Ciudadanos han cargado también contra las enmiendas de las derechas y ha querido censurar los debates “que en vez de aportar luz están suponiendo un obstáculo para reconocer la diversidad”, en palabras de la diputada de Bildu, Bel Pozueta, que ha defendido la libre determinación de la identidad asegurando que “nadie de esta cámara va a decirles a las personas trans quiénes son ni quiénes pueden ser”.

En la misma línea se expresado María Carvalho, de ERC: “No hay una lucha entre el feminismo y las mujeres trans”, ha clamado la parlamentaria antes de recordar que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han crecido un 67% desde 2019, según el Ministerio del Interior. Los republicanos se han comprometido a proponer las enmiendas que piden los colectivos, entre ellas, posibilitar el cambio de sexo legal “sin limite de edad”, reconocer a las identidades no binarias y “posibilitar que las personas trans migrantes puedan cambiar sus documentos”.

Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, se ha mostrado también a favor de la autodeterminación de género, pero ha criticado al Ministerio de Igualdad por reclamar la tramitación de la ley por la vía de urgencia. Algo que la diputada ha calificado de “irresponsable” porque “necesitaría la comparecencia de expertas e informes preceptivos”. Es esta una de las reclamaciones que también han hecho las organizaciones feministas críticas, que consideran que este trámite “busca ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres”.

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Fuente FELGTBI+

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La comisaria europea de Igualdad, Helena Dali, tras la pancarta de cabecera

Este sábado, 9 de julio, se celebró en Madrid la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI. Una impresionante movilización que recupera el tono perdido por la pandemia del coronavirus y que contó con la presencia, entre otras personalidades, de la comisaría europea de Igualdad. La petición de que se apruebe de una vez por todas la ley LGTBI y trans fue un clamor a lo largo de la marcha.

Una larga pancarta con el lema «Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia», abría la manifestación. Tras ella, de forma muy destacada, la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, que con su presencia estos días en Madrid ha querido visibilizar el apoyo de su departamento al avance de los derechos LGTBI en nuestro país, que aún debe materializarse en la prometida ley LGTBI y trans. Dalli era, por otra parte, el único cargo político destacado en la pancarta de cabecera, ocupada mayoritariamente por activistas LGTBI que trabajan en diversos ámbitos, como la discapacidad, la realidad gitana, la migrante y el feminismo. Los organizadores de la manifestación (el colectivo madrileño COGAM y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Intersexuales y más, FELGTBI+) quisieron además que este año formaran parte de la cabecera representantes de Chrysallis y de Fundación Triángulo, «dos entidades que, junto a FELGTBI+, han impulsado el Proyecto de Ley Trans y LGTBI durante toda su tramitación».

Tras la pancarta de cabecera una segunda pancarta reclamaba un Pacto Social y de Estado frente a los discursos de odio. Detras de esta se manifestaron decenas de organizaciones LGTBI. Primero, entidades que forman parte de la FELGTBI+. Después, otras entidades LGTBI, ONG, sindicatos, partidos políticos, representantes y personal de algunas embajadas y empresas que en su compromiso con la diversidad quisieron estar presentes. A lo largo de este primer tramo de manifestación pudimos advertir la presencia de destacadas personalidades políticas, como los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Educación (Pilar Alegría), tras la pancarta del PSOE, o la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tras la pancarta de Ciudadanos. Lejos queda, en este sentido, la polémica de 2019, cuando la presencia en el Orgullo de la formación entonces presidida por Albert Rivera tras sus alianzas autonómicas y municipales con la extrema derecha generó un importante rechazo. El hecho de que ahora el foco del activismo esté centrado en la aprobación de la ley trans por las Cortes y, por qué no decirlo, la cada vez menor relevancia política del partido naranja hicieron que su presencia este año no generase problemas.

Finalmente, una vez que la parte más claramente reinvindicativa de la manifestación a pie había circulado, las casi cuarenta carrozas participantes en la «manifestación rodada», llenas de fiesta y diversión. De hecho, otros políticos eligieron las carrozas para disfrutar del Orgullo. Es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la ministra de Derecho Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que estuvieron en la carroza de la formación morada. Y en la carroza de Más Madrid estuvieron Rita Maestre (su portavoz municipal), Mónica García (líder de la oposición en la Asamblea de Madrid), Eduardo Fernández Rubiño (diputado en la Asamblea de Madrid y senador abiertamente gay) e Iñigo Errejón, su líder nacional. Por lo que se refiere a las carrozas más comerciales, este año destacaron, entre otras muchas, las de Televisión Española, promocionando el Benidorm Fest (de hecho este año la cadena pública retransmitía por primera vez la manifestación); la del museo Thyssen-Bornemisza o la de la cantante colombiana Karol G, todo un fenómeno que atrajo a miles de personas a su alrededor.

Cuando la cabecera llegó a la Plaza de Colón se procedió a la lectura del manifiesto 2022, en el que como no podía ser de otra manera tuvo un especial protagonismo la ley LGTBI y trans: «De su aprobación dependen los derechos de las lesbianas, los derechos de las personas bisexuales, los derechos de los gais, de las personas intersexuales y, sobre todo, los derechos de las personas trans, que han aguantado y sufrido enormemente durante la tramitación de esta ley, que han vivido insultos, acoso, mentiras, bulos y campañas de odio. Y que, pese a ese odio, han devuelto valentía, alegría y dignidad, exigiendo sus derechos cargadas de razones, con el grito que se ha escuchado por toda España: EXIGIMOS LA IGUALDAD DE DERECHOS TRANS». Puedes descargar íntegramente el manifiesto aquí.

Más de 600.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno

Por lo que se refiere a la asistencia, el Orgullo madrileño recuperó este 2022 el tono perdido tras la cancelación de su celebración física en 2020, debido a la pandemia del coronavirus. En 2021 volvió a celebrarse físicamente, con músculo activista pero sin carrozas y con una asistencia más reducida que en años anteriores. Este 2022, ya sin restricciones, la marea humana volvió a inundar Madrid. Los organizadores aseguran haber llegado al millón de participantes, frente a los más de 600.000 estimados por la Delegación del Gobierno. Es imposible saberlo en un evento en el que el grado de participación es múltiple.

El hecho de que la manifestación del Orgullo se solape con las propias celebraciones del Orgullo, «fiesta mayor» de la ciudad de Madrid, extendida a lo largo de varios días y con escenarios distribuidos por todo el centro, complica los cálculos. Manifestación reinvindicativa y MADO (cuyo organizador principal es la asociación empresarial AEGAL y que cuenta con el propio Ayuntamiento de Madrid como patrocinador) son dos cosas bien distintas, pero acaban confluyendo a partir de un cierto momento de la noche en un magma indistinguible.

Por lo que se refiere específicamente a las fiestas del Orgullo (cuyo pregón pronunció este año la eurovisiva Chanel), tras el paréntesis que supuso la «era Carmena», este año 2022 ha visto de nuevo como el Ayuntamiento presidido por un alcalde popular ha puesto trabas a una celebración declarada en 2016 bien de interés general por el consistorio. Episodios como la precipitada suspensión de los conciertos en la Plaza del Rey o la negativa municipal a conceder la exención de los límites de ruido que se habían concedido en ediciones anteriores son solo dos ejemplos. Otro, de especial importancia simbólica, fue la negativa del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a colocar estos días la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, ni siquiera en formato pancarta como sí se hizo las juntas municipales de distrito presididas por Ciudadanos.

Os dejamos, para finalizar, con alguna de las imágenes que pudimos captar a lo largo de la manifestación. Una galería que venimos recopilando desde hace años (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) y que, como siempre en el caso de dosmanzanas, se centra en la parte más reivindicativa de la manifestación. En ella podréis ver, por ejemplo, las pancartas principales de los colectivos participantes (pincha sobre la foto para acceder al album):

Fuente Dosmanzanas

Casa Árabe iluminó la fachada de su sede con la bandera arcoíris

Imagen facilitada por Casa Árabe

Del 1 al 10 de julio, por primera vez desde su fundación en 2006, Casa Árabe ilumina la fachada del edificio de las Escuelas Aguirre, su sede central en Madrid, con los colores de la bandera del arco iris para conmemorar la Semana del Orgullo en la capital española.

Desde su fundación, Casa Árabe trabaja cada día con el objetivo de tender puentes, fortalecer las relaciones políticas bilaterales y multilaterales, promover y acompañar las relaciones económicas, culturales y educativas, así como la formación y el conocimiento del mundo árabe y musulmán.

La entidad lleva años organizando actividades relacionadas con el colectivo LGTBI, muchas de ellas en colaboración con Kifkif. Por ello, para Kifkif, este gesto es una muestra de admiración y de agradecimiento a Casa Árabe.

Del 1 al 10 de julio, con motivo de la Semana del #OrgulloLGTBI en Madrid, @Casaarabe está enarbolando en su fachada los colores de la enseña del arco iris.

من 1 إلى 10 يوليو ، بمناسبة أسبوع #الفخر #Pride في مدريد ، ترفع @Casaarabe ألوان علم قوس قزح على واجهتها. pic.twitter.com/lWl9kACrwz

— Kifkif (@Kifkif_iguales) July 3, 2022

Sobre Casa Árabe:

Casa Árabe es una entidad de derecho público de carácter interadministrativo, adscrita a la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y dotada de patrimonio propio. El consorcio está formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba.

Más información: https://www.casaarabe.es/p/quienes-somos

Fuente KifKif

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Los tres grupos parlamentarios han defendido la igualdad de derechos y han condenado los ataques que sufre todavía el colectivo

Las organizaciones LGTBI celebran la Ley de Castilla-La Mancha también como un impulso para la normativa estatal

FELGTB y la Fundación Triángulo recalcan el carácter histórico de la aprobación del texto por unanimidad

Francisca Bravo

Emotivo día en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha aprobado por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, una normativa calificada como “histórica” y que deja sólo a Asturias y Castilla y León como las únicas comunidades sin legislación propia destinada al colectivo. Es una “creencia profunda en la justicia”, aseveró Blanca Fernández, consejera de Igualdad, que ha presentado el texto en nombre del Consejo de Gobierno, agradeciendo por nombre y apellido a muchas personas activistas que copaban las tribunas y las salas de comisiones como testigos del momento que vivido la cámara.

Fernández ha recalcado que la Ley ofrece una oportunidad para dar “ejemplo” en un momento en que la política está “tan denostada”. “Nos iría mejor si fuéramos más capaces de llegar a acuerdos y consensos”, recalcó, apuntando que se aceptó la mayoría de las enmiendas enviadas al texto, que fueron centenares de decenas de organizaciones y personas particulares. “Hemos incorporado en la medida de lo posible todas las sensibilidades, y hemos aceptado las alegaciones con independencia de quien fuera el aturo”, resaltó la consejera de Igualdad.

Este es el momento de la votación de la Ley pic.twitter.com/OXwXOZEIY9

— eldiario.es CLM (@eldiarioclm) May 5, 2022

Emoción en sus palabras al recordar a las “madres coraje” que estaban presentes en el pleno, Patricia, Paloma y Anabel. Y es que la ley tiene un apartado e protección de la juventud, al igual que también de las personas mayores y de quienes estén en situación de vulnerabilidad. “Si la ley está hecha contra los estereotipos, contra el miedo y el sectarismo, teníamos que construirla con la buena fe de quien quería aportar para construir”, recalcó. “Por qué es necesario hacer una ley específica para proteger los derechos y libertades de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha? ¿No es suficiente con la Constitución? No, no lo es”, afirmó Fernández.

Este texto, explicó, servirá para atender, por ejemplo, a quien sufra secuelas tras un ataque violento. “¿Qué persona LGTBI haciendo el análisis, no ha dicho cómo mínimo una vez que ha sufrido acoso, mobbing o violencia en el peor de los casos? Sabemos que esto es así. No podemos dar la espalda”, resaltó Fernández, quien agradeció el trabajo de más de dos años de todo el equipo de la consejería. “Esta ley desarrolla un mandato constitucional que protege derechos fundamentales. Las personas LGTBi de Castilla-La Mancha no son menos”, concluyó.

El PSOE afirmó que la ley está “muy consensuada” con las asociaciones LGTBI y su portavoz, Charo Saco, recordó que prácticamente la mitad de las parejas del colectivo señalan que no se atreven a darse la mano. También recordó a personalidades históricas del colectivo, como Javier Fernández Arroyo, fundador de la asociación Bolo-Bolo, Gustavito, enfermero y matrón de Albacete que resultó ser una “institución” para el colectivo en los años 40 y 50, así como Ana Pérez, la “primera actriz” de una película de temática trans, originaria de Hellín. Saco resaltó también que la extrema derecha “amenaza” a la región, y que Vox ya ha anunciado que hará lo posible por recurrir la ley. “Nos causa tristeza y enfado”.

La diputada de Ciudadanos, Elena Jaime, también recordó a Sonia Rescalvo, mujer trans originaria de Cuenca que fue asesinada en Barcelona y cuyo asesinato se reconoce como el primer crimen contra una persona trans de España. “Hoy nos sirve para recordar lo que nos ha traído aquí, los pequeños y grandes avances, y los estigmas a los que se ha visto abocado el colectivo”, resaltó, rememorando también a la poeta Soco Cordente, también conquense que falleció recientemente.

La diputada del PP Gema Guerrero, ha recordado que el PP “siempre ha trabajado” en la protección de estos derechos. “La nuestra no es una libertad impuesta, es una igualdad liberal, la que pretende las mismas oportunidades para todos, los mismos deberes, las mismas obligaciones”, ha afirmado parafraseando a Mariano Rajoy.

Decenas de asociaciones y colectivos LGTBI han acudido al pleno en el que se ha debatido la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, una normativa regional “histórica” que ha contado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios en la Cámara. El texto ha recibido centenares de alegaciones que han supuesto una “mejora”, según ha reconocido la propia consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien realizó una emotiva defensa del texto.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha considerado que si bien lo que se estipula en la ley es “mejorable”, también se trata de un día para celebrar. No sólo para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, reflexiona, sino también como un impulso para la Ley estatal que está “próxima a llegar”. “El trabajo de muchos activistas está muy reconocido hoy en esta cámara”, explica momentos antes de iniciarse el pleno. “Es un buen paso para el colectivo de esta comunidad autónoma y que además despatologiza a las personas trans, atiende a los menores trans y cuenta con un discurso contra las terapias de conversión, así como su prohibición. Vamos por el buen camino”, celebra.

Esta ley hace que sólo Asturias y Castilla y León no cuenten con una normativa regional destinada a la protección del colectivo LGTBI. Además, Sangil resalta que es una ley “mucho mejor” que otras, como la de Galicia, que ha tachado de “descafeinada” y “sin contenido real”.

“Es un momento histórico para Castilla-La Mancha. El activismo lleva décadas persiguiendo avances para que se reconozca la igualdad para todas las personas”, explica José María Núñez, presidente estatal de la Fundación Triángulo. El extremeño recuerda que este tipo de normativas de protección son “fundamentales” para comunidades autónomas más rurales, y resalta el consenso que ha supuesto para la estabilidad de su desarrollo posterior. “Significa reconocer con rango de ley la igualdad de las personas, amen a quien amen y se sientan cómo se sientan”, señala. También resalta que reconoce los derechos de las personas trans con toda su dignidad y derechos humanos en “todos los ámbitos de la vida”. “Es algo fundamental”.

“Queda por delante su desarrollo y en él nos empeñaremos, pero es un día importante a nivel nacional, porque sólo quedaban tres comunidades autónomas sin ley LGTBI o trans y hoy aquí se aprueba por consenso. Esta ley es de primera línea entre las legislaciones sobre diversidad sexual, incluso a nivel europeo y en breve lo hará también Asturias. Sólo quedará Castilla y León sin legislación. Pero nadie en su sano juicio cree que Castilla y León aprobará ninguna norma aceptable que reconozca la diversidad sexual”, reflexiona.

Núñez señala que es “inevitable” recordar el discurso de zapatero cuando se aprobó el matrimonio igualitario, y resaltaba que “no se quitaban los derechos a nadie, sino que se garantizaba la dignidad de todos los españoles y españolas”. “Esta ley hoy reconoce la dignidad de todos y todas las castellanomanchegas, independiente de su orientación sexual”, celebra.

Amnistía Internacional ha resaltado en un breve comunicado el “importante” avance en los derechos humanos que supone la aprobación de la ley para las personas LGTBI en la región, al plantear mejoras en aspectos “críticos” para el disfrute de sus derechos, como la prohibición de las terapias de conversión o la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y formación del profesorado; también destacan las medidas para no discriminación en el ámbito laboral, acceso a la salud o la protección del colectivo. “Es imprescindible garantizar una adecuada aplicación de la ley y dotarla de recursos adecuados para que las medidas propuestas pasen a ser una realidad”, advierten.

Fuente El Diario

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En un momento en el que el discurso de odio contra las personas trans gana presencia política y mediática y amenaza con paralizar los necesarios avances legislativos en la materia, resulta reconfortante poder dar una noticia como esta: el Parlamento de La Rioja aprobó el pasado viernes, 18 de febrero, la Ley regional de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Lo hizo con el voto favorable de PSOE, Podemos e IU y con la oposición de PP y Ciudadanos. Nuestra enhorabuena a las personas trans de La Rioja y a sus familias.

El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado el pasado viernes día 18, la Ley Trans durante un pleno monográfico que se ha celebrado en la Cámara riojana.La Rioja deja así atrás el pequeño grupo de comunidades sin ninguna ley específica que proteja a las personas del colectivo LGTBI y entre las que aún se cuentan Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias. La Ley, que se ha votado en varios puntos por separado, ha contado con los votos a favor del PSOE y el Grupo Mixto mientras que Cs y PP han mostrado su abstención o rechazo en varios de los artículos.

En concreto, el texto a debatir era la Proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La diputada socialista, Nuria del Río, ha sido la encargada de relatar, en primer lugar, la tramitación de esta Proposición de Ley que comenzó en noviembre de 2019. Durante el debate, además, han estado presentes numerosas personas y miembros de colectivos LGTBI.

La Rioja era una de las pocas comunidades autónomas que no disponía todavía de un marco regulatorio propio para proteger a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico, y ello pese a que en la anterior legislatura pudo haberse ya conseguido, después de que en 2015 el PP perdiese la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja. En 2017, los entonces grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado, presentaron una proposición de ley en ese sentido, consensuada además con los principales colectivos LGTBI de la región. Las maniobras dilatorias del PP, que lamentablemente contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos, hicieron imposible que se cumplieran los plazos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

La nueva Ley Trans riojana, aprobada con los votos de PSOE, IU y Podemos, comenzó, por lo tanto,  su andadura en la anterior legislatura, con el popular José Ignacio Ceniceros como presidente regional. Fue el Partido Socialista el que presentó esta iniciativa, que, tal y como explica Henar Moreno, diputada por Izquierda Unida y una de las impulsoras de la ley, fue bloqueada por el Partido Popular hasta agotar la legislatura. Una vez arrancada la nueva legislatura, con la socialista Concha Andreu a la cabeza, la ley volvió a iniciar su trámite parlamentario y se aprobó su toma en consideración en 2020, aunque no ha sido hasta este 2022 que ha llegado hasta el Pleno autonómico para su aprobación definitiva.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la izquierda conseguía por primera vez en 25 años la mayoría en el Parlamento de La Rioja. Y los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraban en noviembre de ese año, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la misma proposición de ley integral trans que no pudo aprobarse antes de las elecciones. Por fin, casi dos años y medio y una pandemia después y pese a las presiones del lobby transexcluyente, la proposición de ley es una realidad, con la oposición del PP (comprensible, dada su postura tradicional en materia LGTBI) y de Ciudadanos (menos comprensible) y el voto favorable de PSOE, IU y Podemos. Especial empeño han puesto en ello las diputadas Ana Santos, del PSOE, y Henar Moreno, de IU.

Moreno explicaba que la sintonía con el PSOE riojano en la tramitación de esta ley ha sido “fantástica” . Por su parte desde la Agrupación de apoyo a personas trans, no binarias y agénero de La Rioja (ARTRA) destacan, que pese a los permanentes retrasos “y más allá de pequeños roces, hemos visto apoyo”. Desde este colectivo destacan la figura de Ana Santos, exconsejera socialista de Servicios Sociales del gobierno riojano, de quien destacan que “ha estado al pie del cañón y debe ser citada”. Santos, de hecho, aseveró que esta nueva norma supondrá “abrir la puerta a una realidad que ha sido ignorada siempre en esta comunidad: la realidad trans” y ha recordado que “ha sido una lucha muy larga y con muchas dificultades, es el tercer intento de que salga adelante” y que esta ley supone “devolver la dignidad a las personas trans y que estén amparadas por las leyes y las instituciones”.

Durante la sesión, Moreno ha recordado algunas de las cifras que afectan a este colectivo, como que “más del 80% de los menores y adolescentes trans han pensado en suicidarse, más del 40% lo intentaron y el 8% lo consiguió”. “El 85% de las personas trans encuentran muchísimas dificultades para encontrar un empleo o están en situación de desempleo, el 58% ha sufrido algún tipo de discriminación, agresión o acoso en su ámbito laboral, el 43% del alumnado LGTBI ha sufrido acoso escolar y más del 60% ha sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica a través de las redes sociales”.

Tras ella ha sido el turno de Belinda León, de Ciudadanos, que en una polémica intervención y después de “reivindicar los derechos trans”, ha anunciado que votarían en contra por “no ajustarse a la realidad” y por haberse tramitado y redactado en exclusiva entre el PSOE, IU y Podemos, lo que ha concluido con la bancada socialista llevándose las manos a la cabeza.

Por el Grupo Popular, el diputado Jesús Pérez Ligero ha criticado que “la exposición de motivos es completamente ideológica y acota incluso la denominación de trans confundiendo el sexo con el género”. Además, ha afeado, “aplica un determinado punto de vista y pone incluso sanciones a las personas que no están de acuerdo con algo y que son relativas a la libertad de expresión”. El PP también ve “incongruencias” en la Ley riojana, sobre todo en lo relacionado con los menores. Además, ha señalado el diputado ‘popular’ “habría que esperar a ver qué ocurre con la Ley estatal pero los socialistas hacen oídos sordos incluso a los suyos mientras mantengan el “sillón caliente”. Incluso ha afirmado que  “se legisla sobre sentimientos pero sin datos de lo que está pasando en otros países que llevan mucho camino por delante y que ahora ven problemas”. y que “trata de imponer un modelo a dedo que puede generar situaciones irreversibles”. Toda ley en defensa de los derechos trans debe contar con la máxima seguridad jurídica y con el consenso no solo de los legisladores sino también de los sanitario.

Por último, por el PSOE, Ana Santos ha comenzado su intervención celebrando que “a la tercera va la vencida” y recordando que “la sexualidad no entiende de ideologías, ni de clases sociales, ni de culturas, ni de religiones”. “Hoy estoy emocionada y orgullosa de ocupar un escaño, haber sido ponente de esta Ley y haber contribuido a su defensa y, a pesar de todas las dificultades del camino, hoy se apruebe porque supone un avance en derechos humanos. Estas conquistas son importantes“, ha afirmado.

También durante su intervención ha lamentado que esta ley no haya salido adelante por unanimidad. “Si fue posible lograr un acuerdo por unanimidad en nuestra reciente reforma del Estatuto de Autonomía, en su artículo 15, donde se recogía el derecho de toda persona a expresar su identidad de género ¿Porqué no íbamos a lograr un acuerdo a la hora de hacer ese derecho efectivo?”.

A pesar de la “tardanza” en aprobar esta Ley, la diputada socialista, Ana Santos, ha querido recordar que “no ha sido fácil llegar hasta aquí” porque se ha producido una “verdadera carrera de obstáculos”. A pesar de que la derecha “ha hecho todo lo posible para que esta Ley no viera la luz”, ha querido recordar que la transexualidad “no entiende de ideologías. Nos hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad”. Por todo ello, ha indicado, “no voy a permitir que nadie empañe lo que hoy es un buen día” a pesar de que el PP y a Cs “se quieran amparar en razones formales, lo cierto es que se han respetado los tiempos y ellos han sido los responsables de que no se aprobase esta Ley en otras dos ocasiones anteriores. Levantarse de una comisión y no apoyar el dictamen es escurrir el bulto, no es una cuestión de tiempo sino de voluntad”. Ante ello, ha finalizado, “hoy se abre un camino de esperanza en La Rioja. Habrá un futuro en el que podamos vivir respetando nuestras diferencias y en donde sea más importante amar que estigmatizar. Hoy con esta Ley abrimos un camino y tiramos las puertas para que nadie vuelva a meterse en un armario”.

Y ha concluido recordando al grupo parlamentario de Ciudadanos que “todas sus enmiendas, salvo tres que ya estaban recogidas por el texto, fueron aceptadas en el seno de la comisión” que ha trabajado el articulado.

Una ley en defensa de los derechos de las personas trans

La nueva ley (cuyo texto completo puedes consultar aquí) reconoce el principio de autodeterminación de género y garantiza a las personas trans y a las personas intersexuales una serie de derechos fundamentales en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y deportivo, poniendo punto final a la patologización de las identidades trans en todas aquellas esferas que dependen del ámbito competencial autonómico e instaurando un régimen sancionador contra las acciones discriminatorias.

La Ley Trans de La Rioja pretende ser un texto transversal que atraviese distintas realidades diarias de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo, deportivo y laboral poniendo el foco en la denominada “autodeterminación de género”.

Esta ley supone dejar atrás aspectos patologizantes, como el requerimiento de certificados médicos de “disforia de género” para poder acceder a los tratamientos de transición, poniendo a disposición de los riojanos un procedimiento efectivo para la autodeterminación de género que por primera vez no deberá contar con el consentimiento familiar para los mayores de 16 años. Esta autodeterminación de género afectará al deporte no profesional —pues el Gobierno autonómico carece de competencias para la regulación del deporte profesional—, al ámbito educativo y sanitario.

También pretende garantizar el acceso desde la sanidad pública a los tratamientos hormonales y de transición para las personas trans; un punto que desde Izquierda Unida destacan como fundamental porque en el pasado el suministro de este tipo de tratamientos no ha estado garantizado por el desabastecimiento, “llegando incluso a revertir el proceso por la interrupción del tratamiento, con todo lo que ello supone”.

Asimismo la ley tratará de garantizar los derechos de las personas trans en el ámbito laboral mediante un detallado régimen sancionador que impida la discriminación de las personas trans y mediante diversas políticas activas de empleo con las que reducir la brecha de paro a la que este colectivo se enfrenta históricamente. En este aspecto, Henar Moreno destaca que la ley no es realmente novedosa en cuanto a las fórmulas que se emplean en la lucha contra la discriminación, sino que vienen fuertemente inspiradas por las fórmulas ya probadas en la lucha contra la discriminación y la violencia de género.

Otros aspectos que se destacan en la ley son que la comunidad educativa vele “para que sea un espacio de igualdad y tolerancia, libre de presión, aversión o discriminación por identidad”; el tratamiento por el género y nombre sentido de las personas trans en todos los ámbitos administrativos y el tratamiento igualitario de las personas trans en los medios de comunicación.

La aprobación de la ley integral trans riojana ha sido recibida con alegría tanto por los colectivos LGTBI riojanos, como Marea Arcoíris o Gylda, como por destacadas figuras del activismo trans en España, como Mar Cambrollé o Carla Antonelli:

Queda aprobada definitivamente la #LeyTransRioja x mayoría, a pesar que PP y Cs quisieron desglosar y tumbar los artículos + importantes como el derecho a la autodeterminación de las personas trans, ahora toca celebrar, xke la #IGUALDAD es imparable le pese a quien le pese ✊🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/zr5veELaBl

— Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) February 18, 2022

Ante la aprobación de la Ley Trans riojana, la presidenta de la Federación de Plataformas Trans de España, Mar Cambrollé, ha celebrado “este día como un día histórico para La Rioja” y ha calificado la aprobación de esta ley como “una de las asignaturas pendientes de la democracia” y considera que la aprobación de esta ley manda “un mensaje directo al estado en la urgente tramitación de una ley estatal trans”. También ha destacado que esto se produce en un momento clave en el que “el avance de la ultraderecha pone en peligro el progreso en derechos de las personas LGTBI” y considera que es imprescindible blindar estos derechos como se ha hecho en La Rioja, “como un cordón sanitario contra la ultraderecha”.

Para ARTRA este texto legal supone “afianzar y rellenar huecos en el cumplimiento de nuestros derechos humanos fundamentales y constitucionales”. Sin embargo, tanto desde este colectivo como desde Marea Arcoiris Rioja lamentan que esta ley deje fuera a las personas no binarias y recuerdan que “en muchas ocasiones son las que más sufren maltrato físico y psicológico, abusos y violaciones; sin embargo parece que no existan”.

Fuente Agencias

Los derechos trans ya son ley en La Rioja

Esta ley supone un gran avance para el colectivo LGTBI+, equiparando a La Rioja con otras CCAA con legislaciones más avanzadas en esta área.

En los próximos meses se implementarán los nuevos protocolos y se impulsará la creación de un Centro LGTBI+ y una Comisión LGTBI+.

La Comunidad Autónoma de La Rioja da un gran paso en la conquista de los derechos del colectivo LGTBI+, especialmente de las personas trans, con la aprobación de la Proposición de Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Este viernes, el pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado la Ley Trans, que ha contado con el apoyo y aval de diferentes ejes sociales, sindicales, y políticos de la región. Leer más…

General, Historia LGTBI Ana Santos, Belinda León, Ciudadanos, Concha Andreu, derechos Trans, Grupo Mixto, GYLDA, Henar Moreno, IU, Jesús Pérez Ligero, La Rioja, Nuria del Río, Podemos, PP, PSOE

Este Pacto social pretende reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos vulnerables e impulsar un Pacto de Estado contra los discursos de odio.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha promovido hoy la 1º Mesa del Pacto Social y de Estado frente a los Discursos de Odio contra Grupos Vulnerables, que ha reunido a más de veinte organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos, entre ellas, CCOO, UGT, Consejo de la Juventud de España,  FELGTBI+, Fundación Triángulo, Fundación ONCE, CERMI, Secretariado Gitano, Red Acoge, CESIDA, Hogar Sí, la Dirección General de Diversidad Sexual, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, así como PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País y Equo.

El objetivo de esta primera mesa ha sido proponer a los principales actores sociales y políticos del estado un Pacto Social frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables, dada la emergencia de discursos de odio contra estos grupos en la esfera pública, que está socavando los cimientos de la convivencia social y poniendo en peligro los avances logrados hasta la fecha. A juicio de las organizaciones, es evidente que la estigmatización y el señalamiento a los grupos vulnerables está legitimando la discriminación y la violencia en su contra, como muestra el aumento de un 10% de los delitos de odio en el primer semestre de 2021 respecto al de 2019. Además, se ha constatado un aumento de la virulencia en este tipo de delitos, sin ir más lejos, con el asesinato a Samuel Luiz en La Coruña el pasado julio y los grupos neonazis que se manifestaron en septiembre en Chueca al grito de “fuera maricas y sidosos”.

Se propone a los actores sociales, políticos y mediáticos rechazar públicamente los discursos contra grupos vulnerables y a no darles difusión.

El acto, que ha tenido lugar el 4 de febrero en la sede de Fundación ONCE, se ha inaugurado con la presentación de la iniciativa por parte de Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, entidad promotora. Sangil ha señalado que “es fundamental que la sociedad rechace con claridad los discursos de odio que nos estigmatizan, nos señalan y alimentan la violencia contra los grupos vulnerables.” Además, ha indicado Sangil, “aspiramos a que este Pacto Social impulse un Pacto de Estado que proteja a las personas afectadas por los discursos de odio, con medidas como la formación de los operadores jurídicos, la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o la revisión de la legislación sobre delitos de odio contra colectivos vulnerables.”

Las organizaciones impulsoras del Pacto han debatido los ejes de acción y medidas concretas para impulsar el rechazo hacia los discursos de odio y la protección para los grupos vulnerables. El Pacto se reunirá periódicamente para evaluar sus avances y el seguimiento por parte de los actores de los compromisos presentes en este pacto.

Fuente FELGTBI+

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Cristian Delgado Alves, alcalde de Barruelo de Santullán (Palencia), y abiertamente homosexual, acaba de ser padre soltero.

Desgraciadamente nos encontramos en una época en la que todo se cuestiona, y en la que los extremos se han convertido en parte de la realidad diaria de nuestra vida. Las noticias nos narran cada día, como en España, se viven episodios homófobos, discriminatorios, e injusticias que nos hacen replantearnos “hasta donde va a llegar esto”.

Pero dentro de ese “caos” que parecemos vivir, aparecen historias, que nos ayudan a entender las distintas realidades, pero, sobre todo, a replantearnos algunos de los clichés que tenemos con respecto al medio rural y la diversidad sexual. Este es el caso de Cristian Delgado Alves, quien hace tiempo fue colaborador de nuestra revista, publicando varios artículos sobre experiencias personales, u otras cuestiones de interés. Su vida laboral le llevó a tener que dejar de colaborar, pero hoy queremos haceros partícipes de su historia.

Periodista de profesión, ha desarrollado su vida profesional, principalmente en la radio, pasando por distintas emisoras de ámbito nacional. Tras abandonar la Cadena SER de La Rioja, se convirtió en jefe de Prensa y de Gabinete en un Ayuntamiento, el de Haro. En el año 2019 decide embarcarse en un nuevo proyecto profesional, ser alcalde del pueblo que le vio nacer y crecer.

“Tuve muchas dudas de si presentarme, o no, pero la deriva que estaba tomando mi pueblo, con pérdidas de servicios constantes, hizo que decidiera dar el paso, para intentar ayudar”, relata. Tras partir de Barruelo de Santullán, con 17 años a estudiar, y luego a trabajar, regresó un día antes de tomar posesión, tras ser elegido con mayoría absoluta por sus vecinos. “Mi familia no ha marchado de aquí, por lo que pese a vivir fuera, venía casi todos los fines de semana, estaba dentro del tejido asociativo, y sobre todo, tenía claro que hacía falta que alguien se dedicara plenamente a un ayuntamiento que estaba en una situación lamentable”, destaca Delgado.

Pese a lo ilusionante de la campaña electoral, y las buenas reacciones de los vecinos, si tuvo que lidiar con su condición sexual. “Barruelo de Santullán es un pueblo libre, tolerante y respetuoso. Nunca he escondido mi homosexualidad, y jamás había tenido problemas, pero en la campaña si se intentó utilizar, de forma interesada, aunque les salió el tiro por la culata”, explica. “¿Cómo vamos a tener un alcalde maricón? llegaron a decir. Realmente esas críticas, como digo interesadas, no me afectaron en absoluto, sino que me dieron más ganas y fuerzas. Lo sentí por mi familia, eso sí. Aún así tenía claro que era algo puntual, que no afectaría a la decisión ciudadana”, destaca.

Cristian Delgado Alves

Y así fue, el 26 de mayo de 2019, los vecinos de Barruelo de Santullán concedieron a la candidatura encabezada por Cristian Delgado una mayoría absoluta, con un porcentaje de voto superior al 55 por ciento del total. “Fue uno de los días en los que peor lo pasé, por los nervios sanos de haber apostado por volver al pueblo, y poner mis conocimientos y mi trabajo, al servicio de todos”, relata Delgado.

“Ser homosexual no influyó para nada, y es que a tenor de lo que se ve en nuestro país, Barruelo de Santullán es un pueblo abierto, que por su industria minera se formó por gente que venía de fuera, por lo que la condición sexual no es sinónimo de nada más, que de algo propio. Aquí somos todos vecinos, que nos respetamos, nos queremos y nos ayudamos. Lo que haga cada uno con su vida no solo se respeta, sino que se apoya”, sentencia el alcalde.

Dicho esto, Cristian Delgado asegura ser, plenamente consciente “de las dificultades que viven numerosas personas, en pequeños pueblos, donde son incapaces de desarrollar su sexualidad en libertad. Muchos son acosados, vejados y sufren maltrato. Se trata de algo que debemos erradicar desde la educación, las políticas públicas y el código penal. Es inviable que esto siga ocurriendo en pleno 2022”.

Por ejemplo, desde su toma de posesión como alcalde, Cristian Delgado informa el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha trabajado por desarrollar actividades de concienciación, respeto, tolerancia, no solo en base a la diversidad sexual, sino también por la igualdad, contra el acoso, entre muchos otros ámbitos.

Pero los vecinos se mostraron sorprendidos, cuando en octubre de 2021, el alcalde anuncia su baja por paternidad. “Fue un proyecto vital, que se fraguó una vez volví a Barruelo. Creí que era la oportunidad de formar una familia y de que mi hijo, se pudiera criar en el mismo pueblo que su padre”, explica. “El proceso, que es largo, aunque menos de lo esperado, lo viví convencido, solo, aunque arropado por mi círculo más cercano, que eran los que estaban al tanto de la situación”, relata.

Y de repente, la llamada que te anuncia lo que siempre habías querido. “Vives un sinfín de emociones que son muy difíciles de explicar, pero supongo que similares, a las que se sienten los papás de las familias tradicionales”. Comienza, en ese instante, un nueva vida para el alcalde que sentencia: “a partir de ese momento, el relato le pertenece a él, bueno, a nosotros, por lo que lo único que puedo añadir, es que en el instante que nos vimos las caras por primera vez supe que era él quien me había encontrado y elegido a mí”.

Por último, el alcalde agradece el respeto, la comprensión y el cariño, de los vecinos y compañeros, durante estas 16 semanas, en las que ha disfrutado de su baja por paternidad. “Mi hijo merecía toda mi atención, y desde el día de mi reincorporación, el próximo 14 de febrero, haré lo que todos los padres y madres, conciliar”.

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI Barruelo de Santullán, Familias Homoparentales, Palencia, PSOE

Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Carmen Calvo, Ciudadanos, Discriminación, El País, encuestas, Ley Trans, LGTBIfobia, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos, VOX

La acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

Este es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

🔴 Pues ya tenemos noticia de última hora:
La propuesta de derogación completa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid irá a pleno el día 16 de diciembre.

Sería el primer retroceso en legislación LGTBI en España desde la democracia.

— Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) December 3, 2021

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

El día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Ciudadanos, Discriminación, Eduardo Rubiño, Homofobia, Isabel Díaz Ayuso, LGTBIfobia, Podemos, PP, PSOE, VOX

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, ha aprobado en primera lectura una proposición de ley para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. El texto prevé multas de hasta 30.000 euros y penas de hasta dos años de prisión, que se incrementarían a 45.000 euros y tres años de cárcel en determinados supuestos, por ejemplo, si la víctima de estas peligrosas prácticas es menor o dependiente. La medida salió adelante por unanimidad y proseguirá su tramitación en el Senado. En Europa se han adoptado normas similares en Malta y Alemania, mientras que España sigue sin una legislación estatal.

La iniciativa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

También se pronunció a favor la ministra delegada de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Élisabeth Moreno, que destacó que la medida permitirá salvar vidas. «No hay nada que curar», afirmó. «Ser uno mismo no es un crimen, no se debe intentar modificar la identidad de género ni la orientación sexual», añadió. La proposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. No está del todo claro, sin embargo, que su aprobación final se produzca antes del fin del actual periodo legislativo en febrero del año que viene. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Si finalmente llegara a buen puerto, Francia se podría convertir en el tercer país de Europa en proscribir las pseudoterapias de conversión. En mayo del año pasado, Alemania aprobaba una ley para prohibir, con algunas limitaciones, estas peligrosas prácticas en menores de edad. La pionera fue Malta, que aprobó su ley en 2016. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, el Gobierno de España aprueba el anteproyecto de la Ley Trans, que prohibirá las ‘terapias de conversión’.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional. En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Ser el primer Secretario LGTBI de la historia del PSOE es un ORGULLO

El waterpolista Víctor Gutiérrez será el nuevo responsable de la secretaría de LGTBI del PSOE. El pasado fin de semana el Partido Socialista ha celebrado su 40º Congreso Federal y en él Pedro Sánchez ha elegido a las 42 personas que formarán parte de la nueva Ejecutiva. Entre ellos está el jugador de waterpolo madrileño, que en los últimos años se ha convertido en un reconocido activista en la lucha contra la homofobia.

España vive una situación política compleja en cuanto al colectivo LGTB+. Aunque es el país Europeo que más acepta y respeta los derechos LGTB+, queda mucho trabajo por hacer. La aparición de ideas homófobas dentro de partidos políticos de extrema derecha como es VOX, apoyados en ocasiones por partidos de centro derecha como el PP, hacen retroceder años de trabajo del colectivo LGTB+. Declaraciones públicas de representantes políticos contrarios a la idea de la libertad LGTB+, ha propiciado la propagación del odio en las calles de España.

Asi ha quedado demostrado en el aumento de los casos de violencia y odio hacia el colectivo LGTB+, siendo el más grave el asesinato de Samuel en Galicia este verano de 2021. Agresiones físicas y verbales son denunciadas todos los días en redes sociales y unas pocas en las comisarias de polícia. Es por ello que las asociaciones LGTB+ animan a denunciar lo ocurrido, pues cuantos más datos verificables haya, más se puede luchar legalmente por los derechos del LGTB+.

Con esa idea el partido político de centro izquierda, PSOE, ha fichado a Víctor Gutiérrez. Este deportista de waterpolo ha sido de las figuras más importantes en el deporte español, ya no solo a nivel competición, sino también a nivel de la lucha por la visibilidad LGTB+ en el deporte. “Mucha gente piensa que el colectivo LGTBI, con la Ley del Matrimonio Igualitario lo tiene todo hecho, pero nada más lejos de la realidad”.

Así ha declarado el deportista su entrada al partido político, el cual, a pesar de todo el trabajo que realizaron compañeros y compañeras como Pedro zerolo y Carla Antonelli, es la primera vez que cuenta con esta secretaría dentro de la Ejecutiva. La apuesta por la igualdad del PSOE es firme,  y se demuestra en las resoluciones del Congreso que avalan la ley trans cuyo proyecto ha sido aprobado por el Gobierno de copalición entre el PSOE y Unidas Podemos aún sin finalizar.

Muchísimas gracias @sanchezcastejon por la confianza

Ser el primer Secretario LGTBI de la historia del @PSOE es un ORGULLO ️‍

Voy a poner todo mi corazón y mi trabajo para estar a la altura de esta responsabilidad tan grande

Gracias por vuestro infinito cariño
♥️ pic.twitter.com/drTGKBUMEj

— Víctor Gutiérrez (@victorg91) October 17, 2021

El asociacionismo, como era el caso de la FELGTB mostraba su alegría:

✊Felicidades al @PSOE por su renovación y a @sanchezcastejon por su reelección

️‍Celebramos que en el #40CongresoPSOE ha quedado claro que los derechos Trans y LGTBI+ son #DerechosHumanos

✊ Felicidades a @victorg91, deportista LGTBI+ visible que ocupará la Secretaria #LGTBI pic.twitter.com/M1uIQj0jbI

— Federación Estatal LGTBI+ (@FELGTB) October 17, 2021

Gutiérrez reconoció públicamente que era gay en una entrevista con la revista Shangay en 2016 y desde entonces se ha convertido en abanderado de la lucha contra la homofobia, en el deporte y fuera de él.

El pasado mes de abril, el waterpolista internacional del CN Terrassa denunció por primera vez un ataque homófobo en el waterpolo español. El boya madrileño colgó un vídeo en sus redes sociales en el que explicaba que el serbio Nemanja Ubovic le había llamado “maricón” repetidas veces en un partido de la Liga Nacional.

Su denuncia sentó un precedente y tuvo consecuencias inéditas en el deporte español; probablemente a nivel mundial. El Comité de Competición de la Federación Española de Natación, que abrió expediente informativo,sancionó al internacional serbio con una suspensión por cuatro partidos y una multa de 200 euros, tras valorar los elementos de prueba. Ubovic había sido apartado temporalmente de la disciplina de su equipo, el CN Sabadell, por la directiva del club.

Zascas a Vox y a Xavi Hernández

General, Historia LGTBI 40º Congreso Federal, Ley Trans, PSOE, Secretaría LGTBI, Víctor Gutiérrez

La consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, jurando su cargo ante el presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras

Cuando la derecha, supuestamente moderada, blanquea a la ultraderecha, el peligro es el mismo que en la Alemania previa a Hitler. Ya no valen buenas palabras,  el Partido Popular ha metido en las instituciones a la ultraderecha misógina, LGTBIfoba y liberticida a través de un Gobierno propuesto por los líderes nacionales del PP Teodoro García Egea y Pablo Casado para ensayar en Murcia y exportar al resto de España. Y esto no se lo perdonaremos nunca.

Tumbar una moción de censura cuesta una consejería de Educación y Cultura. Es el precio que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asumido a fin de mantener más de un cuarto de siglo del gobierno del Partido Popular en la Región. Con la cesión de esta cartera, Miras contenta a sus nuevos socios de gobierno, los tres diputados expulsados de Vox que le ayudaron a poner fin a la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.

Mabel Campuzano, la diputada expulsada de Vox en la Asamblea de Murcia, ha tomado posesión de su cargo como consejera de Educación e Igualdad. Mediante la fórmula del juramento se ha consolidado definitivamente la nueva relación entre el gobierno de Fernando López Miras (PP) y Vox, que comenzó cuando tres de los exmiembros del partido de extrema derecha depositaron sus votos para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.

Una hora antes de jurar el cargo, la nueva consejera de Educación ha publicado lo que califica como “las líneas maestras” de lo que será su trabajo en la Consejería. Estas líneas mantienen la esencia de las medidas anunciadas hasta ahora y que son rechazadas por la comunidad educativa y cultural que ha protestado este sábado frente al Palacio de San Esteban: “En cuanto a las líneas políticas tampoco vamos a sorprender a nadie. Mantenemos la defensa de la libertad de los padres para decidir la educación de los hijos”

La Región de Murcia es la primera comunidad en la que Vox asume la consejería de Educación y Cultura. La nueva consejera, Mabel Campuzano, se perfila como una defensora del veto parental en las aulas murcianas y de la educación concertada y privada –en la línea del programa que defiende Vox– aunque tendrán que estudiar cómo lo plantean para sortear a la Justicia y conseguir implantarlo: “Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple”, subrayan fuentes cercanas a los díscolos de Vox.

Pero también apoyan sin tapujos la expansión de la educación concertada o la puesta en marcha de nuevos centros privados con fondos públicos. En una región donde en 2009 se destinaron 106 millones de euros para conciertos y en 2015 la cifra fue de 210 millones, la mayor subida de toda España. En cambio, en ese mismo periodo 2009-2015, la inversión en la educación pública cayó un 12,4%. Entre sus iniciativas se encuentran también la libre elección de centro o el cheque escolar para las familias con el gasto medio por alumno, de forma que puedan invertirlo en la matrícula del centro que elijan. Con ese cheque, los padres o tutores recibirían un bono con el coste medio por puesto escolar en la pública.

Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, apunta que tanto el veto parental como el cheque escolar son ideas “absurdas para vestir de gala al muñeco diabólico”. En su opinión, “vienen a por el dinero, a manejarlo y desviarlo a los colegios de elite, a los excluyentes, los de sus amigos, porque tienen que formar y promocionar a los suyos”. Y reflexiona que a nadie le puede sonar mal que se repartan cheques, “pero es una trampa porque es una forma de seguir beneficiando a las personas más pudientes; el cheque del hijo de un jornalero no debería ser igual que el del hijo de un magnate”. Las necesidades “son mayores para uno que para otro, pero el cheque será igual”. Y respecto al presidente López Miras, recuerda que ya en diciembre de 2019 “decía que no se podía consentir el adoctrinamiento en la escuela pública, lo decía para agradar a Vox, y ahora continúa con ese discurso”.

Los colectivos que se han manifestado en los últimos días contra la entrada de Vox en el Gobierno regional, y más concretamente en el área de Educación y Cultura, han criticado duramente la “fobia” contra el colectivo LGTBI del partido de ultraderecha y han mostrado su preocupación ante la merma en sus derechos que podría suponer que gobernase esta formación en la Región. En la última aparición de Santiago Abascal en la capital, el pasado 11 de marzo, se vivieron momentos tensos entre un grupo de jóvenes que quiso reivindicar sus derechos con una bandera arcoíris y asistentes al mitin, que increparon a los activistas con el saludo fascista, levantando el brazo, y profirieron insultos y gritos como “perroflautas”, “id a trabajar, cabrones”, “viva el Caudillo” o “viva España”.

Desde algunos sectores también se ha criticado que Campuzano haya expresado en la Asamblea Regional tener “serias dudas” con la vacuna: “No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado, al contrario, creo que es muy valiente y que lo ha hecho para dar ejemplo a quienes como yo albergamos serias dudas respecto a la vacuna”. Se refería la diputada al exconsejero de Salud Manuel Villegas, poco antes de que dimitiese tras haberse puesto la primera dosis contra la COVID-19 junto a otros altos cargos del Servicio Murciano de Salud el pasado enero, uno de los motivos que más han argumentado desde Ciudadanos y PSOE para presentar las dos mociones de censura en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia.

 La Educación y la Cultura en la Región de Murcia protestan contra el nombramiento de la diputada díscola de Vox

Mientras tanto, el sábado pasado, centenares de personas protestaron frente al Palacio de San Esteban contra el nombramiento de la consejera de Educación y Cultura Mabel Campuzano. Distintas asociaciones culturales, de docentes, AMPAS y alumnos han asistido a la protesta, además de los sindicatos CCOO, UGT y Sterm Intersindical y representantes políticos de PSOE, Unidas Podemos y el Partido Comunista de la Región de Murcia.

Con consignas como “Fuera fascistas de nuestras aulas”, “La educación no se vende, se defiende” o “Vosotros, fascistas, sois los terroristas” los manifestantes han expresado su repulsa ante las medidas que pretende implantar la nueva consejera una vez asumido su cargo.

General, Homofobia/ Transfobia. CC.OO., Docentes Unidos, Educación Concertada, Educación Privada, Educación Pública, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Fernando López Miras, Mabel Campuzano, Nacho Tornel, Partido Comunista, PSOE, Ultraderecha, Unidas Podemos, Veto parental, VOX

Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

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El PSOE ha presentado en el Congreso una iniciativa con la que busca que el Gobierno promueva una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y, especialmente, en el fútbol, y a tal fin plantea que se interrumpan durante cinco minutos los partidos o eventos deportivos cuando se registren gritos o actitudes homófobas.

Los socialistas justifican la presentación de esta proposición no de ley ante la “gran hostilidad” que aseguran que existe en el deporte en general, particularmente en el fútbol, hacia la presencia personas LGTBI visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos. “A través de ésta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta, en el día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, su claro compromiso con las personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación a la hora de practicar deporte en nuestro país”, señala Juan Luis Soto

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para la erradicación de la LGTBIfobia en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol. Esta iniciativa tiene como principal objetivo poner en marcha una campaña para promocionar el deporte inclusivo, y ganar el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo LGTBI.

La iniciativa insta al Gobierno a incluir en el “Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos”, la suspensión durante cinco minutos de la competición, prueba o espectáculo deportivo, cuando se produzcan actos intolerantes contra la comunidad LGTBI, racismo o violencia contra las mujeres. Por otra parte, también insta al Ejecutivo a instaurar cursos hacia el personal directivo, técnico y deportivo, con el objetivo de fomentar el respeto a la diversidad y a la realidad de las personas LGTBI.

‘Fuera de juego’, un documental sobre la homofobia en el fútbol español

El portavoz de Deportes del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Luis Soto, ha explicado que a través de ésta iniciativa, “el grupo parlamentario socialista manifiesta, en el día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, su claro compromiso con las personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación a la hora de practicar deporte en nuestro país”. “A día de hoy todavía siguen existiendo situaciones de discriminación en el ámbito deportivo, como por ejemplo las situaciones vividas por el árbitro de fútbol Jesús Tomillero, quién al hacer pública su homosexualidad, fue objeto de insultos, agresiones y amenazas de muerte; o el activista y vicepresidente de COGAM, y jugador de un equipo LGTB del club GMadrid Sport, Santiago Rivero, el cual el pasado 8 de febrero sufrió insultos por parte de algunos integrantes de la grada”, ha añadido el diputado.

Soto ha insistido en que el compromiso de los socialistas no solo es denunciar los comportamientos LGTBIfóbicos en el deporte, sino también “luchar contra los estereotipos y roles de género que se asocian a ciertos deportes, erradicar cualquier tipo de  violencia, y garantizar la práctica deportiva de todas las personas LGTBI protegiendo sus derechos e intimidad”.

¡Por fin! El @PSOE propone detener las competiciones en caso de que existan comportamientos LGTBIfóbicos

🙌🏼¡Qué gran iniciativa! No podemos seguir tolerando este tipo de actos en espacios deportivos
Ante la LGTBIfobia, TOLERANCIA 0

¡Gracias PSOE! 🌹 https://t.co/jL7Juomth2

— Víctor Gutiérrez (@victorg91) March 5, 2021

Sensibilización y formación contra la  LGTBIfobia

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que a pesar de los avances que se han producido en los últimos años en materia de igualdad de las personas LGTBI, “esta diversidad sexual, que tanto las leyes como la mayor parte de la sociedad española asumen sin mayor problema, no se visibiliza en el ámbito deportivo”, y subraya que “en pleno siglo XXI, la orientación sexual no heterosexual o la participación de las personas transexuales sigue siendo un tema tabú en el deporte en general y en el fútbol en particular”.

“El objeto de esta proposición no de Ley es instar al Consejo Superior de Deportes a que lleve a cabo una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia”, destacan los socialistas en la exposición de motivos de la iniciativa. Asimismo, también proponen que dicha campaña de sensibilización incluya también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio. En concreto, sugiere modificar el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos al que se refiere el artículo 15.2 de la Ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.  Ese artículo señala que el árbitro o juez deportivo podrá suspender provisionalmente el evento deportivo cuando existan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, y los socialistas quieren que también se incluya en esa relación actos conductas “intolerantes” contra la comunidad LGTBI o la violencia contra las mujeres”.

Grupo Parlamentario Socialista

La proposición del PSOE también emplaza al Gobierno a fomentar, en el marco de sus competencias, cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad y, en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.

En concreto, reseñan que los estudios sobre la población LGTBI revelan que al menos el 6% de la población europea se considera miembro de este colectivo, lo que, según sus cálculos, supondría que “en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo”.

Y, por disciplinas, calculan que habría “algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados”, según los datos oficiales de 2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, lamentan que “muy pocos” deportistas han reconocido pertenecer a este colectivo.

Actualmente no se conoce ningún futbolista profesional que haya salido del armario, algo por lo que algunos futbolistas como el jugador del Arsenal Héctor Bellerin ya han protestado: “Es imposible que un futbolista se declare homosexual”.

Fuente Agencias/PSOE

General, Historia LGTBI Congreso de los Diputdos, Consejo Superior de Deportes, Deporte, España, Grupo Parlamentario Socialista, Homofobia/Transfobia, Juan Luis Soto, Proposición No de Ley, PSOE

La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

Nuestro #HOBus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas del #8M2021 pidiendo #StopLeyTrans pic.twitter.com/A7iGZBTL8K

— HazteOir.org (@hazteoir) March 7, 2021

Cabe destacar que el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo”, podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla Antonelli, Carmen Calvo, Discriminación, España, HazteOir, LGTBIfobia, Madrid, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos

ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

En el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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¿Por fín podremos hablar de neutralidad ante todas las religiones, reconociendo el derecho de ateos y agnósticos  y de auténtico Estado aconfesional como demanda la Constitución Española?

Sustituirá a la actual ley de Libertad Religiosa, que cumple 40 años

La católica sigue siendo la confesión religiosa mayoritaria, pero los datos son tozudos, y muestran cómo, hoy por hoy, en España ya hay más agnósticos y ateos que católicos practicantes. En España ya no se puede obviar la presencia, estable, de evangélicos, musulmanes, judíos, ortodoxos o budistas

La futura ley no llevará el término de Libertad Religiosa, sino ‘Libertad de Conciencia’, un concepto mucho más amplio que rebasa lo estrictamente confesional

El objetivo es “avanzar en igualdad y neutralidad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso”

La normativa busca acabar con la presencia de símbolos religiosos en lugares sagrados y la regularización de la laicidad del Estado en todos los ámbitos, especialmente en las tomas de posesión de cargos públicos, su presencia en procesiones o los ‘funerales de Estado‘

Constitución Española

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

04.01.2021 Jesús Bastante

En 2021 se cumplen 41 años de la aprobación de la actual Ley de Libertad Religiosa en España. Una norma aprobada al albur de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, negociados y aprobados a la par que la Constitución del 78, y con una realidad religiosa en la que el ‘ser católico’ ocupaba la práctica totalidad del espacio en nuestro país.

Cuarenta años después, las cosas han cambiado. Y mucho. La católica sigue siendo la confesión religiosa mayoritaria, pero los datos son tozudos, y muestran cómo, hoy por hoy, en España ya hay más agnósticos y ateos que católicos practicantes. Cerca de un 60% sigue considerándose católico, con todo, aunque la presencia de otras religiones, y sus reivindicaciones, cada vez son mayores. En España ya no se puede obviar la presencia, estable, de evangélicos, musulmanes, judíos, ortodoxos o budistas.

Precisamente, ese es uno de los objetivos de la futura Ley de Libertad de Conciencia, que la vicepresidenta primera Carmen Calvo espera tener preparada a lo largo de este año. Tal y como ha podido saber RD, el departamento dirigido por la ministra de la Presidencia se ha marcado como principales objetivos para este año 2021 “la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y empezar a trabajar en la Ley sobre Libertad de Conciencia“.

Normalización de la diversidad religiosa y de la laicidad

Fuentes del departamento han confirmado a RD que “estamos empezando los trabajos” para elaborar una normativa que habrá de cambiar la cara al modo en que se establecen las relaciones entre un Estado laico y las diferentes formas de entender la religiosidad y la espiritualidad en nuestro país, en un momento en el que se avecinan tiempos difíciles por cuestiones relacionadas con la conciencias, como podría ser el aborto y, especialmente, la eutanasia. De ahí que la futura ley no lleve el nombre de Libertad Religiosa, sino ‘Libertad de Conciencia’, un concepto mucho más amplio que rebasa lo estrictamente confesional.

Parte del trabajo inicial se ha llevado a cabo durante el último trimestre del año, cuando Calvo recibió a los representantes de todas las confesiones religiosas con presencia en nuestro país, que responde, a su juicio, “a la determinación del Gobierno en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías.

Recuperar la ley que impulsó Zapatero

La futura ley tendrá como base el proyecto de ley trabajado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que quedó aparcado a finales de 2010, en un momento en el que la presión de los obispos, comandados por Rouco Varela, era muy fuerte, después de una legislatura con manifestaciones en la calle que algunos están queriendo retomar en esta nueva etapa de Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

“Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.“ (Mateo 23, 9)

La visita de Benedicto XVI a Barcelona y Santiago de Compostela frenó la aprobación de una norma que, como ley orgánica, precisaba de una mayoría con la que el Ejecutivo de entonces no contaba. ¿Y el actual? Como decíamos, las cosas han cambiado. ¿Tanto? Veremos.

Ahora, el nuevo Gobierno del PSOE rescata del cajón una normativa que busca acabar con la presencia de símbolos religiosos en lugares no sagrados y la regularización de la laicidad del Estado en todos los ámbitos, algo que ya se está normalizando, como se vio en la promesa de los ministros del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos y en el ‘no funeral’ por las víctimas del coronavirus en la plaza de la Armería, en lugar del tradicional en la catedral de La Almudena (que se celebró, aunque organizado por los obispos, no por el Estado).

Por otro lado, tal y como informa Ep, el departamento de Calvo también destaca que se ha constituido ya el grupo de trabajo sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica -que ha celebrado ya varias reuniones-, en línea con el objetivo del Gobierno de “profundizar en la neutralidad de los poderes públicos“ y “avanzar en igualdad y neutralidad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso”.

Fuente Religión Digital

Budismo, Cristianismo (Iglesias), Hinduísmo, Islam, Judaísmo Carmen Calvo, España, Ley de Libertad de Conciencia, Libertad de Conciencia, Libertad Religiosa, PSOE, Unidas Podemos