‘No es Terapia’ pide al Gobierno que las terapias de conversión conlleven una pena de cárcel de uno a cuatro años, mientras El PP de Ayuso se une a Vox y rechaza una iniciativa contra estas prácticas.
También pide castigar con la misma pena “a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión“
El PP en la Asamblea de Madrid ha negado que se estén llevando a cabo “terapias de conversión” hacia personas del colectivo LGTBI y ha recordado que son “tortura” y están prohibidas por ley, mientras que la izquierda ha alertado de su promoción desde algunas diócesis madrileñas
| RD/Ep
La Asociación ‘No es terapia‘ ha pedido una ley para “castigar” de uno a cuatro años de cárcel la práctica de “terapias de conversión” para personas LGTBI+ y garantizar la protección de las víctimas.
Según la propuesta de la asociación, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide añadir al artículo 175 del Código Penal que la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona sea castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
También pide castigar con la misma pena “a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión“. En el caso de que esta conductas se cometan contra menores de edad o contra personas “especialmente vulnerables“, insta a que se imponga “la pena superior en grado“.
En este sentido, según se desprende de la propuesta de proposición de ley de la asociación, las “terapias de conversión” no incluyen las prácticas y cualquier otro tipo de asesoramiento o acompañamiento que no pretenda “modificar, forzar, anular, o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual y/o de género, o la expresión de género“.
En cuanto al consentimiento de una víctima de ECOSIEG, o de sus representantes legales, esta quiere que sea “irrelevante” para la responsabilidad criminal de dicha conducta.
En el caso de que las víctimas de las “terapias de conversión” careciesen en el año anterior al de la solicitud de rentas superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, quiere que reciban una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.
Igualmente, si la víctima tiene personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si esta o alguno de los familiares convivientes tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%.
Por otro lado, solicita que las administraciones públicas promuevan el acceso prioritario de las víctimas y denunciantes al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda.
En la propuesta, ‘No es terapia‘ también insta a los poderes públicos a realizar estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. El objetivo es “profundizar en la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo“.
En esta misma línea, pide aprobar y desarrollar “protocolos y buenas prácticas” que “faciliten la identificación temprana y garanticen la protección de las personas que puedan estar siendo sometidas a ECOSIEG o a otro tipo de violencia específica que sufren las personas LGTBI“.
Respecto a las infracciones, propone que las muy graves sean sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros. Entre estas, se encuentra la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de hasta tres años y el cese en la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de tres años.
La Asociación prevé registrar el martes 18 de febrero la propuesta de proposición de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Sumar, BNG, ERC y Podemos. “Este es un paso histórico para acabar con la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Hasta la fecha, a pesar de llevar casi diez años prohibidas en España las terapias de conversión a personas LGTBI, no se ha investigado ni sancionado a ninguna de todas las organizaciones que No Es Terapia documenta y denuncia. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no fue capaz de corregir esto, sino que ha contribuido a la impunidad“, ha asegurado.
La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ‘No es terapia‘, denunció en enero que en siete diócesis españolas se estaban impartiendo cursos de conversión sexual para personas LGTBI+.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad trabaja en un informe para valorar modificar el Código Penal y convertir las terapias de conversión en delito. Así lo indicó en enero después de un encuentro entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
Creen que ser gay, lesbiana, trans o bisexual se puede curar.
El Partido Popular acaba de votar en contra de prohibir las terapias de conversión. pic.twitter.com/cHzYEEjqYW
— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 13, 2025
Por otro lado, el PP en la Asamblea de Madrid ha negado que se estén llevando a cabo “terapias de conversión” hacia personas del colectivo LGTBI y ha recordado que son “tortura” y están prohibidas por ley, mientras que la izquierda ha alertado de su promoción desde algunas diócesis madrileñas.
Así lo han debatido en el seno del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde han abordado una Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid, que ha contado con el voto en contra de PP y Vox, en la que pedían poner a disposición de las posibles víctimas todos los recursos e instar al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para que las terapias de conversión pasen a ser delitos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, Mónica Lavin ha pedido a la izquierda que no dé lecciones y ha indicado que en este asunto “no hay debate” porque las “terapias de conversión” están prohibidas en España.
Mi intervención de hoy en la Asamblea de Madrid a propósito de la iniciativa de Más Madrid sobre las terapias de conversión: la izquierda hace guerra civilismo a costa de la libertad religiosa y de conciencia, instrumentalizando la condición sexual; justo en una de las regiones… pic.twitter.com/xsmBBMuOdL
— Mónica Lavín (@mnica_lavin) February 13, 2025
“En cambio, sí son una realidad, por cierto, la ablación femenina, la venta de niñas para casarlas, el prohibirles que estudien, o el borrarles de las competiciones deportivas. Y nada de esto ocurre, ni dentro, ni por culpa de la Iglesia Católica, pero ustedes nunca tienen tiempo para denunciarlo. Saben que es falso e ilegal que con nuestra reforma de la ley trans despenalizábamos las terapias de conversión“, ha defendido.
La encargada de presentar esta propuesta de Más Madrid ha sido la diputada Jimena González, quien ha asegurado que en al menos tres diócesis de la región, Getafe, Alcalá y Madrid, están teniendo lugar “presuntamente, eventos de promoción de las terapias de conversión de los sexualidad”. “Aleja cualquier sombra de dudas sobre el hecho de que estas mal llamadas terapias de conversión están sucediendo hoy, aquí“, ha asegurado.
Además, ha cargado contra lo que son “auténticas torturas destinadas a modificar o suprimir la sexualidad o la identidad de género de las personas LGTBIQ+, mediante violencia psicológica, física y médica“.
El PP de Ayuso se une a Vox y rechaza una iniciativa contra las terapias de conversión del colectivo LGTBI https://t.co/42cBPF7xpl Por @gallaup
— elDiario.es (@eldiarioes) February 13, 2025
“Están sometidas a extorsiones, chantajes emocionales y amenazas por parte muchas veces de sus propios padres, que casi nunca denuncian porque denunciar que han sido sometidos a estas prácticas puede suponer denunciar a sus propios padres que les obligaron a acudir a ellas. O porque denunciar puede suponer denunciar al sacerdote que conocen desde niños“, ha trasladado.
En la misma línea, el parlamentario socialista Santiago Rivero ha criticado que los grupos de la derecha se vanaglorien de su “racismo, xenofobia y transfobia“. “En pleno siglo XXI deberíamos estar todas y todos de acuerdo, salvo los escaños que están por allá arriba, en que este tipo de prácticas son torturas. Y si estamos de acuerdo en que este tipo de prácticas son torturas, aquí se acabó el debate“, ha expresado.
Por el contrario, la diputada de Vox Belén González ha criticado que la izquierda pretenda imponer un “control total de la opinión y la anulación de cualquier alternativa que no encaje en su relato“.
“Esta iniciativa no solo evidencia su desprecio de la libertad, sino que también refleja la ausencia de empatía y compasión, la frialdad con la que ignoran el sufrimiento ajeno y la falta de humanidad en su manera de concebir el mundo. ¿Cuántas personas, en momentos de incertidumbre y confusión, habrían necesitado una mano amiga en lugar de un dogma impuesto?“, se ha preguntado.
Fuente Religión Digital
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